El pulso de la cultura: desafíos en la gestión del Ministerio de Juan David Correa

Los pasos de Juan David Correa

Los pasos de Juan David Correa

Antes de la llegada de Juan David Correa al Ministerio de la Artes las Culturas y los Saberes, el escenario era de incertidumbre. Había un vacío de liderazgo. Desde la salida de la exministra Patricia Ariza en febrero de 2023, el ministerio estuvo bajo la dirección interina del actual viceministro de Cultura para la Creatividad de Colombia, Jorge Zorro.

En ese entonces, muchos actores del sector expresaron su preocupación por la falta de una visión clara y un plan de acción para abordar los desafíos que enfrentaban las expresiones artísticas y culturales en el país. Esto incluyó preguntas sobre la financiación, el apoyo a las comunidades creativas y la promoción de la diversidad cultural.

En este contexto, el nombramiento de Juan David Correa el 2 de agosto de 2023, y su oficialización el 10 de agosto de ese mismo año, representó no solo un cambio de liderazgo, sino también una oportunidad para reiniciar el diálogo entre el ministerio y la comunidad cultural. Con su experiencia previa en periodismo, en la dirección cultural de la Feria Internacional del libro de Bogotá, la dirección literaria del Grupo Editorial Planeta, así como su compromiso público con la cultura, Correa asumió la responsabilidad de guiar al ministerio en un momento crítico, prometiendo restablecer la confianza y la colaboración con los diferentes sectores del país.

El 13 de agosto de 2023, el Ministerio de Cultura lanzó oficialmente su programa administrativo llamado “Gobernanza Cultural para la Paz”, cuyo objetivo, declararon, era “fortalecer los procesos de diálogo y articulación entre los procesos comunitarios y populares, los gobiernos locales y el gobierno nacional”. Quibdó, en el Chocó, fue elegida el lugar principal para este lanzamiento, donde el ministro Correa destacó que se iba a valorar y reconocer las experiencias de diversos actores, incluyendo poblaciones LGBTIQ+, étnicas, jóvenes y mujeres. En su discurso enfatizó: “Aquí estamos para escucharlos y para conversar, promover acciones colaborativas y corresponsales entre el Estado y las organizaciones, en un sentido de alianza público-popular que permita la participación de ustedes en el mejoramiento y la creación de políticas públicas con base comunitaria, que nos permita garantizar un bienestar social en este territorio”.

Cuando este diario consultó nuevamente a Juan David Correa el último día del año de 2023, el ministro dio detalles sobre su trabajo desde su llegada, y enumeró las seis estrategias para ejecutar los proyectos de su cartera en el 2024: formación artística y cultural, infraestructuras culturales, economía popular, memoria biocultural, cultura de paz y proyección internacional de la cultura colombiana.

Más adelante, el 14 de febrero de 2024, en el marco de la Conferencia Mundial de la Unesco, sobre la educación cultural y artística, celebrada en la capital de los Emiratos Árabes, Abu Dabi, Correa habló de la apuesta que lideraba Colombia para priorizar la educación y la cultura, que había “aumentado más del 70% del presupuesto asignado durante toda su historia”.

Remezón en el Museo Nacional

La gestión de Juan David Correa como ministro de Cultura de Colombia enfrentó un remezón a finales de marzo de este año, cuando el Museo Nacional atravesó una crisis significativa marcada por la renuncia de su director, William López, el 21 de marzo. Esta renuncia fue solicitada por el ministro como parte de un proceso de transformación administrativa dentro del recinto. Las quejas sobre la situación se intensificaron en redes sociales, donde se recibieron denuncias anónimas de supuestos trabajadores que expresaban su frustración con carteles que denunciaban la falta de contratos y la inestabilidad laboral.

En respuesta a esta crisis, Correa nombró nueva directora a la artista plástica y gestora cultural, Liliana Angulo. Entre tanto, las complicaciones administrativas llevaron a que algunos empleados del museo permanecieran sin contrato durante dos meses, lo que impidió la ejecución del presupuesto asignado.

El ministro de cultura declaró para El Espectador que la situación de los museos en Colombia era precaria, pues depender de contratistas provocaba cierres temporales debido a demoras en la renovación de sus contratos. Un problema sistémico en la gestión cultural del país. A pesar de las dificultades, el ministro se comprometió a mejorar la estructura administrativa de los museos y a garantizar su funcionamiento.

Ante el temor y la desconfianza expresados por las fuentes que trabajaban en el ministerio y solicitaron permanecer anónimas, Correa respondió con una invitación al diálogo. Reconoció que, aunque algunas acusaciones podían ser discutibles, su compromiso era abordar las irregularidades de manera transparente.

El debate público sobre el Galeón San José

Según las declaraciones realizadas por Correa el 9 de junio de 2024, el gobierno está cumpliendo con todos los requerimientos necesarios para la preservación del naufragio. Aseguró que la nave no ha sido saqueada ni vulnerada. Además, se refirió a la declaración del área del Galeón como patrimonio submarino protegido, la primera en Iberoamérica, como un paso significativo en la agenda de protección cultural del actual gobierno. Con esta iniciativa, dijo, se hizo posible transformar el naufragio de un simple “tesoro” a un patrimonio cultural, para alinearse con las tendencias internacionales en la conservación del patrimonio subacuático.

Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con las críticas expresadas por la congresista Jennifer Pedraza y el experto en patrimonio sumergido Juan Guillermo Martín en un artículo publicado en este diario el 27 de agosto de 2024. En su texto, cuestionaron la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro y del ministro Correa en torno al Galeón San José. Según ellos, el Plan de Manejo Arqueológico había sido diseñado de manera apresurada y sin la participación adecuada de la comunidad científica. Además, señalaron que, aunque el ministro prometió en febrero de 2024 modificar la Ley 1675 de 2013, los avances en ese sentido habían sido mínimos.

Pedraza y Martín también criticaron que las recientes exploraciones del Galeón se habían llevado a cabo sin las licencias arqueológicas necesarias y pusieron en duda el uso del presupuesto asignado para la preservación del patrimonio. Asimismo, advirtieron que la transparencia, uno de los pilares prometidos por el Ministerio, no se estaba evidenciando, lo que comprometía la protección adecuada del sitio.

Ante estas críticas, el ministro Correa defendió la gestión del gobierno afirmando que el Plan de Manejo Arqueológico no presentaba irregularidades y que había sido desarrollado conforme a estrictos procedimientos científicos.

No obstante, el ministro también criticó lo que consideró un enfoque sensacionalista por parte de los detractores. Aseguró que las acusaciones carecían de fundamento y que los señalamientos sobre la falta de un plan adecuado eran infundados.

El Plan de Manejo Arqueológico, según Correa, no es un proyecto de investigación, sino una herramienta de gestión para asegurar la preservación y sostenibilidad del área arqueológica. Sin embargo, los críticos insisten en que la falta de una participación de los académicos en su diseño limita tanto su efectividad como su legitimidad.

Voces del congreso y del gobierno

Contactamos a la congresista Jennifer Pedraza para conocer su posición respecto a las respuestas entregadas por el ministro Juan David Correa, en relación con lo que, a su juicio y el del docente Juan Guillermo Martín, constituyen irregularidades en la gestión del Galeón San José. En sus declaraciones, Pedraza criticó la falta de respuestas adecuadas por parte del Ministerio a las solicitudes de información formuladas mediante derechos de petición, calificándolas como limitadas y superficiales. A pesar de sus esfuerzos por obtener información clara, expresó que las respuestas del Ministerio han sido evasivas y poco sustantivas.

“Escribimos una columna de opinión y el ministro responde catalogando nuestros comentarios como si fueran ‘cañonazos’, cuando simplemente son preguntas y observaciones. Creo que ese tono del gobierno nacional le hace mucho daño a la discusión. Cualquier crítica, comentario o denuncia pública es automáticamente recibida como un intento de derrocar al gobierno. Esto es lo único que podría explicar el tono agresivo y hostil con el que recibimos la respuesta del Ministerio de Cultura, que, dicho sea de paso, ni siquiera responde de fondo a nuestras críticas o recomendaciones”, declaró.

Otro de los puntos que cuestionó fue la falta de transparencia en cuanto al equipo a cargo de la intervención del Galeón, ya que no se ha presentado ni la hoja de vida ni los nombres de quienes lideran el proyecto. También señaló la falta de un acta del Consejo Nacional de Patrimonio que supuestamente aprobó un borrador del plan de manejo arqueológico.

“Le solicitamos al Ministerio de Cultura el plan de manejo arqueológico en su versión final, y nos respondieron que está en proceso de revisión y aprobación. También pedimos el proyecto de ley o la modificación o derogación de la Ley 1675, y nos dijeron que se encuentra en análisis. Con solo dos años de gobierno restantes, uno ya no sabe por dónde va el manejo arqueológico, que fue hecho de manera express en el pasado, lo cual también tiene responsabilidad el gobierno anterior”.

Adicionalmente, mencionó que uno de los principales asesores del ministerio es un arqueólogo que trabajó previamente para una empresa cazatesoros, lo que generó dudas sobre la transparencia en el proceso. Según la congresista, el ministro ha expresado en varios eventos su intención de reformar la Ley 1675 de 2013, que regula el patrimonio cultural sumergido, pero hasta ahora no ha presentado ningún borrador de la reforma.

Nos comunicamos con Liliana Angulo, actual directora del Museo Nacional, para conocer su perspectiva tras su llegada al cargo, luego de la crisis administrativa que vivieron a finales de marzo pasado. Sobre el estado general actual de la administración del lugar dijo: “Efectivamente, cuando yo ingresé al museo este había pasado por una crisis muy compleja debido a las dificultades que se presentaron para poder firmar el convenio misional con el que se contrató a una buena parte del equipo. Al principio, gran parte del personal no estaba contratada, pero poco a poco fuimos organizando las cosas una vez se asignó el convenio, y en este momento estamos en plena operación, incluyendo los equipos de los museos regionales”.

Una denuncia específica hablaba del cierre del museo Antón García. Al cuestionar a la funcionaria, ella respondió que los museos nunca cerraron. “Los mantuvimos abiertos con recursos del Ministerio, y lo que se logró con el nuevo convenio es que esos recintos de región estarán mucho más articulados con el Museo Nacional”.

La funcionaria explicó que, en ese momento, habían estado consolidando equipos dentro de esos museos a partir de un diagnóstico realizado el año anterior, el cual evidenció las dificultades que enfrentaban en términos de infraestructura, comunicaciones, áreas educativas y aspectos museológicos y museográficos. A su vez, afirmó que en este momento todos los museos cuentan con un equipo base que incluye un coordinador museológico, una persona encargada de lo educativo, otra de la programación cultural y, recientemente, se contrataron equipos de comunicación para que también pudieran tener una mejor articulación con el Museo Nacional y el Ministerio.

La directora destacó que, aunque el Museo Afro es un proyecto prioritario, también están avanzando en otros, como el Museo de Tumaco y La Tolita, liderado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con el apoyo del Museo Nacional.

En respuesta a las preocupaciones sobre denuncias anónimas relacionadas con la actualización de becas y premios durante la gestión anterior, la funcionaria subrayó que el Museo Nacional y el Ministerio tienen programas completamente transparentes, desarrollados a partir del Banco de Jurados, donde los funcionarios no tienen injerencia en las decisiones. “En ningún momento ha habido ningún tipo de denuncia pública ante las entidades de control con respecto a esto que mencionas. Por lo tanto, mientras no haya esas denuncias formales, podemos entender que la gestión del museo y de los funcionarios anteriores ha sido transparente”. Además, indicó que toda la información y resoluciones están disponibles para consulta: “Todo lo hemos desarrollado conforme a la ley”.

Las voces del sector cultural

Consultamos a dos voces destacadas del sector cultural colombiano para entender el panorama que ha vivido y que registra actualmente esta esfera del gobierno. Marta Bustos, doctora en estudios culturales latinoamericanos, se refirió a la dificultad de hacer políticas culturales y cumplir las promesas de los distintos gobiernos. Bustos mencionó que uno de los inconvenientes ha sido no tener clara la ruta de un plan general de cultura en Colombia. Recordó que desde 2010 se venció el proyecto que ya existía y, aunque algunos ministros intentaron actualizarlo, no lo lograron.

Otro punto relevante que genera retrasos o que no permite cumplir con lo pactado desde las administraciones de turno, se debe a las tensiones inherentes entre el personal que permanece en las entidades públicas, quienes poseen trayectoria y experiencia, y los nuevos funcionarios que ingresan. Esto, según Bustos, genera resistencia al cambio de hábitos y procedimientos que pueden no ser fáciles de modificar. Esta dificultad no es exclusiva del sector cultural, sino que se presenta en toda la administración pública.

Además, Bustos identificó que otro factor que dificulta la concreción de los planes de campaña: el escaso conocimiento de la función pública. Señaló que esta es una especialidad que requiere un conocimiento técnico específico y que la ignorancia sobre algunas particularidades entorpece o complica procesos administrativos. En este contexto, Bustos habló sobre la crítica que se le hace al ministro de Cultura, quien, a pesar de su amplio conocimiento del sector cultural, carecía de experiencia en administración. “Debe existir un equilibrio entre lo técnico y lo político en la función pública; si solo se prioriza el aspecto político, se desatiende la parte técnica necesaria para una gestión efectiva”.

Por su parte, Doris de la Hoz, gestora cultural y profesora universitaria, quien trabaja en proyectos con pueblos indígenas desplazados, opinó que no se ha fortalecido lo suficiente la comunicación con el sector cultural. A su juicio, uno de los aspectos más interesantes del sector es la elección de los consejeros en todas las áreas artísticas y patrimoniales, así que señaló una debilidad generalizada en los procesos de descentralización en Colombia, donde, para ella, la participación no está informada y no influye en la toma de decisiones sobre presupuestos.

La docente explicó que los momentos en que se discuten los presupuestos y planes plurianuales son las únicas oportunidades para la participación, “pero esta rara vez resulta efectiva”. Sobre las convocatorias, señaló que, a pesar de que existen espacios para presentar proyectos, muchos pueblos indígenas no tienen la capacidad ni las características necesarias para acceder a ellas, y a menudo no comprenden el proceso requerido.