¿Campaña presidencial al estilo Donald Trump?

Las noticias falsas y los ataques en las redes sociales se han convertido en algo común en la actual campaña. / iStock

Hace apenas algunos días, al resolver un caso judicial en Antioquia, la Corte Constitucional emitió un importante fallo en el que aclara, en detalle, de qué forma se debe ejercer el derecho a la libertad de información, bajo la premisa de que hacerlo de forma inapropiada puede terminar en los estrados judiciales. Así, determinó que cuando una persona utiliza las redes sociales para hacer enunciados sobre otra, éstos deben estar basados en hechos reales, comprobables y susceptibles de ser contrastados. Más aún, que la información que se divulgue en dichos canales no tenga la intención de perjudicar el derecho al buen nombre, honra e intimidad de la persona que se pone bajo el escrutinio público.

Entonces, ¿por qué la actual campaña de cara a las elecciones legislativas y presidencial parece estar obviando esa decisión judicial? Lo que está ocurriendo con estos canales de información, indudablemente, ha marcado la pauta moral —que no legal— del comportamiento de los candidatos, tanto a corporaciones públicas como a la misma Presidencia de Colombia. Al mismo tiempo, ha dejado en evidencia la fragilidad de las redes sociales que, a la hora de la verdad, terminan siendo más un multiplicador de noticias falsas que un muro de contención en contra de las mismas.

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¿Qué ocurrió? Aparentemente, acudiendo a la maquiavélica estrategia de Justin McConney, mano derecha en la campaña del hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el exprocurador y candidato presidencial Alejandro Ordóñez comenzó una “guerra” en Twitter acudiendo a la pragmática estrategia que usó el magnate norteamericano antes de llegar a la Casa Blanca: ser controversial y polémico en ese medio. Y así quedó plasmado en una seguidilla de trinos en los que difundió información en contra de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, quienes, para Ordóñez, representan todo lo contrario a los valores tradicionales de la familia. “Angélica Lozano, Claudia López y su séquito hacen politiquería diciendo a los niños que se acuesten con sus amigos y a las niñas que se enamoren de otras mujeres. Parece que los demás candidatos a la Presidencia están de acuerdo. ¡Yo no! Digo lo que pienso y hago lo que digo”, dijo Ordóñez.

Afirmaciones que, a todas luces, suenan descabelladas y que, por supuesto, podrían ser objeto de denuncias por injuria o calumnia por parte de las afectadas. El candidato presidencial del liberalismo Humberto de la Calle, al salir en defensa de Lozano y López, también resultó víctima de la nueva estrategia de Ordóñez, a quien acusó de ser defensor del terrorismo y amigo de una sociedad como Venezuela. “Salga del clóset”, le dijo Ordóñez a De la Calle. Y su más reciente ataque fue contra el columnista Ramiro Bejarano, a quien se refirió como “comandante” —de algún frente guerrillero—, aparentemente por su más reciente texto en el que critica fuertemente la forma en la que han sido atacados los miembros del partido FARC mientras hacen proselitismo político.

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De acuerdo con el analista político Juan Fernando Londoño, la nueva estrategia a la que están apuntando candidatos como el exprocurador, quien no repunta en las encuestas de intención de voto, es la de apostarles a aquellos nichos que, por más pequeños que sean, sí representan una especie de radicalismo ideológico, como la extrema derecha y que, al final, puede terminarlo favoreciendo en procesos electorales como la consulta popular en la que participará el próximo 11 de marzo. “Si hubiese solamente dos candidatos a la Presidencia, cada uno tendería más a irse hacia el centro y sería más responsable con lo que dice, pero cuando hay tantos como acá en Colombia, lo que están buscando es reafirmarse en esos nichos de opinión, volverse una opción fuerte y generar opinión en medios de comunicación distintos a los tradicionales, como son las redes sociales”, explica Londoño.

Sin embargo, advierte que impedir este tipo de situaciones resulta sumamente complejo, al menos en lo que en materia legal se refiere, y la razón es evidente: imponer límites en ese campo podría leerse como una afrenta a la libertad de expresión, más aún cuando otras prácticas políticas están permitidas en plena campaña electoral. “Por ejemplo, decirles a los colombianos que Gustavo Petro es el candidato del ‘castrochavismo’ forma parte del juego electoral; o afirmar que Vargas Lleras es el candidato de la oligarquía. En ambos casos se está apelando a un imaginario ideológico que no llega a ser ni injuria ni calumnia”, agregó el politólogo.

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Incluso, los candidatos están recurriendo al mismo temor lanzando propuestas tan inverosímiles como absurdas. El exvicepresidente Vargas Lleras, por ejemplo, le pidió al Gobierno invalidar los votos de los colombianos residentes en Venezuela que se produzcan el día de las elecciones presidenciales, bajo el argumento de que en el país vecino ningún ciudadano cuenta ya con la autonomía e independencia suficientes para tomar este tipo de decisiones. “Sin embargo, cuando lleguemos a segunda vuelta, este tipo de situaciones se irán difuminando dado que serán sólo dos candidatos sobre quienes estará concentrada toda la atención y, en ese sentido, se esperan pronunciamientos más responsables”, concluye Londoño.

Por supuesto, el exprocurador Ordóñez está bastante lejos de convertirse en el Trump colombiano. El número de seguidores, al menos, en su cuenta de Twitter lo pone muy por debajo de sus contrincantes políticos, incluso, del líder de la FARC, Rodrigo Londoño, pero lo que viene ocurriendo, desde el punto de vista de su estrategia en redes, sí prende las alarmas alrededor de la responsabilidad de los candidatos que buscan dirigir al país. La representante Lozano descartó interponer alguna denuncia en su contra, pero sí señaló que “la campaña implica mostrar resultados y propuestas, y sobre todo criterio para construir una Colombia donde todos quepamos. Y acá cabemos tanto él como yo, pero siempre bajo el respeto”. Una salida, distinta a la jurídica, sería la de crear tribunales éticos a instancias del Consejo Nacional Electoral, pero mientras no haya un cambio estructural en el sistema político, desafortundamente, Colombia seguirá caminando por el mismo rumbo.