Candidatos a la Presidencia firman pacto para proteger los Derechos Humanos

Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle firmaron el Pacto Social por los Derechos Humanos. / Archivo

Quien quede elegido como el próximo presidente de la República tiene un compromiso pendiente con los Derechos Humanos (DD.HH). Cada uno de los hoy aspirantes a la Casa de Nariño, que se enfrentarán en las urnas el próximo domingo, firmó un pacto por su defensa, protección y garantía ante los desafíos que enfrentará, de llegar a la Presidencia.

La propuesta del Pacto Social por los DD.HH. surgió como iniciativa de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. y, este jueves, presentó con orgullo la firma de todos los candidatos. Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle reafirmaron que sus “acciones de Gobierno impulsarán, en todo el país, y, en particular, en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, la inclusión política, económica y social, haciendo efectivos de una forma real el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales”.

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Este compromiso tomó en cuenta las recomendaciones de los Órganos de Tratados y del Ejercicio Periódico Universal (EPU), que se realizó el pasado 10 de mayo, como cuatro puntos de partida para el trabajo alrededor del tema de DD.HH.

Reto no. 1 - Combatir la impunidad: “La impunidad frente a violaciones de DD.HH. del pasado y del presente es contraria a las obligaciones generales del Estado y genera un ambiente de tolerancia o connivencia con actos atroces que acarrean graves repercusiones”, indica el documento. Por este motivo, el próximo Gobierno debe superarla “sin fragmentar el universo de casos que demandan verdad y justicia”.

Reto no. 2 - Brindar garantías para el ejercicio de la defensa de los DD.HH.: La Oficina declaró necesario redoblar los esfuerzos y la protección oportuna de líderes y lideresas comunitarias, así como de movimientos sociales y ciudadanos, que actualmente se ven amenazados por “la falta de garantías para el ejercicio de derechos y libertades, los ataques recurrentes en contra de personas que se dedican a la defensa de los derechos, la operación de regímenes de violencia coercitiva que se instalan para controlar territorios y actividades sociales, económicas y políticas, y el miedo paralizante que ha sido interiorizado por un gran segmento de la ciudadanía colombiana como resultado de la violencia”.

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Reto no. 3 - No perder las oportunidades que ofrece la construcción de la paz en Colombia para consolidar un poder estatal respetuoso de los DD.HH.: Con el fin de servir a la ciudadanía y tener legitimidad, asegura el pacto, el Estado debe hacerse presente en los territorios condicionados por dinámicas de violencia y corrupción, no solo ejerciendo formalmente el poder, sino trabajando por garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a nivel local. Además, al siguiente gobernante le “corresponde garantizar la implementación de la Reforma Rural Integral, tal y como comprometido en los Acuerdos de Paz”.

Reto no. 4 - Brindar seguridad y proteger derechos: Algunas veces, con el fin de brindar seguridad, las autoridades instrumentalizan el miedo y tienden a quedar en un limbo que termina, contraproducentemente, atentando en contra de los DD.HH. “Las respuestas en materia de seguridad deben partir de una comprensión técnica de las manifestaciones de criminalidad, que permita diseñar e implementar medidas racionales para su combate, de la mano de los estándares de derechos”

Según Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “estos cuatro ejes expuestos acarrean retos impostergables, y demandan capacidad técnica, recursos adecuados y, sobretodo, voluntad política”. Por esta razón, manifestó que espera que "el pacto sirva como un punto de encuentro para guiar el ejercicio del poder público en Colombia y permita demostrar avances concretos en aspectos de la situación de DD.HH. que no dan espera".