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La Misión de Observación Electoral (MOE) reveló los resultados de una revisión aleatoria del 13 % de las mesas de votación, que se inició luego de los reportes en redes sociales acerca de un supuesto fraude electoral que habría ocurrido en la primera vuelta presidencial.
Para esta revisión, la MOE revisó 13.135 formularios E-14, de los cuales 363 presentaban anomalías. Para este análisis se hizo la filtración de los formularios que tenían tachaduras, enmendaduras o fallos en el diligenciamiento.
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“A estos formularios se les aplicó un segundo filtro para descartar aquellos que tuvieran errores debidamente justificados por los jurados en el mismo formulario en el espacio ‘Otras constancias de los jurados de votación’, así como formularios con tachaduras que en nada afectaban el resultado electoral”, señala la MOE.
Por otra parte, se hizo la comparación de los resultados condensados en los E-14 con los formularios E-24 de escrutinios y con las actas generales de escrutinio, de las comisiones escrutadoras. “Sobre el total de 97.663 mesas de votación instaladas el 27 de mayo, se procedió a tomar una muestra representativa de 13.135 formularios E14, equivalente al 13% del total de mesas de votación”, apunta el informe.
Según la organización, “estas anomalías representan una variación de 12.522 votos, de los cuales 796 consistieron en aparente eliminación de votos, y los otros 11.726 en aumentos”. Las estimaciones que hace la MOE, si se considera que la muestra es representativa, dicen que en las elecciones del pasado domingo podría haber anomalías equivalentes a casi 70.000 votos.
Las recomendaciones de la MOE
Luego del análisis aleatorio, la organización señaló que no es razonable que no exista la forma de obtener una copia auténtica del formulario E-14, ya sea con papel carbón, papel químico, digitalización u otros. “Este formulario es la fuente principal de la información que le es entregada a la ciudadanía, las organizaciones políticas, medios de comunicación, autoridades de control y escrutadores”, señala.
Asimismo, advirtió sobre la necesidad de avanzar en una reforma electoral para poder reducir las vulnerabilidades a las que se expone el actual sistema en cuanto al conteo de votos. En ese sentido, propone, como un asunto imperativo, que la Registraduría disponga de los equipos propios para la identificación biométrica de los votantes, como un plan interinstitucional que permita optimizar la presencia de los funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo en todos los puestos de votación del país.
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