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El candidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, ha encendido las alarmas sobre un “posible fraude” que se estaría cocinando” para las elecciones del próximo domingo. Sus argumentos tienen como base que, presuntamente, el software que utiliza la Registraduría para el registro de la votación tiene alteraciones en sus algoritmos y que se impidió el ingreso al país de una comisión de la Unión Europea que justamente tenía como tarea la auditoría de dicho software.
Las denuncias tuvieron respuesta de la Registraduría, que descartó que esto fuera cierto, aclarando de paso que la comisión de expertos estaba en Colombia desde el 4 de mayo. Por su parte, el Gobierno convocó para este miércoles una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, en la que el registrador Juan Carlos Galindo deberá rendir diferentes informes que respondan a las suspicacias que ya existen entre los candidatos.
La hipótesis del fraude por parte de Gustavo Petro viene desde que se engavetó en la misma Registraduría una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que daba vía libre para que en el tarjetón presidencial se hiciera una modificación del logo de su movimiento político, Colombia Humana. Un funcionario dentro de la entidad no le dio trámite a lo aprobado por el CNE y finalmente en el tarjetón quedó el logo que la campaña de Gustavo Petro había pedido cambiar.
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Por otra parte, la Registraduría ha quedado en entredicho tanto por los percances ocurridos en las pasadas elecciones —el error de distribución de tarjetones de las consultas que obligó a que se tuvieran que utilizar fotocopias para votar—, como por las recientes denuncias del senador Armando Benedetti y de la Fundación Paz y Reconciliación, sobre presuntas irregularidades en la designación de jurados de votación y la supuesta venta de “paquetes” de votos por parte de funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
En buena medida, las dudas alrededor del sistema de información que se utiliza para las elecciones están centradas en una sentencia del Consejo de Estado del pasado 8 de febrero, a través de la cual se resolvió una denuncia presentada por el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA). En esencia, este grupo político denunció un sabotaje en los resultados para el Senado en 2014 mediante la manipulación del software de escrutinio a horas indebidas y a través de accesos no autorizados.
A pesar de que el Consejo de Estado no encontró irregularidades que le permitieran concluir que el sistema de escrutinio hubiera sido objeto de manipulación o sabotaje, e incluso peritos informáticos de la Fiscalía tampoco lo probaron, sí advirtió la necesidad de aplicar urgentes correctivos. En concreto, conminó a la organización electoral a adquirir un nuevo sistema que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección.
En la misma sentencia que le devolvió tres curules en el Senado al MIRA, el Consejo de Estado agregó que la organización electoral debía implementar las medidas necesarias para mantener los computadores actualizados y las copias de seguridad para resguardar toda la información de las votaciones. Por estas y otras razones, el Consejo e Estado concluyó que hubo sabotaje entre 1.630 registros de 1.412 mesas y que no se cumplió con la ruta de actividades de la Registraduría.
Por los mismos días, la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad de la Fundación Karisma, elaboraron un documento con una propuesta de protocolo de auditoría para el software de escrutinio de las elecciones de Colombia en 2018. Además de las recomendaciones para cumplir con los estándares internacionales en materia electoral, el estudio admitió que el panorama no es el más adecuado frente a lo esperado.
La investigación señala, por ejemplo, que entre 2013 y 2017 se han celebrado siete contratos con la Unión Temporal Soluciones Informáticas por $481 mil millones para prestar el servicio de una solución informática en los procesos de preconteo, escrutinio y digitalización de actas. Sin embargo, la Registraduría no cuenta con un examen exhaustivo del aplicativo y, en los momentos previos a las elecciones, se limita a entregar una copia del código fuente que se dice va a ser utilizado en los comicios a la Procuraduría General.
La misma propuesta de protocolo recalca que en el fallo del Consejo de Estado por la demanda del MIRA se encontraron irregularidades, como desactualización del acceso con huella para insertar resultados, archivos sin usuario de soporte o carencia de copias de respaldo y entradas para corregir resultados. La conclusión de los expertos es que la Registraduría está tratando el software como “una caja negra”, pero a diferencia de la de los aviones, está es oscura, cerrada y hermética.
Finalmente, el informe resalta que la situación actual pone en riesgo los derechos de la ciudadanía, pues no se cuenta con ningún tipo de respaldo para trazar el correcto funcionamiento del sistema electoral y se carece de mecanismos adecuados de observación electoral de los sistemas informáticos. Incluso, advierte que hace falta una auditoría “profesional e independiente” del proceso electoral y que no existen espacios para que los candidatos ejerzan su derecho a la vigilancia. A pesar de que la Registraduría, desde 2011 y por mandato legal, debe implementar la votación electrónica en el país, hoy sólo tiene un marco de requerimientos para proponentes y unas cotizaciones.
Con este antecedente a bordo, y las denuncias de Petro, el fantasma del fraude electoral vuelve a rondar. Pero no es ni será la última vez. En las elecciones presidenciales de hace cuatro años fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien salió a denunciar, sin pruebas, que desde la Registraduría se fraguaba un fraude que perjudicaría a su candidato, Óscar Iván Zuluaga, y que beneficiaría al entonces presidente-candidato Juan Manuel Santos.
Uribe sostenía que la información del fraude la tenía un periodista a quien increpó, a través de su cuenta de Twitter, para que la revelara, pues según él los datos provenían de la Fiscalía y la Registraduría. Por esos días, Uribe también hablaba de supuestos dineros del narcotráfico dentro de la campaña del presidente Santos y de otros recursos que serían destinados a la compra de votos. Sin presentar pruebas, el asunto quedó en nada.
Tres meses atrás, en las elecciones a Congreso, fueron Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga y Clara López Obregón quienes denunciaban que en los comicios a la corporación había ocurrido un fraude electoral. Tanto así que pidieron que se hiciera una auditoría para esclarecer las dudas, debido a que sus respectivos partidos habían obtenido menos curules de las esperadas.
Como hoy, el otrora registrador Carlos Ariel Sánchez señaló que podía haber errores en el preconteo, pero que éstos eran subsanados en los escrutinios, espacio en el que las campañas presentan las impugnaciones en las mesas en las que consideraban que habría inconsistencias en el conteo de los votos.
Lo cierto es que el sistema electoral, tal como está, es proclive a errores en el conteo de los votos, sobre todo en el preconteo que se realiza una vez cerradas las urnas y que se utiliza para el resultado preliminar que divulga la Registraduría. En ese momento es posible que en el traspaso de información —desde la mesa de votación hasta la entidad— no sea preciso y haga que a muchos electores no les aparezca su voto en el formulario E-14 de la mesa en la que depositaron su sufragio y que, en consecuencia, el voto no marcaba para su candidato.
De ahí que en la fallida reforma política y electoral, que se tramitó en el Congreso en 2017, hubiera contemplado el voto electrónico en un plazo de un año. Avances se han dado en ese sentido, como ha sido el uso de sistemas biométricos de identificación en algunas elecciones locales. Sin embargo, la migración del sistema que se utiliza a uno completamente electrónico está lejos, y de la ineficiencia del actual ya existen pruebas.
El debate sigue abierto y les tocará el Gobierno y a las autoridades electorales dar todas las explicaciones necesarias para que los ciudadanos puedan tener la certeza de que las elecciones del próximo domingo serán transparentes y garantizar que los resultados de las presidenciales no serán interferidos a favor o en contra de ninguno de los candidatos.