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Como una “maroma oportunista” calificó el candidato presidencial del partido Liberal, Humberto de la Calle, la intención que tiene varios congresistas del partido de apoyar la candidatura de Iván Duque, del Centro Democrático, en caso de que se logre una alianza con Sergio Fajardo, una posibilidad que se explorará en la tarde de este lunes.
“Ese es el tipo de anuncios que acaba con la política, le quitan toda credibilidad. Hemos hecho una campaña seria, con propuestas. El que se quiera ir, bien ido (…) Hay gente que quiere acomodarse porque ve en las encuestas que otro va adelante. Es simplemente una maroma oportunista”, comentó el candidato liberal.
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Además, señaló que la intención de los congresistas rojos que querrían llegar a las toldas del uribismo violaría todas las normas relacionadas con el transfuguismo y aclaró que la decisión de tomar un café con Fajardo fue hablada previamente con César Gaviria, director del partido. “procederé dentro de los lineamientos del partido y la institucionalidad”, dijo De la Calle.
Para el exjefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc en La Habana, junto con Fajardo debe haber un procedimiento amplio para que los colombianos puedan examinar las dos candidaturas y tomar una “decisión lógica”. Asimismo, sostuvo que no se tratará de una simple adhesión.
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En la reunión que tendrá De la Calle y Fajardo también se estudiarán las salidas jurídicas para no violar la ley. Sobre ese asunto, el candidato Germán Vargas Lleras, quien fue autor de la ley 1475 de 2011, en la que se estipula la obligatoriedad del cumplimiento de los resultados de una consulta popular, señaló que una alianza entre ambos candidatos estaría en contra de la norma. “Es imposible para un candidato que participa en una consulta, retirarse y no presentarse a las elecciones de primera vuelta”, señaló Vargas Lleras en W Radio.
Según explicó, el artículo 7 de la ley, que se refiere a esa obligatoriedad de un candidato en respetar los resultados de una consulta y no desistir de su candidatura, se hizo, precisamente, para evitar que el Estado incurra en vano en los gastos que se requieren para realizar el proceso de consulta popular, que en el caso de la del partido Liberal, realizada en noviembre de 2017, fue de alrededor de $40.000 millones.