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Ante la ola de violencia que ha empañado el proceso electoral con miras a los comicios del 27 de octubre –que deja hasta ahora siete candidatos muertos–, este lunes el presidente Iván Duque lideró una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales, integrada entre otras, por todos los partidos políticos, Fuerza Pública, Gobierno y autoridades electorales.
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Expresando preocupación por los hechos de violencia y comprometiéndose a esclarecerlos, el primer mandatario anunció, entre otras, que la Unidad Nacional de Protección (UNP) “dejará al día” en las próximas 72 horas todas las solicitudes de protección elevadas “hasta la fecha” por los aspirantes.
"Nos preocupa la violencia que se ha presentado contra los candidatos y nos preocupan los hechos que puedan atentar contra el sufragio. Hace cuatro años fueron asesinados seis candidatos y se presentaron 22 atentados. Ahora, hemos visto con dificultad y dolor que se han presentado siete crímenes, pero hay una reducción frente a atentados para mostrar que se han tomado decisiones”, dijo el presidente.
Duque destacó el trabajo de la Fuerza Pública y de la Fiscalía para esclarecer los autores materiales e intelectuales de ciertos crímenes, como en el caso de la muerte de alias Alonso, sindicado de ser uno de los autores del crimen de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) por el partido Liberal. A ello se suma la captura de dos personas por el asesinato de Orley García, candidato a la alcaldía de Toledo (Antioquia) por el Centro Democrático.
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“Vamos a fortalecer las medidas de protección para que la UNP responda con mayor celeridad a los llamados, pero mostrando que se ha tenido un avance significativo (…) Hacemos también un llamado a los partidos para tomar medidas de protección y brindar información oportuna a la Fuerza Pública sobre los desplazamientos de sus candidatos para proselitismo”, agregó Duque.
El primer mandatario atribuyó a “manos criminales y grupos armados organizados al margen de la ley” la responsabilidad de los crímenes. Destacó que hay “sentido de unidad” para capturarlos y llevarlos ante la justicia.
“Respaldaremos al Plan Ágora (coordinado por el Ministerio del Interior y que abarca las acciones para garantizar elecciones transparentes y seguras), y promoveremos las denuncias sobre trashumancia, compra de votos o cualquier otro tipo de constreñimiento electoral”, precisó.
A su turno, la Misión de Observación Electoral (MOE), que también participó en el encuentro, alertó por la ausencia de reportes de financiación de campañas a mes y medio de las elecciones, la participación indebida de funcionarios públicos y las implicaciones del riesgo de trashumancia electoral.
Frente a la violencia, la MOE señala que, desde el inicio de la campaña electoral, el 27 de julio, hasta el 16 de septiembre, 54 candidatos han sido víctimas de violencia: 40 amenazados (cinco de ellas mujeres), dos secuestrados, cinco víctimas de atentados (una de ellas mujeres) y siete asesinados (una de ellas, mujer).
“De los 17 partidos con personería jurídica, 14 tienen candidatos víctimas de violencia (MIRA, AICO y el Polo no tienen víctimas hasta ahora). La mayoría de las víctimas pertenecen a coaliciones, y cuatro de los candidatos víctimas fueron avalados mediante firmas”, señaló.
Por otro lado, con corte al 10 de septiembre, alertó la MOE, tan solo 559 candidatos (el 0,47% del total de candidaturas inscritas) han reportado en Cuentas Claras algún tipo de ingreso a las campañas.
“La extensión actual de fenómenos como el narcotráfico y la corrupción hacen palpable el riesgo de que dineros de estas actividades ilegales ingresen a las campañas electorales y sean utilizados para tergiversar la libre expresión de los ciudadanos a través de las urnas. A pesar de ello, la MOE señala su preocupación por el poco o nulo control que se está haciendo a la financiación de las campañas electorales”, indicó.
El registrador Juan Carlos Galindo, presente en el Comité, hizo un recuento de las novedades que tendrán las elecciones del próximo 27 de octubre y que forman parte de las medidas adoptadas por la entidad para garantizar la transparencia de los comicios.
Según el funcionario, se trata de 14 innovaciones que se vienen implementando desde hace más de un año y que constituyen “un gran esfuerzo para garantizar que los ciudadanos voten libre y conscientemente el próximo 27 de octubre”.
Entre otras, se destaca el convenio suscrito con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, que por intermedio de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), permitirá que “un equipo de ingenieros de sistemas de autoridades electorales de los países más avanzados de la región, adelante un acompañamiento técnico internacional respecto de la funcionabilidad y seguridad de los software que utilizaremos para el proceso electoral del 27 de octubre de 2019”.
Adicionalmente, se contará con 14.500 estaciones de biometría instaladas en los puestos de votación.