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Otra vez los protagonistas de las elecciones en el Norte del Valle son candidatos cuestionados, herederos de capos del narcotráfico y un alto número de víctimas de violencia electoral. Según el sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación –SIPARES- desde el comienzo de la contienda electoral en el departamento del Valle se han presentado 24 hechos de violencia con un saldo de 25 víctimas. El treinta por ciento de estos hechos se concentran en el norte y han golpeado a candidatos y funcionarios públicos de elección popular en ejercicio. Los centros de disputa son, al igual que en el 2015, Obando y Cartago, municipios dominados por clanes políticos locales, cuestionados por actos de corrupción y cercanía con las mafias de esa zona del país.
De un lado se encuentran los Londoño Zabala. Apoyan a Víctor Álvarez a la alcaldía de Cartago que controlan hace varios años. Este Clan está liderado por la matrona de la familia, Jesusita Zabala de Londoño, de quien se dice maneja, desde su prisión domiciliaria, la administración municipal a través de su hijo, Carlos Andrés Londoño. En su edificio fueron hurtados recientemente los videos de seguridad. Zabala de Londoño fue representante a la cámara por el partido Huella Ciudadana en remplazo de Arcángel Clavijo, asesinado en el 2003 por sicarios en Jamundí. En dos ocasiones se desempeñó como alcaldesa del municipio. Su condena, sin embargo, no proviene del ejercicio de sus cargos públicos. Se le acusa de haber direccionado contratos por más de 2.000 millones de pesos desde la administración de su hijo y de haberse quedado con el 10% del valor de los contratos.
Hasta el 2015, en el ejercicio político la acompañaba su hijo Ignacio Londoño Zabala, quien fue asesinado ese año mientras aspiraba a la alcaldía. El narcotraficante Víctor Patiño Fomeque lo señaló de ser el relacionista público del Cartel del Norte del Valle y alias Rasguño lo acusó de servir de contacto entre la campaña del ex presidente Ernesto Samper y la mafia. Lo cierto es que Londoño Zabala fue el abogado de ambos narcotraficantes, así como de Henry Loaiza (El Alacrán), Orlando Henao (El hombre del overol) y Antonio Calle Serna (Comba), entre otros. A su nombre aparecieron diversos cheques girados por quien sería el contador de Patiño, Carlos Maya, asesinado en el 2001. El liderazgo de Ignacio, sin embargo, no se perdió con su asesinato, pues su madre lo reemplazó con Carlos Andrés, quien no tenía mayor experiencia en la política. Este último investigado por la presunta concesión irregular del contrato de alumbrado público.
Actualmente los Londoño Zabala le apuestan a quedarse con la alcaldía de Cartago con Álvarez, expresidente del Concejo Municipal. Una campaña que ha estado marcada por el clientelismo. Recientemente la revista Semana reveló unas grabaciones donde se oye al subsecretario de deporte de la alcaldía, Jhon Fredy Ramírez Ramírez, presionando a funcionarios y contratistas para que voten por Álvarez.
De otro lado está Luis Ignacio Mira, alias Capitán Mira, quien respalda a Nydia Lucero Ospina López, su suegra, a la alcaldía de Obando, cargo que esta ya había ejercido entre el 2012 y 2015. Recibió el aval del Partido Verde, antes se había inscrito por firmas y por el Partido Liberal. Mira tiene el centro de poder en Obando. Se le señala de estar involucrado en atentados contra el alcalde de Obando, Óscar Marino Badillo. Es un abogado conocido en la opinión pública como representante de narcotraficantes y mediador en procesos de sometimiento a la justicia, en asocio con Ignacio Londoño, quien después sería su rival. Entre ellos el protagonizado por los hermanos Comba, líderes de la banda Los Rastrojos. También ha asesorado a integrantes de la banda de los Flacos, que actualmente delinque en Cartago.
Adicionalmente, el Capitán Mira ha sido mencionado en el proceso que se adelanta por el asesinato del exministro Álvaro Gómez Hurtado y recientemente se vio envuelto en un escándalo por la denuncia del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien asegura que Mira lo visitó en su centro de detención para amenazarlo con el fin de que no mencionara en su proceso al exsenador Álvaro Ashton ni al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía. Mira negó las acusaciones y aseguró que su visita buscaba brindarle una asesoría para su proceso de extradición, además de hacerle firmar un paz y salvo enviado por Abadía, versión que este último negó.
Hugo Cedeño, médico ecuatoriano, exgerente de la IPS de Cartago y del hospital de Ansermanuevo, también aspira a quedarse con el poder en Cartago con el aval del recién creado Partido de Revindicación Étnica (PRE). Se le acusa de estar involucrado en el asesinato de Ignacio Londoño en alianza con el Capitán Mira. En diciembre de 2018, Cedeño fue víctima de un un atentado con armas largas en plena plaza pública, hecho por el cual fueron capturados sicarios de la banda de los Flacos y tres policías de tránsito, comprobando la infiltración de esta entidad por parte de la agrupación. Aún se desconoce quiénes serían los determinadores del atentado.
A este complejo abanico de candidatos se suma el excongresista por el PIN, Carlos Arturo Quintero Marín, Partido Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), quien fue reconocido por Nancy Montoya, la esposa de Ariel Rodríguez, alias “El Diablo”, jefe de sicarios de Rasguño, como su amigo personal. Incluso fue el segundo renglón de la lista a la Cámara que encabezaba Montoya. Ella obtuvo una gran votación y tuvo que renunciar por orden de Rasguño con el argumento de que “le calentaba el parche en el Norte del Valle”.
Y para cerrar este violento y corrupto panorama electoral, la semana anterior el candidato más opcionado para ganar la alcaldía de Cartago, Benjamín Agrado, fue inhabilitado en su aspiración por el Consejo Nacional Electoral dado que su hermano dirige una institución educativa en el municipio, dejando el campo libre para que la alcaldía pase a manos de Víctor Álvarez (del clan Londoño Zabala), o a Carlos Eduardo Marín, de Dilian Francisca Toro. Así, los herederos de las mafias y la corrupción, seguramente van a conservar el poder en el norte del Valle.
*Investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación