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Las elecciones que se realizarán el 27 de octubre serán determinantes para Cartagena, posiblemente más que para cualquier otra ciudad del país. No solo porque se escoge al nuevo alcalde y a los miembros que conformarán el Concejo Distrital, sino porque será una oportunidad para ponerle fin a una racha infortunada para la capital de Bolívar que la ha sumergido en una profunda crisis institucional. De los 15 candidatos que están en la baraja, dos tienen fuertes posibilidades de quedarse con el poder, pero también tienen detrás investigaciones por parte de los entes de control que podrían afectar su gestión y repetir la historia.
Uno de ellos es William García Tirado, quien tiene de su lado a gran parte de la clase política de la ciudad. La otra candidata es Yolanda Wong Baldiris, quien fue secretaria del Interior de la administración de Manuel Vicente Duque y actualmente está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) vote el proyecto de resolución que dejaría en firme su aspiración, ante una posible incompatibilidad para aspirar. Sin embargo, fuera de las conjeturas políticas, Cartagena tiene grandes desafíos, pues, como consecuencia de la inestabilidad institucional, muchos procesos han quedado a medias.
Contexto: Cartagena: muchos candidatos, pocas opciones
De eso da cuenta el reciente informe de calidad de vida Cartagena Cómo Vamos, que señala que desde 2016, es decir, en tres años, hubo 115 cambios en el gabinete distrital. “Cartagena ha tenido 11 alcaldes en los últimos ocho años, de los cuales cuatro fueron electos popularmente y siete estuvieron en calidad de encargo. En este tiempo, ningún Plan de Desarrollo se ha ejecutado en su totalidad”, señala el documento. Esa situación política, sin duda, repercute en otros problemas estructurales de la ciudad: “El 25,9 % de su población, es decir, 268.359 cartageneros, no logran obtener ingresos mensuales mínimos de $257.433 para adquirir vivienda, servicios públicos, transporte y alimentación”.
Si se mira hacia la zona insular, la situación es más dramática, pues se estima que el 96,6 % de los hogares en ese sector están en condiciones de pobreza, y en lugares específicos, como Caño del Oro, las necesidades básicas insatisfechas alcanzan el 98,9 %. “Cartagena tiene 40 barrios con los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas, ubicados al margen de la Ciénaga de la Virgen, faldas de La Popa, Loma de Albornoz y en los 25 corregimientos de la ciudad. La situación en más crítica en la zona insular”, agrega el informe.
Algunas otras conclusiones de ese estudio indican que, por ejemplo, una de las mayores causas de muertes violentas es la falta de convivencia ciudadana, a pesar de que hubo una reducción de homicidios del 9 % entre 2017 y 2018. En ese mismo ítem de la seguridad, en 2018 aumentó en 60 casos el total de delitos sexuales respecto de 2017, y en la ciudad se presentan, en promedio, 140 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes.
Según el mandatario designado, esas acciones vigentes comprometen unos $200.000 millones. Por si fuera poco, denuncia que hay una dinámica perversa de embargos al erario: “Lo tienen de práctica y hay que afrontarlo, porque eso puede comprometer la liquidez de la ciudad. Hay que averiguar qué hay detrás de esos embargos que llegan diariamente y comprometen la gestión”.
También hace un llamado de atención al próximo alcalde sobre la situación de hospitales y puestos de salud en los barrios de la ciudad, en donde desde 2015 se ha presentado una situación particular, luego de que se hubiesen hecho contrataciones para la construcción y dotación de los puestos de salud y se determinaran los recursos para atender las contingencias, entendidas como el alquiler de inmuebles para que funcionen temporalmente puestos de salud mientras se culminan las obras. “Muchos contratos fueron suspendidos por falta de licencias de construcción o vistos buenos del Ministerio de Salud. El contratista tampoco paga la contingencia y el barrio queda sin atención”, expresa.
Quien llegue al Palacio de la Aduana, sede de la Alcaldía, deberá continuar con procesos como la protección costera, la culminación del sistema de transporte masivo Transcaribe y la contratación de las obras del Plan Maestro de Drenaje Pluvial, que evitará las inundaciones en los barrios y en el centro histórico de la ciudad. Por último, pero no menos importante, está pendiente la reestructuración administrativa que permitirá tener certeza de los funcionarios que necesita el Distrito y que durante muchos años han estado trabajando a través de contratos de prestación de servicios (OPS). Ese es un asunto que tiene en sus manos el Concejo Distrital y que cuenta con el acompañamiento del Departamento de la Función Pública.
“Aquí hay 1.080 cargos, 200 de libre nombramiento y remoción; los demás en carrera administrativa o provisionalidad. Hay secretarías que tienen dos cargos de planta, como la General. La Gerencia de Espacio Público la conforma solo una persona. De resto, todo es por prestación de servicios: los salvavidas, los guardianes del espacio público. Esta ciudad tiene las playas llenas en diciembre y los salvavidas no tienen ningún tipo de vinculación. Hay personas que tienen más de 20 años trabajando por OPS”, indica el mandatario.
Lo cierto es que es muy difícil delimitar los problemas que tiene una ciudad que, según las proyecciones del DANE a 2018, tiene 1’036.134 habitantes, porque muchos son productos de otros o están entrelazados. Lo fundamental, sin dudas, para que todas estas situaciones de irregularidad puedan empezar a tomar caminos hacia la solución, es que Cartagena pueda retornar a la normalidad en su administración y que los gobiernos electos puedan permanecer los tiempos constitucionales para ejecutar los planes de desarrollo que se trazan desde el inicio.