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La realidad política del país, que lamentablemente no deja de contar los asesinatos a líderes sociales, campesinos, indígenas y defensores humanos, prendió las alarmas de la Procuraduría sobre las elecciones que se celebrarán el próximo 27 de octubre. Por la inminente situación de riesgo de esta población en época electoral, el Ministerio Público solicitó garantizar la seguridad de estas personas que aspiran a un cargo de elección popular.
Ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), los ministerios del Interior y Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional, los gobernadores, alcaldes, personeros municipales, la Defensoría del Pueblo y los funcionarios de la Procuraduría, se pidió, en primera instancia, crear un listado oficial de cuántos aspirantes cumplen con la condición de líderes sociales. Además de identificar quiénes cuentan con esquema de protección de la UNP, hayan hecho una denuncia de potencial riesgo o cuenten con otras medidas de seguridad de otras entidades del Estado y compitan en la contienda electoral.
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El censo que se haga debe de contar con la sectorización de las regiones, departamentos, áreas de liderazgo y partidos o movimientos a los que pertenecen. Entre otras peticiones, está la de establecer un canal de comunicación directo y una línea de atención especializada para denuncias y reportes con estas personas.
El Ministerio Público recalcó la importancia de "reportar con urgencia toda circunstancia que pueda ser generadora de riesgo o que de alguna manera pueda impactar el proceso electoral territorial, todo en coordinación con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo".