Colombia le sigue fallando a la libertad de prensa

Un día como hoy, pero en 1791, comenzó a circular en Bogotá el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, el primer rotativo del país. Por esta razón, el 9 de febrero se conmemora el día del periodista. La celebración, sin embargo, deberá posponerse, pues los ataques contra la prensa siguen siendo recurrentes y la censura se ha incrementado.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en su informe anual sobre el desarrollo de la actividad periodística, registró un incremento del 43% en ataques a la prensa durante 2017. En total fueron 310 los casos documentados tanto contra periodistas como contra medios de comunicación, concentrándose estos ataques en Bogotá con 76 casos, Antioquia y Valle del Cauca, cada uno con 27, Cauca con 21 y Tolima con 13. Los principales responsables de los ataques, según el informe, ya no son los grupos al margen de la ley, pues los funcionarios del Estado y la Fuerza pública ahora ocupan el primer lugar. Desde 2009 la FLIP alertó un incremento en agresiones cometidas por servidores estatales.

El 8 de octubre de 2017, la periodista regional María Efigenia Vásquez de la emisora Renacer Kokonuko, fue asesinada mientras cubría una protesta en Puracé, Cauca. La Fiscalía señala en una de sus hipótesis que los impactos de bala que recibió la comunicadora habrían sido a manos del Esmad. En junio, meses antes de este hecho, agentes del Esmad rodearon las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko impidiendo que los periodistas realizaran su programa, y en julio, mientras se desarrollaba una nueva protesta entre indígenas y el Esmad, el servicio de luz fue suspendido en la emisora.  Las principales agresiones de la Fuerza Pública se dan en el desarrollo de protestas sociales. "En 2006 la FLIP registró 57 agresiones realizadas por actores ilegales, 17 por funcionarios y 14 por particulares. En 2017, la Fundación documentó 33 agresiones por actores ilegales, 76 por funcionarios y 72 por particulares", señaló la FLIP el informe.

El reporte también indica que las amenazas contra comunicadores se dispararon el año pasado, pues pasaron de 90 en 2016 a 129 en 2017. Internet se ha convertido en una plataforma idónea para los atacantes, pues pueden emitir amenazas o agresiones sin ser identificados.  En 2017 aumentó el número de ataques por redes sociales a periodistas, en especial a mujeres que recibieron agresiones principalmente verbales y estigmatizaciones contra su trabajo. Los casos de Andrea Guerrero y Salud Hernández Mora son los más recordados. En total se desconocen un 52,7% de las amenazas hechas a periodistas, mientras que los particulares se sitúan en segundo lugar con 20,1%, los paramilitares en tercero con 7,7%, y las bandas criminales en cuarto con 6,2%. Las agresiones también ubican a los particulares en la primera casilla con 42%, mientras que la Fuerza Pública se ubica segunda con 35,4%.

La justicia, por otro lado, no ha sido efectiva. Desde 1977 se han registrado en el país 154 asesinatos a periodistas y solo en 27 de ellos se han emitido condenas. Los otros 127 se encuentran en la impunidad.

Es por esta razón que la FLIP invita al próximo gobierno nacional a instalar una política pública sobre la libertad de expresión y la protección a los periodistas, un proyecto que quedó a media máquina en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues no se completó y se quedó en un borrador de decreto. Con el aumento de las agresiones a los periodistas y los nuevos casos de censura, el Estado sigue en deuda con la profesión.

Un día como hoy, pero en 1791, comenzó a circular en Bogotá el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, el primer rotativo del país. Por esta razón, el 9 de febrero se conmemora el día del periodista. La celebración, sin embargo, deberá posponerse, pues los ataques contra la prensa siguen siendo recurrentes y la censura se ha incrementado.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en su informe anual sobre el desarrollo de la actividad periodística, registró un incremento del 43% en ataques a la prensa durante 2017. En total fueron 310 los casos documentados tanto contra periodistas como contra medios de comunicación, concentrándose estos ataques en Bogotá con 76 casos, Antioquia y Valle del Cauca, cada uno con 27, Cauca con 21 y Tolima con 13. Los principales responsables de los ataques, según el informe, ya no son los grupos al margen de la ley, pues los funcionarios del Estado y la Fuerza pública ahora ocupan el primer lugar. Desde 2009 la FLIP alertó un incremento en agresiones cometidas por servidores estatales.

El 8 de octubre de 2017, la periodista regional María Efigenia Vásquez de la emisora Renacer Kokonuko, fue asesinada mientras cubría una protesta en Puracé, Cauca. La Fiscalía señala en una de sus hipótesis que los impactos de bala que recibió la comunicadora habrían sido a manos del Esmad. En junio, meses antes de este hecho, agentes del Esmad rodearon las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko impidiendo que los periodistas realizaran su programa, y en julio, mientras se desarrollaba una nueva protesta entre indígenas y el Esmad, el servicio de luz fue suspendido en la emisora.  Las principales agresiones de la Fuerza Pública se dan en el desarrollo de protestas sociales. "En 2006 la FLIP registró 57 agresiones realizadas por actores ilegales, 17 por funcionarios y 14 por particulares. En 2017, la Fundación documentó 33 agresiones por actores ilegales, 76 por funcionarios y 72 por particulares", señaló la FLIP el informe.

El reporte también indica que las amenazas contra comunicadores se dispararon el año pasado, pues pasaron de 90 en 2016 a 129 en 2017. Internet se ha convertido en una plataforma idónea para los atacantes, pues pueden emitir amenazas o agresiones sin ser identificados.  En 2017 aumentó el número de ataques por redes sociales a periodistas, en especial a mujeres que recibieron agresiones principalmente verbales y estigmatizaciones contra su trabajo. Los casos de Andrea Guerrero y Salud Hernández Mora son los más recordados. En total se desconocen un 52,7% de las amenazas hechas a periodistas, mientras que los particulares se sitúan en segundo lugar con 20,1%, los paramilitares en tercero con 7,7%, y las bandas criminales en cuarto con 6,2%. Las agresiones también ubican a los particulares en la primera casilla con 42%, mientras que la Fuerza Pública se ubica segunda con 35,4%.

La justicia, por otro lado, no ha sido efectiva. Desde 1977 se han registrado en el país 154 asesinatos a periodistas y solo en 27 de ellos se han emitido condenas. Los otros 127 se encuentran en la impunidad.

Es por esta razón que la FLIP invita al próximo gobierno nacional a instalar una política pública sobre la libertad de expresión y la protección a los periodistas, un proyecto que quedó a media máquina en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues no se completó y se quedó en un borrador de decreto. Con el aumento de las agresiones a los periodistas y los nuevos casos de censura, el Estado sigue en deuda con la profesión.