“No actuamos por política”

Sostiene que votó por la subasta, pero fue derrotado, y expresa que son cuentos que la licitación tenga ganador.

Usted, como director de la Comisión Nacional de Televisión, ¿va a acatar al pie de la letra el concepto del tercer canal privado?

El proceso de licitación del tercer canal privado de televisión lleva ya mucho tiempo, en esto la Comisión ha estado más de dos años, se han solicitado innumerables conceptos a abogados internos del grupo de trabajo de la Comisión. La Comisión ha estado asesorada externamente por el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta. Obviamente se tuvieron en cuenta en su momento los conceptos del Procurador y por eso se tomó la decisión de hacer una pausa en el proceso de licitación hasta que se emitiera el concepto del Consejo de Estado que se conoció esta semana. Después de haber analizado ese concepto, la junta directiva de la CNTV mayoritariamente ha considerado que existen los elementos jurídicos suficientes y sólidos para seguir el proceso de acuerdo a como lo había estructurado inicialmente.

Esto se ha interpretado en algunos sectores como una forma de hacerle el esguince al concepto que expidió la Procuraduría. ¿Usted qué opina al respecto?

Es que hay que tener en cuenta cómo nació ese concepto del Consejo de Estado. Nació de una reunión entre la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, y el procurador Alejandro Ordóñez cuando se conoció el contenido del concepto emitido por él y luego de esa reunión la Ministra de Comunicaciones nos informó que se había tomado la decisión de solicitarle un concepto al Consejo de Estado como se había hecho recientemente en el caso del aeropuerto El Dorado. Digamos que ese antecedente es muy importante y lo segundo es que es el Consejo de Estado la entidad que institucionalmente, por consagración constitucional y desarrollo legal, está facultada para conferir conceptos y es la máxima autoridad del contencioso administrativo. Por tanto, desde el punto de vista legal es la institución que debe dar los conceptos sobre los temas que el Gobierno Nacional considera importantes y desde ese punto de vista lo que ha hecho la Comisión es observar, analizar detenidamente los distintos conceptos y en su autonomía tomar las decisiones que colectivamente son las ajustadas a derecho y por eso se toma la decisión mayoritaria de seguir este proceso.

¿Entonces en qué queda el concepto de la Procuraduría?

Este concepto mereció el mayor respeto por parte de la junta directiva de la Comisión. Por eso se tomó la decisión de hacer una pausa, pero la junta tiene que hacer un análisis con base en todos los instrumentos que tiene sobre la mesa y tomar autónomamente las decisiones que considera necesarias y en este caso, con base en los tres aspectos fundamentales que contiene el concepto del Consejo de Estado, ha decido continuar el proceso de licitación. El primero de ellos es la si la subasta es obligatoria o no. En concepto del Consejo de Estado, el procedimiento establecido en la Ley de Tecnologías, TIC, es facultativo pero no obligatorio. La Comisión tiene la facultad de convocar un proceso de selección objetiva, con procedimientos como la subasta, pero no necesariamente ésta, que era la interpretación que le había dado la junta directiva de la Comisión. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la subasta. En mi caso personal me he separado de la decisión mayoritaria porque he sido consecuente en eso por mucho tiempo. A mí me ha gustado el procedimiento de la subasta, sobre todo porque considero que el procedimiento actual puede generar algunas asimetrías entre los canales incumbentes del tercer canal, pero definitivamente la decisión de seguir el proceso como está establecido en los pliegos de condiciones es una decisión jurídicamente viable, ajustada a derecho y así lo ratifica el concepto del Consejo de Estado.

Pero precíseme, ¿usted por qué votó a favor de la subasta?

En lo personal, desde hace bastante tiempo, incluso en su momento, cuando Carolina Hoyos fue la primera persona que lo propuso, he considerado que la subasta es un procedimiento adecuado. No se pudo al principio porque la Ley de Televisión lo prohibía expresamente, pero a partir de la expedición de la Ley de TIC hubo algunas voces en la Comisión, entre ellas Ricardo Galán, y en eso coincidí en su momento con él, un asunto que he sostenido en el sentido de que la subasta es una opción viable en la medida en que deja tranquilos a todos los proponentes. Algunos de éstos han estado de acuerdo con el procedimiento establecido y me pareció que era una opción viable. La decisión de la junta directiva, y quiero hacer énfasis en eso, es absolutamente respetable y jurídicamente ajustada al ordenamiento legal vigente.

¿Cuál fue la decisión de los otros cuatro comisionados para votar en contra de la subasta?

La decisión es, después de haber analizado el concepto del Consejo de Estado, mantener el esquema actual, que es un esquema mixto absolutamente objetivo como lo señala la Ley de TIC, en donde el 50% de los puntos los va a otorgar una puja en contenido, va a ganarse esos puntos el proponente que ofrezca mayor número de horas en producción infantil, en producción nacional, en programas de opinión y en otros géneros no suficientemente cubiertos, como documentales, variedades o humor. Y el otro 50%, el que ofrezca la suma más alta de dinero. Con esto la Comisión Nacional de Televisión está apostando por los criterios establecidos en la Ley de Televisión y básicamente por cumplir con un mandato constitucional, legal, de buscar mecanismos para ofrecerles a los colombianos una mayor variedad de contenidos más ricos, distintos, diversos y que la televisión en esta segunda generación de concesiones no solamente sea telenovelas y realities, sino que haya otro contenido y eso reivindica a la Comisión Nacional de Televisión.

¿Y cómo garantiza la Comisión Nacional de Televisión que no se modifiquen los contenidos propuestos?

La Comisión tiene unos instrumentos concebidos en la Ley de Televisión que le permiten, cuando eso suceda, iniciar investigaciones contra los concesionarios y obviamente tiene herramientas como multas o la caducidad de los contratos. Es absolutamente claro que la Comisión para esta segunda generación va a tener que reestructurarse internamente, porque le va a tocar hacer un seguimiento más detallado de las emisiones que va a hacer el tercer canal de televisión.

Usted está en contra de sus cuatro compañeros de junta, ¿eso significa que usted está enfrentado a ellos en el tema del tercer canal?

La junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión es un órgano colegiado y la base de un órgano colegiado es el respeto de cada uno de los miembros. Yo respeto las decisiones de mis compañeros, así como espero que respeten mis decisiones, y las decisiones que he tomado en este caso en particular, en donde he tomado una decisión a conciencia y siendo consecuente en lo que como abogado y como persona que lleva en el sector muchos años considera desde lo más profundo de su ser.

Con una opinión en contra, ¿de aquí en adelante cuál va a ser su proceder?

Mi proceder es el que estoy manifestando en esta entrevista y es que yo soy el director de la Comisión Nacional de Televisión y voy a hacer respetar las decisiones que la mayoría de la junta directiva ha tomado y defender las decisiones colectivas que este órgano toma. Así lo he hecho porque considero que es mi deber legal y constitucional.

¿Dicen que esta decisión que ustedes tomaron no se puede interpretar como una entrega anunciada del tercer canal al Grupo Planeta?

Los cuentos de la calle son absolutamente falsos, esta es una licitación objetiva. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el procedimiento, pero es una licitación donde no hay manera de meter la mano. Es una licitación en la que los criterios establecidos son objetivos y aquí cualquiera de los tres grupos debidamente clasificados y calificados en el Registro Único de Oferentes puede ganar la licitación. Va a ganar quien ofrezca más contenidos, quien establezca mejor su estrategia y quien optimice los recursos para la televisión pública, en este caso para la unidad de dirección de la Comisión Nacional de Televisión.

¿Qué presentación tiene que este canal se adjudique en plena época electoral?

Una de las razones para que –como lo manifestó la Ministra de Comunicaciones de una manera muy clara– una vez se expida el concepto del Consejo de Estado se reinicie el proceso de manera inmediata, y así lo solicitaron los representantes del Gobierno Nacional a la junta directiva, es precisamente que se pueda adjudicar antes de que realmente arranque el debate electoral y parecería que así va a ser, porque el canal va a estar adjudicado a finales de enero y por tanto no se va a mezclar con el debate electoral, que seguramente se dará desde principios de febrero.

¿Usted no sería partidario de que mejor se entregara el canal después de elecciones?

Yo respeto profundamente las decisiones de mis compañeros y la decisión es proseguir el proceso.

¿Pero esto no quiere decir que el Gobierno le ha metido la mano directamente al proceso?

Sobre este tema hay una gran mentira que siempre se ha dado a lo largo de la existencia de la Comisión Nacional de Televisión, y es que dicen que el Gobierno interviene en la Comisión. Es que el Gobierno hace parte de la Comisión, es que la estructura constitucional que en su sabiduría el constituyente estableció para esta entidad, implica que el Gobierno tiene tres puestos en la junta directiva; dos con voto, los delegados directos, y un tercero que es la Ministra de Comunicaciones. Obviamente el Gobierno tiene incidencia y participa, pero también tengo que ser muy claro en que en todos estos años de comisionado jamás el Gobierno me ha impuesto una decisión y yo creo que muestra de ello es mi posición en este proceso, en donde ha habido absoluto respeto frente a la posición que he tenido. Creo que las decisiones dentro del marco estructural que creó la Constitución han sido decisiones autónomas de la Comisión.

Y si eso es así, ¿por qué ustedes llevaban una relación muy cordial y ésta se enfrió en la última semana cuando se conoció el concepto del Consejo de Estado?

Yo no creo que la Ministra se haya alejado, ella mantiene una relación permanente en este punto del proceso. Ella ha tenido una posición, pero ha sido muy respetuosa de mi posición en las reuniones en las que yo he expresado que consideraba que había que seguir el proceso de subasta.

¿Entonces se puede decir que usted es el gran derrotado en este proceso, en la medida en que todos pensaban lo contrario a lo que usted pensaba y ganaron?

Respeto y aprecio profundamente a la Ministra, es una mujer muy valiosa, profesional, y personalmente en este proceso he tomado una decisión distinta a conciencia, pero yo no considero que en este proceso existan ganadores o derrotados, yo creo que aquí el gran triunfador es la ciudadanía, que va a tener la posibilidad de una nueva opción de entretenimiento y la Comisión ha logrado que su trabajo serio y responsable de hace varios años sea reivindicado por el concepto del Consejo de Estado.

La Ley de TIC recientemente aprobada ordenaba la subasta, pero el Consejo de Estado emite un concepto que cambia la licitación, ¿eso significa que el concepto del Consejo de Estado está por encima de la ley?

Es que lo que hace el Consejo de Estado de una manera muy clara es señalar que la ley es establecer la subasta como una posibilidad entre varias, es decir, sí existe la posibilidad de hacer subasta, pero no es obligatorio, es facultativo, que es básicamente la posición que ha esgrimido la Comisión desde que se expidió la Ley de TIC.

¿Usted garantiza que este canal no se le va a entregar al Grupo Planeta?

Yo garantizo que con la estructura del proceso el adjudicatario será el que mejores condiciones proponga, obviamente el Grupo Planeta es uno de los proponentes y puede ganar la licitación, es un grupo muy importante, pero los otros grupos, el Grupo Prisa y la Organización Cisneros, tienen la misma posibilidad de ganar el proceso.

El ex comisionado Ricardo Galán documentó que la comisionada Zulma Casas estaría favoreciendo al Grupo Cisneros, ¿qué avance ha tenido esta situación?

Las actuaciones de la comisionada Casas han sido consecuentes con unas posiciones que ella ha tenido, que considero que son posiciones que ha tomado a conciencia y que ha sido consecuente con lo que piensa y, digamos, ha tomado las decisiones que ella como abogada, con base en el análisis que ha realizado de las normas jurídicas, ha considerado importantes y por tanto respeto las decisiones que haya tomado.

En algunos sectores se dice que si llegara a ganar el Grupo Cisneros existiría algún temor por el estado de las relaciones con Venezuela, ¿usted qué piensa al respecto?

Yo creo que en una licitación pública nosotros no podemos tener en cuenta ese tipo de criterios políticos, aquí se establecieron unas reglas de juego que se han hecho, en las cuales la Comisión ha sido exigente tanto en el RUO, porque acuérdese usted que esto tuvo una decantación con el Registro Único de Operadores, aquí había más de 10 ó 12 posibles proponentes y sólo quedaron tres, porque realmente los requisitos del RUO fueron muy exigentes, entre ellos el Grupo Cisneros, y se estableció una regla de juego que fue discutida por el Grupo Cisneros y la Comisión se ha mantenido firme y es el tema de la inversión extranjera, ya que ellos querían entrar sin inversión nacional y poder conseguir la inversión nacional después si resultaran adjudicatarios, si así lo lograran, y la Comisión ha sido absolutamente clara que los socios nacionales, que tienen que tener una participación mayoritaria del 60%, tienen que acreditarse antes de, digamos, el momento del cierre de la licitación, es decir, con la presentación de la oferta, razón por la cual este grupo no solamente estará formado por el Grupo Cisneros y por Venevisión, sino por inversionistas nacionales, lo cual le garantiza al país equilibrio. Además de que realmente creo, por el conocimiento que he tenido este año y medio, que se trata de un grupo serio e importante que, al igual que el Grupo Prisa y el Grupo Planeta, merece el mayor de los respetos.

¿Quién asume el costo por la nación si devuelven un canal?

Ese es un tema de la financiación de la televisión pública muy importante para nosotros, la Comisión, si se devuelven las concesiones dentro de la posibilidad que, de acuerdo con el concepto del Consejo de Estado, tendría la Comisión de permitir que participaran los actuales concesionarios en cualquiera de las sociedades proponentes que si salen adjudicatarios en el momento de la adjudicación y en el momento de la firma del contrato puedan renunciar a su concesión con base en lo establecido en el parágrafo del artículo sexto de la Ley 680, la Comisión tendrá la obligación a través del operador RTVC de programar transitoriamente mientras se abren las licitaciones respectivas. Obviamente habrá que abrir una licitación rápidamente si se trata de un concesionario de espacios o si se trata del canal local en el evento en que se renuncie a la concesión y hacer todo lo posible para que haya rápidamente un nuevo concesionario que asuma nuevamente esas sumas de dinero. Es muy importante señalar que el concepto del Consejo de Estado reitera una posición doctrinal de la Comisión Nacional de Televisión en todos estos años y es que quien tome la decisión unilateral de renunciar no tiene derecho a que se le devuelva un solo peso de los derechos de concesión que ha pagado o tiene la obligación de pagar.

¿Y cómo se va a manejar el precio diferencial que se produzca entre los actuales canales y el nuevo canal adjudicado?

Ese fue un asunto que se discutió mucho en el momento de la firma de las prórrogas. Yo quiero repetirle lo que las bancas de inversión y el ex ministro Alberto Carrasquilla, uno de los más importantes economistas de este país, ha explicado varias veces, es que el precio de $69 mil millones, el precio base del tercer canal, el precio techo de los canales privados que pueden llegar a los $284 mil millones, si no me falla la memoria, es equivalente, porque a los $69 mil millones del tercer canal hay que descontarles los recursos que ellos van a tener que invertir en redes analógicas y que a Caracol y a RCN ya se les permitió descontarlos en el primer período regulatorio y a esa suma de los $69 mil millones hay que sumarle el año y medio de exclusividad que usufructuaron Caracol y RCN después de que se venció la exclusividad y se firmaron las prórrogas que transcurrió entre febrero de este año y julio del año entrante, fecha en la cual se tiene prevista la entrada del tercer canal. Lo que hicieron los financieros fue demostrar cómo esto es una ecuación y si usted suma el valor de la red analógica más el valor de derecho de exclusividad, más los $69 mil millones, eso es equivalente al valor que pagaron los canales nacionales privados RCN y Caracol.

¿Con la decisión que ustedes tomaron no están poniendo en peligro la financiación de la televisión pública?

Ese es un argumento que ha venido planteando el ex comisionado Eduardo Noriega, y es un argumento que no comparto porque de ninguna manera este proceso que tiene en su estructura una puja implica que no vaya a existir, digamos, una optimización de los recursos. Por el contrario, la plata va a ser superimportante, básica en este proceso, porque como los puntos se asignan por regla de tres y por ejemplo en la oferta económica, digamos, si el primero ofrece US$50 mil millones adicionales a los $69 mil millones y el siguiente ofrece $25 mil millones, ahí le sacó el doble de puntos, prácticamente ahí ganó la licitación. Es decir, que aquí este procedimiento va a optimizar los recursos y acuérdese usted de que hay una fórmula de desempate que seguramente se va a llegar a ella, y es que si hay una diferencia en el puntaje entre contenidos y puja económica menor al 10%, que es muy posible que se dé, y si el total de puntajes entre el primero y el segundo es menor o igual al 10%, se entiende que hay empate e iremos a un segundo sobre económico, es decir, que aquí se están optimizando los recursos de la televisión pública. Pero además el déficit estructural del cual he venido hablando en escenarios públicos como en el Congreso de la República, no tiene nada que ver con este proceso, por el contrario, este proceso va a ayudar como nos van a ayudar las prórrogas de RCN y Caracol. Sí tiene la Comisión un problema estructural a cinco o seis años para financiar la televisión pública, canales regionales y RTVC, pero la razón fundamental es la decisión equivocada del Gobierno Nacional en su momento de haberle puesto a asumir a la Comisión y por tanto a la plata de la televisión pública el pasivo pensional de Inravisión, eso es algo que se tiene que corregir a corto plazo o de lo contrario la financiación de la televisión pública sí está en riesgo.

Con todos estos cambios que se han presentado, ¿usted no acepta que el proceso ha sido mal manejado por parte de la Comisión?

No, por el contrario considero que éste ha sido un proceso serio, bien estructurado, bien manejado. Lo que pasa es que uno no puede negar que este es un proceso muy difícil, porque hay muchos intereses de por medio, porque es un proceso en el que están metidos los más grandes grupos económicos del país donde están metidos absolutamente todos los medios sin excepción. De pronto se queda por fuera la revista Semana, pero de resto todos están metidos, los grandes, los medianos y los pequeños. Están RCN, Caracol, El Tiempo, Caracol Radio, El Espectador, Vanguardia Liberal, El Heraldo, El Universal, El Colombiano, están CM&, está RTI, las principales empresas de medios del país, y por tanto era absolutamente lógico y seguirá siendo lógico que haya una gran controversia en torno a las decisiones que se toman en este proceso y que, digamos, haya dos grandes fuerzas: los que quieren sacar adelante el proceso y los que quieren que el proceso no salga. Eso hace parte del juego y creo que la Comisión ha tratado de que, en la medida en que existe este cruce y diversidad de intereses, se tomen las decisiones con la mayor responsabilidad, con la mayor prudencia, y estoy absolutamente seguro hoy de que la decisión de haber agotado la vía del Consejo de Estado fue prudente, lógica y responsable.

¿Qué presiones ha recibido usted en este proceso, al igual que la Comisión?

Lo que es difícil, a veces, en estos procesos son las reacciones que uno podría llamar institucionales de los distintos actores. A veces me parece que demasiado fuertes e injustas en determinados momentos, pero todas dentro del marco de la ley. No le puedo decir que a veces uno siente excesos de los abogados que representan a las distintas empresas, pero hay que asumir esto como gajes del oficio, con la mayor responsabilidad, y mientras uno haga las cosas a conciencia y ajustado a la ley, estoy absolutamente convencido de que las cosas van a salir bien.

¿Quiénes han presionado y cuánto?

Este es un proceso muy largo, en donde todos los grupos tienen a las más importantes firmas de abogados, a los más importantes juristas de nuestro país, y obviamente las posiciones de los profesionales son casi todas bien sustentadas y requieren la mayor diligencia, el mayor juicio, la mayor responsabilidad para lograr que la institución y uno desde el punto de vista personal salga airoso y sin problemas.

¿No es evidente que este proceso está siendo politizado?

Yo creo que este ha sido un proceso técnico, que los requisitos y los requerimientos establecidos en los pliegos son objetivos y que independientemente de la diferencia de criterios de si debe ser subasta o no, el proceso se ha hecho con juicio. Así lo han reconocido todos los actores externos que han participado o que han tenido que verificar el proceso. La Procuraduría ha hecho unas observaciones puntuales sobre unos temas jurídicos, pero claramente la Procuraduría nos ha hecho el acompañamiento y jamás se ha hablado de que el proceso sea político o que no haya transparencia. Los veedores éticos que nombró el Gobierno Nacional, que tienen las más altas calidades, han avalado la transparencia del proceso y el Consejo de Estado ahora le da un aval muy importante al proceder jurídico de la Comisión Nacional de Televisión.

¿Usted no cree que esto no va a terminar el pleito, cómo va a garantizar usted que esto no se presente?

En todos los contratos de concesión del Estado hay la posibilidad de demandas, muy difícilmente no se presentan. Es casi un derecho inalienable de los contratistas o de los proponentes. Digamos que aquí se tomó una decisión que es acertada desde el punto de vista económico por parte del ex ministro Alberto Carrasquilla, por parte de la junta con base en lo que dijeron él y las bancas de inversión de estructurar un precio movible, que tuviera un piso y un techo y que se fuera ajustando de acuerdo con el comportamiento de la economía. Y eso tiene como fundamente legal y jurídico los tribunales de arbitramento que perdió la Comisión contra RCN y Caracol en el primer período regulatorio. Este antecedente, esta decisión de la Comisión de establecer un precio variable de acuerdo con el comportamiento de la inversión neta en publicidad, creo que es un colchón muy importante para que no se presenten demandas, porque el precio se va a ir ajustando según el comportamiento del modelo económico. Sin embargo. siempre existirá ese riesgo, que es inherente a los contratos y a los contratos estatales y por lo tanto es un derecho que tendrán siempre los concesionarios si así lo consideran y la Comisión en su momento con base en unas decisiones serias que ha tomado tendrá que defenderse.

¿Es decir, que usted se siente arrinconado jurídicamente?

Para nada, yo creo que las decisiones que ha tomado la Comisión son serias y por el contrario me parece que el concepto del Consejo de Estado reivindica el trabajo serio y responsable que ha hecho la Comisión Nacional de Televisión.

¿Usted garantiza que el 29 de enero de 2010 el país tendrá un tercer canal privado de televisión?

Este es un proceso complejo y siempre estará sujeto obviamente a todas las instancias jurisdiccionales del país, y si no existiera ninguna decisión de un órgano que obligue a hacerlo de otra manera, la Comisión le garantiza al país que va a existir una nueva oferta de entretenimiento en la nación. Sin embargo, es absolutamente claro que hay unos derechos establecidos para los proponentes en la ley que pueden hacer que el proceso se alargue unos días más, pero todo dentro del marco del Estatuto de Contratación y sus normas modificatorias, que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra.

¿En qué cree que se ha fallado en este proceso?

Creo que en general el trabajo de la Comisión ha sido serio y responsable. Me parece que un tema que puede generar un traumatismo, pero hemos tratado de superarlo rápidamente, es el cambio en la composición de los miembros de la junta directiva de la Comisión. Desde que arrancó este proceso casi hemos tenido tres comisiones distintas y de los que arrancamos el proceso sólo quedo yo.

¿Para usted quiénes son los opositores del proceso?

Este proceso tiene dos grandes fuerzas, que están compuestas por los canales incumbentes que defienden su terreno y  los proponentes entrantes, y obviamente en el transcurso ha habido posturas de algunos parlamentarios acerca de las distintas posiciones y decisiones que ha tomado la Comisión, pero en general creo que uno no pueda hablar de opositores, sino de las fuerzas naturales del negocio de la televisión y de las decisiones connaturales inherentes a la Comisión Nacional de Televisión.

¿Usted reitera que este ha sido un proceso transparente y no politizado?

Ha sido un proceso absolutamente transparente en los pliegos, uno no podrá estar de acuerdo con determinadas decisiones, pero el proceso ha sido juicioso y no ha sido politizado. Aquí jamás el Gobierno ha tratado de estructurar los pliegos para favorecer a alguien, ni ninguno de los proponentes, por lo menos en lo que a mí respecta, ha tratado de incidir. Y yo creo que así lo han señalado los veedores éticos y todos aquellos que han observado los pliegos son serios y transparentes.

¿Qué le diría usted al país si el 29 de enero de 2010 el canal le es adjudicado al Grupo Planeta?

Que ganó en franca lid, con absoluta transparencia.

¿Qué le dice al país en todo este proceso?

Invito a los colombianos a que estén pendientes del curso del proceso, que la Procuraduría va a seguir haciendo el acompañamiento preventivo. Le vamos a dar la mayor publicidad al proceso, vamos a hacer las distintas audiencias con transmisión en directo, vamos a tener urnas cerradas con todos los mecanismos de seguridad para efectos de los sobres que se entregan en el momento del cierre de la licitación, son tres sobres, uno de requisitos habilitantes y dos que son los que van a generar el ganador, uno con la puja de contenidos y otro con la oferta económica, esos sobres estarán cerrados hasta la apertura en las audiencias públicas correspondientes. Y al proceso le vamos a dar todas las garantías para que tenga la publicidad y la transparencia que estoy convencido que tiene

Sostiene que votó por la subasta, pero fue derrotado, y expresa que son cuentos que la licitación tenga ganador.

Usted, como director de la Comisión Nacional de Televisión, ¿va a acatar al pie de la letra el concepto del tercer canal privado?

El proceso de licitación del tercer canal privado de televisión lleva ya mucho tiempo, en esto la Comisión ha estado más de dos años, se han solicitado innumerables conceptos a abogados internos del grupo de trabajo de la Comisión. La Comisión ha estado asesorada externamente por el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta. Obviamente se tuvieron en cuenta en su momento los conceptos del Procurador y por eso se tomó la decisión de hacer una pausa en el proceso de licitación hasta que se emitiera el concepto del Consejo de Estado que se conoció esta semana. Después de haber analizado ese concepto, la junta directiva de la CNTV mayoritariamente ha considerado que existen los elementos jurídicos suficientes y sólidos para seguir el proceso de acuerdo a como lo había estructurado inicialmente.

Esto se ha interpretado en algunos sectores como una forma de hacerle el esguince al concepto que expidió la Procuraduría. ¿Usted qué opina al respecto?

Es que hay que tener en cuenta cómo nació ese concepto del Consejo de Estado. Nació de una reunión entre la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, y el procurador Alejandro Ordóñez cuando se conoció el contenido del concepto emitido por él y luego de esa reunión la Ministra de Comunicaciones nos informó que se había tomado la decisión de solicitarle un concepto al Consejo de Estado como se había hecho recientemente en el caso del aeropuerto El Dorado. Digamos que ese antecedente es muy importante y lo segundo es que es el Consejo de Estado la entidad que institucionalmente, por consagración constitucional y desarrollo legal, está facultada para conferir conceptos y es la máxima autoridad del contencioso administrativo. Por tanto, desde el punto de vista legal es la institución que debe dar los conceptos sobre los temas que el Gobierno Nacional considera importantes y desde ese punto de vista lo que ha hecho la Comisión es observar, analizar detenidamente los distintos conceptos y en su autonomía tomar las decisiones que colectivamente son las ajustadas a derecho y por eso se toma la decisión mayoritaria de seguir este proceso.

¿Entonces en qué queda el concepto de la Procuraduría?

Este concepto mereció el mayor respeto por parte de la junta directiva de la Comisión. Por eso se tomó la decisión de hacer una pausa, pero la junta tiene que hacer un análisis con base en todos los instrumentos que tiene sobre la mesa y tomar autónomamente las decisiones que considera necesarias y en este caso, con base en los tres aspectos fundamentales que contiene el concepto del Consejo de Estado, ha decido continuar el proceso de licitación. El primero de ellos es la si la subasta es obligatoria o no. En concepto del Consejo de Estado, el procedimiento establecido en la Ley de Tecnologías, TIC, es facultativo pero no obligatorio. La Comisión tiene la facultad de convocar un proceso de selección objetiva, con procedimientos como la subasta, pero no necesariamente ésta, que era la interpretación que le había dado la junta directiva de la Comisión. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la subasta. En mi caso personal me he separado de la decisión mayoritaria porque he sido consecuente en eso por mucho tiempo. A mí me ha gustado el procedimiento de la subasta, sobre todo porque considero que el procedimiento actual puede generar algunas asimetrías entre los canales incumbentes del tercer canal, pero definitivamente la decisión de seguir el proceso como está establecido en los pliegos de condiciones es una decisión jurídicamente viable, ajustada a derecho y así lo ratifica el concepto del Consejo de Estado.

Pero precíseme, ¿usted por qué votó a favor de la subasta?

En lo personal, desde hace bastante tiempo, incluso en su momento, cuando Carolina Hoyos fue la primera persona que lo propuso, he considerado que la subasta es un procedimiento adecuado. No se pudo al principio porque la Ley de Televisión lo prohibía expresamente, pero a partir de la expedición de la Ley de TIC hubo algunas voces en la Comisión, entre ellas Ricardo Galán, y en eso coincidí en su momento con él, un asunto que he sostenido en el sentido de que la subasta es una opción viable en la medida en que deja tranquilos a todos los proponentes. Algunos de éstos han estado de acuerdo con el procedimiento establecido y me pareció que era una opción viable. La decisión de la junta directiva, y quiero hacer énfasis en eso, es absolutamente respetable y jurídicamente ajustada al ordenamiento legal vigente.

¿Cuál fue la decisión de los otros cuatro comisionados para votar en contra de la subasta?

La decisión es, después de haber analizado el concepto del Consejo de Estado, mantener el esquema actual, que es un esquema mixto absolutamente objetivo como lo señala la Ley de TIC, en donde el 50% de los puntos los va a otorgar una puja en contenido, va a ganarse esos puntos el proponente que ofrezca mayor número de horas en producción infantil, en producción nacional, en programas de opinión y en otros géneros no suficientemente cubiertos, como documentales, variedades o humor. Y el otro 50%, el que ofrezca la suma más alta de dinero. Con esto la Comisión Nacional de Televisión está apostando por los criterios establecidos en la Ley de Televisión y básicamente por cumplir con un mandato constitucional, legal, de buscar mecanismos para ofrecerles a los colombianos una mayor variedad de contenidos más ricos, distintos, diversos y que la televisión en esta segunda generación de concesiones no solamente sea telenovelas y realities, sino que haya otro contenido y eso reivindica a la Comisión Nacional de Televisión.

¿Y cómo garantiza la Comisión Nacional de Televisión que no se modifiquen los contenidos propuestos?

La Comisión tiene unos instrumentos concebidos en la Ley de Televisión que le permiten, cuando eso suceda, iniciar investigaciones contra los concesionarios y obviamente tiene herramientas como multas o la caducidad de los contratos. Es absolutamente claro que la Comisión para esta segunda generación va a tener que reestructurarse internamente, porque le va a tocar hacer un seguimiento más detallado de las emisiones que va a hacer el tercer canal de televisión.

Usted está en contra de sus cuatro compañeros de junta, ¿eso significa que usted está enfrentado a ellos en el tema del tercer canal?

La junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión es un órgano colegiado y la base de un órgano colegiado es el respeto de cada uno de los miembros. Yo respeto las decisiones de mis compañeros, así como espero que respeten mis decisiones, y las decisiones que he tomado en este caso en particular, en donde he tomado una decisión a conciencia y siendo consecuente en lo que como abogado y como persona que lleva en el sector muchos años considera desde lo más profundo de su ser.

Con una opinión en contra, ¿de aquí en adelante cuál va a ser su proceder?

Mi proceder es el que estoy manifestando en esta entrevista y es que yo soy el director de la Comisión Nacional de Televisión y voy a hacer respetar las decisiones que la mayoría de la junta directiva ha tomado y defender las decisiones colectivas que este órgano toma. Así lo he hecho porque considero que es mi deber legal y constitucional.

¿Dicen que esta decisión que ustedes tomaron no se puede interpretar como una entrega anunciada del tercer canal al Grupo Planeta?

Los cuentos de la calle son absolutamente falsos, esta es una licitación objetiva. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el procedimiento, pero es una licitación donde no hay manera de meter la mano. Es una licitación en la que los criterios establecidos son objetivos y aquí cualquiera de los tres grupos debidamente clasificados y calificados en el Registro Único de Oferentes puede ganar la licitación. Va a ganar quien ofrezca más contenidos, quien establezca mejor su estrategia y quien optimice los recursos para la televisión pública, en este caso para la unidad de dirección de la Comisión Nacional de Televisión.

¿Qué presentación tiene que este canal se adjudique en plena época electoral?

Una de las razones para que –como lo manifestó la Ministra de Comunicaciones de una manera muy clara– una vez se expida el concepto del Consejo de Estado se reinicie el proceso de manera inmediata, y así lo solicitaron los representantes del Gobierno Nacional a la junta directiva, es precisamente que se pueda adjudicar antes de que realmente arranque el debate electoral y parecería que así va a ser, porque el canal va a estar adjudicado a finales de enero y por tanto no se va a mezclar con el debate electoral, que seguramente se dará desde principios de febrero.

¿Usted no sería partidario de que mejor se entregara el canal después de elecciones?

Yo respeto profundamente las decisiones de mis compañeros y la decisión es proseguir el proceso.

¿Pero esto no quiere decir que el Gobierno le ha metido la mano directamente al proceso?

Sobre este tema hay una gran mentira que siempre se ha dado a lo largo de la existencia de la Comisión Nacional de Televisión, y es que dicen que el Gobierno interviene en la Comisión. Es que el Gobierno hace parte de la Comisión, es que la estructura constitucional que en su sabiduría el constituyente estableció para esta entidad, implica que el Gobierno tiene tres puestos en la junta directiva; dos con voto, los delegados directos, y un tercero que es la Ministra de Comunicaciones. Obviamente el Gobierno tiene incidencia y participa, pero también tengo que ser muy claro en que en todos estos años de comisionado jamás el Gobierno me ha impuesto una decisión y yo creo que muestra de ello es mi posición en este proceso, en donde ha habido absoluto respeto frente a la posición que he tenido. Creo que las decisiones dentro del marco estructural que creó la Constitución han sido decisiones autónomas de la Comisión.

Y si eso es así, ¿por qué ustedes llevaban una relación muy cordial y ésta se enfrió en la última semana cuando se conoció el concepto del Consejo de Estado?

Yo no creo que la Ministra se haya alejado, ella mantiene una relación permanente en este punto del proceso. Ella ha tenido una posición, pero ha sido muy respetuosa de mi posición en las reuniones en las que yo he expresado que consideraba que había que seguir el proceso de subasta.

¿Entonces se puede decir que usted es el gran derrotado en este proceso, en la medida en que todos pensaban lo contrario a lo que usted pensaba y ganaron?

Respeto y aprecio profundamente a la Ministra, es una mujer muy valiosa, profesional, y personalmente en este proceso he tomado una decisión distinta a conciencia, pero yo no considero que en este proceso existan ganadores o derrotados, yo creo que aquí el gran triunfador es la ciudadanía, que va a tener la posibilidad de una nueva opción de entretenimiento y la Comisión ha logrado que su trabajo serio y responsable de hace varios años sea reivindicado por el concepto del Consejo de Estado.

La Ley de TIC recientemente aprobada ordenaba la subasta, pero el Consejo de Estado emite un concepto que cambia la licitación, ¿eso significa que el concepto del Consejo de Estado está por encima de la ley?

Es que lo que hace el Consejo de Estado de una manera muy clara es señalar que la ley es establecer la subasta como una posibilidad entre varias, es decir, sí existe la posibilidad de hacer subasta, pero no es obligatorio, es facultativo, que es básicamente la posición que ha esgrimido la Comisión desde que se expidió la Ley de TIC.

¿Usted garantiza que este canal no se le va a entregar al Grupo Planeta?

Yo garantizo que con la estructura del proceso el adjudicatario será el que mejores condiciones proponga, obviamente el Grupo Planeta es uno de los proponentes y puede ganar la licitación, es un grupo muy importante, pero los otros grupos, el Grupo Prisa y la Organización Cisneros, tienen la misma posibilidad de ganar el proceso.

El ex comisionado Ricardo Galán documentó que la comisionada Zulma Casas estaría favoreciendo al Grupo Cisneros, ¿qué avance ha tenido esta situación?

Las actuaciones de la comisionada Casas han sido consecuentes con unas posiciones que ella ha tenido, que considero que son posiciones que ha tomado a conciencia y que ha sido consecuente con lo que piensa y, digamos, ha tomado las decisiones que ella como abogada, con base en el análisis que ha realizado de las normas jurídicas, ha considerado importantes y por tanto respeto las decisiones que haya tomado.

En algunos sectores se dice que si llegara a ganar el Grupo Cisneros existiría algún temor por el estado de las relaciones con Venezuela, ¿usted qué piensa al respecto?

Yo creo que en una licitación pública nosotros no podemos tener en cuenta ese tipo de criterios políticos, aquí se establecieron unas reglas de juego que se han hecho, en las cuales la Comisión ha sido exigente tanto en el RUO, porque acuérdese usted que esto tuvo una decantación con el Registro Único de Operadores, aquí había más de 10 ó 12 posibles proponentes y sólo quedaron tres, porque realmente los requisitos del RUO fueron muy exigentes, entre ellos el Grupo Cisneros, y se estableció una regla de juego que fue discutida por el Grupo Cisneros y la Comisión se ha mantenido firme y es el tema de la inversión extranjera, ya que ellos querían entrar sin inversión nacional y poder conseguir la inversión nacional después si resultaran adjudicatarios, si así lo lograran, y la Comisión ha sido absolutamente clara que los socios nacionales, que tienen que tener una participación mayoritaria del 60%, tienen que acreditarse antes de, digamos, el momento del cierre de la licitación, es decir, con la presentación de la oferta, razón por la cual este grupo no solamente estará formado por el Grupo Cisneros y por Venevisión, sino por inversionistas nacionales, lo cual le garantiza al país equilibrio. Además de que realmente creo, por el conocimiento que he tenido este año y medio, que se trata de un grupo serio e importante que, al igual que el Grupo Prisa y el Grupo Planeta, merece el mayor de los respetos.

¿Quién asume el costo por la nación si devuelven un canal?

Ese es un tema de la financiación de la televisión pública muy importante para nosotros, la Comisión, si se devuelven las concesiones dentro de la posibilidad que, de acuerdo con el concepto del Consejo de Estado, tendría la Comisión de permitir que participaran los actuales concesionarios en cualquiera de las sociedades proponentes que si salen adjudicatarios en el momento de la adjudicación y en el momento de la firma del contrato puedan renunciar a su concesión con base en lo establecido en el parágrafo del artículo sexto de la Ley 680, la Comisión tendrá la obligación a través del operador RTVC de programar transitoriamente mientras se abren las licitaciones respectivas. Obviamente habrá que abrir una licitación rápidamente si se trata de un concesionario de espacios o si se trata del canal local en el evento en que se renuncie a la concesión y hacer todo lo posible para que haya rápidamente un nuevo concesionario que asuma nuevamente esas sumas de dinero. Es muy importante señalar que el concepto del Consejo de Estado reitera una posición doctrinal de la Comisión Nacional de Televisión en todos estos años y es que quien tome la decisión unilateral de renunciar no tiene derecho a que se le devuelva un solo peso de los derechos de concesión que ha pagado o tiene la obligación de pagar.

¿Y cómo se va a manejar el precio diferencial que se produzca entre los actuales canales y el nuevo canal adjudicado?

Ese fue un asunto que se discutió mucho en el momento de la firma de las prórrogas. Yo quiero repetirle lo que las bancas de inversión y el ex ministro Alberto Carrasquilla, uno de los más importantes economistas de este país, ha explicado varias veces, es que el precio de $69 mil millones, el precio base del tercer canal, el precio techo de los canales privados que pueden llegar a los $284 mil millones, si no me falla la memoria, es equivalente, porque a los $69 mil millones del tercer canal hay que descontarles los recursos que ellos van a tener que invertir en redes analógicas y que a Caracol y a RCN ya se les permitió descontarlos en el primer período regulatorio y a esa suma de los $69 mil millones hay que sumarle el año y medio de exclusividad que usufructuaron Caracol y RCN después de que se venció la exclusividad y se firmaron las prórrogas que transcurrió entre febrero de este año y julio del año entrante, fecha en la cual se tiene prevista la entrada del tercer canal. Lo que hicieron los financieros fue demostrar cómo esto es una ecuación y si usted suma el valor de la red analógica más el valor de derecho de exclusividad, más los $69 mil millones, eso es equivalente al valor que pagaron los canales nacionales privados RCN y Caracol.

¿Con la decisión que ustedes tomaron no están poniendo en peligro la financiación de la televisión pública?

Ese es un argumento que ha venido planteando el ex comisionado Eduardo Noriega, y es un argumento que no comparto porque de ninguna manera este proceso que tiene en su estructura una puja implica que no vaya a existir, digamos, una optimización de los recursos. Por el contrario, la plata va a ser superimportante, básica en este proceso, porque como los puntos se asignan por regla de tres y por ejemplo en la oferta económica, digamos, si el primero ofrece US$50 mil millones adicionales a los $69 mil millones y el siguiente ofrece $25 mil millones, ahí le sacó el doble de puntos, prácticamente ahí ganó la licitación. Es decir, que aquí este procedimiento va a optimizar los recursos y acuérdese usted de que hay una fórmula de desempate que seguramente se va a llegar a ella, y es que si hay una diferencia en el puntaje entre contenidos y puja económica menor al 10%, que es muy posible que se dé, y si el total de puntajes entre el primero y el segundo es menor o igual al 10%, se entiende que hay empate e iremos a un segundo sobre económico, es decir, que aquí se están optimizando los recursos de la televisión pública. Pero además el déficit estructural del cual he venido hablando en escenarios públicos como en el Congreso de la República, no tiene nada que ver con este proceso, por el contrario, este proceso va a ayudar como nos van a ayudar las prórrogas de RCN y Caracol. Sí tiene la Comisión un problema estructural a cinco o seis años para financiar la televisión pública, canales regionales y RTVC, pero la razón fundamental es la decisión equivocada del Gobierno Nacional en su momento de haberle puesto a asumir a la Comisión y por tanto a la plata de la televisión pública el pasivo pensional de Inravisión, eso es algo que se tiene que corregir a corto plazo o de lo contrario la financiación de la televisión pública sí está en riesgo.

Con todos estos cambios que se han presentado, ¿usted no acepta que el proceso ha sido mal manejado por parte de la Comisión?

No, por el contrario considero que éste ha sido un proceso serio, bien estructurado, bien manejado. Lo que pasa es que uno no puede negar que este es un proceso muy difícil, porque hay muchos intereses de por medio, porque es un proceso en el que están metidos los más grandes grupos económicos del país donde están metidos absolutamente todos los medios sin excepción. De pronto se queda por fuera la revista Semana, pero de resto todos están metidos, los grandes, los medianos y los pequeños. Están RCN, Caracol, El Tiempo, Caracol Radio, El Espectador, Vanguardia Liberal, El Heraldo, El Universal, El Colombiano, están CM&, está RTI, las principales empresas de medios del país, y por tanto era absolutamente lógico y seguirá siendo lógico que haya una gran controversia en torno a las decisiones que se toman en este proceso y que, digamos, haya dos grandes fuerzas: los que quieren sacar adelante el proceso y los que quieren que el proceso no salga. Eso hace parte del juego y creo que la Comisión ha tratado de que, en la medida en que existe este cruce y diversidad de intereses, se tomen las decisiones con la mayor responsabilidad, con la mayor prudencia, y estoy absolutamente seguro hoy de que la decisión de haber agotado la vía del Consejo de Estado fue prudente, lógica y responsable.

¿Qué presiones ha recibido usted en este proceso, al igual que la Comisión?

Lo que es difícil, a veces, en estos procesos son las reacciones que uno podría llamar institucionales de los distintos actores. A veces me parece que demasiado fuertes e injustas en determinados momentos, pero todas dentro del marco de la ley. No le puedo decir que a veces uno siente excesos de los abogados que representan a las distintas empresas, pero hay que asumir esto como gajes del oficio, con la mayor responsabilidad, y mientras uno haga las cosas a conciencia y ajustado a la ley, estoy absolutamente convencido de que las cosas van a salir bien.

¿Quiénes han presionado y cuánto?

Este es un proceso muy largo, en donde todos los grupos tienen a las más importantes firmas de abogados, a los más importantes juristas de nuestro país, y obviamente las posiciones de los profesionales son casi todas bien sustentadas y requieren la mayor diligencia, el mayor juicio, la mayor responsabilidad para lograr que la institución y uno desde el punto de vista personal salga airoso y sin problemas.

¿No es evidente que este proceso está siendo politizado?

Yo creo que este ha sido un proceso técnico, que los requisitos y los requerimientos establecidos en los pliegos son objetivos y que independientemente de la diferencia de criterios de si debe ser subasta o no, el proceso se ha hecho con juicio. Así lo han reconocido todos los actores externos que han participado o que han tenido que verificar el proceso. La Procuraduría ha hecho unas observaciones puntuales sobre unos temas jurídicos, pero claramente la Procuraduría nos ha hecho el acompañamiento y jamás se ha hablado de que el proceso sea político o que no haya transparencia. Los veedores éticos que nombró el Gobierno Nacional, que tienen las más altas calidades, han avalado la transparencia del proceso y el Consejo de Estado ahora le da un aval muy importante al proceder jurídico de la Comisión Nacional de Televisión.

¿Usted no cree que esto no va a terminar el pleito, cómo va a garantizar usted que esto no se presente?

En todos los contratos de concesión del Estado hay la posibilidad de demandas, muy difícilmente no se presentan. Es casi un derecho inalienable de los contratistas o de los proponentes. Digamos que aquí se tomó una decisión que es acertada desde el punto de vista económico por parte del ex ministro Alberto Carrasquilla, por parte de la junta con base en lo que dijeron él y las bancas de inversión de estructurar un precio movible, que tuviera un piso y un techo y que se fuera ajustando de acuerdo con el comportamiento de la economía. Y eso tiene como fundamente legal y jurídico los tribunales de arbitramento que perdió la Comisión contra RCN y Caracol en el primer período regulatorio. Este antecedente, esta decisión de la Comisión de establecer un precio variable de acuerdo con el comportamiento de la inversión neta en publicidad, creo que es un colchón muy importante para que no se presenten demandas, porque el precio se va a ir ajustando según el comportamiento del modelo económico. Sin embargo. siempre existirá ese riesgo, que es inherente a los contratos y a los contratos estatales y por lo tanto es un derecho que tendrán siempre los concesionarios si así lo consideran y la Comisión en su momento con base en unas decisiones serias que ha tomado tendrá que defenderse.

¿Es decir, que usted se siente arrinconado jurídicamente?

Para nada, yo creo que las decisiones que ha tomado la Comisión son serias y por el contrario me parece que el concepto del Consejo de Estado reivindica el trabajo serio y responsable que ha hecho la Comisión Nacional de Televisión.

¿Usted garantiza que el 29 de enero de 2010 el país tendrá un tercer canal privado de televisión?

Este es un proceso complejo y siempre estará sujeto obviamente a todas las instancias jurisdiccionales del país, y si no existiera ninguna decisión de un órgano que obligue a hacerlo de otra manera, la Comisión le garantiza al país que va a existir una nueva oferta de entretenimiento en la nación. Sin embargo, es absolutamente claro que hay unos derechos establecidos para los proponentes en la ley que pueden hacer que el proceso se alargue unos días más, pero todo dentro del marco del Estatuto de Contratación y sus normas modificatorias, que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra.

¿En qué cree que se ha fallado en este proceso?

Creo que en general el trabajo de la Comisión ha sido serio y responsable. Me parece que un tema que puede generar un traumatismo, pero hemos tratado de superarlo rápidamente, es el cambio en la composición de los miembros de la junta directiva de la Comisión. Desde que arrancó este proceso casi hemos tenido tres comisiones distintas y de los que arrancamos el proceso sólo quedo yo.

¿Para usted quiénes son los opositores del proceso?

Este proceso tiene dos grandes fuerzas, que están compuestas por los canales incumbentes que defienden su terreno y  los proponentes entrantes, y obviamente en el transcurso ha habido posturas de algunos parlamentarios acerca de las distintas posiciones y decisiones que ha tomado la Comisión, pero en general creo que uno no pueda hablar de opositores, sino de las fuerzas naturales del negocio de la televisión y de las decisiones connaturales inherentes a la Comisión Nacional de Televisión.

¿Usted reitera que este ha sido un proceso transparente y no politizado?

Ha sido un proceso absolutamente transparente en los pliegos, uno no podrá estar de acuerdo con determinadas decisiones, pero el proceso ha sido juicioso y no ha sido politizado. Aquí jamás el Gobierno ha tratado de estructurar los pliegos para favorecer a alguien, ni ninguno de los proponentes, por lo menos en lo que a mí respecta, ha tratado de incidir. Y yo creo que así lo han señalado los veedores éticos y todos aquellos que han observado los pliegos son serios y transparentes.

¿Qué le diría usted al país si el 29 de enero de 2010 el canal le es adjudicado al Grupo Planeta?

Que ganó en franca lid, con absoluta transparencia.

¿Qué le dice al país en todo este proceso?

Invito a los colombianos a que estén pendientes del curso del proceso, que la Procuraduría va a seguir haciendo el acompañamiento preventivo. Le vamos a dar la mayor publicidad al proceso, vamos a hacer las distintas audiencias con transmisión en directo, vamos a tener urnas cerradas con todos los mecanismos de seguridad para efectos de los sobres que se entregan en el momento del cierre de la licitación, son tres sobres, uno de requisitos habilitantes y dos que son los que van a generar el ganador, uno con la puja de contenidos y otro con la oferta económica, esos sobres estarán cerrados hasta la apertura en las audiencias públicas correspondientes. Y al proceso le vamos a dar todas las garantías para que tenga la publicidad y la transparencia que estoy convencido que tiene