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En un comunicado conjunto, los relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacaron que no han tenido conocimiento "de prueba alguna que vincule al periodista con actividades criminales".
Morris, corresponsal de Radio Francia Internacional (RFI), asistió a la liberación de cuatro rehenes en un campamento de las Farc el domingo 1 de febrero pasado.
Por esa acción el presidente Álvaro Uribe, le acusaron de cómplice con el terrorismo.
En concreto, Uribe señaló el pasado día 3 en rueda de prensa que Morris se excusaba en su condición de periodista "para ser permisivo cómplice del terrorismo", y agregó que ha incumplido sus deberes como persona protegida por la CIDH.
Morris denunció además que fue retenido siete horas por el Ejército y la Policía de Colombia, que le intentaron decomisar el material grabado en la región en la que fueron liberados ese domingo cuatro rehenes de las Farc.
Los relatores de la ONU y de la CIDH señalaron que además de estas acusaciones Morris había recibido llamadas amenazantes, y que en anteriores oportunidades el periodista tuvo que salir del país por la existencia de graves amenazas contra su vida.
La CIDH concedió a Morris medidas cautelares en el 2000.
En el comunicado, los dos organismos recordaron que han manifestado reiteradamente su preocupación por las acusaciones por parte de altos funcionarios del Estado colombiano a organizaciones de derechos humanos y periodistas críticos con el Gobierno.
En esta ocasión, La Rue y Botero reiteraron que las declaraciones de las más altas autoridades del Gobierno colombiano "ponen en mayor riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas y defensores de derechos humanos", y precisó que generan "un efecto atemorizador y de autocensura en Colombia".
Los relatores de la ONU y de la CIDH señalaron que los funcionarios públicos, especialmente los que ocupan las más altas posiciones del Estado, tienen el deber de respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando estas son contrarias a sus intereses y posiciones.
En este sentido, indicaron que deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.
La Rue y Botero recordaron al Estado colombiano la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en particular, de quienes se encuentran en situación de riesgo extraordinario, como los periodistas o defensores de derechos humanos que han sido objeto de amenazas o que cuentan con medidas de protección.