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Ciro Guerra inicia acciones legales para proteger su “honra, dignidad y buen nombre”

Por medio de un comunicado, la firma Triana, Uribe & Michelsen expone que las personas sólo pueden ser declaradas culpables por un documento emitido por una autoridad judicial.

03 de julio de 2020 - 01:48 a. m.
Según el reportaje publicado el 24 de junio por la Revista Volcánicas, las agresiones habrían ocurrido entre los años 2013 y 2019 en tres ciudades colombianas y tres extranjeras. Ese mismo día, Guerra afirmó en un comunicado que “no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala”.
Según el reportaje publicado el 24 de junio por la Revista Volcánicas, las agresiones habrían ocurrido entre los años 2013 y 2019 en tres ciudades colombianas y tres extranjeras. Ese mismo día, Guerra afirmó en un comunicado que “no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala”.
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Ciro Guerra dio a conocer que inició acciones legales para proteger su “honra, dignidad y buen nombre”.

Por medio de un comunicado emitido por la firma de abogados Triana, Uribe & Michelsen, el cineasta busca el restablecimiento de los derechos mencionados anteriormente, los cuales, sostiene, se han visto “afectados por las aseveraciones de las periodistas” Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño Jaramillo, quienes publicaron el pasado 24 de junio en la Revista Volcánicas un reportaje que recoge ocho presuntos casos de acosos y abusos sexuales.

El comunicado recuerda que la Constitución de Colombia “establece como derecho fundamental el debido proceso” que garantiza que las personas “solo puedan ser declaradas culpables por hechos de carácter delictivo, mediante sentencia declarada por las autoridades judiciales competentes y en respeto pleno de su derecho de defensa, amparando la presunción de inocencia que lo cobija y que debe ser respetada en todo contexto y por todas las personas”. (Le recomendamos: Ciro Guerra: esto es lo que se sabe sobre las ocho acusaciones de acoso y abuso sexual).

Más adelante, los abogados del cineasta recalcan que con las acciones judiciales buscan que se analice “la posibilidad de realizar juicios públicos, dictaminando la responsabilidad de una persona en unos determinados hechos y ante la opinión general, sin recurrir a la institucionalidad y en desconocimiento pleno de los derechos de quienes son acusados”.

Ciro Guerra, su familia y sus abogados informan que ponen en conocimiento de la justicia los hechos para que se protejan legalmente sus derechos fundamentales ya que las periodistas, según el comunicado, pretenden acusarlo públicamente sin tener la intención de emprender ninguna acción legal en su contra.

Comunicado de la firma Triana, Uribe & Michelsen

En relación con los señalamientos sobre la responsabilidad del señor CIRO ALFONSO GUERRA como autor de las conductas de acoso y abuso sexual, que han venido siendo realizados de manera pública por parte de CATALINA RUIZ NAVARRO y MATILDE DE LOS MILAGROS LONDOÑO JARAMILLO, primero mediante la publicación realizada el día 24 de junio de 2020 a través del portal de internet de la revista VOLCÁNICAS de propiedad de aquellas, y posteriormente mediante las diferentes entrevistas otorgadas por la señora RUIZ NAVARRO a distintos medios de comunicación como vocera de las mismas; por medio de este comunicado los abogados del señor CIRO GUERRA PICÓN, la firma TRIANA, URIBE & MICHELSEN, informan a la opinión pública que se ha dado inicio a las acciones legales pertinentes a efectos de proteger y restablecer los derechos a la honra, dignidad y buen nombre del cineasta, que se han visto gravemente afectados por las aseveraciones de las periodistas, difundiendo a voz en cuello, en abusivo y arbitrario fallo, la culpabilidad del señor GUERRA PICÓN con fundamento en unas acusaciones que, de acuerdo con lo manifestado por ellas, se estarían realizando en su contra por personas con identidades supuestas.

La Constitución Política establece como derecho fundamental el debido proceso, que garantiza que las personas solo puedan ser declaradas culpables por hechos de carácter delictivo, mediante sentencia declarada por las autoridades judiciales competentes y en respeto pleno de su derecho de defensa, amparando la presunción de inocencia que lo cobija y que debe ser respetada en todo contexto y por todas las personas.

Esto implica que bajo ninguna situación y mientras no exista una sentencia en firme, se pueda hacer referencia a una persona en uso de calificativos dirigidos a identificarla como responsable de cualquier conducta delictiva, en tanto, insistimos, no exista un respaldo judicial definitivo que así lo haya determinado.

Cualquier actuación en contrario, implica una conducta abusiva y contraria a derecho, causante de un perjuicio al buen nombre, dignidad y honra de la persona contra quien se dirigen esas actuaciones. No se pretende discutir el ejercicio de la libertad de información ni tampoco la labor periodística.

Lo que se busca sea analizado, es la justicia y tino de la posibilidad de realizar juicios públicos, dictaminando la responsabilidad de una persona en unos determinados hechos y ante la opinión general, sin recurrir a la institucionalidad y en desconocimiento pleno de los derechos de quienes son acusados, los cuales, fuera de cualquier consideración personal, existen y deben ser respetados por todas las personas, sin distingo alguno y cualquiera sea su actividad.

Los medios han cumplido siempre una labor informativa digna de todo nuestro respeto, pero en lo que no debe caerse es en convertirlos en un escenario de linchamiento público, en el cual se pretenda desarrollar una suerte de justicia por propia mano, más aún cuando se ventilan graves acusaciones que requieren un riguroso protocolo investigativo, ante las consecuencias que pueden generarse para la vida de quienes están vinculados a esta situación, más aún cuando el Sr. CIRO GUERRA no ha sido señalado como trasgresor de la ley penal por ninguna autoridad investida de dicha facultad y función.

Tanto el señor CIRO GUERRA como su familia y sus abogados, hemos decidido poner en conocimiento de la justicia éstos hechos, para que a través de los mecanismos legales se protejan sus derechos fundamentales, más aún cuando conforme lo señalado en las diferentes publicaciones por las periodistas antes citadas, ratifican ellas que pretenden acusarlo públicamente sin tener la intención de emprender ninguna acción legal en su contra.

Bogotá D.C. 2 de julio de 2020 TRIANA, URIBE & MICHELSEN

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