Hace 30 años, a las 11 de la noche del miércoles 13 de noviembre de 1985, ocurrió la terrible avalancha de lodo, tierra y residuos volcánicos en que desaparecieron unas 25 mil personas junto con todo vestigio de la población de Armero, Tolima. Hoy, ¿cuántos colombianos, aparte de los sobrevivientes y de los medios recuerdan lo que quedó sepultado allí?
Muy pocos. Los medios sí recuerdan la tragedia, pero a su manera porque no les interesa sino el capítulo amarillista. Básicamente repiten, cada año, la historia de Omaira, porque es impactante, y algún otro episodio de supervivencia. Y olvidan todo hasta noviembre siguiente. En 30 años no se han preocupado por investigar qué sucedió en Armero y si esa avalancha se pudo evitar. Mucho menos se han preocupado por escribir sobre los niños que salieron vivos y que se perdieron o que fueron robados por adultos en los días siguientes.
Usted creó la fundación Armando Armero, ¿con cuáles objetivos?
Nuestro objetivo principal es, precisamente, encontrar a los niños que se perdieron durante la avalancha. La angustia de un padre buscando a su hijo porque tiene la convicción de que el pequeño salió vivo de Armero, es un sentimiento que perdurará por el resto de su existencia, al menos hasta cuando sepa la verdad. Sin embargo, pese al hondo drama humano que esa sola posibilidad entraña, el de los niños de Armero es el tema menos visible para la prensa, salvo por algunos pocos periodistas y sus medios que nos han ayudado en este empeño.
¿A quiénes se refiere?
A El Espectador, con Jorge Cardona; El Tiempo, con Yineth Bedoya, y Noticias Uno, con Ignacio Gómez. Ellos se han interesado por nuestra tarea y han apoyado su continuidad.
¿Cuántos niños están buscando?
Estamos buscando a 236 niños. Los datos sobre ellos están contenidos en lo que denominamos el Libro Blanco. Ahora tenemos uno nuevo que llamamos el Libro Verde, en el que se reúne información del otro lado: niños de la época, hoy adultos, que buscan a sus familiares. Por el momento tenemos ocho casos de estos. Pero lo interesante del proyecto es que tanto con los niños hoy adultos como con los adultos que buscan a sus niños, se está armando un banco de ADN con la ayuda generosa y solidaria del científico genetista Emilio Yunis y de su hijo. Ellos están determinando si una de las personas registradas en el banco tiene un grado de parentesco con otra del mismo banco. Es decir, están cruzando la información.
¿Hay algún caso positivo?
Hubo un reencuentro de un joven holandés con su padre colombiano. Lo paradójico para nosotros es que el niño holandés figuraba como oriundo de Armero en los registros del Instituto de Bienestar Familiar, regional Tolima. Y resultó que el niño era de Bogotá y se había perdido aquí. Sus padres también son bogotanos. Su reencuentro fue posible cuando el holandés contó su historia en televisión creyendo que era de Armero. Y una pareja que lo vio, lo reconoció como el hijo que se les había perdido. Se les hicieron las pruebas de ADN y el resultado fue positivo.
¿El ICBF ha apoyado este proyecto?
Siempre ha anunciado su apoyo, pero nunca ha sido real. Ya no le creemos al ICBF, porque ofrece ayudar a las madres pero estas dicen que llevan más de 25 años enviando cartas y que jamás les han respondido.
Existe un famoso Libro Rojo, también con datos sobre los niños de Armero, pero este elaborado por el ICBF regional Tolima. ¿Qué sabe su fundación sobre él?
En relación con el Libro Rojo, directivos del ICBF han dado cifras equívocas en varias oportunidades. Nosotros ya lo tenemos y lo estamos analizando. Daremos a conocer un informe al respecto el próximo 13 de noviembre, en las ruinas del antiguo teatro Bolívar de Armero. De lo que hemos examinado, puedo adelantar que a este libro le hacen falta muchas fotografías, que existen muchas historias confusas y que hay constancia de que el Instituto les entregó niños a personas sin identificación. Esto demuestra la poca presencia y seriedad del Estado en 1985 para proteger a los menores perdidos. Sin embargo, este libro es solo una pieza dentro de un gran rompecabezas. Tenemos que llegar a muchos libros “rojos” de la época, o sea, a archivos en las ciudades a cuyas sedes del ICBF fueron trasladados los menores de Armero.
¿Es cierto que hace poco volvió a solicitar ayuda del Estado?
Sí. Le hice una petición al presidente Juan Manuel Santos. Me respondió una funcionaria de un grupo de atención de peticiones al jefe de Estado. La respuesta dice que remitirán mi carta al ICBF. O sea, volvemos a lo mismo.
¿Cree que la tragedia del Palacio de Justicia ha merecido mayor atención oficial y despierta más solidaridad social?
La toma del Palacio y la avalancha de Armero son tragedias que merecen igual atención y ambas, cada cual en su materia, revisten mucha gravedad. Si el presidente Santos pidió perdón por los hechos sucedidos durante la retoma del Palacio, debería hacer lo mismo frente a los armeritas que necesitamos escuchar ese perdón del Estado y que, además, requerimos apoyo para darles paz y tranquilidad a los sobrevivientes que buscan a sus hijos.
¿Qué apoyo buscan?
Además de presupuesto para continuar las investigaciones, estamos solicitando acceso a bancos de datos, una ley de víctimas de la tragedia, un espacio en televisión para publicar casos. Avanzaríamos mucho con esas herramientas.
Un error de identificación o de interpretación en los datos podría generar graves daños y nuevos dolores a los sobrevivientes causándoles esperanzas en donde no hay nada. ¿Cómo los evitan?
Nosotros seguimos las pistas y vamos construyendo memoria lentamente y con rigor y respeto por los familiares y por la verdad. Nos basamos en las historias de los sobrevivientes y después las corroboramos. Si una madre nos dice, por ejemplo, que estuvo con su pequeña hija viva, en la carpa que el gobierno puso en Cambao en los días posteriores a la avalancha y que después se le perdió, confirmamos que ella viviera en Armero y que después hubiera estado refugiada en Cambao. Y así, sucesivamente.
¿Por qué insinúa, en su primera respuesta, que la erupción del volcán Nevado del Ruiz se hubiera podido evitar, si era un fenómeno natural incontrolable?
Si el Estado hubiera estado preparado y hubiera organizado programas de gestión de riesgo, como correspondía a las advertencias que ya habían hecho algunos expertos en el sentido de que el volcán podía entrar en actividad, en poco tiempo se hubiera podido evacuar a la población y el daño, al menos en pérdidas humanas, hubiera sido infinitamente menor.
Hace 30 años no existían los instrumentos que permitieran darles precisión y credibilidad a ciertas predicciones.
Se trataba de más que simples predicciones. Hubo una recopilación de informes, datos y señales serias sobre el caso que publicaron vulcanólogos y otros científicos un año antes de la erupción. Todo indicaba que la tragedia se iba a presentar en cualquier momento. Con base en ellos, el representante a la Cámara por Caldas, Hernando Arango Monedero (ver parte superior de la página), hizo un debate en el Congreso en que advirtió lo que iba a pasar. Y el gobierno no hizo nada. Además, ya había antecedentes de eventos naturales similares en la misma región: las avalanchas de 1595 y 1845. Los gobernantes de turno permitieron que se volviera a construir una población sobre esos terrenos por ignorar la memoria y la historia. Por todo esto, al Estado le cabe responsabilidad por lo acontecido.
¿En sus archivos tiene documentos en que conste que sus reclamos tienen fundamento?
Sí. Tenemos los estudios de los vulcanólogos; la ponencia de Arango Monedero en el Congreso; la constancia que dejó, en el Capitolio, Guillermo Alfonso Jaramillo. También recordamos las reclamaciones del alcalde de Armero, a quien nadie le puso atención. Como dije, unas simples alarmas instaladas en sitios estratégicos de la población hubieran podido salvar a muchas personas que habrían tenido la oportunidad de salir de sus casas y dirigirse a los sitios más altos del municipio en menos de dos horas.
¿Cuáles otros planes adelanta la fundación, además de encontrar pistas sobre niños presuntamente desaparecidos en la avalancha?
Queremos generar desarrollo social y económico en la zona, que quedó absolutamente deprimida después de la tragedia. Intentamos lograrlo con la creación de un centro de memoria histórica, el establecimiento de una ruta de turismo cultural y la construcción de un museo. Al poner en marcha estos proyectos intentamos que haya fuentes permanentes de ingresos para la población de los municipios vecinos de Guayabal y Lérida, que recibieron el impacto de la tragedia porque tuvieron que acoger a la población armerita, a la que el gobierno reubicó en esos sitios proporcionándole vivienda pero no empleo ni medios para obtener ingresos permanentes.
Se mantiene viva la memoria con objetos, documentos, fotos, videos, etc. En Armero todo desapareció. ¿Cómo lograr que la gente de hoy y del futuro sepa qué era y cómo se veía la población?
Se ha venido recuperando la historia a través de la memoria oral con entrevistas a los sobrevivientes, con quienes hemos reconstruido aspectos de la población. Hoy, muchos de los que nos ayudaron en este campo ya murieron por el simple paso del tiempo. Es una paradoja, pero antes de irse, nos dejaron unas herramientas para la permanencia histórica del lugar en que transcurrió su vida.
¿Cómo han logrado recuperar los objetos que tienen?
Las fotos que recuperamos no estaban en Armero, sino en archivos particulares o públicos de otras ciudades. En cuanto al resto de documentos, los hemos ido encontrando en diferentes sitios y los hemos clasificado según temas y materias. Es una labor difícil y muy lenta, casi interminable.
¿Cuántos armeritas sobrevivientes de la avalancha, permanecen vivos, después de 30 años de ese suceso, y cuántos están censados?
El Estado no censó nunca a los sobrevivientes. Nosotros tampoco podemos decir cuántos murieron allí, entre otras razones, porque el gobierno del presidente Belisario Betancur no solo militarizó el Palacio de Justicia por la toma del M-19, sino que decidió poner alcalde militar en Armero para controlar el caos posterior a la tragedia. Este alcalde decidió enterrar a nuestros parientes en fosas comunes. Así que nunca pudimos contar los muertos y ni siquiera les hicimos el duelo como hubiéramos querido. En resumen, no hubo censo de muertos, de vivos, de heridos o de ilesos. Hay que recordar, además, que decenas de personas inescrupulosas se hicieron pasar por armeritas para tener acceso a los beneficios anunciados por el gobierno.
¿Cuántos se han podido reagrupar después de tantos años de dispersión?
Lo que hubo después de la tragedia fue una diáspora. No solo hubo dispersión nacional, sino que muchos salieron del país. La mayor parte de la población sobreviviente se residenció en los municipios de Armero-Guayabal y Lérida y en la ciudad de Ibagué, barrio Nuevo Armero. Otro grupo significativo llegó a Villavicencio y uno más al barrio San Mateo, en Soacha. Resulta muy dispendioso reagruparlos a todos. Pero muchos están conectados con Armando Armero.
¿Cómo fue su historia y en dónde se encontraba cuando Armero desapareció?
Yo estudiaba en Bogotá. Mi padre, Alfonso González Rengifo, era abogado del Rosario. Fue representante liberal a la Cámara y vivía en Armero porque estaba enamorado de su pueblo y de su gente. Mis hermanos y yo estábamos haciendo nuestras carreras cuando nos enteramos por radio de lo que había sucedido. Recuerdo cuando escuché a Yamid Amat hablando con el piloto Fernando Rivera, que fue el primero que sobrevoló la zona y quien informó que Armero había desaparecido. No lo podíamos creer. Viajamos a buscar a nuestros seres queridos, pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que era una catástrofe inmensa. Comenzamos a buscar a nuestros familiares. Quince días después, nos dimos cuenta de que nunca iban a aparecer.
¿A quiénes de su familia perdió en la avalancha?
A mi padre, a uno de mis hermanos, a parientes paternos, amigos de infancia, al pueblo entero. Es un duelo que uno nunca termina de hacer.
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“Que Dios nos tenga de su mano”
En 1984, un año antes de la erupción del volcán nevado del Ruiz que desapareció a la población tolimense de Armero con una enorme avalancha de lodo, el representante a la Cámara Hernando Arango Monedero advirtió que esa tragedia podía presentarse en cualquier momento. Nadie le prestó atención. Arango dijo en el Congreso: “Que no se diga mañana, honorables representantes, porque ustedes serán testigos de lo que estoy diciendo aquí, que no se advirtió al Estado que hay fenómenos que se están produciendo, que amenazaban… indirectamente a 3 millones de personas… que no se diga (qué pasó) con las gentes que viven en las laderas del nevado del Ruiz que están, en este momento, amenazadas directamente… las unas por encontrarse en el camino del potencial peligro y las otras porque les tocará vivir de cerca la tragedia; que no digan, señores ministros, representantes de ese Estado en el Ejecutivo, que no es necesario tomar una acción de inmediato… Dios quiera que tales fenómenos no lleguen al extremo; pero Dios quiera también que esto nos sirva de lección para que no nos tome por sorpresa esta u otras tragedias de mayor o de menor cuantía. Aquí hay que terminar como el presidente (Belisario Betancur) lo hace con gran frecuencia: que Dios nos tenga de su mano”
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Indiferencia oficial: 30 años sin apoyo del Ejecutivo
En reciente carta al presidente Santos, el director de la fundación Armando Armero le solicita, como lo ha hecho con todos los jefes de Estado en los últimos 30 años, apoyo para continuar con las investigaciones de búsqueda de los niños desaparecidos durante la tragedia natural que arrasó ese pueblo con sus 25.000 habitantes. Los niños habrían salido con vida de la tragedia, pero después, por negligencia y falta de planificación del Gobierno Nacional, habrían sido dados en adopción a personas que ni siquiera daban su número de cédula. Francisco González le pidió a Santos acceso a los archivos de las sedes del ICBF en donde fueron distribuidos los pequeños de Armero, y a los archivos de las casas de adopción que funcionaban en 1985; acceso a los documentos de salida del país de menores en los meses y años siguientes a la tragedia, así como a notarías, registradurías y clínicas para poder seguir pistas; 30 segundos de televisión en los que, cada vez, se puedan contar historias de búsquedas o relatos de familias que deseen decir la verdad sobre la forma como accedieron a una adopción, y, por último, presupuesto y el estudio de un protocolo de “rescate, tenencia y cuidado de menores en catástrofes de origen natural que se pueda replicar en eventos posteriores”.