“Espero que el próximo fiscal no se deje intimidar”

El periodo Montealegre en la Fiscalía General concluirá, definitivamente, cuando se elija nuevo fiscal. ¿Por qué la administración de ustedes fue tan polémica y criticada por gran parte de la prensa?

Es prácticamente imposible que el cargo de Fiscal General de la Nación no genere polémica en Colombia. Es que nuestra labor no es sencilla. Tenemos que investigar a los delincuentes, muchos de los cuales tienen organizaciones poderosas con tentáculos en todos los ámbitos del poder. No sé si las críticas fueron de una gran parte de la prensa o sólo de un grupo de columnistas de coctel. Muchas veces pensamos que lo que escuchamos en Bogotá es lo que se piensa en todo el país y eso es profundamente errado.

¿Por qué? Finalmente, las críticas hacen parte del control social…

Porque ningún funcionario verdaderamente responsable de sus obligaciones, trabaja para ser popular sino para cumplir con la Constitución y defender los derechos de las personas que, trágicamente, para algunos sectores parece ser una cuestión impopular. Le haría un flaco servicio a la democracia que un Fiscal General tome una decisión basándose en qué tan popular lo hace o en cómo afecta su imagen. En cuanto a las críticas, estas siempre fueron bien recibidas en la Fiscalía que termina y si algo no puede negarse es que durante estos años nunca dejamos de responderlas.

De todas maneras se afectó la imagen del exfiscal Montealegre y la suya misma…

Pues si el rótulo de una administración polémica se debe a que fijamos posiciones impopulares en casos, por esencia, impopulares, o que abrimos debates que no caen bien en los sectores más retrógrados de la sociedad, en temas como la justicia transicional o la protección de minorías, no me parece algo negativo.

Eso es cierto, en cuanto a algunos casos. Pero hubo otros que calaron en la opinión y que dejaban dudas. Por ejemplo, al doctor Montealegre y a usted mismo les han endilgado ánimo vengativo, sobre todo el sector uribista del Congreso...

Ninguna de nuestras actuaciones tuvo ánimo vengativo: la Fiscalía no puede actuar con especulaciones sino que fundamenta lo que hace con hechos que puede y debe probar. De otro lado, esas decisiones de la Fiscalía no son definitivas. Tienen que ser avaladas por jueces que no son subalternos de esta entidad. Pasaron aquellos tiempos en que la Fiscalía atemorizaba. Hoy se tienen o no se tienen argumentos jurídicos. Lo que sí veo es que en el país viene haciendo carrera la peligrosa técnica del contraataque y del desprestigio del investigador como fórmula de defensa. Lamentablemente, ciertos sectores políticos han caído en esa práctica y afirman sin pudor que el ente de investigación actúa movido por ánimos fraudulentos.

Que recuerde, en la Fiscalía hay varios procesos penales en curso contra personas cercanas al expresidente Uribe: contra su hermano Santiago, contra sus hijos Tomás y Jerónimo, contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, además de Luis Alfonso Hoyos. ¿Se sostienen, judicialmente hablando?

Esta Fiscalía sólo estuvo animada por la obligación constitucional de perseguir la delincuencia, estuviera en donde estuviera y tocara a quien tocara. En Colombia no hay inmunidad según el entorno político. Si personas cercanas al expresidente Uribe están involucradas en hechos delictivos, cosa que es materia de investigación, la Fiscalía no puede eludir su responsabilidad. Ahora, en cuanto a las investigaciones a que usted alude, de ninguna forma puede afirmarse que son producto de simples especulaciones. Todas tienen evidencias que deben valorarse objetivamente. El caso de Santiago Uribe por sus relaciones con el grupo denominado Los Doce Apóstoles, por ejemplo, lleva siendo investigado por lo menos 20 años. Contra los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe existe información de sus negocios que la Fiscalía debe corroborar. En el caso de los Zuluaga hay, incluso, personas condenadas que han aceptado su responsabilidad. ¿No le parece que eso debe ser investigado? ¿O acaso, por ser cercanos al expresidente Uribe, no deben ser investigados?

Hoy no se conoce el nombre del nuevo Fiscal General. ¿La persona que llegue podrá determinar definitivamente lo que pasará en tales procesos o estos ya andan por sí solos por la acumulación de evidencias?

Cualquiera que sea el próximo Fiscal General, no podrá borrar los avances de esas y las demás investigaciones en curso, porque todas han sido serias. Esto no es una finca en la que el capataz decide qué se siembra y qué no. La Constitución le impone a la Fiscalía y a todas las instituciones del Estado cuáles son sus funciones y cómo deben ejecutarlas. Quien actúe en sentido contrario, corre el riesgo de cometer un delito. Es imposible botar los expedientes a la basura. Ahora bien, en efecto, los procesos a los que usted hace mención se encuentran en una etapa procesal en la que pueden andar por sí solos. No creo que el avance que se ha logrado vaya a verse afectado por la llegada del nuevo Fiscal General, no sólo porque no se puede sino porque no creo que exista en ninguno de los candidatos de la terna la voluntad política de dejar en impunidad crímenes graves.

¿Qué le diría, si pudiera y tuviera, desde luego, la voluntad de hacerlo, al próximo Fiscal General?

No le diría nada, si no me pregunta. Pero, en términos generales, espero que el próximo Fiscal tenga el coraje de tomar las decisiones que correspondan y que no se deje intimidar por presiones políticas y mediáticas. Si de algo estoy seguro es que a esta Fiscalía no le tembló la mano cuando se trató de administrar justicia. No nos dejamos apabullar por quienes posan de estadistas, cuando lo que buscan es acabar con las instituciones que dicen defender. Algo que me ha llamado especialmente la atención en este tiempo es la molestia de las élites que manejan el país por no haber podido hacer lo mismo con esta Fiscalía.

¡Uy! ¿A quiénes se refiere: a cuáles personas que “posan de estadistas” y a cuáles “élites”?

Saberlo no es una tarea tan difícil para una buena unidad investigativa como la que usted tiene.

¿Con su experiencia y un pie afuera, podría sostenerse que la Fiscalía Montealegre – Perdomo fue muy activa en unos casos y muy pasiva en otros, más que por razones judiciales por motivos personales, políticos o ideológicos?

Los resultados globales muestran que esa afirmación suya es equivocada. Esta Fiscalía estuvo dirigida por demócratas convencidos de que nuestras personales concepciones de la vida no podían afectar nuestros deberes constitucionales. Así debe ser: hay que actuar como ciudadanos y no como miembros de una religión o de una posición política o moral particular. No existió pasividad en ningún caso y tendría que hablarme, en concreto, de alguno de ellos. De hecho, hoy trabajamos de una manera que nadie imaginaría: ¡Investigamos en tiempo real! Si hubo algo que no se hizo no fue por pasividad, sino por imposibilidad dada la gran carga procesal que históricamente se acumuló y que hoy estamos en tarea de superar.

Ya que me pregunta por un caso en particular, le menciono el de Saludcoop, al que, según algunos medios, no se le metió mano por el antiguo vínculo que existió entre el doctor Montealegre y el señor Palacino...

Estaba esperando esa pregunta porque ha sido el caballito de batalla de quienes nos han atacado incluso desde antes de que el exfiscal Montealegre fuera elegido. Le puedo decir que las investigaciones en ese caso no han cesado desde el comienzo. Lo que pasa es que no se pueden tomar decisiones para complacer a quienes, por intereses particulares, inflaron una situación sin tener pruebas para sostener las graves acusaciones que hicieron para, después, dejar a la Fiscalía sola en la labor de buscarlas. Si hubo irregularidades, se llevarán a juicio.

¿Hubo ‘contratitis aguda’, es decir, repartición de contratos para favorecer a ciertos magistrados de las altas Cortes, congresistas y periodistas?

En la Fiscalía no se “repartieron” contratos. Hay muchas especulaciones sobre el manejo que se dio en esa materia, pero las respuestas se dieron en su momento. Sin embargo, cada vez vuelven a resurgir las especulaciones con la intención de deslegitimar nuestra gestión, la mía en particular, y, por esa vía, presionar a la Corte para que elija nuevo Fiscal General. Últimamente me han criticado dizque porque he hecho nombramientos y he entregado contratos, pero nadie ha preguntado si son impuestos por una orden judicial o si los contratos están limitados al estricto funcionamiento de la entidad. La contratitis aguda es una enfermedad que no padece, ni padeció la Fiscalía.

Pero hubo grandes suspicacias por la contratación, por ejemplo, de exmagistrados que votaron por la decisión de dejar cuatro años en vez de uno al fiscal Montealegre…. Eso lo he leído en algún lado…

Con su pregunta usted me está dando la razón: ¿qué necesidad tenía la Fiscalía o el exfical de contratarlos si no fuera por sus conocimientos puesto que ellos, en esa perversa interpretación, ya no tienen influencia en ningún asunto porque su periodo como magistrados ya terminó? Como se ha dicho, la Fiscalía necesita contar con asesorías en temas complejos, debido a que hay muchos asuntos que no pueden ser resueltos con la planta de funcionarios de la institución. Es lógico pensar que quienes tienen las más altas calidades para resolver estos temas complejos son aquellos que durante muchos años han servido a la justicia en la rama judicial. Pero ahora resulta que ser exmagistrado es casi un crimen. Definitivamente, el mundo al revés.

Al fin y ya retirado el exfiscal Montealegre, le pregunto por el más debatido de todos los contratos: ¿cómo explica uno o varios de 3 y 4 mil millones de pesos a Natalia Springer?

Los productos elaborados por la firma Springer Von Schwarzenberg son insumos de un gran valor dentro de la imputación de los denominados crímenes de sistema. Las herramientas que emplean nos han permitido hacer una construcción más sólida de las imputaciones frente a esos delitos, en aspectos como los patrones de victimización, líneas de mando, el modus operandi, el conteo de hechos criminales, y un largo etcétera. Más allá de la polémica que se levantó y el matoneo patrocinado por la era del Twitter, lo cierto es que ese trabajo es utilizado por la Fiscalía en las imputaciones en contra de los cinco miembros del Comando Central (Coce) del Eln por crímenes de guerra, y en los informes de reclutamiento ilícito tanto de esa guerrilla como de las Farc.

¿Y el monto tan alto, cómo se justifica?

Le insisto en afirmaciones que hemos dicho mil veces: se contrató a una firma conformada por un equipo de profesionales de altísimas calidades que analizaron un gran cúmulo de información. No se contrató a una sola persona. Y la ley lo permite por la naturaleza del trabajo. En estos casos es posible hacerlo como se hizo, porque se trató de la prestación de servicios profesionales.

Cambiando de tema, según se supo esta semana, un fiscal habría impedido el avance de la investigación por el camino correcto, en el año 2000, por el crimen de Jaime Garzón. ¿Es cierto?

Con satisfacción, le digo que, en estos cuatro años, la Fiscalía prácticamente tiene resuelto el homicidio del periodista Garzón: hay claridad sobre el plan criminal, es decir, sobre las personas que participaron en la planeación del asesinato y sobre las que colaboraron en su ejecución material. El testimonio que usted menciona fue solicitado por la Fiscalía con el fin de contextualizar la presunta participación de agentes del Estado en este caso. También le puedo decir que la investigación, en sus inicios, fue desviada, tanto así que en el año 2004 dos personas fueron absueltas. Después de un análisis, ordenamos iniciar una investigación por separado para determinar la responsabilidad de los que participaron en esa desviación, especialmente del extinto DAS. Ahí también se determinará la eventual responsabilidad de los funcionarios de la Fiscalía de la época.

¿Estos hallazgos incidirán en el juicio del exasesor de esa entidad José Miguel Narváez, juicio que aún no concluye por las dilaciones y la absolución que pidió el procurador Ordóñez para el acusado?

Sí, porque se podría probar que hubo una conspiración para desviar una investigación de un crimen en que participaron agentes del Estado.

Palabras más, palabras menos, el testigo de esa desviación indica que pocos meses después del asesinato ya había indicios claros de que ese crimen había sido ordenado por una parte de la cúpula militar a Carlos Castaño. ¿Hay evidencias al respecto?

El contexto que ha hecho la Fiscalía sobre varios homicidios que ocurrieron en circunstancias similares al de Garzón, por aquella época, indica que el líder de las autodefensas ordenaba tales crímenes, no en forma caprichosa, sino para satisfacer los intereses políticos o militares de su aparato criminal. Se ha documentado, seriamente, que algunos agentes del Estado asesoraban al líder paramilitar en esa nefasta política.

Así como el caso de Garzón, otros grandes crímenes ocurridos en el país han sido imposibles de resolver por la maraña de engaños que logran interponer los interesados. ¿Cuáles otros casos similares a este no se han resuelto por ese motivo?

Al inicio del proceso del homicidio Garzón hubo declaraciones tan inverosímiles como la de una testigo que “observó”, a una cuadra de distancia de la escena de los hechos y sin ángulo de visibilidad, el tipo de prendas de vestir de los sicarios y detalles que no resisten ningún análisis. Pese a ello, fue tenida en cuenta. Esa estrategia la hemos observado en otros casos importantes como el del homicidio del abogado Eduardo Umaña, en el cual también hubo unos señalamientos como responsables del crimen, contra unas personas que posteriormente tuvieron que ser absueltas por un juez, casi de forma calcada a lo ocurrido en el de Garzón. Y algo similar ocurrió con el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado, entre otros.

¿Sugiere que existe una especie de modus operandi en casos de grandes crímenes?

Pongamos su pregunta en pasado: al parecer, esa era la práctica generalizada para ocultar e impedir el esclarecimiento de grandes delitos. Pero no descarto que esas prácticas se sigan presentando con la connivencia de unos abogados litigantes que creen que defienden bien a sus clientes cometiendo nuevos delitos.

¿Qué sucedió con un grupo de periodistas que era muy cercano a la cúpula de la Fiscalía y que hoy está a punto de ser imputado por varios delitos?

Le quiero precisar algo: en estos cuatro años la Fiscalía no ha tenido periodistas protegidos; todos han sido bienvenidos. Sobre su pregunta, hay investigaciones por hechos muy graves en las que se menciona la presunta participación de periodistas. En algunos casos se trata de la supuesta colaboración de unos de ellos con grupos armados ilegales. En otros, aparecen señalados de conspirar, aprovechando la profesión del periodismo, para perjudicar a personas e instituciones. Lo grave es que se estaría utilizando el cargo de reportero no para informar sino para favorecer intereses particulares e, incluso, para incidir en decisiones judiciales.

¿Qué hará usted cuando salga de la institución: saldrá del país o aspirará a la Procuraduría o a una alta Corte como se ha dicho?

Tomaré unas cortas vacaciones e intentaré retomar las rutinas de un ciudadano común. Algo tengo muy claro: quiero aportar, por ejemplo, a la consolidación de la paz en Colombia. No descarto continuar en un cargo público y por supuesto las opciones que usted plantea son muy interesantes. Por ahora estoy concentrado en terminar esta tarea con todo el compromiso y con lo que ello implica en materia de garantía de los derechos de los colombianos.

Se ha dicho en varios medios que a usted le conviene quedarse en la Fiscalía hasta diciembre y que por eso la Corte Suprema no ha elegido nuevo Fiscal General…

Esa es una interpretación macabra. Cuando uno ya sabe, como lo sé yo después de cuatro años de estar en este puesto, a lo que se tiene que enfrentar - entre otras cosas a este tipo de críticas sin sustento -, es absurdo pensar que se quiera atornillar al cargo. Como lo he dicho en varias ocasiones, mi deber como vicefiscal fue, precisamente, estar listo para reemplazar al Fiscal General temporalmente o cuando ya hubiera terminado su periodo. Y lo cumpliré con responsabilidad hasta cuando haya elección en la Corte Suprema.

Distanciados del Gobierno

El exfiscal Montealegre lanzó duras críticas contra Santos, De la Calle y Cristo. ¿Comparte esas afirmaciones?

Comparto las preocupaciones que manifestó el exfiscal Montealegre sobre los ataques que está viviendo la justicia. A los magistrados, jueces y fiscales hay que apoyarlos y protegerlos porque han contribuido con el mantenimiento de la democracia en la guerra. Coincido con él en las críticas al equilibrio de poderes. Esa reforma va en desmedro de la autonomía de la rama en una coyuntura en que una justicia robusta es crucial. He apoyado también la tesis del exfiscal sobre los acuerdos especiales para el pacto de paz, por lo que entiendo su molestia con el Gobierno: compartió con Presidencia esas tesis jurídicas; más tarde, el Gobierno respondió de otra manera ante la Corte y, al final, el mismo Gobierno terminó aceptando lo que el doctor Montealegre propuso.

Sobre las críticas al equilibrio de poderes, lo más preocupante es que quien coincidía con el exfiscal  era el candidato a la Fiscalía que hoy tiene el voto mayoritario de los magistrados favorecidos con esa tesis: vuelve “el yo te ayudo, tú me eliges. ¿No es una tragedia?

Por más cáscaras que me ponga, usted no va a lograr que yo diga una sola palabra sobre la elección del próximo fiscal.

¿Jurisdicción especial para los homicidas de Jaime Garzón?

Estamos a las puertas de un proceso de paz. Por lo tanto, la pregunta es pertinente: ¿los responsables del asesinato de Jaime Garzón podrían recibir tratamiento especial de Justicia y Paz, sistema en que se podrá condonar o reducir penas a quienes hayan sido actores del conflicto?

El acuerdo sobre las víctimas del conflicto suscrito por las Farc y el Gobierno establece que la Jurisdicción para la Paz se encargará de los delitos relacionados con el conflicto armado. Aún falta que las partes en La Habana y el Congreso especifiquen qué significa y qué cubrirá ese régimen, y por eso es prematuro decir con certeza qué entrará o quedará por fuera de la jurisdicción. Lo que sí puedo decirle es que este crimen fue concertado y puesto en marcha por actores del conflicto, dentro de esa lógica. Al menos una parte del raciocinio para la perpetración del homicidio del periodista Jaime Garzón está asociada con la ventaja estratégica que se imaginaron que adquirirían algunos actores paramilitares y de las Fuerzas Militares. Por lo tanto, es posible que los uniformados que resultarían involucrados en el crimen, pasen a responder por este ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso no se puede descartar del todo.

El periodo Montealegre en la Fiscalía General concluirá, definitivamente, cuando se elija nuevo fiscal. ¿Por qué la administración de ustedes fue tan polémica y criticada por gran parte de la prensa?

Es prácticamente imposible que el cargo de Fiscal General de la Nación no genere polémica en Colombia. Es que nuestra labor no es sencilla. Tenemos que investigar a los delincuentes, muchos de los cuales tienen organizaciones poderosas con tentáculos en todos los ámbitos del poder. No sé si las críticas fueron de una gran parte de la prensa o sólo de un grupo de columnistas de coctel. Muchas veces pensamos que lo que escuchamos en Bogotá es lo que se piensa en todo el país y eso es profundamente errado.

¿Por qué? Finalmente, las críticas hacen parte del control social…

Porque ningún funcionario verdaderamente responsable de sus obligaciones, trabaja para ser popular sino para cumplir con la Constitución y defender los derechos de las personas que, trágicamente, para algunos sectores parece ser una cuestión impopular. Le haría un flaco servicio a la democracia que un Fiscal General tome una decisión basándose en qué tan popular lo hace o en cómo afecta su imagen. En cuanto a las críticas, estas siempre fueron bien recibidas en la Fiscalía que termina y si algo no puede negarse es que durante estos años nunca dejamos de responderlas.

De todas maneras se afectó la imagen del exfiscal Montealegre y la suya misma…

Pues si el rótulo de una administración polémica se debe a que fijamos posiciones impopulares en casos, por esencia, impopulares, o que abrimos debates que no caen bien en los sectores más retrógrados de la sociedad, en temas como la justicia transicional o la protección de minorías, no me parece algo negativo.

Eso es cierto, en cuanto a algunos casos. Pero hubo otros que calaron en la opinión y que dejaban dudas. Por ejemplo, al doctor Montealegre y a usted mismo les han endilgado ánimo vengativo, sobre todo el sector uribista del Congreso...

Ninguna de nuestras actuaciones tuvo ánimo vengativo: la Fiscalía no puede actuar con especulaciones sino que fundamenta lo que hace con hechos que puede y debe probar. De otro lado, esas decisiones de la Fiscalía no son definitivas. Tienen que ser avaladas por jueces que no son subalternos de esta entidad. Pasaron aquellos tiempos en que la Fiscalía atemorizaba. Hoy se tienen o no se tienen argumentos jurídicos. Lo que sí veo es que en el país viene haciendo carrera la peligrosa técnica del contraataque y del desprestigio del investigador como fórmula de defensa. Lamentablemente, ciertos sectores políticos han caído en esa práctica y afirman sin pudor que el ente de investigación actúa movido por ánimos fraudulentos.

Que recuerde, en la Fiscalía hay varios procesos penales en curso contra personas cercanas al expresidente Uribe: contra su hermano Santiago, contra sus hijos Tomás y Jerónimo, contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, además de Luis Alfonso Hoyos. ¿Se sostienen, judicialmente hablando?

Esta Fiscalía sólo estuvo animada por la obligación constitucional de perseguir la delincuencia, estuviera en donde estuviera y tocara a quien tocara. En Colombia no hay inmunidad según el entorno político. Si personas cercanas al expresidente Uribe están involucradas en hechos delictivos, cosa que es materia de investigación, la Fiscalía no puede eludir su responsabilidad. Ahora, en cuanto a las investigaciones a que usted alude, de ninguna forma puede afirmarse que son producto de simples especulaciones. Todas tienen evidencias que deben valorarse objetivamente. El caso de Santiago Uribe por sus relaciones con el grupo denominado Los Doce Apóstoles, por ejemplo, lleva siendo investigado por lo menos 20 años. Contra los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe existe información de sus negocios que la Fiscalía debe corroborar. En el caso de los Zuluaga hay, incluso, personas condenadas que han aceptado su responsabilidad. ¿No le parece que eso debe ser investigado? ¿O acaso, por ser cercanos al expresidente Uribe, no deben ser investigados?

Hoy no se conoce el nombre del nuevo Fiscal General. ¿La persona que llegue podrá determinar definitivamente lo que pasará en tales procesos o estos ya andan por sí solos por la acumulación de evidencias?

Cualquiera que sea el próximo Fiscal General, no podrá borrar los avances de esas y las demás investigaciones en curso, porque todas han sido serias. Esto no es una finca en la que el capataz decide qué se siembra y qué no. La Constitución le impone a la Fiscalía y a todas las instituciones del Estado cuáles son sus funciones y cómo deben ejecutarlas. Quien actúe en sentido contrario, corre el riesgo de cometer un delito. Es imposible botar los expedientes a la basura. Ahora bien, en efecto, los procesos a los que usted hace mención se encuentran en una etapa procesal en la que pueden andar por sí solos. No creo que el avance que se ha logrado vaya a verse afectado por la llegada del nuevo Fiscal General, no sólo porque no se puede sino porque no creo que exista en ninguno de los candidatos de la terna la voluntad política de dejar en impunidad crímenes graves.

¿Qué le diría, si pudiera y tuviera, desde luego, la voluntad de hacerlo, al próximo Fiscal General?

No le diría nada, si no me pregunta. Pero, en términos generales, espero que el próximo Fiscal tenga el coraje de tomar las decisiones que correspondan y que no se deje intimidar por presiones políticas y mediáticas. Si de algo estoy seguro es que a esta Fiscalía no le tembló la mano cuando se trató de administrar justicia. No nos dejamos apabullar por quienes posan de estadistas, cuando lo que buscan es acabar con las instituciones que dicen defender. Algo que me ha llamado especialmente la atención en este tiempo es la molestia de las élites que manejan el país por no haber podido hacer lo mismo con esta Fiscalía.

¡Uy! ¿A quiénes se refiere: a cuáles personas que “posan de estadistas” y a cuáles “élites”?

Saberlo no es una tarea tan difícil para una buena unidad investigativa como la que usted tiene.

¿Con su experiencia y un pie afuera, podría sostenerse que la Fiscalía Montealegre – Perdomo fue muy activa en unos casos y muy pasiva en otros, más que por razones judiciales por motivos personales, políticos o ideológicos?

Los resultados globales muestran que esa afirmación suya es equivocada. Esta Fiscalía estuvo dirigida por demócratas convencidos de que nuestras personales concepciones de la vida no podían afectar nuestros deberes constitucionales. Así debe ser: hay que actuar como ciudadanos y no como miembros de una religión o de una posición política o moral particular. No existió pasividad en ningún caso y tendría que hablarme, en concreto, de alguno de ellos. De hecho, hoy trabajamos de una manera que nadie imaginaría: ¡Investigamos en tiempo real! Si hubo algo que no se hizo no fue por pasividad, sino por imposibilidad dada la gran carga procesal que históricamente se acumuló y que hoy estamos en tarea de superar.

Ya que me pregunta por un caso en particular, le menciono el de Saludcoop, al que, según algunos medios, no se le metió mano por el antiguo vínculo que existió entre el doctor Montealegre y el señor Palacino...

Estaba esperando esa pregunta porque ha sido el caballito de batalla de quienes nos han atacado incluso desde antes de que el exfiscal Montealegre fuera elegido. Le puedo decir que las investigaciones en ese caso no han cesado desde el comienzo. Lo que pasa es que no se pueden tomar decisiones para complacer a quienes, por intereses particulares, inflaron una situación sin tener pruebas para sostener las graves acusaciones que hicieron para, después, dejar a la Fiscalía sola en la labor de buscarlas. Si hubo irregularidades, se llevarán a juicio.

¿Hubo ‘contratitis aguda’, es decir, repartición de contratos para favorecer a ciertos magistrados de las altas Cortes, congresistas y periodistas?

En la Fiscalía no se “repartieron” contratos. Hay muchas especulaciones sobre el manejo que se dio en esa materia, pero las respuestas se dieron en su momento. Sin embargo, cada vez vuelven a resurgir las especulaciones con la intención de deslegitimar nuestra gestión, la mía en particular, y, por esa vía, presionar a la Corte para que elija nuevo Fiscal General. Últimamente me han criticado dizque porque he hecho nombramientos y he entregado contratos, pero nadie ha preguntado si son impuestos por una orden judicial o si los contratos están limitados al estricto funcionamiento de la entidad. La contratitis aguda es una enfermedad que no padece, ni padeció la Fiscalía.

Pero hubo grandes suspicacias por la contratación, por ejemplo, de exmagistrados que votaron por la decisión de dejar cuatro años en vez de uno al fiscal Montealegre…. Eso lo he leído en algún lado…

Con su pregunta usted me está dando la razón: ¿qué necesidad tenía la Fiscalía o el exfical de contratarlos si no fuera por sus conocimientos puesto que ellos, en esa perversa interpretación, ya no tienen influencia en ningún asunto porque su periodo como magistrados ya terminó? Como se ha dicho, la Fiscalía necesita contar con asesorías en temas complejos, debido a que hay muchos asuntos que no pueden ser resueltos con la planta de funcionarios de la institución. Es lógico pensar que quienes tienen las más altas calidades para resolver estos temas complejos son aquellos que durante muchos años han servido a la justicia en la rama judicial. Pero ahora resulta que ser exmagistrado es casi un crimen. Definitivamente, el mundo al revés.

Al fin y ya retirado el exfiscal Montealegre, le pregunto por el más debatido de todos los contratos: ¿cómo explica uno o varios de 3 y 4 mil millones de pesos a Natalia Springer?

Los productos elaborados por la firma Springer Von Schwarzenberg son insumos de un gran valor dentro de la imputación de los denominados crímenes de sistema. Las herramientas que emplean nos han permitido hacer una construcción más sólida de las imputaciones frente a esos delitos, en aspectos como los patrones de victimización, líneas de mando, el modus operandi, el conteo de hechos criminales, y un largo etcétera. Más allá de la polémica que se levantó y el matoneo patrocinado por la era del Twitter, lo cierto es que ese trabajo es utilizado por la Fiscalía en las imputaciones en contra de los cinco miembros del Comando Central (Coce) del Eln por crímenes de guerra, y en los informes de reclutamiento ilícito tanto de esa guerrilla como de las Farc.

¿Y el monto tan alto, cómo se justifica?

Le insisto en afirmaciones que hemos dicho mil veces: se contrató a una firma conformada por un equipo de profesionales de altísimas calidades que analizaron un gran cúmulo de información. No se contrató a una sola persona. Y la ley lo permite por la naturaleza del trabajo. En estos casos es posible hacerlo como se hizo, porque se trató de la prestación de servicios profesionales.

Cambiando de tema, según se supo esta semana, un fiscal habría impedido el avance de la investigación por el camino correcto, en el año 2000, por el crimen de Jaime Garzón. ¿Es cierto?

Con satisfacción, le digo que, en estos cuatro años, la Fiscalía prácticamente tiene resuelto el homicidio del periodista Garzón: hay claridad sobre el plan criminal, es decir, sobre las personas que participaron en la planeación del asesinato y sobre las que colaboraron en su ejecución material. El testimonio que usted menciona fue solicitado por la Fiscalía con el fin de contextualizar la presunta participación de agentes del Estado en este caso. También le puedo decir que la investigación, en sus inicios, fue desviada, tanto así que en el año 2004 dos personas fueron absueltas. Después de un análisis, ordenamos iniciar una investigación por separado para determinar la responsabilidad de los que participaron en esa desviación, especialmente del extinto DAS. Ahí también se determinará la eventual responsabilidad de los funcionarios de la Fiscalía de la época.

¿Estos hallazgos incidirán en el juicio del exasesor de esa entidad José Miguel Narváez, juicio que aún no concluye por las dilaciones y la absolución que pidió el procurador Ordóñez para el acusado?

Sí, porque se podría probar que hubo una conspiración para desviar una investigación de un crimen en que participaron agentes del Estado.

Palabras más, palabras menos, el testigo de esa desviación indica que pocos meses después del asesinato ya había indicios claros de que ese crimen había sido ordenado por una parte de la cúpula militar a Carlos Castaño. ¿Hay evidencias al respecto?

El contexto que ha hecho la Fiscalía sobre varios homicidios que ocurrieron en circunstancias similares al de Garzón, por aquella época, indica que el líder de las autodefensas ordenaba tales crímenes, no en forma caprichosa, sino para satisfacer los intereses políticos o militares de su aparato criminal. Se ha documentado, seriamente, que algunos agentes del Estado asesoraban al líder paramilitar en esa nefasta política.

Así como el caso de Garzón, otros grandes crímenes ocurridos en el país han sido imposibles de resolver por la maraña de engaños que logran interponer los interesados. ¿Cuáles otros casos similares a este no se han resuelto por ese motivo?

Al inicio del proceso del homicidio Garzón hubo declaraciones tan inverosímiles como la de una testigo que “observó”, a una cuadra de distancia de la escena de los hechos y sin ángulo de visibilidad, el tipo de prendas de vestir de los sicarios y detalles que no resisten ningún análisis. Pese a ello, fue tenida en cuenta. Esa estrategia la hemos observado en otros casos importantes como el del homicidio del abogado Eduardo Umaña, en el cual también hubo unos señalamientos como responsables del crimen, contra unas personas que posteriormente tuvieron que ser absueltas por un juez, casi de forma calcada a lo ocurrido en el de Garzón. Y algo similar ocurrió con el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado, entre otros.

¿Sugiere que existe una especie de modus operandi en casos de grandes crímenes?

Pongamos su pregunta en pasado: al parecer, esa era la práctica generalizada para ocultar e impedir el esclarecimiento de grandes delitos. Pero no descarto que esas prácticas se sigan presentando con la connivencia de unos abogados litigantes que creen que defienden bien a sus clientes cometiendo nuevos delitos.

¿Qué sucedió con un grupo de periodistas que era muy cercano a la cúpula de la Fiscalía y que hoy está a punto de ser imputado por varios delitos?

Le quiero precisar algo: en estos cuatro años la Fiscalía no ha tenido periodistas protegidos; todos han sido bienvenidos. Sobre su pregunta, hay investigaciones por hechos muy graves en las que se menciona la presunta participación de periodistas. En algunos casos se trata de la supuesta colaboración de unos de ellos con grupos armados ilegales. En otros, aparecen señalados de conspirar, aprovechando la profesión del periodismo, para perjudicar a personas e instituciones. Lo grave es que se estaría utilizando el cargo de reportero no para informar sino para favorecer intereses particulares e, incluso, para incidir en decisiones judiciales.

¿Qué hará usted cuando salga de la institución: saldrá del país o aspirará a la Procuraduría o a una alta Corte como se ha dicho?

Tomaré unas cortas vacaciones e intentaré retomar las rutinas de un ciudadano común. Algo tengo muy claro: quiero aportar, por ejemplo, a la consolidación de la paz en Colombia. No descarto continuar en un cargo público y por supuesto las opciones que usted plantea son muy interesantes. Por ahora estoy concentrado en terminar esta tarea con todo el compromiso y con lo que ello implica en materia de garantía de los derechos de los colombianos.

Se ha dicho en varios medios que a usted le conviene quedarse en la Fiscalía hasta diciembre y que por eso la Corte Suprema no ha elegido nuevo Fiscal General…

Esa es una interpretación macabra. Cuando uno ya sabe, como lo sé yo después de cuatro años de estar en este puesto, a lo que se tiene que enfrentar - entre otras cosas a este tipo de críticas sin sustento -, es absurdo pensar que se quiera atornillar al cargo. Como lo he dicho en varias ocasiones, mi deber como vicefiscal fue, precisamente, estar listo para reemplazar al Fiscal General temporalmente o cuando ya hubiera terminado su periodo. Y lo cumpliré con responsabilidad hasta cuando haya elección en la Corte Suprema.

Distanciados del Gobierno

El exfiscal Montealegre lanzó duras críticas contra Santos, De la Calle y Cristo. ¿Comparte esas afirmaciones?

Comparto las preocupaciones que manifestó el exfiscal Montealegre sobre los ataques que está viviendo la justicia. A los magistrados, jueces y fiscales hay que apoyarlos y protegerlos porque han contribuido con el mantenimiento de la democracia en la guerra. Coincido con él en las críticas al equilibrio de poderes. Esa reforma va en desmedro de la autonomía de la rama en una coyuntura en que una justicia robusta es crucial. He apoyado también la tesis del exfiscal sobre los acuerdos especiales para el pacto de paz, por lo que entiendo su molestia con el Gobierno: compartió con Presidencia esas tesis jurídicas; más tarde, el Gobierno respondió de otra manera ante la Corte y, al final, el mismo Gobierno terminó aceptando lo que el doctor Montealegre propuso.

Sobre las críticas al equilibrio de poderes, lo más preocupante es que quien coincidía con el exfiscal  era el candidato a la Fiscalía que hoy tiene el voto mayoritario de los magistrados favorecidos con esa tesis: vuelve “el yo te ayudo, tú me eliges. ¿No es una tragedia?

Por más cáscaras que me ponga, usted no va a lograr que yo diga una sola palabra sobre la elección del próximo fiscal.

¿Jurisdicción especial para los homicidas de Jaime Garzón?

Estamos a las puertas de un proceso de paz. Por lo tanto, la pregunta es pertinente: ¿los responsables del asesinato de Jaime Garzón podrían recibir tratamiento especial de Justicia y Paz, sistema en que se podrá condonar o reducir penas a quienes hayan sido actores del conflicto?

El acuerdo sobre las víctimas del conflicto suscrito por las Farc y el Gobierno establece que la Jurisdicción para la Paz se encargará de los delitos relacionados con el conflicto armado. Aún falta que las partes en La Habana y el Congreso especifiquen qué significa y qué cubrirá ese régimen, y por eso es prematuro decir con certeza qué entrará o quedará por fuera de la jurisdicción. Lo que sí puedo decirle es que este crimen fue concertado y puesto en marcha por actores del conflicto, dentro de esa lógica. Al menos una parte del raciocinio para la perpetración del homicidio del periodista Jaime Garzón está asociada con la ventaja estratégica que se imaginaron que adquirirían algunos actores paramilitares y de las Fuerzas Militares. Por lo tanto, es posible que los uniformados que resultarían involucrados en el crimen, pasen a responder por este ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso no se puede descartar del todo.