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Uno de los grandes contratiempos que ha vivido la cantante Shakira a lo largo de este año 2018 que está a punto de terminar, al margen de esos problemas vocales que le obligaron a posponer el comienzo de su ya finalizada gira mundial, ha sido sin duda la investigación que abrió la Agencia Tributaria española contra ella al considerar que habría defraudado a las arcas públicas nada menos que 14,5 millones de euros desde que estableciera su residencia en ese país a finales de 2011. (Le puede interesar: Denuncian a Shakira por presunto delito fiscal)
En este sentido, y aunque parecía que el delicado asunto iba a desembocar en algún tipo de sanción administrativa con la que reparar un supuesto error y cerrar definitivamente el caso, la pesadilla vuelve a resurgir a escasas semanas para despedir el año con la noticia de que la fiscalía ha decidido directamente interponer una querella contra la estrella del pop que derivará en la apertura de una "causa penal", según informa el diario El País citando fuentes del entorno de Hacienda.
La decisión del ministerio público se fundamentaría no solo en las acusaciones que la autoridad tributaria vierte contra Shakira en el informe final de sus pesquisas, alegando que la intérprete podría haber incurrido en un delito de evasión fiscal al no haber abonado sus correspondientes impuestos de renta y patrimonio entre los años 2012 y 2014; sino también en la posibilidad de que hubiera recurrido deliberadamente a ciertas tácticas irregulares para eludir sus responsabilidades con el fisco, como la de fingir que residía en las islas Bahamas.
Es en este último punto, el del país donde verdaderamente residía Shakira a efectos fiscales en los años 2012, 2013 y 2014, en el que chocan radicalmente las posturas presentadas por ambas partes, ya que la defensa de la artista colombiana no ha tardado en salir al paso de la noticia para lamentar, en primer lugar, que la fiscalía pretenda abrir un proceso penal cuando "tendrían que haber probado primero que vivía aquí, algo que no han hecho" y, además, por haber recurrido a la vía penal para dirimir una disputa que se enmarcaría claramente en el ámbito "técnico-jurídico".
Los abogados de Shakira también hacen hincapié en el hecho de que la propia Agencia Tributaria habría reconocido en el informe que no hay pruebas concluyentes que demuestren que la cantante pasó más de la mitad de cada uno de esos años en territorio español, lo que establece la ley tributaria para determinar que un individuo es oficialmente residente a efectos fiscales y, por tanto, que ha de declarar todos y cada uno de los rendimientos de su trabajo.