"La 'comunidad del anillo' reinó en 10 cursos de la Policía"

Abogado Vergara, ¿a quién representa usted en esta historia que involucra el presunto asesinato de una cadete y la existencia de una supuesta red de prostitución homosexual en la Policía?

Represento a los padres de Lina Maritza Zapata, la alférez de 21 años de edad que murió el 25 de enero del año 2006 en circunstancias que todavía son objeto de investigación. Soy el abogado de Adiela Gómez y Hernando Zapata Marín, los padres de la fallecida.

¿Lina Maritza era cadete o alférez como dice usted?

Era cadete, pero faltaban pocas horas para la ceremonia en que sería ascendida a alférez cuando su cuerpo apareció en los dormitorios en donde supuestamente se suicidó.

¿Hubo dictamen de Medicina Legal que certificara el suicidio de Lina Maritza?

No. El cadete que la encontró reportó el hecho a un mayor y éste a sus superiores. Pero, en vez de que ellos acudieran al CTI de la Fiscalía para que verificara lo que había sucedido, llamaron a un experto en balística de la Sijín, de la misma Policía. Allí se perdió la transparencia del manejo del caso.

¿Por qué?

Porque la escena fue alterada y esta afirmación se soporta en los siguientes hechos: el patrón de manchas de sangre no coincidía con la posición del cuerpo; el arma cayó a un costado del pie izquierdo y ella era diestra; el orificio de la bala, sin embargo, entró por el parietal derecho, pero curiosamente, en la mano derecha Lina tenía un sable, es decir, en la misma mano con la que presuntamente se disparó. Ella cayó en posición decúbito dorsal, es decir, la espalda contra el piso. Esto indica que el sable no habría respondido a la ley de gravedad. Por todo esto, la propia Fiscalía certificó que se alteró la escena y dijo que por eso era imposible certificar un suicidio.

¿La familia sospechó algo inmediatamente?

No. Inicialmente la familia se atuvo al informe oficial. La historia quedó así durante un tiempo.

¿Cuándo surgieron las dudas?

Cuando la señora Adiela, madre de Lina, buscó a algunos compañeros de su hija porque los mandos de la Escuela (General Santander) no le daban una explicación convincente y, en diálogo con ellos, se enteró de que allí había una red de prostitución homosexual que se conocía como la “comunidad del anillo”.

Pero miembros de la Policía niegan que esa comunidad haya existido.

Claro, si uno va a la Cámara de Comercio no va a encontrar una razón social con ese nombre, pero hay suficiente evidencia de que varias promociones de cadetes de la Escuela pertenecieron a ella o conocen su existencia. La madre de Lina formuló una queja ante la Procuraduría porque fue informada de que su hija murió por haberse enterado de esa red cuando un compañero de curso le reveló detalles sobre la misma.

¿Quiénes habrían pertenecido a la “comunidad del anillo” y qué alcance tuvo?

De acuerdo con las declaraciones judiciales de varios muchachos que pertenecieron a ella, había un listado de más de 300 personas de la comunidad. Dijeron que eran llevados fuera de la Escuela, irregularmente, a prestar servicio al estadio y que de allí los trasladaban al Congreso. Un coronel de la Policía era el instigador de toda la operación y era el mismo que los escogía, les daba dinero y regalos. Esa historia que tiene muchos testigos dentro del proceso, se archivó, pese a los testimonios, en la Procuraduría.

¿Para qué los llevaban al Congreso? ¿Para ofrecerles favores sexuales a unos parlamentarios?

Aparentemente sí. Todavía nos queda mucho terreno por descubrir, pero lo que sabemos por fuentes no formales es que habría “oferta” de cadetes a congresistas, empresarios e incluso a grupos de autodefensa.

Pero, ¡eso es un escándalo de magnitud mayor!
Claro que sí. Los testigos han afirmado que el coronel instigador tenía un ayudante, también oficial, que hacía la “avanzada” en la Escuela cuando necesitaba muchachos y que sus jefes inmediatos sabían la existencia de esa red, cómo operaba y cuándo se necesitaba sacarlos de la Escuela. Nadie parecía oponerse.

¿Cuál era el enorme poder que tenía el instigador de la red para hacer lo que quisiera sin oposición de nadie?

Debe haber varias razones, pero aquí hay una: él era la persona que hacía lobby a nombre de la Policía en el Congreso para que aprobaran los ascensos de los oficiales. Conocía a los senadores y el manejo interno del Parlamento. Uno de los que estaba en turno para ascenso era, precisamente, el entonces director de la Escuela. El organizador de la red, que no tenía cargo alguno en la Escuela, iba casi todas las tardes allá sin que nadie le preguntara a qué; llegaba a la plazoleta de comidas, abría la camioneta y empezaba a entregar regalos y a preguntar por el nombre de los muchachos que veía y le gustaban. Los que más le llamaban la atención eran los de aspecto atlético, ojos claros y cierto perfil. Los alumnos antiguos empezaban a meter a la red al que iba llegando.

¿Cuánto tiempo existió esa comunidad, según los testimonios judicializados?

Se mantuvo desde el curso 79 hasta el 90, con excepción del 87.

¿Estamos hablando en términos de años?

No, en términos de promociones. La “comunidad del anillo” “reinó”, como decía el coronel organizador, desde el año 2000 hasta el 2007 y 2008.

Y, ¿por qué el curso 87 no fue involucrado en la red?

Porque eran profesionales que iban a hacer curso de oficiales. Tenían una formación universitaria y eran de mayor edad. La red no se atrevió con ellos y por eso se saltaron esa promoción.

¿Qué sucedió con la investigación penal?

La Fiscalía también la cerró en marzo de 2011, no obstante, que sus mismos investigadores certificaron que hubo alteración de la escena, lo que ya de por sí constituye un delito, igual que la inducción a la prostitución, otro posible delito.

Pero hoy está abierto el caso. ¿Cómo y por qué se decidió la reapertura del mismo?

La familia de Lina Maritza obtuvo nueva evidencia mediante la declaración de un oficial retirado que decidió darle una entrevista grabada. Él aseguró que cuando pertenecía a la Escuela vio a un mayor, que hoy es coronel, prendiéndole fuego al uniforme y a las prendas íntimas de la alférez después de encontrado su cuerpo. Y que cuando ese mayor se dio cuenta de que el declarante estaba observándolo, le dijo que estaba quemando la ropa por órdenes del director de la Escuela (en 2006), y que éste le había pedido absoluta confidencialidad. Esa declaración le fue entregada a la Fiscalía en junio del año pasado y por eso se reabrió la investigación.

Los uniformados que habrían tenido que ver con esos hechos, ¿salieron ya de la Policía o permanecen activos?

Hay varios entre quienes pertenecieron a la “comunidad del anillo” que entonces eran cadetes o alférez, y que ahora siguen siendo oficiales activos. Algunos de ellos, que contaron bajo juramento cómo operaba la red y quién la organizaba, están haciendo curso para ascender a capitán.

¿No cree que se retractarán en vista de que ahora están más comprometidos con la institución?

El problema para ellos es que en materia penal uno no puede estar diciendo una cosa hoy y otra mañana, porque lo que se afirma bajo la gravedad del juramento tiene consecuencias penales. Y sus afirmaciones, que están en el proceso desde 2006, son claras, contundentes y precisas.

Si los declarantes hicieron esas afirmaciones, también aceptaron que eran parte de la red.

Ellos no dicen qué hicieron o a cambio de qué recibieron dádivas. Sin embargo, es evidente que sabían de qué se trataba y a cuál actividad se iban a enfrentar. Y que la consintieron por necesidad, porque se sintieron presionados, por el poder de quien los instigaba o por las circunstancias que se vivían en la Escuela de Cadetes.

Deme un ejemplo de una frase de un declarante en que acepte la red y su participación en ella.
Uno de ellos dice textualmente: “Mi coronel me decía que le ayudara con otros compañeros míos, como XX por el que ofreció $4 millones, para que tuviera relaciones sexuales con él”. ¿Por qué aceptaban? Como les decía el instigador, porque esas actividades eran el camino para “reinar”.

¿Entre los oficiales de mayor rango hubo alguno que denunciara los escandalosos hechos en esa época?
Sí. Uno de ellos que se atrevió a denunciar los hechos tuvo un final triste.

¿Cuál final?
A partir del momento en que habló se le presentaron problemas y obstáculos en su carrera: lo trasladaron a un lugar alejado, lo involucraron después en un episodio que al parecer fue preparado por Inteligencia de la Policía como retaliación y terminó condenado por secuestro.

¿Se puede determinar oficiales de cuántos y de cuáles grados estuvieron involucrados por acción o por omisión?

Por lo que obra en el proceso, se trataba de una red con muchas ramificaciones que involucran, incluso, a oficiales de alta graduación más antiguos que el organizador. Sus nombres no se pueden suministrar por reserva de la investigación, pero se puede decir que había personas de muy alto rango.

¿Cree que hoy, cuando los mandos han cambiado, es posible adelantar una investigación seria sobre estos hechos?

La Policía Nacional ha ofrecido por diferentes medios su colaboración para que esta situación se aclare de una vez por todas. Pero uno encuentra muchas contradicciones entre lo que dicen unos y otros. Por ejemplo, uno de la cúpula aseguró que la “comunidad del anillo” es un cuento, pero el general Palomino admitió su existencia.

¿Les han llegado nuevos testigos y nuevos datos?
Ha llegado mucha información nueva y tenemos fuentes que nos han ofrecido fotografías, videos y otros elementos probatorios. La gente, que en su momento se consideró agredida y que no habló por temor, quiere hacerlo ahora. El objetivo de todo esto no sólo es que se determine la gravedad de lo que sucedió con la red de prostitución, sino si esa red tuvo relación directa con la muerte de Lina Maritza.

¿Es cierto que esta investigación ha estado rodeada de amenazas e intimidaciones hacia la familia de la alférez, de usted y de algunos posibles testigos?
El proceso tiene unos episodios por lo menos extraños: la primera persona que llegó al lugar de los hechos fue trasladada de la Escuela a la Presidencia de la República pocos días después. Y después, estando en una comisión fuera de Bogotá, apareció sin vida con una herida de arma de fuego, presuntamente en un hecho accidental. Era un incidente inexplicable porque ese uniformado era experto en el manejo de armas. Él, días antes de su muerte, se había contactado con la familia de Lina para decirle que había decidido aportar información muy valiosa.

¿En cuanto a qué?

Sabemos que podría haber querido hablar sobre un catálogo con fotos de los muchachos y los precios en que se tasaban. Otro testigo referenció la existencia del mismo catálogo. Cuando la madre de Lina empezó a indagar sobre lo sucedido, empezó a recibir amenazas hasta cuando tuvo que salir del país. El capitán que se atrevió a denunciar la red fue quien terminó siendo perseguido y con líos judiciales. Yo, que soy el abogado de la familia, he sido objeto de seguimientos, filmaciones y amenazas mediante mensajes a mi celular. Varios periodistas que han informado sobre este asunto también recibieron amenazas telefónicas.

¿Para qué y por qué viajó este fin de semana a Washington?

Porque voy a visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para radicar una demanda en la que explico el caso de Lina Maritza Zapata y las pruebas que hay sobre la existencia de la “comunidad del anillo”. Y voy a explicar que han pasado ocho años sin que el Estado colombiano haya resuelto el caso ni haya descubierto la verdad. Y, concretamente, vamos a pedir medidas para los testigos que están apareciendo y que necesitan protección.

Abogado Vergara, ¿a quién representa usted en esta historia que involucra el presunto asesinato de una cadete y la existencia de una supuesta red de prostitución homosexual en la Policía?

Represento a los padres de Lina Maritza Zapata, la alférez de 21 años de edad que murió el 25 de enero del año 2006 en circunstancias que todavía son objeto de investigación. Soy el abogado de Adiela Gómez y Hernando Zapata Marín, los padres de la fallecida.

¿Lina Maritza era cadete o alférez como dice usted?

Era cadete, pero faltaban pocas horas para la ceremonia en que sería ascendida a alférez cuando su cuerpo apareció en los dormitorios en donde supuestamente se suicidó.

¿Hubo dictamen de Medicina Legal que certificara el suicidio de Lina Maritza?

No. El cadete que la encontró reportó el hecho a un mayor y éste a sus superiores. Pero, en vez de que ellos acudieran al CTI de la Fiscalía para que verificara lo que había sucedido, llamaron a un experto en balística de la Sijín, de la misma Policía. Allí se perdió la transparencia del manejo del caso.

¿Por qué?

Porque la escena fue alterada y esta afirmación se soporta en los siguientes hechos: el patrón de manchas de sangre no coincidía con la posición del cuerpo; el arma cayó a un costado del pie izquierdo y ella era diestra; el orificio de la bala, sin embargo, entró por el parietal derecho, pero curiosamente, en la mano derecha Lina tenía un sable, es decir, en la misma mano con la que presuntamente se disparó. Ella cayó en posición decúbito dorsal, es decir, la espalda contra el piso. Esto indica que el sable no habría respondido a la ley de gravedad. Por todo esto, la propia Fiscalía certificó que se alteró la escena y dijo que por eso era imposible certificar un suicidio.

¿La familia sospechó algo inmediatamente?

No. Inicialmente la familia se atuvo al informe oficial. La historia quedó así durante un tiempo.

¿Cuándo surgieron las dudas?

Cuando la señora Adiela, madre de Lina, buscó a algunos compañeros de su hija porque los mandos de la Escuela (General Santander) no le daban una explicación convincente y, en diálogo con ellos, se enteró de que allí había una red de prostitución homosexual que se conocía como la “comunidad del anillo”.

Pero miembros de la Policía niegan que esa comunidad haya existido.

Claro, si uno va a la Cámara de Comercio no va a encontrar una razón social con ese nombre, pero hay suficiente evidencia de que varias promociones de cadetes de la Escuela pertenecieron a ella o conocen su existencia. La madre de Lina formuló una queja ante la Procuraduría porque fue informada de que su hija murió por haberse enterado de esa red cuando un compañero de curso le reveló detalles sobre la misma.

¿Quiénes habrían pertenecido a la “comunidad del anillo” y qué alcance tuvo?

De acuerdo con las declaraciones judiciales de varios muchachos que pertenecieron a ella, había un listado de más de 300 personas de la comunidad. Dijeron que eran llevados fuera de la Escuela, irregularmente, a prestar servicio al estadio y que de allí los trasladaban al Congreso. Un coronel de la Policía era el instigador de toda la operación y era el mismo que los escogía, les daba dinero y regalos. Esa historia que tiene muchos testigos dentro del proceso, se archivó, pese a los testimonios, en la Procuraduría.

¿Para qué los llevaban al Congreso? ¿Para ofrecerles favores sexuales a unos parlamentarios?

Aparentemente sí. Todavía nos queda mucho terreno por descubrir, pero lo que sabemos por fuentes no formales es que habría “oferta” de cadetes a congresistas, empresarios e incluso a grupos de autodefensa.

Pero, ¡eso es un escándalo de magnitud mayor!
Claro que sí. Los testigos han afirmado que el coronel instigador tenía un ayudante, también oficial, que hacía la “avanzada” en la Escuela cuando necesitaba muchachos y que sus jefes inmediatos sabían la existencia de esa red, cómo operaba y cuándo se necesitaba sacarlos de la Escuela. Nadie parecía oponerse.

¿Cuál era el enorme poder que tenía el instigador de la red para hacer lo que quisiera sin oposición de nadie?

Debe haber varias razones, pero aquí hay una: él era la persona que hacía lobby a nombre de la Policía en el Congreso para que aprobaran los ascensos de los oficiales. Conocía a los senadores y el manejo interno del Parlamento. Uno de los que estaba en turno para ascenso era, precisamente, el entonces director de la Escuela. El organizador de la red, que no tenía cargo alguno en la Escuela, iba casi todas las tardes allá sin que nadie le preguntara a qué; llegaba a la plazoleta de comidas, abría la camioneta y empezaba a entregar regalos y a preguntar por el nombre de los muchachos que veía y le gustaban. Los que más le llamaban la atención eran los de aspecto atlético, ojos claros y cierto perfil. Los alumnos antiguos empezaban a meter a la red al que iba llegando.

¿Cuánto tiempo existió esa comunidad, según los testimonios judicializados?

Se mantuvo desde el curso 79 hasta el 90, con excepción del 87.

¿Estamos hablando en términos de años?

No, en términos de promociones. La “comunidad del anillo” “reinó”, como decía el coronel organizador, desde el año 2000 hasta el 2007 y 2008.

Y, ¿por qué el curso 87 no fue involucrado en la red?

Porque eran profesionales que iban a hacer curso de oficiales. Tenían una formación universitaria y eran de mayor edad. La red no se atrevió con ellos y por eso se saltaron esa promoción.

¿Qué sucedió con la investigación penal?

La Fiscalía también la cerró en marzo de 2011, no obstante, que sus mismos investigadores certificaron que hubo alteración de la escena, lo que ya de por sí constituye un delito, igual que la inducción a la prostitución, otro posible delito.

Pero hoy está abierto el caso. ¿Cómo y por qué se decidió la reapertura del mismo?

La familia de Lina Maritza obtuvo nueva evidencia mediante la declaración de un oficial retirado que decidió darle una entrevista grabada. Él aseguró que cuando pertenecía a la Escuela vio a un mayor, que hoy es coronel, prendiéndole fuego al uniforme y a las prendas íntimas de la alférez después de encontrado su cuerpo. Y que cuando ese mayor se dio cuenta de que el declarante estaba observándolo, le dijo que estaba quemando la ropa por órdenes del director de la Escuela (en 2006), y que éste le había pedido absoluta confidencialidad. Esa declaración le fue entregada a la Fiscalía en junio del año pasado y por eso se reabrió la investigación.

Los uniformados que habrían tenido que ver con esos hechos, ¿salieron ya de la Policía o permanecen activos?

Hay varios entre quienes pertenecieron a la “comunidad del anillo” que entonces eran cadetes o alférez, y que ahora siguen siendo oficiales activos. Algunos de ellos, que contaron bajo juramento cómo operaba la red y quién la organizaba, están haciendo curso para ascender a capitán.

¿No cree que se retractarán en vista de que ahora están más comprometidos con la institución?

El problema para ellos es que en materia penal uno no puede estar diciendo una cosa hoy y otra mañana, porque lo que se afirma bajo la gravedad del juramento tiene consecuencias penales. Y sus afirmaciones, que están en el proceso desde 2006, son claras, contundentes y precisas.

Si los declarantes hicieron esas afirmaciones, también aceptaron que eran parte de la red.

Ellos no dicen qué hicieron o a cambio de qué recibieron dádivas. Sin embargo, es evidente que sabían de qué se trataba y a cuál actividad se iban a enfrentar. Y que la consintieron por necesidad, porque se sintieron presionados, por el poder de quien los instigaba o por las circunstancias que se vivían en la Escuela de Cadetes.

Deme un ejemplo de una frase de un declarante en que acepte la red y su participación en ella.
Uno de ellos dice textualmente: “Mi coronel me decía que le ayudara con otros compañeros míos, como XX por el que ofreció $4 millones, para que tuviera relaciones sexuales con él”. ¿Por qué aceptaban? Como les decía el instigador, porque esas actividades eran el camino para “reinar”.

¿Entre los oficiales de mayor rango hubo alguno que denunciara los escandalosos hechos en esa época?
Sí. Uno de ellos que se atrevió a denunciar los hechos tuvo un final triste.

¿Cuál final?
A partir del momento en que habló se le presentaron problemas y obstáculos en su carrera: lo trasladaron a un lugar alejado, lo involucraron después en un episodio que al parecer fue preparado por Inteligencia de la Policía como retaliación y terminó condenado por secuestro.

¿Se puede determinar oficiales de cuántos y de cuáles grados estuvieron involucrados por acción o por omisión?

Por lo que obra en el proceso, se trataba de una red con muchas ramificaciones que involucran, incluso, a oficiales de alta graduación más antiguos que el organizador. Sus nombres no se pueden suministrar por reserva de la investigación, pero se puede decir que había personas de muy alto rango.

¿Cree que hoy, cuando los mandos han cambiado, es posible adelantar una investigación seria sobre estos hechos?

La Policía Nacional ha ofrecido por diferentes medios su colaboración para que esta situación se aclare de una vez por todas. Pero uno encuentra muchas contradicciones entre lo que dicen unos y otros. Por ejemplo, uno de la cúpula aseguró que la “comunidad del anillo” es un cuento, pero el general Palomino admitió su existencia.

¿Les han llegado nuevos testigos y nuevos datos?
Ha llegado mucha información nueva y tenemos fuentes que nos han ofrecido fotografías, videos y otros elementos probatorios. La gente, que en su momento se consideró agredida y que no habló por temor, quiere hacerlo ahora. El objetivo de todo esto no sólo es que se determine la gravedad de lo que sucedió con la red de prostitución, sino si esa red tuvo relación directa con la muerte de Lina Maritza.

¿Es cierto que esta investigación ha estado rodeada de amenazas e intimidaciones hacia la familia de la alférez, de usted y de algunos posibles testigos?
El proceso tiene unos episodios por lo menos extraños: la primera persona que llegó al lugar de los hechos fue trasladada de la Escuela a la Presidencia de la República pocos días después. Y después, estando en una comisión fuera de Bogotá, apareció sin vida con una herida de arma de fuego, presuntamente en un hecho accidental. Era un incidente inexplicable porque ese uniformado era experto en el manejo de armas. Él, días antes de su muerte, se había contactado con la familia de Lina para decirle que había decidido aportar información muy valiosa.

¿En cuanto a qué?

Sabemos que podría haber querido hablar sobre un catálogo con fotos de los muchachos y los precios en que se tasaban. Otro testigo referenció la existencia del mismo catálogo. Cuando la madre de Lina empezó a indagar sobre lo sucedido, empezó a recibir amenazas hasta cuando tuvo que salir del país. El capitán que se atrevió a denunciar la red fue quien terminó siendo perseguido y con líos judiciales. Yo, que soy el abogado de la familia, he sido objeto de seguimientos, filmaciones y amenazas mediante mensajes a mi celular. Varios periodistas que han informado sobre este asunto también recibieron amenazas telefónicas.

¿Para qué y por qué viajó este fin de semana a Washington?

Porque voy a visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para radicar una demanda en la que explico el caso de Lina Maritza Zapata y las pruebas que hay sobre la existencia de la “comunidad del anillo”. Y voy a explicar que han pasado ocho años sin que el Estado colombiano haya resuelto el caso ni haya descubierto la verdad. Y, concretamente, vamos a pedir medidas para los testigos que están apareciendo y que necesitan protección.