"Me dijeron que están ofreciendo $50 millones por mí"

El cabo segundo John Lewis Rivas, testigo de la tenebrosa época de los falsos positivos de 2007 y 2008 en la región de Ocaña y a quien acaban de retirar con sanción del Ejército, relata la odisea que ha vivido desde cuando decidió revelar lo que vio en el Batallón Santander. Teme por su vida y la de su familia y asegura tener serias informaciones de que hay oferta, en dinero, por su cabeza.

¿A cuál batallón estuvo asignado y por qué fue testigo de “falsos positivos” (asesinatos de civiles por militares) cometidos, principalmente, entre los años 2007 y 2008 en la zona de Ocaña?

Ingresé al Ejército en septiembre de 2004 y fui ascendido en 2006 a cabo tercero. En ese momento me trasladaron al Batallón Francisco de Paula Santander, en Ocaña. En cuanto llegué, me asignaron a la Sección Segunda (Inteligencia) y al sistema de apoyo a operaciones del área. Por las tareas que tenía que hacer, pude darme cuenta de lo que estaba sucediendo.

¿Cuál fue y cómo ocurrió el primer falso positivo del que usted tuvo noticia en su batallón?

En julio de 2007, el capitán Chaparro Juan Carlos, oficial de operaciones del batallón, me dio la orden de integrarme a esa sección. El 31 de ese mismo mes se hizo una reunión en la que participaron el comandante del batallón, coronel Álvaro Diego Tamayo; el capitán Chaparro, el subteniente Rodríguez Piraquive, el sargento Obando y el cabo Pérez Contreras, jefe de la sección. En la reunión se organizó una operación “caza-retén” en la que se iba a “neutralizar” a unos supuestos asaltantes. Se iba a hacer un falso positivo en la vía de Ábrego a Ocaña.

¿Usted estuvo en la reunión?

No, pero estaba en la oficina en la que se realizó, la misma de la sección en que yo trabajaba.

¿Cómo supo lo que se estaba organizando?

Porque se planeó llegar a un punto determinado y dijeron que en cuanto se bajaran del vehículo, iban a disparar. Irían vestidos de civil y eso no se hace en una operación regular. Se llevaron un revólver calibre 38 con munición para “montársela” a una de las víctimas, según dijo mi cabo Pérez, quien aseguró que con una pistola que le habían asignado a él y ese revólver era suficiente para plantárselas a los cuerpos. Esa noche, como a las 7 u 8, el Trooper asignado al segundo comandante del batallón, mi mayor Fabio Estupiñán, recogió al grupo encabezado por mi teniente Rodríguez.

¿Cuántas horas después regresaron y quién le contó lo que había pasado?

Regresaron entre las 9 y 10 de la noche y reportaron dos bajas, supuestamente de bandas criminales. Contaron que un tercer individuo había quedado herido y que había sido trasladado a un hospital de Cúcuta. Se pusieron en contacto con el B-2 (Inteligencia) de la Brigada 30 y mandaron a asesinar al herido. Mi cabo Pérez dijo que estaba muy preocupado porque “los podía embalar”. Él fue quien habló con quienes iban a ejecutar al herido.

Al otro día, mi cabo llamó al soldado Palomino, que era el jefe de los reclutadores de víctimas, y lo felicitó: “muy bien por el trabajo de ayer”. De todos los hechos quedaban pruebas por las actas que había que hacer, pues siempre que había falsos positivos, se les tomaban fotos a los cuerpos en donde caían, antes de que llegara la Fiscalía.

¿Para qué tomaban fotos?

Para anexarlas a las actas de pago de recompensas que se hacían efectivas con dinero de los gastos reservados.

¿Cuál era su trabajo en el batallón? ¿A qué se dedicaba?

Se me asignó como suboficial criptógrafo de la Sección Segunda. Yo era quien manejaba los archivos en el computador y quien tenía que organizar la documentación de las carpetas de bajas, porque con estas se soportaba el pago de recompensas. El día de ese falso positivo, cuando llegaron a la oficina, yo estaba ahí. Y mi cabo Pérez descargó las fotos en ese computador. Al otro día tuve que elaborar el acta correspondiente para el pago de la recompensa por esas dos bajas y por el material de guerra que supuestamente pertenecía a las personas muertas.

¿Cómo funcionaba el sistema de recompensas?

En esa época estaba vigente la directiva 029 (de noviembre de 2005 del Ministerio de Defensa), que establecía los precios de las bajas (en seres humanos) y de los materiales de guerra que se recuperaban. A cada baja y material recuperado les correspondían sus respectivas recompensas.

¿El material que presuntamente recuperaban de las bajas también tenía señalado un pago en dinero?

Sí. Se solicitaba una recompensa adicional.

O sea, en ese caso, ¿se pagó recompensa por las dos armas que sacaron de la propia sección de Inteligencia del batallón?

Sí. Yo tuve que preparar la documentación para hacer la solicitud a la Dirección de Inteligencia por intermedio del jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Brigada 30. Un mes o dos meses después llegaba la plata, pero debían enviarse, completas, las actas de soporte, el radiograma con la orden de operación firmada por el comandante del batallón, el acta de levantamiento de las bajas, las fotografías. El acta de recompensa también iba firmada por el comandante y por cinco oficiales más.

¿Los familiares de los muertos reclamaban por lo que les había sucedido?

Pocos, porque las víctimas eran seleccionadas de zonas distantes a Ocaña. Tuve que atender a la esposa de una baja que viajó desde Medellín a preguntar por él. Ella estaba muy extrañada pues, según dijo, su marido le explicó que iba a viajar porque le habían hecho una oferta de trabajo. También dijo que era raro que lo vincularan con grupos armados con los que jamás había tenido relación. No supe qué contestarle. Y solo le aconsejé que reclamara el cuerpo y se fuera.

¿Nunca hubo una investigación militar interna o de cualquier otro organismo oficial por esos casos que, en todo caso, se notaba que eran raros?

En ese tiempo no se sabía mucho sobre los falsos positivos. Contrainteligencia militar nos vigilaba y es seguro que sabía lo que estaba pasando, pero nunca hizo nada al respecto. Cuando traté de revelarles a otros de mis superiores lo que estaba pasando, nunca encontré respuesta. Todos guardaban silencio.

¿Cuánta operaciones de falsos positivos ocurrieron en Ocaña en esa época?

Por lo menos hubo unos 25 operativos de ese tipo. Casi todas las víctimas eran trasladadas allá por los reclutadores desde Soacha, Aguachica, Bucaramanga y, en unas ocasiones, de la misma Ocaña.

¿Cuántos cadáveres vio?

Recuerdo varios casos que me impresionaron mucho. Por ejemplo, el 4 de septiembre de 2007 fueron asesinados dos muchachos de Aguachica que fueron llevados al batallón por el soldado Palomino. Los mataron en la vía Ocaña-Aguachica y fueron ejecutados por el grupo localizador Boyacá 22, que cumplía órdenes específicas del comandante del batallón. A estas víctimas les pusieron una escopeta calibre 16 y una pistola Pietro Beretta asignada a Palomino. Ese día me dieron la orden de ir a la Fiscalía Seccional de Ocaña para que esta hiciera el levantamiento de los cadáveres. Saliendo del batallón me encontré con Palomino, quien me dijo que esos “manes fueron duros de tumbar”.

¿Es cierto que uno de los oficiales que participaron en esos asesinatos fue premiado con un curso de derechos humanos en el exterior?

Es cierto. En noviembre de ese año se planeó otra operación de falsos positivos que organizaron el comandante del batallón, el comandante del grupo localizador y otros oficiales y suboficiales, entre ellos quien reemplazaba al sargento Consuegra, que había sido enviado a Estados Unidos para que hiciera un curso de derechos humanos como premio a su trabajo. Los jefes lo premiaron por los falsos positivos. En esa ocasión mataron a otros dos muchachos que Palomino y un soldado del Batallón Santander habían reclutado en Bucaramanga. Yo mismo tuve que entregarle al soldado $1 millón en efectivo que me dio el coronel Tamayo por el joven que él entregó para matarlo.

¿Con qué periodicidad hacían las ejecuciones extrajudiciales?

Con bastante frecuencia. El 12 de enero de 2008 hubo otra baja en el corregimiento La Soledad, del municipio de Ábrego, de una víctima cuyo nombre era, según el acta que me tocó elaborar, Fair Leonardo Porras Bernal. Tres días después, asesinaron a dos más en la vereda El Tabaco. Entonces ya estaba de regreso el sargento Consuegra, que acababa de terminar el curso de derechos humanos en Estados Unidos.

Es decir, ¿fue al curso de derechos humanos en Estados Unidos después de participar en varios asesinatos a sangre fría y cuando volvió siguió haciendo lo mismo?

Así fue. Esa noche el grupo localizador fue a un salón de billar que tenía el soldado Palomino. Concluí que allí era donde secuestraban a las víctimas, porque Palomino era reclutador. Salieron con un fusil AK-47, una granada de mano y un revólver calibre 38 con su respectiva munición. Y después reportaron esas dos bajas como N.N. con ese material que acababan de sacar de la sección.

¿Nadie notaba que eran las mismas armas que pertenecían al batallón?

Muchas de esas armas habían sido entregadas por desmovilizados, habían sido encontradas en caletas de la guerrilla o eran compradas a policías de Ocaña, de manera ilegal. Simplemente no se hacía el procedimiento de registro; se guardaban en el armerillo de la sección y después se usaban en los falsos positivos.

¿Cuándo fue trasladado de ese batallón?

El 4 de junio de ese año me enviaron a hacer curso básico de Inteligencia militar en la Escuela de Infantería Charry Solano. Presintiendo que algo me podía pasar, salí de las instalaciones militares el 3 en lugar del 4 y dije que volvería al otro día a despedirme. Nunca regresé. Dos meses después, el sargento Pérez me llamó y me dijo que me cuidara porque la orden de mi general Montoya, comandante del Ejército, era asesinar a todos los testigos de los falsos positivos. Y me reveló que ese 4 de junio, cuando yo iba a despedirme, tenían previsto ejecutar a dos jóvenes y que, para simular un combate real, iban a matar a un militar: a mí. Me salvé porque no llegué.

Tengo entendido que ese sargento Pérez está desaparecido. ¿Qué sabe sobre él?

La última vez que hablé con él me dijo que se iba porque en la Fiscalía no lo admitieron en el programa de protección de testigos a pesar de que confesó todo y de que entregó pruebas de sus afirmaciones. Me contó que le habían dicho que la orden del fiscal Mario Iguarán era favorecer a los generales que estuvieran involucrados en estos casos.

¿Cuándo se dio cuenta de que estaba siendo rechazado en su institución?

Cuando quise revelar todo lo que sabía, nadie hizo nada. Como dije, empecé a sentir que era un problema: fui segregado, discriminado, acosado laboralmente, perseguido y me abrían investigaciones por todo. Además, no me permitieron ascender y me privaron, finalmente, de la libertad desde el 2 de septiembre hasta el 21 de octubre de 2011, por orden de la justicia penal militar. Amigos me contaron que el juez y cuatro oficiales de la Brigada Móvil 22 se fueron a festejar mi detención en el Club Militar de Puente Aranda. Un militar me dijo, de frente, que me cuidara. No me estaba dando un consejo, sino que era una amenaza. Trabajaba en Inteligencia.

¿Cuántas investigaciones penales o disciplinarias le abrieron?

Más de 20, sin el mínimo respeto por el debido proceso, sin ninguna defensa e imponiéndome sanciones que no me notificaban. En 2014, mi general Lasprilla firmó, contra mí, una resolución de suspensión por un proceso disciplinario en unos hechos que ya había ganado en el proceso penal cuando fui atacado física y verbalmente por el teniente coronel Alvarado Burgos Pablo Gerardo. Lo demandé, pero lo absolvieron a él, el agresor, y me condenaron a mí, el agredido.

“Estoy siendo perseguido”

Responde el cabo segundo (r) John Rivas, 33 años de edad, oriundo de Quibdó, 12 años en las Fuerzas Militares.

¿Cuándo fue retirado del Ejército?
El 22 de marzo de este año, hace 20 días. Me impusieron diez años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

¿Por qué?
Por supuestamente haber atacado a mi superior. Como pude demostrar que yo era la víctima y no él, lo que hicieron fue cambiar la infracción que me atribuían por la de insubordinación. No me permitieron el ejercicio de mi defensa.

¿Ha acudido a la Procuraduría?
La Procuraduría trabaja para el Ejército y asesora a los oficiales de alto rango. Allá borraron todas las denuncias que hice sobre los falsos positivos.

¿Y en la Fiscalía?
El fiscal del caso pidió medidas de protección especiales y garantías laborales para mí desde junio de 2014, pero nunca se hicieron efectivas.

¿Cómo vive hoy?
Escondiéndome y viajando de un lado para otro, porque supe, directamente de informes militares, que están ofreciendo $50 millones por mi cabeza. Estoy siendo perseguido, espiado, tengo interceptados mi celular y mi correo electrónico. Y a mis familiares les hacen lo mismo.

Ejecuciones extrajudiciales de seis meses

Esa sucesión de falsos positivos, ¿podría configurar un exterminio?
“Podría llamarse así por la continuidad y por los grupos de víctimas. Le resumo lo que alcancé a ver, sólo en seis meses de 2008: en febrero mataron a dos muchachos de Ocaña a los que habían secuestrado en un parque de la ciudad. En marzo asesinaron a un chico -Julián Oviedo Monroy-, que habían llevado de Bogotá, al que reportaron como integrante del Eln. Junto a él mataron a otro que había llegado con él. A los pocos días una desmovilizada entregó a otro muchacho que también vivía en Ocaña. A él lo llevaron a las instalaciones nuestras hacia la una de la tarde. Lo amordazaron, lo golpearon con una pistola y le decían que lo iban a matar. Lo asesinaron cerca de un abismo. Una semana después secuestraron a un señor de Bucaramanga: lo encadenaron en la Sección Segunda hasta por la noche, cuando lo llevaron hacia Aguas Claras (Convención) para matarlo. Lo reportaron como cabecilla del Eln. Y pocos días más tarde hicieron pasar a otra víctima como “explosivista” de las Farc que iba a atentar contra la tropa. El explosivo que le plantaron fue preparado en la propia Sección Segunda. Esa noche, el sargento Pérez llevó a otra víctima que asesinaron en la madrugada. A su cuerpo le plantaron un fusil y un uniforme de la Policía que le compraron a “un polocho” de Ocaña por $1’200.000.