“No necesitamos una comisión de la verdad”

Su balance incluye el reconocimiento de que cumplir con las metas trazadas tomará entre 12 y 15 años más; y la revelación de que el país necesita un régimen jurídico equivalente al que les concede beneficios a los desmovilizados, para los miembros de la Fuerza Pública.

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Por qué mientras que 51 mil individuos se desmovilizaron, solo 3.900 están bajo el régimen de la Ley de Justicia y Paz? La diferencia entre una cifra y otra sugiere gran impunidad.

Comisionado Frank Pearl.- Este proceso no es perfecto. Primero, es importante reconocer que mientras no se sepa toda la verdad, habrá algo de impunidad. Segundo, recuerde que la Fiscalía es la entidad que decide cuáles procesos penales se abren. En la medida en que los fiscales vayan teniendo en un solo sistema de información los nombres, alias, fechas y hechos, se disminuirá la posibilidad de que alguien se salga con la suya. Tercero, hay dos aclaraciones por hacer: el 66% de los grupos ilegales se compone de personas que nunca estuvieron armadas  (auxiliares de logística, trabajo financiero, organización política etc.). Y 21 mil desmovilizados que salieron de grupos guerrilleros, están desde el principio, por fuera de Justicia y Paz.

C.O.T.- Tenga en cuenta que, según las estadísticas, entre esas tres mil 900 personas que se acogieron a la Ley, solo había 737 versiones libres en curso y ninguna condena, a diciembre del 2009 ¿Es un fracaso?

C.F.P.-  No, no es un fracaso. Es una muestra de la magnitud de la  tarea de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y de que hay que seguir fortaleciéndola para que pueda avanzar más rápidamente.

C.O.T.- También podría ser una muestra de que la ley fue mal pensada porque falló en su principal propósito: que los paramilitares desmovilizados pagaran sus culpas, aunque con penas inferiores a las ordinarias.

C.F.P.- Le insisto en que la rama Judicial es la responsable de la ejecución de la ley. Pero también resalto que su diseño y alcance son ambiciosos y por eso ha sido aplaudida a nivel internacional. Sin embargo, debido a pronunciamientos de la Corte Suprema y a pesar de que ha habido condenas en el sistema penal ordinario, no tenemos beneficiarios de las penas reducidas o penas alternativas. Uno de esos pronunciamientos de la Corte consistió en que no se podían emitir condenas con imputaciones parciales. No obstante, ese tribunal modificó su planteamiento inicial, y este año habrá personas elegibles para las penas de Justicia y Paz.

CO.T.- ¿Le atribuye la ineficacia de la ley a la Corte?

C.F.P-  No, de ninguna manera. La Corte hace el trabajo que le corresponde, como lo hace el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía que tienen que ver con el tema. También digo que una ley tan novedosa y tan compleja requiere del entendimiento de los diferentes órganos para saber cuáles son las reglas de juego para su correcta implementación.

C.O.T.- Dice el informe anual del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU de 2009 que el derecho a que haya justicia dentro de esa ley se encuentra limitado por la “benignidad excesiva” en el proceso de individualización de la pena. El gobierno que ha sido tan activo en controvertir fallos judiciales ¿Por qué no le ha puesto atención a esta falencia?

C.F.P.- ¿Qué ha sucedido? Que como hay tantos delitos y crímenes por conocer, hasta ahora estamos en la parte básica: la enunciación de los hechos. Hay más de 42 mil hechos enunciados que están siendo documentados. Esto ya es un avance monumental. Pero no se puede pretender que en un  periodo tan corto, y con los recursos de que dispone la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se puedan establecer responsabilidades precisas en todos ellos. Hay responsables en un poco más de 23 mil hechos. Esos avances son espectaculares para solo cinco años de vigencia de la ley.

CO.T.- La misma oficina de la ONU sugiere que a la ley se le incorporen algunos cambios, entre otros, la necesidad de distinguir entre delitos no ‘indultables’ y conductas punibles menos graves; y la posibilidad de que sean permitidas las imputaciones colectivas. ¿Su oficina ha avanzado en estas reformas?

C.F.P.- No tenemos competencia. La ley es clara en dejar por fuera de los beneficios de elegibilidad, los delitos de narcotráfico y los que hayan sido cometidos por fuera de la pertenencia al grupo ilegal. El reporte de la ONU puede haber hecho una interpretación errada porque no se considera indulto en ningún caso, sino penas alternativas reducidas. En cuanto a las imputaciones colectivas, la Fiscalía estudió esa posibilidad pero hay que mirarla con lupa porque el procedimiento de hacer versiones libres en grupo, puede ir contra de la verdad. Por ejemplo, se han visto casos de ex comandantes o mandos medios de esos grupos, que estaban interesados en asesinar o callar a sus subalternos. Ponerlos en el mismo proceso, podría ser inconveniente.

C.O.T.- Los jefes del paramilitarismo terminaron siendo extraditados por el gobierno porque estarían delinquiendo en la cárcel. ¿Su extradición puede significar un reconocimiento de que el Ejecutivo pecó por apresuramiento o ingenuidad cuando negoció con ellos creyendo que abandonarían sus actividades ilícitas?

C.F.P.- Ellos hicieron un acuerdo con el gobierno y se sometieron a una ley bajo ciertas condiciones. La decisión de extraditarlos porque incumplieron, no es un signo de ingenuidad. Por el contrario, es un signo de firmeza y una señal clara de que cuando una persona o un grupo ilegal se someten a un proceso de paz, tienen que acatar las reglas del juego.

CO.T.- Extraditarlos también implica que no había cómo controlarlos en el país. Eso le podía suceder a cualquier gobierno, menos al de la política de seguridad ¿No le parece?

C.F.P.- Cuando uno reconoce un problema y lo enfrenta, lo soluciona. Cuando lo desconoce, se le crece. Nosotros  lo reconocimos y buscamos una solución que, por cierto, hay que perfeccionar.

C.O.T.- Se ha dicho que con la extradición de los jefes del paramilitarismo, se extraditó también la verdad y el derecho a la reparación de las víctimas. La propia Corte lo piensa así ¿Admite que la ley y su principal razón de ser quedaron malheridas?

C.F.P.- No podemos perder la extradición como un mecanismo de lucha contra el narcotráfico. Necesitamos mejorar y profundizar los protocolos de coordinación entre el sistema judicial americano y el colombiano para que, utilizando la extradición como mecanismo de lucha contra el narcotráfico, también fortalezcamos la posibilidad de que las víctimas sean reparadas. También hay  que decir que algunos de los extraditados han declarado muchos más hechos ahora que antes, como por ejemplo, Salvatore Mancuso.

C.O.T.- ¿Qué opina el gobierno de la propuesta de la Corte Suprema de establecer una comisión de la verdad como un mecanismo extrajudicial para poder tener más posibilidades de conocer los detalles de los crímenes que se cometieron?

C.F.P.- No se necesita una comisión de la verdad en Colombia. Los países que han tenido ese tipo de mecanismos, las han implementado en contextos históricos muy diferentes. Además, aquí tenemos la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación con un equipo del más alto nivel que trabaja en la memoria histórica  y que ha producido dos informes impecables sobre las masacres del Salado y de Trujillo. Son reportes crudos y objetivos que nos permiten aprender de los errores. Aquí tenemos la manía de duplicar funciones. No hay para qué hacerlo.

C.O.T.- A la ley se la ha criticado su exagerada atención a los victimarios y su desequilibrio frente a la protección de los derechos de las víctimas ¿Qué reforma le propondría usted al nuevo gobierno para invertir el orden de atención estatal?

C.F.P.- A la ley se le mira a veces, con la óptica de que les permite a los victimarios obtener penas reducidas. Eso es cierto pero bajo ciertas condiciones. También es verdad que se ha avanzado en la reparación de las víctimas, en la creación de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía a través de la cual se sabe la verdad; y en la activación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, desde donde 308 mil víctimas se están beneficiando. No se puede, entonces, sostener que la ley no es equilibrada. Son necesarias algunas reformas para tener cómo identificar los activos y las cadenas de testaferrato de los grupos ilegales para poder restituirles sus bienes a las víctimas, especialmente en cuanto a las tierras.

C.O.T.- Sin embargo  los observadores internacionales han dicho que dado el desempeño práctico de la Ley, las víctimas han entrado en un proceso de decepción, de posibilidades de ser, de nuevo, víctimas y de fractura de los procesos en que ellas estaban.

C.F.P.- El sistema tiene que ser más eficiente. No se necesita una nueva ley para ello sino incrementar la eficacia del servicio integral a las víctimas y coordinando mejor las diferentes acciones de las instituciones que tienen que ver con el problema.

C.O.T.-  El gobierno se opuso a la ley de víctimas que propuso el partido Liberal y obstaculizó la reparación de las víctimas de agentes del Estado. Las organizaciones de derechos humanos creen que ese mensaje oficial es, por lo menos, incorrecto ¿Qué
opina al respecto?

C.F.P.- La propuesta liberal tenía dos conceptos equivocados: le daba un tratamiento de criminal a cualquier agente del Estado que estuviera bajo sospecha de haber incurrido en una falta. Y pedía reparaciones  para las víctimas que incluían lucros cesantes y restitución de bienes muebles e inmuebles. Eso era impracticable administrativamente, e inviable desde el punto de vista financiero. Lo que el gobierno proponía sobre esos dos puntos era un proceso jurídico expedito en el cual un agente del Estado que fuera acusado de cometer un crimen, pasara por un proceso judicial asumiendo su presunción de inocencia, como debe ser. Y ser realistas en materia económica. La iniciativa del liberalismo fue noble y si se corrigieran esos dos puntos, se podrían unificar las iniciativas de restitución de los derechos de las víctimas.

C.O.T.- De todas maneras, la actitud del gobierno es muy clara en el sentido de que defiende, desde el inicio, a los agentes del Estado que están bajo sospecha, dándoles toda la credibilidad. Mientras tanto, duda por principio de las víctimas.

C.F.P.- Ningún  gobierno puede presumir la culpabilidad de los ciudadanos. El ordenamiento constitucional y jurídico establece la presunción de inocencia y no podemos violarla.

C.O.T.- Recientemente hemos visto la defensa encendida del Presidente a oficiales y soldados que están siendo juzgados por delitos que no tienen relación con el servicio ¿Debería proponerse una ley para que los militares procesados tengan un tratamiento jurídico especial que equipare sus condenas con las de la Ley de Justicia y Paz?

C.F.P.- Existe un gran desequilibrio: los miembros de las fuerzas del Estado que arriesgan su vida para proteger la nuestra, no son juzgados con el mismo rasero de los miembros de los grupos armados al margen de la ley. Las personas que se separan de estos grupos, desde hace 20 años, cuentan con marcos jurídicos que les permiten obtener beneficios por los delitos que cometieron con ocasión de su pertenencia al grupo ¿Qué pueden pensar los miembros de la fuerza pública que son juzgados con un régimen mucho más estricto? Aclarando que, cuando no estén relacionados con el servicio, los delitos cometidos por los uniformados deberían ser juzgados por la justicia ordinaria, hay que decir que es indispensable que el país tenga un régimen jurídico equivalente para los miembros de la fuerza pública. Eso además facilitaría, y sería un requisito indispensable para un futuro proceso de paz.

C.O.T.-  ¿Se trataría, entonces, de impulsar la reducción de penas a militares que incurran en delitos? ¿En cuáles casos del pasado o del futuro se estaría pensando?

C.F.P.- Se trata de tener un marco jurídico equilibrado que incluya los delitos cometidos dentro de las funciones del servicio militar; y que excluya los delitos de lesa humanidad y cualquier otra acción cometida fuera del servicio.

C.O.T.- ¿los falsos positivos se considerarían como delitos cometidos en función del servicio?

C.F.P.- Sin ser abogado, diría que de ninguna manera.

C.O.T.- Un gran vacío del esquema de justicia y paz es el de la efectiva restitución de tierras a sus verdaderos dueños ¿Por qué los resultados son tan pobres en ese aspecto?

C.F.P.- Se requieren unas reformas administrativas y jurídicas para poder descubrir las cadenas de testaferrato, como le decía. Invertir la carga de la prueba podría ser muy útil en este caso. La reparación por vía judicial no ha funcionado en ningún país y por eso, el gobierno expidió un decreto que permite la reparación por vía administrativa. Mediante ese decreto, el año pasado se repararon  cerca de 10.500 víctimas invirtiendo $200 mil millones de pesos. Y este año invertiremos $600 mil millones adicionales en cuatro categorías de víctimas definidas por la Comisión. Este proceso se adelantará durante los próximos nueve años con una inversión total de $6 billones.

C.O.T.- Se hace una distinción entre los propietarios “legales” y los “legítimos” de las tierras ¿Cuál es la diferencia entre los primeros y los segundos?

C.F.P.- Hemos encontrados algunos casos en que las cadenas de testaferrato cumplen con todos los requisitos legales de la propiedad. Sin embargo, cuando vamos a ver la historia de un bien, nos damos cuenta de que fue adquirido - inclusive con escritura pública - bajo amenaza o bajo presión. Las víctimas tuvieron que vender los bienes por coacción y por debajo de su valor comercial. Entonces la tenencia no es legítima. Hay que determinar cuáles son los dueños legítimos para devolverles sus bienes.

C.O.T.- La reintegración de los desmovilizados, casi todos ellos paramilitares, aunque con problemas, ha sido más exitosa que la Ley de Justicia  y Paz ¿Por qué?

C.F.P.-El proceso de reintegración hace parte del marco general de la Ley de Justicia y Paz, así que el desempeño de uno y otra no se debería separar. Pero es verdad que internacionalmente se reconoce que Colombia tiene hoy el proceso de reintegración más completo y mejor implementado del mundo. No es sino examinar las cifras y la forma como se desarrollan los programas educativos y de resocialización que tenemos.

C.O.T.- Las bandas delictivas que la Policía llama Bacrim son, para muchos analistas, los grupos paramilitares reactivados. La propia Policía ha dicho que 12% de los desmovilizados hacen parte de esas bandas ¿Ese porcentaje recibe beneficios del programa de reintegración?

C.F.P.- No. Recibieron beneficios hasta el momento en que incumplieron. O dicho de otra manera, se benefician siempre y cuando cumplan con las actividades programadas. Hacemos un seguimiento semanal para  entregar los pagos asignados. Cuando una persona deja de cumplir o delinque, es expulsado y pierde toda ayuda. Pero el 90% de los desmovilizados ha seguido los procedimientos.

Ejecutivo, académico y ‘traductor’

Frank Pearl, quien ha ejercido como Alto Comisionado de Paz y Consejero presidencial para la Reintegración durante tres años, tendrá el privilegio de estudiar en Boston a partir de julio, donde hará una maestría en Administración Pública. Antes de asumir estos cargos oficiales, los únicos que ha tenido, era un destacado ejecutivo del sector privado. Fue consultor de McKinsey & Co y Presidente de Valorem S.A. Lideró el Consejo Privado de Competitividad creado por un grupo de empresarios y académicos. Es economista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Administración de Negocios, de la Ivey School of Business de Canadá.

Ha diseñado programas académicos para los Andes y para instituciones de educación superior de la antigua Unión Soviética, en donde participó con un grupo de estudiantes canadienses y europeos en proyectos de educación y formación de líderes para facilitar la transición hacia el capitalismo de jóvenes y funcionarios públicos de esos países. Su dominio del inglés lo llevó a ser, recientemente, el interlocutor y ‘traductor’ de Hillary Clinton cuando el Presidente quiso que la Secretaria de Estado conociera a varios desmovilizados del proceso de Justicia y Paz.

Las cifras de la desmovilización

C. O.T.- ¿Cuánto tiempo le hace falta a la ejecución de la Ley de Justicia y Paz?                                            

F.P.- Sin excepción, los procesos de justicia de transición  y de reconciliación en el mundo, toman décadas. Aquí hemos avanzado, en 5 años, más que cualquier otro país que haya usado esta vía: se están juzgando diez veces más personas que en el resto de naciones con procesos similares. Pero como hemos sufrido 40 años de violencia, y dada la magnitud de los procesos para conocer la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y acercarnos a la reconciliación, podría tomarnos entre doce y quince años.

C.O.T.- En cifras ¿Cuál es el resumen de Justicia y Paz, y del proceso de reintegración?

F.P.- Cerca de 22 mil delitos han sido confesados; alrededor de 38 mil, han sido enunciados; 50 mil víctimas han asistido a las versiones de los ex jefes paramilitares a confrontarlos; 288 mil víctimas se registraron en la Fiscalía para restitución de sus derechos. En reintegración tenemos más de 35 mil desmovilizados. Hemos empleado 150 mil cupos de educación para los hijos de ex guerrilleros y ex paramilitares. 26 mil desmovilizados están validando primaria y bachillerato y 12 mil estudian en el Sena.

Su balance incluye el reconocimiento de que cumplir con las metas trazadas tomará entre 12 y 15 años más; y la revelación de que el país necesita un régimen jurídico equivalente al que les concede beneficios a los desmovilizados, para los miembros de la Fuerza Pública.

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Por qué mientras que 51 mil individuos se desmovilizaron, solo 3.900 están bajo el régimen de la Ley de Justicia y Paz? La diferencia entre una cifra y otra sugiere gran impunidad.

Comisionado Frank Pearl.- Este proceso no es perfecto. Primero, es importante reconocer que mientras no se sepa toda la verdad, habrá algo de impunidad. Segundo, recuerde que la Fiscalía es la entidad que decide cuáles procesos penales se abren. En la medida en que los fiscales vayan teniendo en un solo sistema de información los nombres, alias, fechas y hechos, se disminuirá la posibilidad de que alguien se salga con la suya. Tercero, hay dos aclaraciones por hacer: el 66% de los grupos ilegales se compone de personas que nunca estuvieron armadas  (auxiliares de logística, trabajo financiero, organización política etc.). Y 21 mil desmovilizados que salieron de grupos guerrilleros, están desde el principio, por fuera de Justicia y Paz.

C.O.T.- Tenga en cuenta que, según las estadísticas, entre esas tres mil 900 personas que se acogieron a la Ley, solo había 737 versiones libres en curso y ninguna condena, a diciembre del 2009 ¿Es un fracaso?

C.F.P.-  No, no es un fracaso. Es una muestra de la magnitud de la  tarea de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y de que hay que seguir fortaleciéndola para que pueda avanzar más rápidamente.

C.O.T.- También podría ser una muestra de que la ley fue mal pensada porque falló en su principal propósito: que los paramilitares desmovilizados pagaran sus culpas, aunque con penas inferiores a las ordinarias.

C.F.P.- Le insisto en que la rama Judicial es la responsable de la ejecución de la ley. Pero también resalto que su diseño y alcance son ambiciosos y por eso ha sido aplaudida a nivel internacional. Sin embargo, debido a pronunciamientos de la Corte Suprema y a pesar de que ha habido condenas en el sistema penal ordinario, no tenemos beneficiarios de las penas reducidas o penas alternativas. Uno de esos pronunciamientos de la Corte consistió en que no se podían emitir condenas con imputaciones parciales. No obstante, ese tribunal modificó su planteamiento inicial, y este año habrá personas elegibles para las penas de Justicia y Paz.

CO.T.- ¿Le atribuye la ineficacia de la ley a la Corte?

C.F.P-  No, de ninguna manera. La Corte hace el trabajo que le corresponde, como lo hace el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía que tienen que ver con el tema. También digo que una ley tan novedosa y tan compleja requiere del entendimiento de los diferentes órganos para saber cuáles son las reglas de juego para su correcta implementación.

C.O.T.- Dice el informe anual del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU de 2009 que el derecho a que haya justicia dentro de esa ley se encuentra limitado por la “benignidad excesiva” en el proceso de individualización de la pena. El gobierno que ha sido tan activo en controvertir fallos judiciales ¿Por qué no le ha puesto atención a esta falencia?

C.F.P.- ¿Qué ha sucedido? Que como hay tantos delitos y crímenes por conocer, hasta ahora estamos en la parte básica: la enunciación de los hechos. Hay más de 42 mil hechos enunciados que están siendo documentados. Esto ya es un avance monumental. Pero no se puede pretender que en un  periodo tan corto, y con los recursos de que dispone la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se puedan establecer responsabilidades precisas en todos ellos. Hay responsables en un poco más de 23 mil hechos. Esos avances son espectaculares para solo cinco años de vigencia de la ley.

CO.T.- La misma oficina de la ONU sugiere que a la ley se le incorporen algunos cambios, entre otros, la necesidad de distinguir entre delitos no ‘indultables’ y conductas punibles menos graves; y la posibilidad de que sean permitidas las imputaciones colectivas. ¿Su oficina ha avanzado en estas reformas?

C.F.P.- No tenemos competencia. La ley es clara en dejar por fuera de los beneficios de elegibilidad, los delitos de narcotráfico y los que hayan sido cometidos por fuera de la pertenencia al grupo ilegal. El reporte de la ONU puede haber hecho una interpretación errada porque no se considera indulto en ningún caso, sino penas alternativas reducidas. En cuanto a las imputaciones colectivas, la Fiscalía estudió esa posibilidad pero hay que mirarla con lupa porque el procedimiento de hacer versiones libres en grupo, puede ir contra de la verdad. Por ejemplo, se han visto casos de ex comandantes o mandos medios de esos grupos, que estaban interesados en asesinar o callar a sus subalternos. Ponerlos en el mismo proceso, podría ser inconveniente.

C.O.T.- Los jefes del paramilitarismo terminaron siendo extraditados por el gobierno porque estarían delinquiendo en la cárcel. ¿Su extradición puede significar un reconocimiento de que el Ejecutivo pecó por apresuramiento o ingenuidad cuando negoció con ellos creyendo que abandonarían sus actividades ilícitas?

C.F.P.- Ellos hicieron un acuerdo con el gobierno y se sometieron a una ley bajo ciertas condiciones. La decisión de extraditarlos porque incumplieron, no es un signo de ingenuidad. Por el contrario, es un signo de firmeza y una señal clara de que cuando una persona o un grupo ilegal se someten a un proceso de paz, tienen que acatar las reglas del juego.

CO.T.- Extraditarlos también implica que no había cómo controlarlos en el país. Eso le podía suceder a cualquier gobierno, menos al de la política de seguridad ¿No le parece?

C.F.P.- Cuando uno reconoce un problema y lo enfrenta, lo soluciona. Cuando lo desconoce, se le crece. Nosotros  lo reconocimos y buscamos una solución que, por cierto, hay que perfeccionar.

C.O.T.- Se ha dicho que con la extradición de los jefes del paramilitarismo, se extraditó también la verdad y el derecho a la reparación de las víctimas. La propia Corte lo piensa así ¿Admite que la ley y su principal razón de ser quedaron malheridas?

C.F.P.- No podemos perder la extradición como un mecanismo de lucha contra el narcotráfico. Necesitamos mejorar y profundizar los protocolos de coordinación entre el sistema judicial americano y el colombiano para que, utilizando la extradición como mecanismo de lucha contra el narcotráfico, también fortalezcamos la posibilidad de que las víctimas sean reparadas. También hay  que decir que algunos de los extraditados han declarado muchos más hechos ahora que antes, como por ejemplo, Salvatore Mancuso.

C.O.T.- ¿Qué opina el gobierno de la propuesta de la Corte Suprema de establecer una comisión de la verdad como un mecanismo extrajudicial para poder tener más posibilidades de conocer los detalles de los crímenes que se cometieron?

C.F.P.- No se necesita una comisión de la verdad en Colombia. Los países que han tenido ese tipo de mecanismos, las han implementado en contextos históricos muy diferentes. Además, aquí tenemos la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación con un equipo del más alto nivel que trabaja en la memoria histórica  y que ha producido dos informes impecables sobre las masacres del Salado y de Trujillo. Son reportes crudos y objetivos que nos permiten aprender de los errores. Aquí tenemos la manía de duplicar funciones. No hay para qué hacerlo.

C.O.T.- A la ley se la ha criticado su exagerada atención a los victimarios y su desequilibrio frente a la protección de los derechos de las víctimas ¿Qué reforma le propondría usted al nuevo gobierno para invertir el orden de atención estatal?

C.F.P.- A la ley se le mira a veces, con la óptica de que les permite a los victimarios obtener penas reducidas. Eso es cierto pero bajo ciertas condiciones. También es verdad que se ha avanzado en la reparación de las víctimas, en la creación de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía a través de la cual se sabe la verdad; y en la activación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, desde donde 308 mil víctimas se están beneficiando. No se puede, entonces, sostener que la ley no es equilibrada. Son necesarias algunas reformas para tener cómo identificar los activos y las cadenas de testaferrato de los grupos ilegales para poder restituirles sus bienes a las víctimas, especialmente en cuanto a las tierras.

C.O.T.- Sin embargo  los observadores internacionales han dicho que dado el desempeño práctico de la Ley, las víctimas han entrado en un proceso de decepción, de posibilidades de ser, de nuevo, víctimas y de fractura de los procesos en que ellas estaban.

C.F.P.- El sistema tiene que ser más eficiente. No se necesita una nueva ley para ello sino incrementar la eficacia del servicio integral a las víctimas y coordinando mejor las diferentes acciones de las instituciones que tienen que ver con el problema.

C.O.T.-  El gobierno se opuso a la ley de víctimas que propuso el partido Liberal y obstaculizó la reparación de las víctimas de agentes del Estado. Las organizaciones de derechos humanos creen que ese mensaje oficial es, por lo menos, incorrecto ¿Qué
opina al respecto?

C.F.P.- La propuesta liberal tenía dos conceptos equivocados: le daba un tratamiento de criminal a cualquier agente del Estado que estuviera bajo sospecha de haber incurrido en una falta. Y pedía reparaciones  para las víctimas que incluían lucros cesantes y restitución de bienes muebles e inmuebles. Eso era impracticable administrativamente, e inviable desde el punto de vista financiero. Lo que el gobierno proponía sobre esos dos puntos era un proceso jurídico expedito en el cual un agente del Estado que fuera acusado de cometer un crimen, pasara por un proceso judicial asumiendo su presunción de inocencia, como debe ser. Y ser realistas en materia económica. La iniciativa del liberalismo fue noble y si se corrigieran esos dos puntos, se podrían unificar las iniciativas de restitución de los derechos de las víctimas.

C.O.T.- De todas maneras, la actitud del gobierno es muy clara en el sentido de que defiende, desde el inicio, a los agentes del Estado que están bajo sospecha, dándoles toda la credibilidad. Mientras tanto, duda por principio de las víctimas.

C.F.P.- Ningún  gobierno puede presumir la culpabilidad de los ciudadanos. El ordenamiento constitucional y jurídico establece la presunción de inocencia y no podemos violarla.

C.O.T.- Recientemente hemos visto la defensa encendida del Presidente a oficiales y soldados que están siendo juzgados por delitos que no tienen relación con el servicio ¿Debería proponerse una ley para que los militares procesados tengan un tratamiento jurídico especial que equipare sus condenas con las de la Ley de Justicia y Paz?

C.F.P.- Existe un gran desequilibrio: los miembros de las fuerzas del Estado que arriesgan su vida para proteger la nuestra, no son juzgados con el mismo rasero de los miembros de los grupos armados al margen de la ley. Las personas que se separan de estos grupos, desde hace 20 años, cuentan con marcos jurídicos que les permiten obtener beneficios por los delitos que cometieron con ocasión de su pertenencia al grupo ¿Qué pueden pensar los miembros de la fuerza pública que son juzgados con un régimen mucho más estricto? Aclarando que, cuando no estén relacionados con el servicio, los delitos cometidos por los uniformados deberían ser juzgados por la justicia ordinaria, hay que decir que es indispensable que el país tenga un régimen jurídico equivalente para los miembros de la fuerza pública. Eso además facilitaría, y sería un requisito indispensable para un futuro proceso de paz.

C.O.T.-  ¿Se trataría, entonces, de impulsar la reducción de penas a militares que incurran en delitos? ¿En cuáles casos del pasado o del futuro se estaría pensando?

C.F.P.- Se trata de tener un marco jurídico equilibrado que incluya los delitos cometidos dentro de las funciones del servicio militar; y que excluya los delitos de lesa humanidad y cualquier otra acción cometida fuera del servicio.

C.O.T.- ¿los falsos positivos se considerarían como delitos cometidos en función del servicio?

C.F.P.- Sin ser abogado, diría que de ninguna manera.

C.O.T.- Un gran vacío del esquema de justicia y paz es el de la efectiva restitución de tierras a sus verdaderos dueños ¿Por qué los resultados son tan pobres en ese aspecto?

C.F.P.- Se requieren unas reformas administrativas y jurídicas para poder descubrir las cadenas de testaferrato, como le decía. Invertir la carga de la prueba podría ser muy útil en este caso. La reparación por vía judicial no ha funcionado en ningún país y por eso, el gobierno expidió un decreto que permite la reparación por vía administrativa. Mediante ese decreto, el año pasado se repararon  cerca de 10.500 víctimas invirtiendo $200 mil millones de pesos. Y este año invertiremos $600 mil millones adicionales en cuatro categorías de víctimas definidas por la Comisión. Este proceso se adelantará durante los próximos nueve años con una inversión total de $6 billones.

C.O.T.- Se hace una distinción entre los propietarios “legales” y los “legítimos” de las tierras ¿Cuál es la diferencia entre los primeros y los segundos?

C.F.P.- Hemos encontrados algunos casos en que las cadenas de testaferrato cumplen con todos los requisitos legales de la propiedad. Sin embargo, cuando vamos a ver la historia de un bien, nos damos cuenta de que fue adquirido - inclusive con escritura pública - bajo amenaza o bajo presión. Las víctimas tuvieron que vender los bienes por coacción y por debajo de su valor comercial. Entonces la tenencia no es legítima. Hay que determinar cuáles son los dueños legítimos para devolverles sus bienes.

C.O.T.- La reintegración de los desmovilizados, casi todos ellos paramilitares, aunque con problemas, ha sido más exitosa que la Ley de Justicia  y Paz ¿Por qué?

C.F.P.-El proceso de reintegración hace parte del marco general de la Ley de Justicia y Paz, así que el desempeño de uno y otra no se debería separar. Pero es verdad que internacionalmente se reconoce que Colombia tiene hoy el proceso de reintegración más completo y mejor implementado del mundo. No es sino examinar las cifras y la forma como se desarrollan los programas educativos y de resocialización que tenemos.

C.O.T.- Las bandas delictivas que la Policía llama Bacrim son, para muchos analistas, los grupos paramilitares reactivados. La propia Policía ha dicho que 12% de los desmovilizados hacen parte de esas bandas ¿Ese porcentaje recibe beneficios del programa de reintegración?

C.F.P.- No. Recibieron beneficios hasta el momento en que incumplieron. O dicho de otra manera, se benefician siempre y cuando cumplan con las actividades programadas. Hacemos un seguimiento semanal para  entregar los pagos asignados. Cuando una persona deja de cumplir o delinque, es expulsado y pierde toda ayuda. Pero el 90% de los desmovilizados ha seguido los procedimientos.

Ejecutivo, académico y ‘traductor’

Frank Pearl, quien ha ejercido como Alto Comisionado de Paz y Consejero presidencial para la Reintegración durante tres años, tendrá el privilegio de estudiar en Boston a partir de julio, donde hará una maestría en Administración Pública. Antes de asumir estos cargos oficiales, los únicos que ha tenido, era un destacado ejecutivo del sector privado. Fue consultor de McKinsey & Co y Presidente de Valorem S.A. Lideró el Consejo Privado de Competitividad creado por un grupo de empresarios y académicos. Es economista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Administración de Negocios, de la Ivey School of Business de Canadá.

Ha diseñado programas académicos para los Andes y para instituciones de educación superior de la antigua Unión Soviética, en donde participó con un grupo de estudiantes canadienses y europeos en proyectos de educación y formación de líderes para facilitar la transición hacia el capitalismo de jóvenes y funcionarios públicos de esos países. Su dominio del inglés lo llevó a ser, recientemente, el interlocutor y ‘traductor’ de Hillary Clinton cuando el Presidente quiso que la Secretaria de Estado conociera a varios desmovilizados del proceso de Justicia y Paz.

Las cifras de la desmovilización

C. O.T.- ¿Cuánto tiempo le hace falta a la ejecución de la Ley de Justicia y Paz?                                            

F.P.- Sin excepción, los procesos de justicia de transición  y de reconciliación en el mundo, toman décadas. Aquí hemos avanzado, en 5 años, más que cualquier otro país que haya usado esta vía: se están juzgando diez veces más personas que en el resto de naciones con procesos similares. Pero como hemos sufrido 40 años de violencia, y dada la magnitud de los procesos para conocer la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y acercarnos a la reconciliación, podría tomarnos entre doce y quince años.

C.O.T.- En cifras ¿Cuál es el resumen de Justicia y Paz, y del proceso de reintegración?

F.P.- Cerca de 22 mil delitos han sido confesados; alrededor de 38 mil, han sido enunciados; 50 mil víctimas han asistido a las versiones de los ex jefes paramilitares a confrontarlos; 288 mil víctimas se registraron en la Fiscalía para restitución de sus derechos. En reintegración tenemos más de 35 mil desmovilizados. Hemos empleado 150 mil cupos de educación para los hijos de ex guerrilleros y ex paramilitares. 26 mil desmovilizados están validando primaria y bachillerato y 12 mil estudian en el Sena.