Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿De dónde viene el nombre de esta organización?
Se llama así en memoria de un abogado antioqueño humanista, sensible a la injusticia social. Después del asesinato de Gaitán —de quien era amigo— supo que lo buscaban para matarlo. Se acentuaba la violencia liberal-conservadora y ante la inminencia de un ataque contra su vida, se fue con la guerrilla liberal para los Llanos Orientales, donde escribió las leyes del Llano.
¿Y qué pasó con él?
En la guerrilla siguió su papel de abogado y nunca empuñó un arma. Fue escritor. José Alvear Restrepo murió en un río, al parecer, ahogado por sus propios compañeros que no aceptaban su negativa a la desmovilización por los riesgos que ésta implicaba para las vidas de los exguerrilleros.
Empezaron a trabajar en la época del Estatuto de Seguridad de Turbay. ¿Cómo era eso?
Nos dedicábamos a la defensa de las personas que eran procesadas en los consejos verbales de guerra, porque antes los militares eran los que desarrollaban los juicios penales contra civiles. En ese tiempo muchos periodistas, artistas, intelectuales, docentes o miembros de la oposición tuvieron que salir del país, para evitar que los privaran injustamente de la libertad o para salvar su vida. El gobierno de Turbay es de ingrata recordación. Allí empezó el fenómeno de una de las más grandes violaciones de derechos humanos: las desapariciones forzadas. Las torturas también estuvieron al orden del día. Por eso, nuestro trabajo representó la confrontación más directa a ese gobierno.
¿Cuál fue el papel de Eduardo Umaña Mendoza en la fundación del Colectivo?
Fue uno de los fundadores e hijo de Eduardo Umaña Luna. Eduardo Umaña Mendoza (asesinado en 1998) representó un ejemplo para los demás miembros del Colectivo.
¿En cuál gobierno se han sentido más presionados?
Creo que fueron los ocho años de Álvaro Uribe. No dudamos en señalar que quien usó al DAS con el fin de perseguirnos fue él.
Pero a ustedes los acusan de liderar la llamada ‘guerra jurídica’ contra el Estado.
Llaman “guerra jurídica” al ejercicio del derecho de reclamar ante los tribunales verdad, justicia y reparación. Eso no es propio de un Estado democrático.
¿Cómo entender que ustedes buscan verdad, justicia y reparación, cuando parece que lo hacen desde un solo bando?
Nosotros sí hemos rechazado acciones de la guerrilla. Igualmente, hemos llevado algunos casos de graves infracciones al DIH cometidas por la guerrilla. Sólo que nosotros sí tenemos una opción preferencial por las víctimas de crímenes del Estado.
¿Por qué esa preferencia?
Porque son las víctimas más vulnerables: son aquéllas a quienes el Estado, que debía protegerlas, les ha violado sus derechos. Lo más importante: porque los mecanismos de impunidad funcionan con mayor facilidad cuando son agentes del Estado los que han cometido el crimen.
¿Cuáles son las acciones de la guerrilla que merecen mayor repudio por parte del Colectivo?
Todas las que afectan a la población civil, en general, aquéllas que van mucho más allá de los combates. Sobre todo cuando se cometen asesinatos de civiles en estado total de indefensión o son privados de su libertad. Por eso, el Colectivo saluda la iniciativa del presidente de intentar nuevamente un proceso de paz que lleve al fin del conflicto.
¿Cuáles han sido sus mayores logros en estos 35 años?
Las condenas que hemos logrado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como la masacre de Mapiripán, la Rochela o el crimen de Manuel Cepeda han servido para que los jueces de este país empiecen a asimilar más en sus decisiones los instrumentos del derecho internacional. Hemos logrado defender vidas, evitar muertes, conseguir que comunidades indígenas no abandonen sus territorios y que retornen a ellos y hasta hemos influido en políticas públicas, cuando logramos que la Corte Constitucional eliminara las normas que permitían la existencia de las Convivir.