“Si quiere sobrevivir, Chiquita Brands tiene que negociar”

Se conmueve más este gringo por el destino de alrededor de diez mil víctimas de los paramilitares en el Urabá antioqueño, que el 99% de los colombianos.

Se llama Paul y aunque tiene su residencia en Washington, en la zona su figura ya es bien conocida porque desde hace tres años se ha dedicado casi por completo a preparar una demanda civil sin precedentes económicos contra la multinacional bananera Chiquita Brands, para obligarla a que indemnice a los sobrevivientes de la época de terror impuesta por  Mancuso, H.H. y El Alemán en esa región.

La historia admitida ante la justicia norteamericana de la relación de Chiquita con los paramilitares se remonta a 1997, cuando esa firma empezó a darles a los grupos ilegales tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, a cambio de “protección”.

La empresa ejecutó alrededor de cien pagos hasta el 2004, mediante operaciones que conocían y aprobaron algunos directivos de la más alta jerarquía de la multinacional en Cincinnati  (Ohio). De centavo en centavo tal suma, aparentemente irrisoria, ascendió a la cifra de 1,7 millones de dólares que una vez en poder de las AUC, éstas usaron para armarse y fortalecer sus organizaciones criminales.

Chiquita Brands acordó con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pago de una multa de 25 millones de dólares en cinco años, a cambio de inmunidad penal en ese país para los responsables de la firma. Nada, comparado con el cálculo de víctimas fatales en el lapso de esos siete años en la región de Urabá: entre 10 mil y 20 mil muertos. Pero la bananera no calculó las demandas que vendrían después por haber aceptado oficialmente su culpa.

El encargado de iniciar el proceso más abultado de la serie de diez que existen hoy en varios tribunales estadounidenses es Paul Wolf, un antiguo defensor de derechos humanos que se ha convertido, literalmente hablando, en el abogado de los pobres en casos de complicadas naciones del mundo, como Colombia e Irak. 

Entre tanto la Fiscalía nacional, que adelanta la investigación penal por los mismos hechos, ni siquiera ha podido obtener del publicitado programa de cooperación judicial, los nombres de los directivos de Chiquita, cómplices de los asesinos. Lejos estamos de ver en una de las desvencijadas cárceles colombianas a los elegantes rubios que juegan sus bolsillos en la Bolsa de Nueva York sin ningún remordimiento. Mucho más cerca les respira este llanero solitario. Y ellos lo saben. 

Cecilia Orozco Tascón.- El proceso civil que usted adelanta contra Chiquita Brands en Estados Unidos, ¿será finalmente aceptado por la Corte Federal de Washington?

Abogado Paul Wolf.- Fue aceptado en principio, pero posteriormente Chiquita interpuso una acción que no es extraña en Estados Unidos. La bananera argumentó que nosotros no proveímos suficientes detalles de los peticionarios en los alegatos de admisión. Eso se debe a que quise proteger la identidad de ellos por razones de seguridad.

Como representante de las víctimas, le solicité a la Corte una orden de protección antes de entregarle una lista con nombres a Chiquita Brands. Le quiero poner de presente un ejemplo que justifica mis inquietudes: un diario colombiano informó que las Águilas Negras se robaron los archivos de mil casos preparados por una ONG para los procesos que se adelantan dentro de la Ley de Justicia  y Paz.

(*) En Estados Unidos comete un crimen quien revele apartes de casos que obtienen una orden de protección de la justicia. Por eso mi posición es bastante razonable a ojos de la Corte.

C.O.- ¿Qué argumentará para que la justicia de Estados Unidos se declare competente en casos ocurridos en Colombia?

P.W.- En primer lugar la sede principal de Chiquita está en Estados Unidos. Los homicidios fueron cometidos en Colombia, pero otros hechos importantes sobre pagos y acuerdos entre las Autodefensas Unidas y algunos directivos de Chiquita sucedieron en Estados Unidos. Voy a argumentar en la Corte que los homicidios ocurridos en Urabá fueron crímenes de guerra y que por tanto constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

C.O. - En concreto, ¿cuáles pagos y cuáles acuerdos entre las AUC y Chiquita ocurrieron en Estados Unidos, según usted? 

P.W.- Los pagos fueron hechos en Colombia, pero es claro que se realizaron con el consentimiento de las directivas de la empresa en Estados Unidos. Tanto es así, que se supo de la preocupación de uno de los ejecutivos de Chiquita cuando los paramilitares fueron calificados por el Departamento de Estado como “organización foránea terrorista”. Como él sabía que la empresa le había pagado a las AUC, quiso establecer si habían cometido un crimen.

C.O.- Suponiendo que la demanda se admita en la Corte Federal, será más difícil que usted pueda probar la conexión directa entre Chiquita y los crímenes de los paramilitares en la zona bananera. ¿Cómo lo hará?

P.W.- El argumento general es el de la responsabilidad de esa empresa con los crímenes cometidos debido a que durante más de siete años les pagaron una suma mensual a Carlos Castaño y a las AUC. Y ésta es la organización que perpetró los asesinatos que se presentaron en ese mismo tiempo y zona.

Adicionalmente podemos establecer enlaces directos entre Chiquita y varios de los homicidios, como por ejemplo, cuando se cometieron dentro de las fincas bananeras que le vendían su producto a la empresa. Segundo, contamos con los testimonios dentro de la Ley de Justicia y Paz de Mancuso, de alias H.H. y de El Alemán. Ellos aceptaron que recibieron dinero de Chiquita. Mancuso fue más específico porque dijo que entre su organización y la empresa no hubo una relación extorsiva, sino que ellos fueron contratados para prestar servicios de seguridad privada.

C.O.- ¿A cuántos familiares de víctimas representa usted?

P.W.- Ahora tengo contrato con 1.800 familias, pero si partimos de la base de que por cada homicidio hay cinco o seis reclamantes (esposa, niños y padres), llegamos a la cifra de diez mil personas.  Además hay que tener en cuenta que aunque yo comencé a trabajar en estos casos, ya hay otros procesos similares que suman mil quinientos crímenes.  En total, estimo que hay cerca de 20 mil reclamantes y, haciendo una proyección, ese número se puede multiplicar entre cinco y diez veces en el futuro. 

C.O.- ¿Cuáles son las pretensiones de los familiares de las víctimas?

P.W.- Mis clientes son muy pobres, viven en zonas de invasión y muchos han sido desplazados de sus hogares. Un caso típico es el de las víctimas cuyo padre fue asesinado y la madre con cinco niños tuvo que huir de su casa para vivir en otro sitio. Como no tiene ninguna manera de apoyar a sus hijos, no es ninguna deshonra decir que además de obtener justicia y revelación de la verdad, el dinero es una compensación importante.

Los pagos de Chiquita a los paramilitares fueron calculados como “gastos del negocio”.  ¿Cómo pueden las reparaciones ser menos que eso? El castigo económico a Chiquita Brands debe servir como ejemplo para otras empresas y revelar los nombres de los responsables no será suficiente.

C.O.- Si los reclamantes suman más de 20 mil personas hoy y cerca de cien mil mañana, ¿Chiquita tendrá dinero suficiente para pagarles? ¿Cuánto dinero de compensación se podría pedir por cada víctima?

P.W.- Claramente Chiquita no tiene dinero suficiente para pagarles a todos una cantidad justa.  La compensación por daños recibidos por homicidio cuesta normalmente millones de dólares en Estados Unidos.

Aún si limitáramos la responsabilidad de la empresa a los homicidios cometidos cerca de las propiedades de Chiquita en Urabá, esa firma no tendría cómo pagar. Entonces existe un dilema, y una buena solución podría ser la de llegar a un acuerdo global con la población para que en vez de pocos, todos reciban una cantidad equitativa.

C.O.- ¿Cuál sería la “cantidad equitativa” en un “acuerdo global” para los afectados de Urabá?

P.W.- Pienso que una cantidad de cien mil dólares por persona sería razonable, y el proceso de pago a las víctimas podría durar algunos años para minimizar el efecto financiero en la empresa. Pero esa cantidad de dinero es de mi imaginación y nada se ha arreglado con Chiquita hasta ahora.

De todas maneras, si la empresa no acepta alguna idea similar a ésta, todos los abogados que intervienen tratarán de que las indemnizaciones sean las máximas posibles. Si negocian conmigo, y si la mayoría de las víctimas están de acuerdo, los otros abogados que pretendieran en el futuro mayores cantidades necesitarían ir a un juicio cuyo costo también supera el millón y medio de dólares.

En cambio, si negociamos una cantidad justa, el resto de la gente no querrá tomar ese riesgo ni esperar cinco años o más. Por eso pienso que Chiquita no tiene otra opción que negociar, si quiere sobrevivir.

C.O.- ¿En su demanda contra Chiquita Brands le atribuye también responsabilidad personal a algunos de los directivos de esa empresa?

P.W.- Una vez que los argumentos principales sean admitidos, entraremos en una fase del proceso que se llama de “descubrimiento”.

Es la etapa de las revelaciones. Por ahora tenemos los nombres de diez ejecutivos que creemos que pueden estar involucrados en este caso. Incluiremos no sólo a los responsables directos por los pagos hechos a las AUC, sino también a quienes hacían parte de la junta directiva de la empresa en Estados Unidos.

 Cuando Chiquita admitió que les pagó a los paramilitares durante varios años y negoció con la justicia de Estados Unidos una multa de 25 millones de dólares, de los cuales ni un centavo era para reparar a las víctimas, lesionaron fatalmente el futuro de Chiquita Brands.

C.O.- ¿Por qué cree que admitir el pago de la multa de 25 millones fue un error si aquí se considera que es una pena muy suave? ¿Tal vez es porque se abrió la posibilidad de demandas de las víctimas?

P.W.- Exacto. Chiquita cambió lo que consideró como una pena menor por una admisión de culpabilidad contundente por cargos criminales. Ellos aceptaron esa multa para escapar de la responsabilidad individual y, además, ese monto es poco para lo que produce la firma porque sus ventas son de 4,5 mil millones de dólares por año. La multa se pagará en cinco años, es decir de a cinco millones de dólares cada vez.

 Eso significa sólo el 0.1 % de sus ventas anuales. Lo que no calcularon fue que con la admisión de culpa les abrían las puertas a pleitos sin fin, hasta cuando todas las víctimas hayan sido ubicadas. Estas tienen todavía nueve años para presentar sus casos en contra de Chiquita. Si también se considera la posibilidad de que algunos directivos puedan ser extraditados a Colombia, creo que la decisión que tomaron fue equivocada.

C.O.- ¿Las directivas de Chiquita Brands también enfrentan demandas de otros accionistas de la empresa que no tuvieron que ver con los pagos a las AUC?

P.W.- Sí.  Ese tipo de proceso se llama acción derivativa por accionistas y se presenta en contra de las directivas como personas. Algunas de estas son muy ricas, pero dudo de que tengan el dinero suficiente para reparar el daño causado. Los demandantes pueden reclamar compensación por el pago de los 25 millones de dólares de la multa.

 Sin embargo, esa suma es pequeña si se compara con la que perderán los accionistas reclamantes cuando se establezca la indemnización que tendrá que pagarles Chiquita a las víctimas de Urabá. Ya existen cuatro casos entablados por grupos de accionistas contra la junta directiva.

C.O.- Si la Fiscalía colombiana pidiera en extradición a esos directivos, ¿cree que Estados Unidos se los entregaría a Colombia?

P.W.- Thomas Shannon  (Subsecretario de Asuntos Hemisféricos) sostuvo públicamente que sí, cuando le hicieron esa pregunta.  La petición de extradición está por completo en manos del fiscal Iguarán y es, a mi juicio, muy importante para la dignidad de Colombia.

C.O.- Usted ha venido varias veces al país, ¿qué hechos nuevos ha encontrado para utilizar en su demanda en Estados Unidos?

P.W.- Primero, los testimonios de los jefes de las AUC. Ellos mencionaron varios eventos específicos que se relacionan con los casos de mis clientes. Segundo, las investigaciones que la Fiscalía adelanta para identificar cuerpos en fosas comunes serán muy importantes para anexarlas a los procesos de desaparición forzada.

 Tercero, los asuntos conocidos en Justicia y Paz tienen un aspecto que también beneficia a mis clientes: pueden recibir indemnización por bienes confiscados en Colombia a los jefes paramilitares y a Chiquita, puesto que ambos tienen responsabilidad.

C.O.- Si sus clientes ganan en su país, ¿cuál será la garantía de que efectivamente les pagarán si ellos están en Colombia y no tienen recursos para reclamar cuando se termine el proceso?

P.W.- Como activista de derechos humanos que he trabajado en Colombia durante diez años, considero que éste es el proyecto más importante de mi vida.

Si ganamos, probablemente necesitaré establecerme en Urabá una parte del año para garantizar que la gente reciba su pago. Es mi compromiso con ella. La oportunidad de sacar de la pobreza y del miedo a estas personas desplazadas es un sueño al que le planeo dedicar el resto de mi vida, si es necesario.

Se conmueve más este gringo por el destino de alrededor de diez mil víctimas de los paramilitares en el Urabá antioqueño, que el 99% de los colombianos.

Se llama Paul y aunque tiene su residencia en Washington, en la zona su figura ya es bien conocida porque desde hace tres años se ha dedicado casi por completo a preparar una demanda civil sin precedentes económicos contra la multinacional bananera Chiquita Brands, para obligarla a que indemnice a los sobrevivientes de la época de terror impuesta por  Mancuso, H.H. y El Alemán en esa región.

La historia admitida ante la justicia norteamericana de la relación de Chiquita con los paramilitares se remonta a 1997, cuando esa firma empezó a darles a los grupos ilegales tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, a cambio de “protección”.

La empresa ejecutó alrededor de cien pagos hasta el 2004, mediante operaciones que conocían y aprobaron algunos directivos de la más alta jerarquía de la multinacional en Cincinnati  (Ohio). De centavo en centavo tal suma, aparentemente irrisoria, ascendió a la cifra de 1,7 millones de dólares que una vez en poder de las AUC, éstas usaron para armarse y fortalecer sus organizaciones criminales.

Chiquita Brands acordó con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pago de una multa de 25 millones de dólares en cinco años, a cambio de inmunidad penal en ese país para los responsables de la firma. Nada, comparado con el cálculo de víctimas fatales en el lapso de esos siete años en la región de Urabá: entre 10 mil y 20 mil muertos. Pero la bananera no calculó las demandas que vendrían después por haber aceptado oficialmente su culpa.

El encargado de iniciar el proceso más abultado de la serie de diez que existen hoy en varios tribunales estadounidenses es Paul Wolf, un antiguo defensor de derechos humanos que se ha convertido, literalmente hablando, en el abogado de los pobres en casos de complicadas naciones del mundo, como Colombia e Irak. 

Entre tanto la Fiscalía nacional, que adelanta la investigación penal por los mismos hechos, ni siquiera ha podido obtener del publicitado programa de cooperación judicial, los nombres de los directivos de Chiquita, cómplices de los asesinos. Lejos estamos de ver en una de las desvencijadas cárceles colombianas a los elegantes rubios que juegan sus bolsillos en la Bolsa de Nueva York sin ningún remordimiento. Mucho más cerca les respira este llanero solitario. Y ellos lo saben. 

Cecilia Orozco Tascón.- El proceso civil que usted adelanta contra Chiquita Brands en Estados Unidos, ¿será finalmente aceptado por la Corte Federal de Washington?

Abogado Paul Wolf.- Fue aceptado en principio, pero posteriormente Chiquita interpuso una acción que no es extraña en Estados Unidos. La bananera argumentó que nosotros no proveímos suficientes detalles de los peticionarios en los alegatos de admisión. Eso se debe a que quise proteger la identidad de ellos por razones de seguridad.

Como representante de las víctimas, le solicité a la Corte una orden de protección antes de entregarle una lista con nombres a Chiquita Brands. Le quiero poner de presente un ejemplo que justifica mis inquietudes: un diario colombiano informó que las Águilas Negras se robaron los archivos de mil casos preparados por una ONG para los procesos que se adelantan dentro de la Ley de Justicia  y Paz.

(*) En Estados Unidos comete un crimen quien revele apartes de casos que obtienen una orden de protección de la justicia. Por eso mi posición es bastante razonable a ojos de la Corte.

C.O.- ¿Qué argumentará para que la justicia de Estados Unidos se declare competente en casos ocurridos en Colombia?

P.W.- En primer lugar la sede principal de Chiquita está en Estados Unidos. Los homicidios fueron cometidos en Colombia, pero otros hechos importantes sobre pagos y acuerdos entre las Autodefensas Unidas y algunos directivos de Chiquita sucedieron en Estados Unidos. Voy a argumentar en la Corte que los homicidios ocurridos en Urabá fueron crímenes de guerra y que por tanto constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

C.O. - En concreto, ¿cuáles pagos y cuáles acuerdos entre las AUC y Chiquita ocurrieron en Estados Unidos, según usted? 

P.W.- Los pagos fueron hechos en Colombia, pero es claro que se realizaron con el consentimiento de las directivas de la empresa en Estados Unidos. Tanto es así, que se supo de la preocupación de uno de los ejecutivos de Chiquita cuando los paramilitares fueron calificados por el Departamento de Estado como “organización foránea terrorista”. Como él sabía que la empresa le había pagado a las AUC, quiso establecer si habían cometido un crimen.

C.O.- Suponiendo que la demanda se admita en la Corte Federal, será más difícil que usted pueda probar la conexión directa entre Chiquita y los crímenes de los paramilitares en la zona bananera. ¿Cómo lo hará?

P.W.- El argumento general es el de la responsabilidad de esa empresa con los crímenes cometidos debido a que durante más de siete años les pagaron una suma mensual a Carlos Castaño y a las AUC. Y ésta es la organización que perpetró los asesinatos que se presentaron en ese mismo tiempo y zona.

Adicionalmente podemos establecer enlaces directos entre Chiquita y varios de los homicidios, como por ejemplo, cuando se cometieron dentro de las fincas bananeras que le vendían su producto a la empresa. Segundo, contamos con los testimonios dentro de la Ley de Justicia y Paz de Mancuso, de alias H.H. y de El Alemán. Ellos aceptaron que recibieron dinero de Chiquita. Mancuso fue más específico porque dijo que entre su organización y la empresa no hubo una relación extorsiva, sino que ellos fueron contratados para prestar servicios de seguridad privada.

C.O.- ¿A cuántos familiares de víctimas representa usted?

P.W.- Ahora tengo contrato con 1.800 familias, pero si partimos de la base de que por cada homicidio hay cinco o seis reclamantes (esposa, niños y padres), llegamos a la cifra de diez mil personas.  Además hay que tener en cuenta que aunque yo comencé a trabajar en estos casos, ya hay otros procesos similares que suman mil quinientos crímenes.  En total, estimo que hay cerca de 20 mil reclamantes y, haciendo una proyección, ese número se puede multiplicar entre cinco y diez veces en el futuro. 

C.O.- ¿Cuáles son las pretensiones de los familiares de las víctimas?

P.W.- Mis clientes son muy pobres, viven en zonas de invasión y muchos han sido desplazados de sus hogares. Un caso típico es el de las víctimas cuyo padre fue asesinado y la madre con cinco niños tuvo que huir de su casa para vivir en otro sitio. Como no tiene ninguna manera de apoyar a sus hijos, no es ninguna deshonra decir que además de obtener justicia y revelación de la verdad, el dinero es una compensación importante.

Los pagos de Chiquita a los paramilitares fueron calculados como “gastos del negocio”.  ¿Cómo pueden las reparaciones ser menos que eso? El castigo económico a Chiquita Brands debe servir como ejemplo para otras empresas y revelar los nombres de los responsables no será suficiente.

C.O.- Si los reclamantes suman más de 20 mil personas hoy y cerca de cien mil mañana, ¿Chiquita tendrá dinero suficiente para pagarles? ¿Cuánto dinero de compensación se podría pedir por cada víctima?

P.W.- Claramente Chiquita no tiene dinero suficiente para pagarles a todos una cantidad justa.  La compensación por daños recibidos por homicidio cuesta normalmente millones de dólares en Estados Unidos.

Aún si limitáramos la responsabilidad de la empresa a los homicidios cometidos cerca de las propiedades de Chiquita en Urabá, esa firma no tendría cómo pagar. Entonces existe un dilema, y una buena solución podría ser la de llegar a un acuerdo global con la población para que en vez de pocos, todos reciban una cantidad equitativa.

C.O.- ¿Cuál sería la “cantidad equitativa” en un “acuerdo global” para los afectados de Urabá?

P.W.- Pienso que una cantidad de cien mil dólares por persona sería razonable, y el proceso de pago a las víctimas podría durar algunos años para minimizar el efecto financiero en la empresa. Pero esa cantidad de dinero es de mi imaginación y nada se ha arreglado con Chiquita hasta ahora.

De todas maneras, si la empresa no acepta alguna idea similar a ésta, todos los abogados que intervienen tratarán de que las indemnizaciones sean las máximas posibles. Si negocian conmigo, y si la mayoría de las víctimas están de acuerdo, los otros abogados que pretendieran en el futuro mayores cantidades necesitarían ir a un juicio cuyo costo también supera el millón y medio de dólares.

En cambio, si negociamos una cantidad justa, el resto de la gente no querrá tomar ese riesgo ni esperar cinco años o más. Por eso pienso que Chiquita no tiene otra opción que negociar, si quiere sobrevivir.

C.O.- ¿En su demanda contra Chiquita Brands le atribuye también responsabilidad personal a algunos de los directivos de esa empresa?

P.W.- Una vez que los argumentos principales sean admitidos, entraremos en una fase del proceso que se llama de “descubrimiento”.

Es la etapa de las revelaciones. Por ahora tenemos los nombres de diez ejecutivos que creemos que pueden estar involucrados en este caso. Incluiremos no sólo a los responsables directos por los pagos hechos a las AUC, sino también a quienes hacían parte de la junta directiva de la empresa en Estados Unidos.

 Cuando Chiquita admitió que les pagó a los paramilitares durante varios años y negoció con la justicia de Estados Unidos una multa de 25 millones de dólares, de los cuales ni un centavo era para reparar a las víctimas, lesionaron fatalmente el futuro de Chiquita Brands.

C.O.- ¿Por qué cree que admitir el pago de la multa de 25 millones fue un error si aquí se considera que es una pena muy suave? ¿Tal vez es porque se abrió la posibilidad de demandas de las víctimas?

P.W.- Exacto. Chiquita cambió lo que consideró como una pena menor por una admisión de culpabilidad contundente por cargos criminales. Ellos aceptaron esa multa para escapar de la responsabilidad individual y, además, ese monto es poco para lo que produce la firma porque sus ventas son de 4,5 mil millones de dólares por año. La multa se pagará en cinco años, es decir de a cinco millones de dólares cada vez.

 Eso significa sólo el 0.1 % de sus ventas anuales. Lo que no calcularon fue que con la admisión de culpa les abrían las puertas a pleitos sin fin, hasta cuando todas las víctimas hayan sido ubicadas. Estas tienen todavía nueve años para presentar sus casos en contra de Chiquita. Si también se considera la posibilidad de que algunos directivos puedan ser extraditados a Colombia, creo que la decisión que tomaron fue equivocada.

C.O.- ¿Las directivas de Chiquita Brands también enfrentan demandas de otros accionistas de la empresa que no tuvieron que ver con los pagos a las AUC?

P.W.- Sí.  Ese tipo de proceso se llama acción derivativa por accionistas y se presenta en contra de las directivas como personas. Algunas de estas son muy ricas, pero dudo de que tengan el dinero suficiente para reparar el daño causado. Los demandantes pueden reclamar compensación por el pago de los 25 millones de dólares de la multa.

 Sin embargo, esa suma es pequeña si se compara con la que perderán los accionistas reclamantes cuando se establezca la indemnización que tendrá que pagarles Chiquita a las víctimas de Urabá. Ya existen cuatro casos entablados por grupos de accionistas contra la junta directiva.

C.O.- Si la Fiscalía colombiana pidiera en extradición a esos directivos, ¿cree que Estados Unidos se los entregaría a Colombia?

P.W.- Thomas Shannon  (Subsecretario de Asuntos Hemisféricos) sostuvo públicamente que sí, cuando le hicieron esa pregunta.  La petición de extradición está por completo en manos del fiscal Iguarán y es, a mi juicio, muy importante para la dignidad de Colombia.

C.O.- Usted ha venido varias veces al país, ¿qué hechos nuevos ha encontrado para utilizar en su demanda en Estados Unidos?

P.W.- Primero, los testimonios de los jefes de las AUC. Ellos mencionaron varios eventos específicos que se relacionan con los casos de mis clientes. Segundo, las investigaciones que la Fiscalía adelanta para identificar cuerpos en fosas comunes serán muy importantes para anexarlas a los procesos de desaparición forzada.

 Tercero, los asuntos conocidos en Justicia y Paz tienen un aspecto que también beneficia a mis clientes: pueden recibir indemnización por bienes confiscados en Colombia a los jefes paramilitares y a Chiquita, puesto que ambos tienen responsabilidad.

C.O.- Si sus clientes ganan en su país, ¿cuál será la garantía de que efectivamente les pagarán si ellos están en Colombia y no tienen recursos para reclamar cuando se termine el proceso?

P.W.- Como activista de derechos humanos que he trabajado en Colombia durante diez años, considero que éste es el proyecto más importante de mi vida.

Si ganamos, probablemente necesitaré establecerme en Urabá una parte del año para garantizar que la gente reciba su pago. Es mi compromiso con ella. La oportunidad de sacar de la pobreza y del miedo a estas personas desplazadas es un sueño al que le planeo dedicar el resto de mi vida, si es necesario.