Una rebelión ciudadana contra la inmoralidad

Armando Novoa, director del Centro Estudios Constitucionales Plural y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, son los dos líderes cívicos que impulsan el referendo contra la reforma a la Justicia.

Armando Novoa: “El presidente reaccionó al borde del abismo”

Cecilia Orozco Tascón.- La indignación es una emoción instantánea que suele desaparecer con los días. La oposición presidencial a la reforma a la Justicia al borde de su promulgación ¿estimula o se desincentiva el entusiasmo de la gente por realizar un referendo que la entierre definitivamente?

Armando Novoa García.- La reacción del presidente tal vez contribuyó a que mucha gente se diera cuenta de lo necesario que es lograr un pronunciamiento masivo contra los privilegios que se estaban otorgando congresistas y altos funcionarios del Estado en materia judicial. Luego de la intervención del mandatario y de la renuncia del ministro de Justicia, la ola de rechazo ha continuado incentivándose hasta el punto de que muchos están pidiendo, además de referendo contra la reforma, la revocatoria del mandato del actual Congreso, la renuncia a su investidura de Representante, del presidente de la Cámara y una mayor sanción política para el gobierno.

C.O.T.- ¿Qué opina de esa salida, al parecer desesperada del presidente, horas después de conciliada la reforma en el Congreso?

A.N.G.- Claramente el presidente no tiene facultad para objetar un acto legislativo y sus ministros subestimaron la reacción ciudadana. Pensaron que una vez aprobada, la opinión pública perdería interés en el tema. Tal vez por eso el jefe de Estado tuvo que reaccionar al borde del abismo y por fuera de los cauces constitucionales. Ahora tendrá que sepultar la reforma pero respetando la Constitución, no comportándose como un reyezuelo así lo que el Congreso haya hecho sea, como lo es, repudiable.

C.O.T.- A los ministros de Justicia y del Interior no les permitieron entrar a la reunión de la Comisión de Conciliación donde se concretaron los últimos beneficios ilegales para los congresistas ¿No es muy raro que la coalición gubernamental del Congreso no quiera que el Ejecutivo oiga lo que los parlamentarios acuerdan?

A.N.G.- Es lamentable que el gobierno que promovió la reforma, haya sido excluido por la clase política tradicional aún contando con su apoyo. Esta parece ser la contraprestación que el Ejecutivo le concedió al Congreso por haberlo tenido actuando disciplinadamente a favor de todas sus iniciativas. Al romper el hilo constitucional y negarse a promulgar la reforma mediante lo que se podría llamar una alcaldada, el presidente planteó un choque de poderes.

C.O.T.- ¿Cuál es la salida?

A.N.G.- Si el gobierno quiere ayudar al buen morir de esta reforma, tiene que hacerlo dentro de los cauces constitucionales, o sea, apoyando el referendo derogatorio e impugnando su propio engendro ante la Corte Constitucional. No tiene otro camino.

C.O.T.- ¿Por qué esta reforma que no despertó el interés de la ciudadanía durante su trámite en el Congreso, a pesar de la gravedad de lo que estaba pasando, despertó la ira general al final?

A.N.G.- Al principio, algunos grupos organizados en lo que se llamó La Coalición Ciudadana por la Justicia, le hicimos seguimiento al proyecto de reforma que el gobierno presentó a consideración del Congreso en septiembre del año pasado. Poco a poco se fue ampliando nuestra base de apoyo hasta tener el respaldo de un número mucho mayor de personas indignadas por lo que se proponía y aprobaba. En el último episodio, cuando se reunió la Comisión de Conciliación, se terminaron de desnudar los verdaderos propósitos que tenía ese proyecto. Uno de ellos, el de lograr por la puerta de atrás una ley de punto final para los procesos de la parapolítica y para que los parlamentarios condenados pudieran volver al Congreso, acabó de despertar el descontento.

C.O.T.- ¿Quién o quiénes iban a poder volver al Congreso con la incorporación de la reforma a la Constitución?

A.N.G.- Personas como Mario Uribe y los otros tres expresidentes del Congreso condenados por la Corte Suprema por parapolítica (Miguel Pinedo, Luis Humberto Gómez Gallo y Javier Cáceres), podrían regresar al amparo de la supresión del régimen de inhabilidades que se propuso en esta reforma.

C.O.T.- Pero esa posibilidad ¿ya no quedó conjurada con la intervención del presidente anunciando que devolverá la reforma al Congreso por “inconveniente e inconstitucional”?

A.N.G.- El anuncio del presidente de ordenar la no publicación del texto de la reforma pone en vilo su vigencia pero quedan en la misma situación de incertidumbre docenas de procesos contra altos funcionarios del Estado. Ellos van a aprovechar esta situación para lograr su libertad. Este tipo de consecuencias debe llevarnos a darle cuerpo organizativo, en forma inmediata, a la iniciativa del referendo con el propósito de que el entusiasmo popular tenga un efecto sobre el conjunto del Estado y los altos funcionarios entiendan que ellos se deben a la ciudadanía y no al revés.

C.O.T.- Veo que usted piensa que a pesar de la posición del presidente y del limbo constitucional y jurídico en que quedó la reforma, subsiste la posibilidad de que los procesos de parapolítica u otros que pusieron en aprietos a los congresistas, sean objeto de recursos de nulidad ¿Es así?

A.N.G.- Por supuesto. Los implicados van a tratar de aprovechar este suspenso, como ya lo vimos en el caso del antiguo Secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno que pidió su libertad inmediata a la sombra de los micos contenidos en la reforma. Hay otros casos similares relacionados con la yidispolítica, Agro Ingreso Seguro o las investigaciones sobre el manejo de bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes, que van por el mismo camino. No en vano el presidente Santos aseguró que 1.500 procesos se verían afectados automáticamente por la reforma.

C.O.T.- ¿Quiénes podrían pedir beneficios inmediatos amparados en lo aprobado en esta reforma?

A.N.G.- Los procesados que no tengan resolución de acusación en firme y que se encuentren detenidos, podrían solicitar que les den la libertad de manera inmediata. Los que no hayan sido capturados pero que tengan investigaciones en curso solicitarán, seguramente que se remitan sus investigaciones a la nueva Comisión de Investigación y lo actuado se perderá. Los que tengan procesos disciplinarios pendientes podrán solicitar que el procurador pierda competencia y los remita al nuevo ente. Y cuando se aproximen las elecciones, veremos, como los que le mencioné arriba, que congresistas sancionados se inscriban como candidatos para volver al Congreso.

C.O.T.- El rechazo a lo que sucedió, ha recaído casi por completo en el Congreso y mucho menos en los miembros de las cortes ¿Qué responsabilidad les atribuye usted a los actuales magistrados que también intentaron beneficiarse de la reforma haciendo caso omiso de la ola de críticas que se levantó en su contra?

A.N.G.- Ellos tienen una culpa muy similar a la de los congresistas porque de ser los voceros del repudio nacional contra la reforma - tal como ocurrió hasta diciembre pasado cuando firmaron y publicaron una declaración conjunta -, pasaron, luego de un desayuno promovido por el presidente en la Casa de Nariño, a ser cogestores por debajo de la mesa, de una reforma que les reconoció unas prebendas que riñen con el sentido del decoro en el ejercicio de la magistratura.

C.O.T.- Los ciudadanos hemos esperado que algún magistrado renunciara por dignidad a las prebendas de que usted habla. Hace solo unas horas, lo hicieron dos de la Constitucional ¿Cree que puede haber más?

A.N.G.- Solo puedo decir que esperamos que el ejemplo de los magistrados Nilson Pinilla y María Victoria Calle sea seguido por sus colegas de todas las cortes.

C.O.T.- En este momento ese par de renuncias parecen tardías. Mejor hubiera sido que las tres cortes rechazaran las gabelas ofrecidas con claridad desde el principio. O que nunca las hubieran dejado prosperar.

A.N.G.- Por supuesto. Una reacción más oportuna en la dirección que usted dice, nos hubiera ahorrado gran parte de esta crisis. Pero si los magistrados de la Constitucional, de la Suprema y del Consejo de Estado siguen el ejemplo de los doctores Nilson Pinilla y María Victoria Calle, las cortes podrían reconciliarse con la ciudadanía y recuperar la enorme legitimidad que tuvieron en los años anteriores.

C.O.T.- A propósito de legitimidad ¿piensa que estos magistrados tendrán el respeto de la sociedad que tuvieron los que se enfrentaron al Ejecutivo para conservar la independencia de la Justicia?

A.N.G.- No creo que alcancen ese nivel de reconocimiento pero por lo menos darían un mensaje de decoro y pudor en el ejercicio de la función judicial.

C.O.T.- Se supieron en los medios de comunicación los nombres de varios magistrados que trabajaron pero en sentido contrario, es decir, para que los congresistas les garantizaran sus incrementos de periodo ¿Deberían declararse impedidos en futuros procesos contra quienes les dieron tales regalos aunque estos sean finalmente eliminados?

A.N.G.- Algunos deberían separarse del conocimiento de asuntos relacionados con investigaciones que lleguen a sus despachos en contra de congresistas. Por supuesto, hablo de un impedimento ético y no de las causales que establecen los códigos respectivos.

C.O.T.- Los togados manifiestan que pidieron ampliación del periodo y de la edad de retiro porque no tienen pensión…

A.N.G.- Muchos colombianos no tienen ninguna posibilidad de acceder a una pensión del Estado. No encuentro, por eso, razón alguna para que los magistrados quieran ser la excepción. Ahora, si se dedican a actuar en términos similares al del magistrado del Consejo de Estado William Giraldo (quien ha hecho todo lo posible para no retirarse a pesar de haber cumplido la edad que se exige para ello), estaríamos en la etapa que Álvaro Gómez llamó la de “las complicidades del régimen”, un sistema de beneficios mutuos entre los altos funcionarios del Estado. Este sí sería el establecimiento de la justicia solo para los de ruana.

C.O.T.- No hay que desconocer que en esta reforma estuvieron unidos los representantes de las tres ramas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial ¿El referendo no es una rebelión contra el poder legítimamente establecido?

A.N.G.- En realidad es una insubordinación contra los privilegios inmorales que pretendían llevar a la Constitución los representantes de los tres poderes. Ellos crearon una coalición de aforados contra la Constitución. Nosotros necesitamos organizar una rebelión ciudadana contra esos aforados en defensa de la Carta del 91. Usted me pregunta si es una rebelión. Sí, es una rebelión ciudadana contra la inmoralidad en el ejercicio de la función pública.

C.O.T.- Usted es constitucionalista: tratándose de una insubordinación ¿es legítima?

A.N.G.- Es legítima porque para ejecutarla se utilizan los mecanismos e instrumentos que nos ofrece la Constitución. No estamos apelando a las armas ni a la fuerza sino a los derechos que establece la Carta para que los ciudadanos podamos ejercer la soberanía popular. El que proponemos es un referendo que precisamente apela a esa soberanía cuando sus dirigentes se apartan de los mandatos constitucionales que son imperativos.

C.O.T.- ¿Qué futuro puede tener la otra vía para deshacer esta reforma, es decir las demandas que se presenten ante la Corte Constitucional?

A.N.G.- De entrada hay un tema que se va a plantear en el curso de las demandas: dado que la reforma contiene una serie de beneficios para los actuales magistrados de todas las cortes incluidos los integrantes de la Constitucional, aunque no hubieran sido pedidos o queridos por ellos, los miembros de este tribunal tendrán que declararse impedidos de revisarla porque resultarían beneficiados con ella. Por tanto, deberán ser reemplazados para este efecto por conjueces. En segundo lugar, las demandas pueden prosperar puesto que es evidente que la reforma pretendía sustituir la Constitución, entre otros momentos, cuando los congresistas la votaron ignorando la obligación que tienen de interpretar el interés general y de no utilizar su investidura en beneficio propio. Adicionalmente, incurrieron en innumerables vicios de procedimiento durante el trámite.

C.O.T.- ¿Como cuáles?

A.N.G.- Por ejemplo la negativa, en plenaria de Cámara y con el protagonismo directo del presidente de esa corporación Simón Gaviria, a darle curso a las proposiciones de los partidos o representantes que no compartían la reforma. La exclusión de las minorías en la discusión del proyecto y, más tarde, en las comisiones de conciliación constituyen vicios de procedimiento muy graves por el irrespeto al principio constitucional de pluralismo.

C.O.T.- El expresidente Uribe empieza a sacar pecho por el desastre de la reforma. Ha enviado varios trinos criticando “la manguala gobierno-congreso” ¿Él es uno de los ganadores en este desastre?

A.N.G.-Para nada. Esta reforma a la justicia, tan parecida a la de la época de Uribe, fue promovida en sus orígenes por el ministro Valencia Cossio en plena época de la parapolítica. Un gran derrotado con la situación de hoy es el uribismo, entre otras cosas, porque quienes se beneficiarían con su salida de las cárceles son los que acompañaron al expresidente en sus ocho años de gobierno y votaron por la reelección presidencial. No nos olvidemos que Uribe los invitó a votar antes de que los metieran a la Picota.
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Alejandra Barrios: “Todos sabían lo que estaban haciendo”

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuándo conformaron ustedes el comité promotor preliminar del referendo que, al parecer, empieza a actuar en las próximas horas?
Alejandra Barrios.- Hace dos días, el viernes pasado, se conformó el comité promotor del referendo derogatorio de la reforma a la Justicia en una reunión a la que asistimos diferentes organizaciones y personas reconocidas por su trayectoria profesional y social. Entre otros, estábamos la Corporación Excelencia por la Justicia, el Centro de Estudios Constitucionales Plural, el Movimiento Séptima Papeleta del año 91 representado por Óscar Ortiz, Asonal Judicial, Manos Limpias, varios antiguos constituyentes y estudiantes. Según los requisitos de la Registraduría, se requieren nueve promotores para empezar a recoger las primeras firmas. Creemos que tenemos suficiente apoyo y que podemos superar las expectativas.

C.O.T.- Para usted ¿Qué es lo más escandaloso de la reforma?

A.B.- Hay muchas aspectos escandalosos pero es de resaltar cómo se fue desfigurando la reforma en un proceso de negociación que se dio en el Congreso y que fue una vergüenza porque al inicio, el argumento para justificarla era que se estaba buscando mayor eficiencia. Sin embargo, muy pronto los congresistas vieron que tenían un vehículo para realizar una contrarreforma política al régimen establecido para juzgarlos a ellos después de la Constitución del 91, vía reforma a la Justicia. Lo otro que es escandaloso es el primer acto que aprobaron para poder tener votos suficientes con qué aprobar ésta, y que fue hecho en un artículo único antes de terminar el año pasado. Allí se habilita a los parlamentarios impedidos a votar a pesar de que terminen apoyando medidas que los favorezcan en procesos contra ellos mismos.

C.O.T.- ¿Cómo fue que la reforma a la Justicia se convirtió en contrarreforma política?

A.B.- Uno de cada tres artículos de la reforma tiene que ver con materias para favorecer a los congresistas en sus procesos de investigación y juzgamiento y hay un número sensiblemente menor que se relacione con los problemas de la rama judicial. En cambio, una gran parte del texto contiene modificaciones favorables a las condiciones en que los senadores y representantes serán examinados por los jueces.

C.O.T.- ¿Los parlamentarios desaparecieron las sanciones políticas a los partidos y sus miembros?

A.B.- Sí. El Acto Legislativo 01 de 2009 en el que se establecieron duras sanciones políticas a los miembros de los partidos y congresistas que entrababan relaciones con la ilegalidad, fue modificado para flexibilizar lo estipulado allí. Y el Congreso hizo causa común para sacar la reforma adelante. Actuó en gavilla para alterar y suavizar los mecanismos de juzgamiento.

C.O.T.- Después de que estalló el inconformismo ciudadano, algunos parlamentarios salieron a defenderse. Simón Gaviria, presidente de la Cámara, dijo, por ejemplo, que había votado a favor del texto preparado por la Comisión de Conciliación sin leerlo porque confiaba en sus colegas y en el gobierno ¿Qué opina de esta explicación?

A.B.- Simón Gaviria dice que no leyó la reforma pero yo creo que la conocía perfectamente. Todos sabían lo que estaban haciendo y tenían claro los temas de flexibilización de sus regímenes. Fue tan grave lo que propusieron y aprobaron que ahora, debido a la protesta ciudadana, prefieren decir que no la leyeron (la reforma) a reconocer que tuvieron conciencia de saber lo que hacían.

C.O.T.- Alguna vez ustedes, que le hicieron seguimiento al tema de la reforma desde el principio, le expresaron sus preocupaciones al ministro Esguerra?

A.B.- Sí. En reunión con varias organizaciones sociales le pedimos al ministro que retirara algunos aspectos puntuales de la reforma. En audiencia pública le dije a Juan Carlos Esguerra que esas propuestas echaban para atrás los avances de la Carta del 91 y también los de la reforma política. Se le mencionó tema por tema. Se le entregaron documentos de análisis y nada. El gobierno tomó la decisión de hacer causa común con la impunidad.

C.O.T.- y ¿En el Congreso la actitud fue similar?

A.B.- Claro que sí. Había un acuerdo implícito o explícito. Ese ambiente se sentía en el Capitolio. Estaban absolutamente convencidos de que no habría reacción o de que no duraría mucho. Tan grave fue el nivel de descaro que inclusive aforaron a los secretarios generales de Senado y Cámara.

C.O.T.- No era difícil imaginar la indignación que producirían ciertos cambios ¿Por qué cree que no les importaba?

A.B.- Por los altos grados de soberbia que manejaron. Eso hizo además que se excedieran, por ejemplo, concediéndoles fuero a esos dos empleados que no son elegidos sino contratados. Los pusieron en igual nivel de importancia del Presidente de la República, magistrados, Fiscal, Contralor y Procurador. Este hecho es la demostración del nivel de desfachatez con que votaron la reforma los congresistas pensando que podían hacer – y disculpe la expresión - lo que les daba gana. La prepotencia tampoco los dejó imaginarse la reacción del presidente y de los ciudadanos.

C.O.T.- En la conciliación,los congresistas comisionados eliminaron los artículos de transición que daban un margen de maniobra a las cortes ¿Qué opinión tiene al respecto?

A.B.- Eso fue de una gravedad absoluta. Haber eliminado los artículos de transición de un régimen a otro, para proteger lo que se venía ejecutando, permitió que el abogado de Bernardo Moreno (exsecretario general de la Casa de Nariño) pidiera el mismo día la excarcelación de su cliente. El caos que se empezaba a generar fue tan contundente que la Corte Suprema informó que paralizaba el proceso de las chuzadas del DAS mientras había claridad. Y ¿quiénes habían votado esos artículos y el resto de la reforma? Familiares de los condenados que hoy son congresistas, entre otros. Ellos votaron, por supuesto, a favor de sus padres, hijos, esposas, etc. Es lo que se llama votación en cuerpo ajeno.

C.O.T.- ¿Cuánta responsabilidad le atribuye al Ejecutivo que se presenta un poco como si fuera víctima de una trastada del Congreso?

A.B.- El Ejecutivo perdió el manejo de la reforma y cuando se dio cuenta del esperpento de articulado que se estaba aprobando, no envió un mensaje claro en el sentido de que le parecía inaceptable. La administración permitió todo. Cuando hablábamos con el ministro Esguerra, como le dije, y le confiábamos nuestras preocupaciones, él no reaccionaba. No respondía. No sé si esa actitud pasiva fue por falta de manejo o de experiencia. O porque en definitiva, el gobierno había tomado la decisión de no confrontar.

Se inicia movimiento antirreforma

Cecilia Orozco.- ¿Cuándo iniciarán el movimiento antirreforma?

Armando Novoa.- Tenemos un comité inicial compuesto por nueve representantes de distintas organizaciones que se presentarán mañana lunes en la Registraduría para empezar la primera campaña: la de recolección de las firmas (alrededor de 170 mil) que se requieren para inscribir formalmente el comité promotor. Aspiramos a tenerlas en dos semanas. Nuestro objetivo es que antes del 20 de julio, cuando empiece a sesionar el Congreso, el comité se haya inscrito para comenzar la segunda campaña: la de recolección de casi 2 millones de firmas que son necesarias para convocar al pueblo a votación. Esta sí va a ser una “locomotora” pero de democracia participativa.

C.O.T.- Aún con todo lo que ha pasado, para conseguir esa cantidad de firmas se necesita organización y dinero ¿Cómo van a obtener estos dos requisitos?

A.N.G.- Al día de hoy ya tenemos una base de grupos de activistas muy importante. Entre otros, los funcionarios de la rama judicial reunidos en Asonal; organizaciones estudiantiles, redes ciudadanas en toda la geografía nacional. Además nos acompañarán algunos parlamentarios que votaron en contra de esa reforma y personas con influencia natural en algunos sectores ciudadanos como líderes de opinión, medios de comunicación, académicos, exconstituyentes y expresidentes de la Constituyente.

Conjueces de lujo resolverán las demandas

Los conjueces que tendrían que entrar a revisar la constitucionalidad de la polémica reforma a la Justicia en la corte respectiva, una vez que lleguen las demandas contra la misma y que se declaren impedidos los titulares de ese alto tribunal (por ser directos beneficiarios de la ampliación de su periodo de 8 a 12 años y de la edad de retiro de 65 a 70 años), son tan importantes en su profesión como los que van a reemplazar. En la lista de conjueces están reputados exmagistrados de varias cortes, académicos y especialistas en la rama que son considerados parte de la cúpula del derecho constitucional: Alfredo Beltrán, Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño, Gustavo Cuello Iriarte, José Roberto Herrera, Juan Carlos Henao, Edgardo Villamil, Rafael Ostau De Lafont, Rodrigo Uprimny, Rodolfo Arango, Ligia López Díaz, Diego López Medina, Rafael Romero Sierra, Alejandro Vanegas Franco, Luis Fernando Álvarez Londoño. De entre estos 16 juristas serán seleccionados 9, uno por cada titular de la Sala Plena. El método de escogencia es simple y al azar: por sorteo.

Los beneficiados

Con lo aprobado en la reforma a la Justicia que iba a entrar en vigencia antes de que el presidente Santos le retirara su apoyo, iban a suavizarse o a desaparecer los controles y sanciones a los congresistas. La porción más escandalosa de este acto legislativo que contó con el abrumador apoyo de todos los partidos de la coalición, es precisamente la de la flexibilización de las sanciones penales y disciplinarias que se imponen a los parlamentarios que no cumplan con un régimen que se les exige a todos los demás ciudadanos: acorde con las leyes y la Constitución. Según datos de la Misión de Observación Electoral, votaron a favor de sus propios intereses judiciales 34 parlamentarios que tienen procesos de pérdida de investidura y 39 con investigaciones preliminares en la Corte Suprema, la mayoría por parapolítica. Entre los magistrados que también se iban a beneficiar con la reforma por la prolongación de su periodo, hay cuatro en la Suprema que estaban esperando su entrada en vigencia para poderse quedar porque están al borde de cumplir los 8 años, para los que fueron elegidos (Camilo Tarquino, Francisco Ricaurte, Sigifredo Espinosa y Gustavo Socha). Uno en el Consejo de Estado (William Giraldo) y dos en la Corte Constitucional: Humberto Sierra y Nilson Pinilla.