"Dicen que la justicia es política para neutralizarla"

Luis Ángel - El Espectador

Esta semana, la representante Cabal afirmó, en plenaria de Cámara, que “un periodista” estaba sufriendo “persecución judicial por el delito de defender la democracia”. Y la mencionó a usted como responsable de esa supuesta persecución. La persona a la que se refirió la congresista es Ricardo Puentes, un hombre al que, según recuerdo, usted denunció penalmente, ¿por qué?

Primero, debo decirle que la representante María Fernanda Cabal hizo parte de la Fiscalía como directora de la Oficina de Asuntos Internacionales, al mismo tiempo en que yo era fiscal delegada ante la Corte Suprema (años 2006-2007). Me acuerdo que ella me solicitó, en varias ocasiones, el expediente sobre los hechos de la retoma del Palacio de Justicia y sobre la actuación de coronel Plazas Vega, que yo investigaba. Como funcionaria que era de la Fiscalía, ella tenía que atender algunas reuniones con la Cancillería sobre el caso del Palacio, por el tema de derechos humanos que interesa a la comunidad internacional. Pero nada tenía que ver con la totalidad del expediente. Cuando ella quiso obtener copia de la investigación, le manifesté que era imposible acceder a la misma porque se trataba de información con reserva legal. Desde aquella época, y por este proceso, he sido objeto de acusaciones irresponsables de un grupo de defensores del coronel, entre otros, de ella y del señor Ricardo Puentes.

Continúo sin entender qué tiene que ver Puentes, quien habría sido “forzado a buscar el exilio”, según se afirma en un artículo, con la congresista que leyó una constancia en la Cámara a favor de él y en contra suya.

La representante Cabal utiliza, hoy, el escenario del Congreso para repetir, de manera temeraria, afirmaciones que hizo Puentes en mi contra por el proceso Plazas Vega. Las falsedades que Puentes publicó sin ningún sustento legal me llevaron a denunciarlo penalmente en 2010. Durante estos cinco años, tiempo en el cual él ha continuado difamándome, incluso poniendo en riesgo mi vida como se desprende de las amenazas que recibí, la fiscalía del caso y el juez han adelantado las diligencias correspondientes. Hace unos días se le imputaron al denunciado los delitos de injuria agravada y calumnia agravada. Debe ser por eso que ahora la congresista asegura que lo persiguen.

¿Sugiere que ella tiene interés personal en el caso Puentes y también en el de Plazas Vega?

A ver: la funcionaria de la Fiscalía María Fernanda Cabal se preocupaba, ayer, por el tema Plazas y el Palacio de Justicia. La congresista María Fernanda Cabal utiliza, ahora, el recinto de la plenaria de la Cámara para dejar una constancia sobre el mismo caso, que estaba por fuera del orden del día y que no tenía ninguna relación con lo que allí se iba a discutir ¿Qué debe entenderse, entonces: que actuaba como legisladora o que tenía un interés particular? Hay otros antecedentes. Por ejemplo, recuerdo que ella firmó, en 2011, una solicitud de libertad de uno de los procesados por la retoma del Palacio de Justicia, en un comunicado de prensa que se publicó en varios periódicos de amplia circulación, junto con José Obdulio Gaviria y José Félix Lafourie, entre otros.

No sólo esta congresista sino otros defensores de Plazas Vega y hasta su apoderado dentro del proceso, que justamente está siendo revisado en la Corte Suprema, afirman que usted se “inventó” la declaración del testigo principal contra el coronel, un cabo que se llama Édgar Villamizar, quien aparece en el proceso atestiguando, frente a usted, contra Plazas, y años después dijo que nunca la había visto.

De él también se dijo que su firma había sido falsificada y que el apellido estaba mal escrito. Pues bien, existe plena prueba sobre la autenticidad de la firma que el señor Villamizar escribió durante la diligencia en que estuvo presente y que rindió ante mí, como fiscal del caso que era, el 1° de agosto de 2007. Es cierto que él se retractó cinco años después, o sea en 2012. ¿Adivine quién gestionó la diligencia de retractación que no quiso hacer sino ante el procurador Ordóñez? El señor Ricardo Puentes que hoy huye, según el artículo que usted menciona, justo cuando le imputan los delitos de injuria y calumnia por los que lo denuncié. Pero, sorpréndase: Puentes también fue quien llevó, personalmente, al testigo del proceso Plazas Vega al Juzgado 55 Penal del Circuito en donde estuvo sentado, durante toda la audiencia y a la vista de los presentes, hasta cuando el testigo negó lo que había afirmado años atrás.

Pues la veracidad de ese testimonio ha sido puesta en duda incluso por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Múltiples pruebas periciales corroboran que el cabo Villamizar sí estampó su firma en la declaración de 2007. La contradicción entre su testimonio de entonces y su retractación, cinco años después, no demuestra una falsedad mía sino, más bien, una presión externa para desconocer hechos confrontados con otras pruebas. Alguien podría preguntarse cómo es posible que varios años después de que se conoce el nombre del cabo a través de la prensa, se dice que él declaró, se exponen fotos de su hoja de vida militar, jamás él hubiera aparecido a desmentir lo que se decía. Y cómo es posible que, repentinamente, aparezca de la mano del señor Ricardo Puentes, el mismo defensor de Plazas Vega y quien venía intentando desprestigiarme, en la Procuraduría y el Juzgado 55 Penal, a negar lo que había dicho y firmado. ¿No le parece más contradictoria la segunda versión que la primera?

No sólo hay dudas. Usted ha sido investigada por este testimonio y por otras pruebas que recaudó en el caso Plazas. ¿Concluyeron las causas en su contra y cómo?

He padecido multiplicidad de investigaciones disciplinarias y penales que se formularon contra mí por haber cumplido con la labor de examinar, seriamente, los hechos del Palacio de Justicia. Para mi satisfacción, las instancias competentes concluyeron que no existieron hechos irregulares o indebidos de mi parte. Valga decir que, por segunda vez, y en esta ocasión ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General radicó solicitud de preclusión a mi favor, en la indagación que ya había sido archivada por inexistencia de delitos.

¿Quiénes la denunciaron a usted por su investigación a Plazas Vega?

Además de la señora Cabal, siempre me han atacado, desde cuando fui la fiscal del caso Plazas, varias personas que todavía denigran de mi nombre, de mi ejercicio profesional de abogada y de mi condición de fiscal, y que tienen vínculos ideológicos con ella: Plinio Apuleyo Mendoza, Eduardo Mackenzie, Fernando Londoño y otros. Este es un tema que ha repercutido no sólo sobre mí, que finalmente opté por retirarme de la carrera judicial, sino sobre todos los funcionarios que, de una u otra forma, cumplieron con su deber de investigación y juzgamiento de los responsables del Palacio de Justicia.

Pero nos apartamos del tema: el supuesto “periodista” Puentes, o sus amigos, afirman que él nunca fue notificado de la denuncia en su contra sino ahora, cuando le imputaron los dos delitos de difamación…

No es cierto que no hubiera sido informado de la investigación en su contra. Se cursaron comunicaciones a las direcciones registradas a su nombre y nunca apareció hasta la última diligencia que se celebró hace unos días.

¿En qué fecha puso la denuncia contra Puentes y por qué ahora argumenta que lo persiguen y sale del país?

Lo denuncié por una columna que rebasó mi paciencia y que él tituló la “Caída del muro de Berlín en la Fiscalía” y que publicó en la página web de su autoría, en septiembre de 2010. Lo hice ante el fiscal general (e) de la época (Guillermo Mendoza Diago). Éste decidió enviar mi denuncia a la Unidad de Terrorismo. Posteriormente, se trató de ubicar a Puentes para formularle la imputación, pero como le dije antes, nunca compareció. Sólo decidió asistir a la diligencia del 5 de junio pasado, en donde, de manera extraña, manifestó que no tenía conocimiento de la investigación a pesar de que yo misma la comenté en público y de que sus propios amigos escribieron sobre el tema hace por lo menos cuatro años.

Con independencia de la responsabilidad que pudiera caberle a su denunciado y de su supuesta renuencia a atender la investigación, parece excesiva la medida de embargo que el juez habría decretado contra la vivienda del imputado.

Mal habrían podido decretar un embargo cuando no se ha solicitado. No es cierto que se hubiera tomado esa medida. No obstante, creo que acabar con la honra, reputación y nombre de una persona, como él lo hizo contra los míos, bien amerita medidas de esta naturaleza para restablecer los derechos que me violó y siguen violando otras personas, como las afirmaciones irrespetuosas de esta semana en la plenaria de la Cámara.

Para usted, entonces, ¿el señor Puentes no está exilado sino fugado?

Yo no puedo decir si salió del país o no. Sí puedo afirmar que ha faltado a la verdad, que ha escrito inventos y mentiras sin ningún rigor ético, y que a él solo lo asiste la intención de defender políticamente y con cualquier arma a su alcance a sus aliados y amigos de causa.

Esta polémica tiene interés, más allá de su caso, porque el proceso del coronel Plazas está por terminar definitivamente: la Corte Suprema ratificará, en breve, la condena en su contra o la tumbará. Si el fallo condenatorio se cae, como parece, ¿usted aceptaría que se equivocó junto con la jueza y el tribunal que le impusieron el castigo penal?

Creo y sigo creyendo en la justicia y en el derecho. Es claro que, en el sistema jurídico, hay diversas instancias y por eso se justifican los recursos extraordinarios: para que haya diferentes miradas del mismo problema jurídico. Por ahora, lo importante es la coincidencia entre varios funcionarios sobre la evaluación de lo sucedido en el Palacio de Justicia, durante la retoma. Además, no olvide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por probado un modus operandi de desaparición. En mi opinión, no se trata de equivocaciones sino de que los hechos son tozudos.

Usted es ahora profesora universitaria y le pido que conteste como académica: nadie duda de que el caso Plazas es mucho más que un proceso de orden personal porque ha llegado a ser emblemático entre los militares. Si se cae esa condena, ¿las repercusiones serían generales o netamente individuales?

Pienso que el caso del Palacio de Justicia no sólo es emblemático, sino que se ha utilizado como fortín político, como un elemento de puja de poderes, como una forma de polarizar concepciones radicales contra otras, primordialmente humanistas. El Estado debe asumir el dolor de las víctimas que en nuestra historia son millares. Por eso, es claro que este caso no debe analizarse de manera aislada, sino en el contexto de los genocidios, de las masacres, de los homicidios agravados, de otras dinámicas perversas que se enquistan en la sociedad. Si la justicia no asume el rol que le corresponde con autonomía e independencia, no habrá esperanza posible para Colombia.

Los defensores de Plazas argumentan lo mismo que usted: que la justicia se ha “politizado”, pero aseguran que fue infiltrada por agentes de izquierda y de la guerrilla…

Es una forma de neutralizar la justicia. E, incluso, de intimidar, deslegitimar y poner en riesgo a los investigadores que cumplen con su deber. Lanzan ese discurso para convencer a quienes están fuera, que hay una guerra desde la Fiscalía o los juzgados y tribunales contra sectores del Estado como los militares, para enardecer los ánimos. Si hay funcionarios que han llegado a la rama con finalidades antijurídicas, quienes así lo afirman deberían entregar las pruebas para depurar la justicia, pero, además, para demostrar que lo que dicen es cierto. Lo que no se puede permitir es que se siga poniendo en la picota pública a todos los que pertenecen a la rama, entre quienes hay muchas personas que han dado la vida por el país, han sacrificado a sus familias y han contribuido al restablecimiento del tejido social.