Los intentos políticos de Escobar por negociar su guerra

Pablo Escobar Gaviria y sus amigos de negocios ilegales intentaron que el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, fuera portador de su propuesta. Antes de irse a la guerra contra el Estado y la sociedad, los capos del Cartel de Medellín propusieron una negociación política para desarticular su negocio y saldar sus cuentas con la justicia.

La idea no cuajó porque ya el país estaba inmerso en la confrontación del gobierno de Belisario Betancur contra las mafias del narcotráfico. Sobre todo después de los intentos del Cartel de Medellín de tratar de desacreditar al ministro Lara Bonilla a través de la supuesta financiación de su campaña política, con un cheque de un tal Evaristo Porras, mafioso del Amazonas. La propuesta de los narcotraficantes nunca se contempló a nivel de Estado, pero a la vuelta de la esquina volvió a plantearse en un momento trágico.

Después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984, la mayoría de los capos del narcotráfico huyeron hacia Panamá. Menos de un mes después del magnicidio del ministro de Justicia, a través del expresidente Alfonso López Michelsen, volvieron a proponerle al Estado una negociación política antes de persistir en su guerra. En una suite del hotel Marriott de Panamá, por mediación del ingeniero Santiago Londoño White, el propio Escobar Gaviria y Jorge Luis Ochoa le entregaron al expresidente López su fórmula.

El trueque ofrecido por Pablo Escobar, sus socios y sus secuaces fue desmontar de inmediato el negocio del narcotráfico, repatriar sus capitales a Colombia, retirarse de la política y colaborar con el Gobierno en la erradicación del consumo de droga, a cambio de la no extradición y una negociación para saldar sus cuentas judiciales. El expresidente Alfonso López, quien aceptó el encuentro porque casualmente estaba por los mismos días en Panamá, informó de inmediato todo lo sucedido al presidente Betancur.

Aunque Betancur rechazó la propuesta, entre otros aspectos por considerarla una ofensa ante el reciente asesinato de su ministro Rodrigo Lara, de todos modos comisionó a su ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez, para que convinieran un eventual encuentro, con participación del expresidente Alfonso López y el concurso del procurador Carlos Jiménez Gómez. Por esta razón, el 26 y 27 de mayo de 1984, el jefe del Ministerio Público viajó a Panamá y se reunió con los capos del narcotráfico.

Años después, el propio Carlos Jiménez Gómez, en su libro ‘Testigo del diluvio’, admitió cómo se dio este encuentro, y de qué manera lo hizo a petición del presidente Betancur. De esa cita del Procurador con los capos surgió un documento que Jiménez entregó al presidente Betancur, con una copia que se hizo llegar a un consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, pues a juicio del Ejecutivo, ninguna posibilidad de negociación con los capos de la droga podía hacerse sin el concurso de Estados Unidos.

El sigilo y la posibilidad de que la negociación secreta entre los narcotraficantes y el Estado se abriera paso, se hicieron pedazos cuando el periódico El Tiempo divulgó la existencia de la propuesta de los mafiosos al Gobierno. De inmediato estalló el escándalo y hasta se formularon señalamientos para que trataran de cobrar forma procesos judiciales. Al final, la idea de los capos de desmontar su negocio, entregar laboratorios, pistas y capitales, a cambio de la no extradición, el cese de los operativos en su contra y la rendición, no prosperó y la guerra fue en adelante la única opción.

La tercera vez que la organización de Pablo Escobar Gaviria quiso saldar por la vía política sus cuentas con el Estado sucedió en medio de la crisis nacional suscitada después del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en agosto de 1989. Esta vez fue el periódico La Prensa el que informó que con la intermediación del exministro de Hacienda, Joaquín Vallejo Arbeláez, los mafiosos habían sostenido contactos con el Gobierno de Virgilio Barco, para intentar que el Estado aceptara una negociación y desarme.

El emisario de este nuevo intento del narcotráfico fue el abogado antioqueño Guido Parra, un exasesor presidencial y acreditado litigante de Medellín, que contactó al exministro Vallejo Arbeláez para convencerlo de que fuera intermediario de la propuesta de Escobar Gaviria y demás mafiosos, para estructurar opcionales diálogos con el Gobierno Barco. Vallejo aceptó y se reunió con Pablo Escobar, con una circunstancia favorable. Vallejo era el padrino de bautismo del capo, cuando la familia de Escobar trabajaba en una de las propiedades del exministro antioqueño.

El exministro Vallejo contactó al entonces secretario general de la Presidencia de la República, Germán Montoya Vélez y de manera personal y sin otra antesala que la amistad, le presentó al propuesta de los narcotraficantes. Montoya reconocería tiempo después que lo único que hizo fue recibir a un amigo y dejarle claro que en ese momento, con el dolor vivo del asesinato de Luis Carlos Galán, no era posible negociación alguna entre el Gobierno y el narcotráfico. El único camino posible era la confrontación.

Aun así, el exministro Joaquín Vallejo redactó un modelo de preacuerdo y lo discutió con los narcotraficantes en una reunión clandestina en la que participó Pablo Escobar. A su vez Guido Parra transformó el documento en una supuesta propuesta de paz de Los Extraditables, que hizo llegar a la Casa de Nariño después de una alocución del presidente Barco para responder a las tratativas de paz con el M-19. Oficialmente, nunca el Ejecutivo tuvo trato alguno con el narcotráfico en este tenso momento de la vida nacional, pero una vez más el debate público tuvo ribetes de escándalo.

El secretario general de la Presidencia, Germán Montoya, tuvo que expedir un comunicado en el que calificó como calumniosas las informaciones sobre supuestos diálogos entre el Gobierno Barco y el narcotráfico, y el Congreso de la República, que entonces tramitaba una reforma Constitucional, se volvió un hervidero de acusaciones, señalamientos y cacería de brujas. Por esos días de octubre de 1989, asumió como ministro de Gobierno Carlos Lemos, quien tuvo que estrenarse con una declaración para apagar el incendio.

“El Gobierno recibió por intermedio del doctor Joaquín Vallejo una propuesta que rechazó. Esa es la verdad escueta. Hubo un contacto entre el doctor Vallejo y el doctor Montoya y la respuesta fue no”, declaró el ministro Lemos para acallar el escándalo. Pero la oposición no dio tregua y por varios días ocupó a los medios de comunicación sumando voces en favor y en contra del Gobierno. Una vez más la idea del narcotráfico de saldar sus cuentas con la justicia y parar la guerra causó revuelo nacional, pero no detuvo el terrorismo que estremecía a Colombia.

De todas maneras, quedó un documento escrito en el que los Carteles de Medellín, Bogotá y la Costa Atlántica ofrecían retirarse del narcotráfico, entregar sus armas y colaborar con el desmantelamiento de las otras organizaciones dedicadas al ilícito negocio, esta vez a cambio de un precio más alto: no extradición, una ley de indulto, una amnistía patrimonial para sanear sus capitales, y la posibilidad de extender estos beneficios a lo que ellos mismos denominaron “grupos auxiliares” como el MAS, es decir, que en el paquete entrara también el paramilitarismo en auge.

El cuarto capítulo de los intentos de Pablo Escobar para parar su guerra terrorista por la vía política, se concretó después de la muerte del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, abatido por la Policía entre Tolú y Sincelejo, en diciembre de 1989. Pero la estrategia esta vez no fue pacífica, sino que a imagen y semejanza de la forma como lo intentó consolidar a principios de 1988 con los secuestros de Andrés Pastrana y el procurador Carlos Mauro Hoyos, de nuevo apeló al chantaje de la privación de la libertad de personas, para de esta manera presionar al Gobierno hacia una posible negociación.

Apenas cinco días después de la muerte de Rodríguez Gacha, sus sicarios secuestraron al entonces gerente de la firma Probolsa, Álvaro Diego Montoya Escobar, hijo del secretario general de la Presidencia, Germán Montoya Vélez. Acto seguido, los hombres de Escobar, en distintos hechos, secuestraron a 17 personas más pertenecientes a familias acaudaladas de la capital antioqueña. El plan de Escobar quedó formalizado a través de un comunicado de Los Extraditables, en el que justificaron el acto como una necesidad de la guerra.

La primera respuesta provino del director del DAS, Miguel Maza Márquez, quien la calificó como “una mezcla de amedrantamiento, ánimo de lucro y populismo”. A su vez, los expresidentes Alfonso López, Julio Cesar Turbay y Misael Pastrana, acompañados por el máximo jerarca del partido político Unión Patriótica, Diego Montaña, y del cardenal Mario Revollo, expidieron una declaración pidiendo la liberación de los rehenes, y dejando ver que de hacerlo seguramente “la sociedad miraría con benevolencia este gesto y los haría acreedores a un tratamiento menos riguroso”.

El gobierno Barco se apartó de la declaración y más bien exigió a Los Extraditables que admitieran la autoría de todos los secuestros. En plena recta final de la campaña presidencial, la celada del narcotráfico obligó a los candidatos a decir algo sobre el tema. El comentario de César Gaviria, favorito de las encuestas, dejó entrever qué podía pasar en su Gobierno: “Haría sin duda que la actitud de la sociedad fuera menos rigurosa, como quiera que no es lo mismo juzgar a quienes han cesado en su acción criminal que a quienes a diario cometen actos que ponen en peligro la supervivencia de las instituciones democráticas”.

La controversia creció cuando el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, general Harold Bedoya Pizarro, reveló que detrás de ese chantaje lo único que había era el intento del narcotráfico de reposicionar la fórmula del abogado Guido Parra de acabar la violencia, desmontar el negocio y ayudar a acabar con los otros carteles de la droga a cambio de la no extradición y el sometimiento a la justicia. El revuelo cesó cuando Escobar empezó a liberar a sus secuestrados a cuenta gotas.

Lo hizo después de un sospechoso comunicado en el que Los Extraditables calificaron como una “patriótica invitación”, la declaración de los expresidentes y el cardenal Revollo, manifestando además que reconocían el triunfo del Estado. El extraño comunicado fue respondido por el Gobierno, que negó de plano cualquier negociación con el narcotráfico, y anunció que, por el contrario, se iba a fortalecer la extradición. A finales de enero de 1990, uno por uno, quedaron libres los secuestrados.

En su libro ‘La Parábola de Pablo’, el escritor Alonso Salazar sostuvo que Santiago Londoño White, el mismo que había obrado como emisario de las propuestas de los narcotraficantes un mes después del asesinato de Rodrigo Lara, volvió a aparecer para ayudar a buscar una salida, y que por petición del secretario general de la Presidencia, Germán Montoya, lo acompañó en las gestiones el empresario antioqueño, J. Mario Aristizábal. Ambos, Londoño y Aristizábal accedieron a Pablo Escobar para hablar de su sometimiento.

La respuesta del capo fue entregar un laboratorio en las selvas del Chocó, un helicóptero y un autobús cargado de dinamita. Luego empezó a liberar a los secuestrados. Según Salazar, Santiago Londoño convenció a Escobar que dejara libre al hijo del secretario de la Presidencia, con el estricto compromiso de que seguiría obrando como mediador. Este hecho trascendió a los medios, pero el propio Germán Montoya negó cualquier diálogo y aseguró que todo se había reducido a contactos humanitarios para liberar a su hijo.

La liberación de Álvaro Diego Montoya generó toda clase de conjeturas, y una y otra vez el Gobierno tuvo que expedir comunicados para rechazar el secuestro en todas sus formas y asegurar que las instituciones no se iban a doblegar ante el chantaje. La negociación quedó en veremos; la carrera hacia la Presidencia de la República siguió un accidentado curso que el narcotráfico y el paramilitarismo convirtieron en un baño de sangre; y sólo después de que asumió la jefatura del Estado, César Gaviria Trujillo, también bajo la presión de un secuestro colectivo, se dio la negociación a través de la cual Escobar se rindió a cambio de ventajas judiciales.

Pablo Escobar Gaviria y sus amigos de negocios ilegales intentaron que el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, fuera portador de su propuesta. Antes de irse a la guerra contra el Estado y la sociedad, los capos del Cartel de Medellín propusieron una negociación política para desarticular su negocio y saldar sus cuentas con la justicia.

La idea no cuajó porque ya el país estaba inmerso en la confrontación del gobierno de Belisario Betancur contra las mafias del narcotráfico. Sobre todo después de los intentos del Cartel de Medellín de tratar de desacreditar al ministro Lara Bonilla a través de la supuesta financiación de su campaña política, con un cheque de un tal Evaristo Porras, mafioso del Amazonas. La propuesta de los narcotraficantes nunca se contempló a nivel de Estado, pero a la vuelta de la esquina volvió a plantearse en un momento trágico.

Después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984, la mayoría de los capos del narcotráfico huyeron hacia Panamá. Menos de un mes después del magnicidio del ministro de Justicia, a través del expresidente Alfonso López Michelsen, volvieron a proponerle al Estado una negociación política antes de persistir en su guerra. En una suite del hotel Marriott de Panamá, por mediación del ingeniero Santiago Londoño White, el propio Escobar Gaviria y Jorge Luis Ochoa le entregaron al expresidente López su fórmula.

El trueque ofrecido por Pablo Escobar, sus socios y sus secuaces fue desmontar de inmediato el negocio del narcotráfico, repatriar sus capitales a Colombia, retirarse de la política y colaborar con el Gobierno en la erradicación del consumo de droga, a cambio de la no extradición y una negociación para saldar sus cuentas judiciales. El expresidente Alfonso López, quien aceptó el encuentro porque casualmente estaba por los mismos días en Panamá, informó de inmediato todo lo sucedido al presidente Betancur.

Aunque Betancur rechazó la propuesta, entre otros aspectos por considerarla una ofensa ante el reciente asesinato de su ministro Rodrigo Lara, de todos modos comisionó a su ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez, para que convinieran un eventual encuentro, con participación del expresidente Alfonso López y el concurso del procurador Carlos Jiménez Gómez. Por esta razón, el 26 y 27 de mayo de 1984, el jefe del Ministerio Público viajó a Panamá y se reunió con los capos del narcotráfico.

Años después, el propio Carlos Jiménez Gómez, en su libro ‘Testigo del diluvio’, admitió cómo se dio este encuentro, y de qué manera lo hizo a petición del presidente Betancur. De esa cita del Procurador con los capos surgió un documento que Jiménez entregó al presidente Betancur, con una copia que se hizo llegar a un consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, pues a juicio del Ejecutivo, ninguna posibilidad de negociación con los capos de la droga podía hacerse sin el concurso de Estados Unidos.

El sigilo y la posibilidad de que la negociación secreta entre los narcotraficantes y el Estado se abriera paso, se hicieron pedazos cuando el periódico El Tiempo divulgó la existencia de la propuesta de los mafiosos al Gobierno. De inmediato estalló el escándalo y hasta se formularon señalamientos para que trataran de cobrar forma procesos judiciales. Al final, la idea de los capos de desmontar su negocio, entregar laboratorios, pistas y capitales, a cambio de la no extradición, el cese de los operativos en su contra y la rendición, no prosperó y la guerra fue en adelante la única opción.

La tercera vez que la organización de Pablo Escobar Gaviria quiso saldar por la vía política sus cuentas con el Estado sucedió en medio de la crisis nacional suscitada después del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en agosto de 1989. Esta vez fue el periódico La Prensa el que informó que con la intermediación del exministro de Hacienda, Joaquín Vallejo Arbeláez, los mafiosos habían sostenido contactos con el Gobierno de Virgilio Barco, para intentar que el Estado aceptara una negociación y desarme.

El emisario de este nuevo intento del narcotráfico fue el abogado antioqueño Guido Parra, un exasesor presidencial y acreditado litigante de Medellín, que contactó al exministro Vallejo Arbeláez para convencerlo de que fuera intermediario de la propuesta de Escobar Gaviria y demás mafiosos, para estructurar opcionales diálogos con el Gobierno Barco. Vallejo aceptó y se reunió con Pablo Escobar, con una circunstancia favorable. Vallejo era el padrino de bautismo del capo, cuando la familia de Escobar trabajaba en una de las propiedades del exministro antioqueño.

El exministro Vallejo contactó al entonces secretario general de la Presidencia de la República, Germán Montoya Vélez y de manera personal y sin otra antesala que la amistad, le presentó al propuesta de los narcotraficantes. Montoya reconocería tiempo después que lo único que hizo fue recibir a un amigo y dejarle claro que en ese momento, con el dolor vivo del asesinato de Luis Carlos Galán, no era posible negociación alguna entre el Gobierno y el narcotráfico. El único camino posible era la confrontación.

Aun así, el exministro Joaquín Vallejo redactó un modelo de preacuerdo y lo discutió con los narcotraficantes en una reunión clandestina en la que participó Pablo Escobar. A su vez Guido Parra transformó el documento en una supuesta propuesta de paz de Los Extraditables, que hizo llegar a la Casa de Nariño después de una alocución del presidente Barco para responder a las tratativas de paz con el M-19. Oficialmente, nunca el Ejecutivo tuvo trato alguno con el narcotráfico en este tenso momento de la vida nacional, pero una vez más el debate público tuvo ribetes de escándalo.

El secretario general de la Presidencia, Germán Montoya, tuvo que expedir un comunicado en el que calificó como calumniosas las informaciones sobre supuestos diálogos entre el Gobierno Barco y el narcotráfico, y el Congreso de la República, que entonces tramitaba una reforma Constitucional, se volvió un hervidero de acusaciones, señalamientos y cacería de brujas. Por esos días de octubre de 1989, asumió como ministro de Gobierno Carlos Lemos, quien tuvo que estrenarse con una declaración para apagar el incendio.

“El Gobierno recibió por intermedio del doctor Joaquín Vallejo una propuesta que rechazó. Esa es la verdad escueta. Hubo un contacto entre el doctor Vallejo y el doctor Montoya y la respuesta fue no”, declaró el ministro Lemos para acallar el escándalo. Pero la oposición no dio tregua y por varios días ocupó a los medios de comunicación sumando voces en favor y en contra del Gobierno. Una vez más la idea del narcotráfico de saldar sus cuentas con la justicia y parar la guerra causó revuelo nacional, pero no detuvo el terrorismo que estremecía a Colombia.

De todas maneras, quedó un documento escrito en el que los Carteles de Medellín, Bogotá y la Costa Atlántica ofrecían retirarse del narcotráfico, entregar sus armas y colaborar con el desmantelamiento de las otras organizaciones dedicadas al ilícito negocio, esta vez a cambio de un precio más alto: no extradición, una ley de indulto, una amnistía patrimonial para sanear sus capitales, y la posibilidad de extender estos beneficios a lo que ellos mismos denominaron “grupos auxiliares” como el MAS, es decir, que en el paquete entrara también el paramilitarismo en auge.

El cuarto capítulo de los intentos de Pablo Escobar para parar su guerra terrorista por la vía política, se concretó después de la muerte del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, abatido por la Policía entre Tolú y Sincelejo, en diciembre de 1989. Pero la estrategia esta vez no fue pacífica, sino que a imagen y semejanza de la forma como lo intentó consolidar a principios de 1988 con los secuestros de Andrés Pastrana y el procurador Carlos Mauro Hoyos, de nuevo apeló al chantaje de la privación de la libertad de personas, para de esta manera presionar al Gobierno hacia una posible negociación.

Apenas cinco días después de la muerte de Rodríguez Gacha, sus sicarios secuestraron al entonces gerente de la firma Probolsa, Álvaro Diego Montoya Escobar, hijo del secretario general de la Presidencia, Germán Montoya Vélez. Acto seguido, los hombres de Escobar, en distintos hechos, secuestraron a 17 personas más pertenecientes a familias acaudaladas de la capital antioqueña. El plan de Escobar quedó formalizado a través de un comunicado de Los Extraditables, en el que justificaron el acto como una necesidad de la guerra.

La primera respuesta provino del director del DAS, Miguel Maza Márquez, quien la calificó como “una mezcla de amedrantamiento, ánimo de lucro y populismo”. A su vez, los expresidentes Alfonso López, Julio Cesar Turbay y Misael Pastrana, acompañados por el máximo jerarca del partido político Unión Patriótica, Diego Montaña, y del cardenal Mario Revollo, expidieron una declaración pidiendo la liberación de los rehenes, y dejando ver que de hacerlo seguramente “la sociedad miraría con benevolencia este gesto y los haría acreedores a un tratamiento menos riguroso”.

El gobierno Barco se apartó de la declaración y más bien exigió a Los Extraditables que admitieran la autoría de todos los secuestros. En plena recta final de la campaña presidencial, la celada del narcotráfico obligó a los candidatos a decir algo sobre el tema. El comentario de César Gaviria, favorito de las encuestas, dejó entrever qué podía pasar en su Gobierno: “Haría sin duda que la actitud de la sociedad fuera menos rigurosa, como quiera que no es lo mismo juzgar a quienes han cesado en su acción criminal que a quienes a diario cometen actos que ponen en peligro la supervivencia de las instituciones democráticas”.

La controversia creció cuando el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, general Harold Bedoya Pizarro, reveló que detrás de ese chantaje lo único que había era el intento del narcotráfico de reposicionar la fórmula del abogado Guido Parra de acabar la violencia, desmontar el negocio y ayudar a acabar con los otros carteles de la droga a cambio de la no extradición y el sometimiento a la justicia. El revuelo cesó cuando Escobar empezó a liberar a sus secuestrados a cuenta gotas.

Lo hizo después de un sospechoso comunicado en el que Los Extraditables calificaron como una “patriótica invitación”, la declaración de los expresidentes y el cardenal Revollo, manifestando además que reconocían el triunfo del Estado. El extraño comunicado fue respondido por el Gobierno, que negó de plano cualquier negociación con el narcotráfico, y anunció que, por el contrario, se iba a fortalecer la extradición. A finales de enero de 1990, uno por uno, quedaron libres los secuestrados.

En su libro ‘La Parábola de Pablo’, el escritor Alonso Salazar sostuvo que Santiago Londoño White, el mismo que había obrado como emisario de las propuestas de los narcotraficantes un mes después del asesinato de Rodrigo Lara, volvió a aparecer para ayudar a buscar una salida, y que por petición del secretario general de la Presidencia, Germán Montoya, lo acompañó en las gestiones el empresario antioqueño, J. Mario Aristizábal. Ambos, Londoño y Aristizábal accedieron a Pablo Escobar para hablar de su sometimiento.

La respuesta del capo fue entregar un laboratorio en las selvas del Chocó, un helicóptero y un autobús cargado de dinamita. Luego empezó a liberar a los secuestrados. Según Salazar, Santiago Londoño convenció a Escobar que dejara libre al hijo del secretario de la Presidencia, con el estricto compromiso de que seguiría obrando como mediador. Este hecho trascendió a los medios, pero el propio Germán Montoya negó cualquier diálogo y aseguró que todo se había reducido a contactos humanitarios para liberar a su hijo.

La liberación de Álvaro Diego Montoya generó toda clase de conjeturas, y una y otra vez el Gobierno tuvo que expedir comunicados para rechazar el secuestro en todas sus formas y asegurar que las instituciones no se iban a doblegar ante el chantaje. La negociación quedó en veremos; la carrera hacia la Presidencia de la República siguió un accidentado curso que el narcotráfico y el paramilitarismo convirtieron en un baño de sangre; y sólo después de que asumió la jefatura del Estado, César Gaviria Trujillo, también bajo la presión de un secuestro colectivo, se dio la negociación a través de la cual Escobar se rindió a cambio de ventajas judiciales.