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Por medio de herramientas como el litigio estratégico, la incidencia en política pública, la investigación y el trabajo directo con organizaciones y poblaciones, las clínicas jurídicas de la Universidad de los Andes adelantan, desde hace cerca de 15 años, acciones diversas que buscan impactar y transformar realidades en materia de derechos para poblaciones excluidas o para abordar problemáticas de impacto ciudadano transversal.
En la actualidad, este trabajo es adelantado por cuatro clínicas que abordan diversas temáticas relacionadas con los derechos de poblaciones con discapacidad, privada de la libertad o migrante y para la protección del medio ambiente y la salud pública, además del área de Mujeres, en el Consultorio Jurídico de la Universidad.
La clínica más antigua de la Facultad de Derecho es el Programa de Acción por la Inclusión y la Igualdad Social (PAIIS), que desde 2007 desarrolla estrategias en torno al reconocimiento de los derechos de la población con discapacidad, promoviendo su participación para garantizar el ejercicio de su ciudadanía en igualdad de condiciones. Con el tiempo, PAIIS incorporó en su trabajo los derechos de la población LGBTI. Es así como, además de labores de pedagogía y sensibilización con entidades y organizaciones sociales en estos asuntos, hace incidencia ante las altas cortes y el sistema interamericano. Igualmente, como parte de su compromiso con la construcción de paz en Colombia, PAIIS presentó a la Comisión de la Verdad, en diciembre pasado, el Informe “Discapacidad y conflicto armado: en busca de un relato ausente”, y creó una guía de aplicación del enfoque de discapacidad para las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
PAIIS desarrolla una estrategia de investigación e incidencia legal respecto de la práctica de lesiones oculares contra los manifestantes en el marco del paro nacional, encaminada a construir un informe que recoja los relatos de las víctimas y a acompañarlas en la búsqueda de justicia ante esta forma de violencia estatal.
Por su parte, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública - MASP ha desarrollado una serie de acciones con el propósito de contribuir con la garantía de los derechos humanos al ambiente sano y la salud pública.
En la actual pandemia y en las recientes movilizaciones sociales, ha adelantado distintas estrategias como: la campaña #QueNoFalteElAgua, realizada con la Escuela Jurídica Popular para garantizar el acceso al agua potable de decenas de familias en el barrio El Codito de Bogotá; actividades de apropiación social por medio del podcast Voces de la Tierra y más de 30 espacios de diálogo; la intervención ante el Congreso, en especial sobre el Acuerdo de Escazú y para la Declaratoria de la Emergencia Climática en Bogotá; una serie de coadyuvancias y amicus curiae a favor del resguardo indígena Ticoya-Amazonia, el apoyo a la acción de tutela (caso huracán Iota-Providencia y la protección de desplazados climáticos) y la intervención ante la Corte Constitucional para el caso de contaminación por mercurio en el macroterritorio de los jaguares de Yuruparí.
Para responder al contexto actual de creciente migración proveniente de Venezuela, así como de otras nacionalidades, en junio de 2019 se creó la Clínica Jurídica para Migrantes. Tiene como propósito trabajar por la defensa y garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, brindando servicios legales gratuitos a esta población, especialmente a aquella en situación de vulnerabilidad.
Los estudiantes practicantes de la Clínica acompañan casos en asuntos como el acceso a mecanismos de regularización migratoria, así como a los derechos a la salud, educación y nacionalidad. Adicionalmente, asesoran a las personas migrantes y refugiadas en el ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, así como al derecho al debido proceso cuando enfrentan procedimientos sancionatorios por motivos migratorios.
De otro lado, desde 2013 el Grupo de Prisiones actúa en favor del respeto de los derechos humanos y del acceso a la justicia de la población privada de la libertad, por medio de actividades como la asesoría jurídica y la realización de cursos de educación en derechos humanos tanto para guardias como para personas privadas de la libertad en diferentes cárceles. Ha realizado acciones de litigio estratégico para avanzar en la protección de sus derechos y en el cambio de la política criminal, tanto ante la Corte Constitucional, como a través de intervenciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales buscan superar el estado de cosas inconstitucional que ha sido declarado por la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.
Asimismo, el Grupo ha apoyado actividades artísticas como las del grupo de teatro Abrakadabra de la cárcel La Modelo de Bogotá, utilizando el arte y el Derecho como herramientas de divulgación de sus derechos, y hace regularmente donaciones de libros a distintas cárceles colombianas.
Finalmente, el área de Mujeres del Consultorio Jurídico de la Universidad se encarga de promover los derechos humanos de las mujeres, reconociéndolas como sujetas de derechos, brindando asesoría jurídica y representándolas en el ejercicio de su ciudadanía, en las decisiones frente a sus derechos sexuales y reproductivos y, adicionalmente, atendiéndolas y acompañándolas en los casos de violencias en su contra.
En el área se adelantan los proyectos: JurisVioleta –para hacer seguimiento a las decisiones judiciales sobre asuntos relacionados con mujeres, en particular con las violencias basadas en género, derechos sexuales y reproductivos e incidencia política de las mujeres–, La otra pandemia –que tiene como objetivo identificar los obstáculos de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres víctimas de violencias basadas en género, como consecuencia del aislamiento preventivo y la convivencia con su agresor–, la cartilla de prevención de acoso –para generar conciencia y conocimiento frente a lo que se considera acoso y las formas de prevenirlo– y la revista Las Mariposas, con publicaciones bimensuales sobre mujer y género.
Todas estas actividades e iniciativas buscan poner el Derecho al servicio de las personas más vulnerables y de asuntos de interés público particularmente relevantes, como una herramienta de transformación social. Mediante la incidencia, el activismo y la formación de estudiantes que aplican sus conocimientos para el avance en estos temas, la Universidad de los Andes busca contribuir con la construcción de un país más incluyente y justo para todas las personas en Colombia.