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Las limitaciones en el acceso a los servicios de energía en zonas apartadas, las condiciones de pobreza multidimensional y las dinámicas de centralización del mercado de generación de energía son algunos de los desafíos que debe afrontar Colombia en las próximas décadas para transformar la vida de las comunidades y transitar a escenarios de democratización y descarbonización de la energía.
Aspecto en el que cabe señalar que en el país aún existen áreas rurales y comunidades que no tienen un acceso regular a electricidad, pues las particularidades geográficas, la densidad poblacional de las Zonas No Interconectadas (ZNI) y las dinámicas del conflicto armado en las regiones han dificultado la puesta en marcha de proyectos que permitan cerrar las brechas de acceso a este servicio.
“Entre las prioridades de política pública para superar la pobreza energética, que según Promigás para 2022 afectaba a 9,6 millones de colombianos, las comunidades energéticas son una alternativa concreta y eficiente. Nuestro propósito con ellas es incidir en la superación de un problema que paradójicamente, a pesar de su gravedad, ha estado invisibilizado”, señala Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía.
Panorama que respalda la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su último “Informe sectorial de la prestación del servicio de energía eléctrica” -publicado el año pasado-, en el cual arroja que en departamentos como Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó y Nariño hay zonas con un acceso promedio a la energía inferior a las cuatro horas diarias. De igual manera, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) señala que en Magdalena, Valle del Cauca, La Guajira y Boyacá las viviendas que no cuentan con servicio de energía oscilan entre 60.000 y 82.000.
Una cantidad importante de hogares, según cálculos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dependen de fuentes de energía tradicionales y contaminantes como la leña, el carbón y los desechos, sobre todo para llevar a cabo actividades de cocina y calefacción, afectando de paso su salud y el medio ambiente. Situación que es un reflejo en la región, pues, conforme con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aproximadamente 17 millones de personas en América Latina no tienen acceso a electricidad y otros 75 millones carecen de acceso a combustibles para cocinar.
Una apuesta por mejorar las condiciones de vida
Combatir la pobreza energética es un reto que implica un trabajo coordinado entre la sociedad civil, las instituciones del Estado, el sector privado y la academia, porque en el marco de los planes de la transición energética mundial se ha identificado que es crucial promover, desarrollar e investigar alrededor de la adopción de tecnologías de energías limpias como paneles solares, sistemas de biogás y energía eólica, que puedan proporcionar soluciones eficientes y asequibles para las comunidades.
En el informe sobre el “Índice Multidimensional de Pobreza Energética”, Promigás la define como aquella que dificulta suplir necesidades humanas básicas usando la energía adecuada. Con un agravante adicional, la calidad de la energía, según el citado documento, es baja en el país para los departamentos del Amazonas, Caquetá, Guainía, Casanare, Bolívar, Córdoba y Magdalena. Escenario que es especialmente visible en zonas rurales del país y en hogares con jefatura femenina.
Es así como, desde el Ministerio de Minas y Energía, reconocen que la reducción de las brechas en el acceso a la electricidad contribuye a garantizar que las comunidades puedan disfrutar plenamente de otros derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda y trabajo.
Reconociendo esta realidad, desde la cartera dirigida por el ministro Camacho, de la mano del Gobierno Nacional, le han apuntado a descentralizar el Sistema Interconectado Nacional que abastece fundamentalmente al centro del país, por lo que es necesario, además de avanzar en proyectos de interconexión, generar iniciativas que lleven el servicio constante a Zonas No Interconectadas en el Pacífico, Amazonia, Orinoquia, Magdalena Medio y La Guajira.
Asunto que se suma a otros como la concentración del mercado de energía, dado que según información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, empresas como ENEL, EPM e ISAGEN tienen una participación total en el mercado que asciende al 76 %, así: ENEL cuenta con un 32,74 %, ISAGEN con un 28,99 % y EPM con un 14,69 %.
Asimismo, las tarifas de energía, que actualmente se encuentran reguladas a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), cuentan con un componente de generación que define aproximadamente el 35 % del total del precio final que paga el usuario. Conforme con el Ministerio, la participación de otros actores en el mercado de generación limita la influencia de las compañías con mayor participación en el mercado y evita que las presiones influyan desproporcionadamente al alza de las tarifas.
Esto refleja uno de los desafíos que enfrenta Colombia en cuanto a la desconcentración del mercado de generación y la democratización de la energía, a través de planes y estrategias que involucran la participación activa de las organizaciones y las comunidades. La apuesta del Gobierno Nacional con las comunidades y los municipios energéticos está encaminada en superar estos retos a través de la promoción del acceso a la energía en los lugares que aún se encuentran desconectados, la disminución de la pobreza energética para mejorar los niveles de vida de las comunidades y la democratización del acceso a los mercados de generación de energía.