"Transformamos la política social"

Aunque cuando se habla de Acción Social se piensa en atención a desplazados, la realidad es que esta agencia del Estado tiene un campo de trabajo más amplio. El Espectador dialogó con Diego Molano Aponte, director de esta entidad, sobre los principales logros de una agencia que cuenta con un presupuesto anual de $3 billones y atiende a diez millones de colombianos.

Se acaba el gobierno Uribe, ¿cuál es el balance de Acción Social?

En estos últimos ocho años contribuimos a transformar la política social en Colombia. Por primera vez llegamos con un programa a los 1.102 municipios en los 32 departamentos, beneficiando a diez millones de colombianos y con una inversión total de $10,4 billones.

¿Cuáles fueron las áreas en las que más se trabajó?

Superación de la pobreza en Colombia, la atención integral a los desplazados y a las víctimas de la violencia, la recuperación social del territorio tras la consolidación de la seguridad, el incremento de la cooperación internacional e interna, la construcción de una entidad con excelencia en el servicio público.

¿Cuáles son los logros en el tema de la superación de la pobreza?

En términos de cifras, el Gobierno logró pasar del 53 al 46% de pobreza en Colombia y en indigencia del 19 al 16%. Esto se hizo en los ocho años y es medido por ingreso autónomo. Si se incluyeran los subsidios en educación, salud y de Familias en Acción, la pobreza en el país —medida a 2009— bajaría al 32%. En esto Acción Social ha hecho una importante contribución. El año pasado, en plena crisis mundial de la economía, logramos la expansión de Familias en Acción y pasamos de 2,7 millones a 2,9 millones de familias beneficiadas. Además, no se incrementó la desnutrición y la indigencia se redujo en 500 mil colombianos.

¿Qué responde a las críticas que dicen que Familias en Acción es un programa asistencialista?

No es cierto. Lo que hacemos es que las familias acumulen capital humano en educación y salud, que es la fórmula para romper la pobreza. Cabe resaltar que de esas 2,9 millones de familias, 360 mil familias son desplazadas, 380 mil afrocolombianas y 70 mil indígenas, que logran inclusión social. Aquí se le hace seguimiento permanente al cumplimiento de los requisitos, como que los niños acudan a la escuela o que se les lleva a controles en los centros de salud. Si la familia cumple se le paga, de lo contrario no. Le doy algunos datos: un niño que pertenece a Familias en Acción crece, en promedio, 7 milímetros más que uno que no está y la asistencia escolar en secundaria ha aumentado en 6%.

¿Y en cuanto a la atención a las víctimas de la violencia?

Hemos tenido avances, teniendo en cuenta que la situación ha cambiado. En 2002 se desplazaban 430 mil personas al año, el año pasado fueron 140 mil y concentrado donde hay presencia de las Farc y en zonas que tienen cultivos ilícitos. Para la atención a esta población pasamos de tener un presupuesto de $120 mil millones en 2002 a $1,5 billones el año pasado. En el primer período presidencial se invirtieron $1,9 billones y en éste que termina, $4,1.

¿Pero cuáles son los principales avances en este campo?

Pasamos de coberturas del 60 al 80% en educación para desplazados; en salud, del 65 al 90%. En 2005 no había ni una Familia en Acción, hoy tenemos 360 mil, y eso ayuda sobre todo a los niños. En vivienda se ha avanzado, pero no es suficiente, a pesar de que el Gobierno destina el 80% del presupuesto del Ministerio del ramo a los desplazados. Y en el tema de tierras, logramos entregar 60 mil hectáreas, aunque reconozco que es donde menos resultados se pueden mostrar.

¿Qué se ha hecho para permitir el retorno de los desplazados a sus tierras?

Lanzamos la estrategia ‘Retornar es vivir’, donde el año pasado se dieron 28 retornos prioritarios y luego se han identificado otros 36, en zonas donde la política de seguridad democrática ha avanzado y ha permitido que se den las condiciones. En algunos sitios la gente ha retornado por sus propios medios, como en el oriente antioqueño. Allí y en todo el país la idea es reconstruir todo lo que se había destruido, incorporando el concepto de verdad, justicia y reparación.

Aunque cuando se habla de Acción Social se piensa en atención a desplazados, la realidad es que esta agencia del Estado tiene un campo de trabajo más amplio. El Espectador dialogó con Diego Molano Aponte, director de esta entidad, sobre los principales logros de una agencia que cuenta con un presupuesto anual de $3 billones y atiende a diez millones de colombianos.

Se acaba el gobierno Uribe, ¿cuál es el balance de Acción Social?

En estos últimos ocho años contribuimos a transformar la política social en Colombia. Por primera vez llegamos con un programa a los 1.102 municipios en los 32 departamentos, beneficiando a diez millones de colombianos y con una inversión total de $10,4 billones.

¿Cuáles fueron las áreas en las que más se trabajó?

Superación de la pobreza en Colombia, la atención integral a los desplazados y a las víctimas de la violencia, la recuperación social del territorio tras la consolidación de la seguridad, el incremento de la cooperación internacional e interna, la construcción de una entidad con excelencia en el servicio público.

¿Cuáles son los logros en el tema de la superación de la pobreza?

En términos de cifras, el Gobierno logró pasar del 53 al 46% de pobreza en Colombia y en indigencia del 19 al 16%. Esto se hizo en los ocho años y es medido por ingreso autónomo. Si se incluyeran los subsidios en educación, salud y de Familias en Acción, la pobreza en el país —medida a 2009— bajaría al 32%. En esto Acción Social ha hecho una importante contribución. El año pasado, en plena crisis mundial de la economía, logramos la expansión de Familias en Acción y pasamos de 2,7 millones a 2,9 millones de familias beneficiadas. Además, no se incrementó la desnutrición y la indigencia se redujo en 500 mil colombianos.

¿Qué responde a las críticas que dicen que Familias en Acción es un programa asistencialista?

No es cierto. Lo que hacemos es que las familias acumulen capital humano en educación y salud, que es la fórmula para romper la pobreza. Cabe resaltar que de esas 2,9 millones de familias, 360 mil familias son desplazadas, 380 mil afrocolombianas y 70 mil indígenas, que logran inclusión social. Aquí se le hace seguimiento permanente al cumplimiento de los requisitos, como que los niños acudan a la escuela o que se les lleva a controles en los centros de salud. Si la familia cumple se le paga, de lo contrario no. Le doy algunos datos: un niño que pertenece a Familias en Acción crece, en promedio, 7 milímetros más que uno que no está y la asistencia escolar en secundaria ha aumentado en 6%.

¿Y en cuanto a la atención a las víctimas de la violencia?

Hemos tenido avances, teniendo en cuenta que la situación ha cambiado. En 2002 se desplazaban 430 mil personas al año, el año pasado fueron 140 mil y concentrado donde hay presencia de las Farc y en zonas que tienen cultivos ilícitos. Para la atención a esta población pasamos de tener un presupuesto de $120 mil millones en 2002 a $1,5 billones el año pasado. En el primer período presidencial se invirtieron $1,9 billones y en éste que termina, $4,1.

¿Pero cuáles son los principales avances en este campo?

Pasamos de coberturas del 60 al 80% en educación para desplazados; en salud, del 65 al 90%. En 2005 no había ni una Familia en Acción, hoy tenemos 360 mil, y eso ayuda sobre todo a los niños. En vivienda se ha avanzado, pero no es suficiente, a pesar de que el Gobierno destina el 80% del presupuesto del Ministerio del ramo a los desplazados. Y en el tema de tierras, logramos entregar 60 mil hectáreas, aunque reconozco que es donde menos resultados se pueden mostrar.

¿Qué se ha hecho para permitir el retorno de los desplazados a sus tierras?

Lanzamos la estrategia ‘Retornar es vivir’, donde el año pasado se dieron 28 retornos prioritarios y luego se han identificado otros 36, en zonas donde la política de seguridad democrática ha avanzado y ha permitido que se den las condiciones. En algunos sitios la gente ha retornado por sus propios medios, como en el oriente antioqueño. Allí y en todo el país la idea es reconstruir todo lo que se había destruido, incorporando el concepto de verdad, justicia y reparación.