Beatriz vs El Salvador: la Corte IDH falló por primera vez en un caso sobre aborto

Beatriz tenía 22 años cuando le negaron un aborto que le podía salvar la vida.

Foto: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto,

Este viernes 20 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró, con 5 votos a favor y 1 parcialmente en contra, que El Salvador “es responsable por violencia obstétrica y violación al derecho a la salud de una mujer con un embarazo de alto riesgo por falta de protocolos de atención médica adecuados”, según lo establecido en la sentencia. El caso involucra a Beatriz, una joven de 22 años a quien, en 2013, se le negó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar del grave riesgo que esto representaba para su vida. En un momento crucial para la discusión sobre el aborto en el país centroamericano, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre este tema.

Y es que, desde que la Corte IDH asumió el caso en 2023, organizaciones defensoras de derechos humanos auguraban que este caso sentaría un precedente sobre el tema del aborto en la región. “Con la sentencia del caso Beatriz, no se trata de tener un techo, sino un piso, para avanzar en la región. No puede ser que aún existan países que no permitan ninguna causal para abortar”, dijo en ese momento Sara García, coordinadora de alianzas e incidencia de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a este diario.

Así las cosas, el organismo internacional determinó que El Salvador violó los derechos de Beatriz a la integridad personal, la vida privada y no garantizó su derecho a la salud. Aclaró que no es de su injerencia determinar “cuál era el tratamiento adecuado”, concentrándose en la atención en salud y la violencia obstétrica que sufrió Beatriz, e ignorando lo relativo al aborto. Por lo tanto, el Estado salvadoreño deberá reparar el daño causado a la familia de Beatriz y adoptar medidas para evitar la repetición de estas situaciones.

“Celebramos el fallo de la Corte. Creo que han enfrentado un desafío debido a la presión de estos grupos, que ponen en riesgo la salud, la vida y los derechos de las niñas y mujeres. Celebramos esta decisión porque reconoce que a Beatriz se le han violado sus derechos. También reconoce que El Salvador debe implementar protocolos para atender casos como el de Beatriz”, menciona Mariana Moisa, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, en entrevista con El Espectador.

El Estado deberá informar a la Corte, dentro del plazo de un año desde la notificación de esta sentencia, sobre las medidas tomadas para cumplir con ella. La Corte supervisará el cumplimiento total de la sentencia y considerará el caso cerrado una vez que el Estado haya cumplido plenamente con lo dispuesto.

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¿Por qué era importante que este fallo de la Corte IDH mencionara el tema del aborto?

Desde 1998, El Salvador criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia. Esta legislación ha llevado al encarcelamiento de más de 180 mujeres, con penas de hasta 50 años, incluso en emergencias obstétricas. Organizaciones sociales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llevaron el caso ante la Corte, habían solicitado que el país reformara su legislación para garantizar el derecho fundamental al aborto.

El caso de Beatriz vs. El Salvador es solo un ejemplo de las graves consecuencias de la penalización absoluta del aborto en la región. Beatriz, una joven de 22 años que vivía en extrema pobreza en el cantón La Noria Tierra Blanca, El Salvador, fue diagnosticada con lupus, nefropatía lúpica y artritis reumatoide. En 2013, enfrentó un segundo embarazo de alto riesgo, donde el feto fue diagnosticado con anencefalia, una condición incompatible con la vida extrauterina.

El embarazo puso en grave peligro la vida de Beatriz. Los médicos recomendaron interrumpirlo para salvar su vida, pero las leyes de El Salvador, que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia, lo hicieron imposible. Ante esta situación, Beatriz y su defensa legal presentaron una demanda de amparo ante la Corte Constitucional salvadoreña. Aunque se admitió la demanda, el tribunal finalmente rechazó la solicitud el 28 de mayo de 2013, alegando que no existía un peligro grave para su vida.

Beatriz fue obligada a continuar con el embarazo hasta que, a las 26 semanas de gestación, su salud se deterioró gravemente y debió ser sometida a una cesárea de urgencia. El feto falleció cinco horas después. Esta experiencia dejó secuelas físicas y emocionales en Beatriz, quien falleció en 2017 debido a complicaciones de salud tras un accidente vial.

El caso llegó a la Corte IDH debido a las presuntas violaciones a los derechos fundamentales de Beatriz. Organizaciones defensoras de derechos humanos y su familia, argumentaron que las restricciones legales en El Salvador y la negativa del Estado a permitirle acceder a un aborto constituyeron una forma de tortura.

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En marzo de 2023, la Corte IDH celebró una audiencia pública para recoger testimonios de familiares, expertas y organizaciones que representaban a Beatriz. Su madre reiteró que su hija nunca volvió a ser la misma tras la lucha por salvar su vida y expresó su deseo de que ninguna otra mujer tuviera que sufrir lo que ella padeció.

“Este caso no solo trata del acceso a un servicio de salud reproductiva, sino también de los estereotipos que perpetúan la idea de que las mujeres y las personas con capacidad reproductiva deben ser vistas, exclusivamente, como instrumentos de reproducción, como ocurrió con Beatriz, incluso cuando el feto tenía inviabilidad extrauterina”, afirmó Carmen Cecilia Martínez, directora de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos, en entrevista con El Espectador.

El fallo de la Corte IDH en el caso Beatriz tiene implicaciones que trascienden las fronteras salvadoreñas, impactando a toda América Latina. Su jurisprudencia, vinculante para los Estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, establece estándares que deben ser adoptados y respetados por todos los países de la región bajo esta jurisdicción. De haberse pronunciado sobre la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador, esto habría abierto una ventana de oportunidad para que las mujeres en Latinoamérica tuvieran la posibilidad de exigir la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos en lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo.

“La decisión en el caso de Beatriz permitiría a los países de Latinoamérica transformar prácticas, reglamentos y leyes para garantizar que no se violen derechos humanos al negar servicios esenciales de salud reproductiva”, explicó Martínez.

Actualmente, países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana mantienen una prohibición absoluta del aborto, a pesar de que organismos internacionales han señalado que la criminalización total vulnera derechos fundamentales. En contraste, Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados de México han avanzado en su legalización, mientras que Chile lo permite bajo las causales de: riesgo para la vida de la persona gestante, violación o malformaciones fetales graves.

Este caso no solo evidencia las múltiples vulneraciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres en contextos de penalización absoluta del aborto, sino que también se ha convertido en un referente en la lucha por los derechos reproductivos en América Latina.