El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) expresó su “profunda preocupación” por el aumento de asesinatos, secuestros y desapariciones de trabajadoras sexuales en Perú. Las investigaciones preliminares de la policía indican que los asesinatos estarían relacionados con el cobro de “cuotas” a modo de extorsión por parte de las mafias. Organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ denuncian la situación de vulnerabilidad y violencia que sufre esta población. (Los peros para reconocer las actividades sexuales como trabajo en Colombia)
En un comunicado, la oficina regional de ONUSIDA dijo que más de diez mujeres, entre ellas trans y cisgénero, han sido asesinadas este año. “Por lo general, las víctimas y sus redes de apoyo suelen ser reacias a denunciar la violencia por temor a la extorsión, a la violación de la confidencialidad o a las represalias”, añade Andrea Boccardi, directora para los países andinos de este organismo. (Un líder religioso, la iglesia Su Presencia y una denuncia de violación)
Según un estudio publicado en 2021 por la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Redtrasex), entre 2016 y 2021, hubo al menos 1.200 casos de vulneración de derechos de trabajadoras sexuales en 15 países de la región. Además, esta situación se agrava cuando se trata de migrantes, mujeres trans, menores de edad, y víctimas de trata de personas o explotación sexual; contexto relacionado con los casos recientes en Perú.
Según la organización Féminas Perú, los responsables de los asesinatos serían proxenetas extranjeros que se disputan el territorio. Estas organizaciones criminales obligan a las trabajadoras sexuales a pagar un “cupo” de hasta 600 soles ($776,000 pesos colombianos) por semana. Por su parte, la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad, menciona que “el gobierno, lejos de darnos la seguridad ciudadana y el reconocimiento, nos criminaliza y fomenta el odio contra nosotras”.
A pesar de que el trabajo sexual no está criminalizado en este país, durante las últimas semanas la policía peruana ha realizado operativos en contra de 200 trabajadoras sexuales que ejercían en la vía pública. De acuerdo con el medio Infobae, para combatir estos delitos, las autoridades “vienen trabajando con la municipalidad de Lima para prevenir la prostitución, mientras que, por otro lado, la División de Investigación de Homicidios realiza las indagaciones del caso para dar con los autores de los crímenes”.
La Defensoría del Pueblo de Perú hizo un llamado a erradicar la estigmatización y discriminación sobre el trabajo sexual y la identidad de género de mujeres trans, ya que en ocasiones obstaculiza su acceso al sistema de justicia. La entidad afirmó que estos casos deben ser atendidos por las autoridades sin estereotipos negativos, abordando la situación de manera “multisectorial, integral, intergubernamental y articulada” para evitar la vulneración. (En Colombia se cocina una ley trans, esto es lo que ha pasado en otros países)
El aumento de estos casos de asesinatos y extorsiones hace necesario consolidar una perspectiva de derechos y prevención de la violencia de género. ONUSIDA explica que “mecanismos como la ley de identidad de género y la regulación del trabajo sexual, desde una perspectiva de derechos, garantizarían que países como Perú, y muchos otros de la región, reconozcan, respeten y garanticen los derechos de las personas trans y trabajadoras sexuales en su diversidad”.