Así funcionará el nuevo grupo de la Fiscalía para investigar delitos contra LGBTIQ

La Fiscalía acaba de anunciar que creó un grupo exclusivo para investigar las violencias que se cometen contra las personas LGBTIQ+ y que están motivadas por su orientación sexual o identidad de género. Por ejemplo, delitos como homicidio, feminicidio, discriminación y hostigamiento; aunque no son los únicos.

En el pasado, la Fiscalía había hecho algunos esfuerzos por introducir el enfoque de diversidad sexual a través de la figura de un asesor, la redacción de una guía de buenas prácticas, la expedición de una directriz y el nombramiento de fiscales destacados para asuntos LGBTIQ+, que no se dedicaban solo a estos casos, sino que tenían alguna aproximación en la materia.

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Pero, ahora, la entidad tendrá un grupo de dedicación exclusiva, lo que se convierte en un hito. Estará conformado por un coordinador, seis fiscales, seis analistas, seis investigadores y seis asistentes, quienes a su vez se articularán con 35 seccionales en las regiones. Funcionarán casi como un caballo de troya, para introducir el enfoque de diversidad sexual en la Fiscalía. Y esto es clave porque las investigaciones penales suelen cometer errores con base a los prejuicios sobre lo que significa ser LGBTIQ+ y no le brindan acceso a la justicia a las víctimas. Los funcionarios y las funcionarias también están permeadas por los estereotipos que se replican en la sociedad.

Mauricio Noguera Rojas es el coordinador de este nuevo grupo LGBTIQ+ de la Fiscalía. Es abogado de la Universidad Nacional, especialista en Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina y magíster en Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la Universidad de la Rioja. Su trayectoria se ha concentrado en organizaciones de la sociedad civil, ha sido becario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y asesor del Banco Interamericano en temas de diversidad sexual y acceso a la justicia.

En entrevista con El Espectador, Noguera detalla de qué se trata el trabajo del equipo que ya coordina.

¿Por qué es necesario para la Fiscalía tener un grupo especializado para investigar los delitos que son cometidos contra las personas LGBTIQ+?

A partir del trabajo que se ha realizado, tanto con la guía de buenas prácticas como con la directiva 006 de 2023, se ha identificado una serie de vacíos en el conocimiento de los fiscales e investigadores en estas materias y también ha sido evidente cada vez más el aumento de violencias contra población LGBTIQ+, como lo han reportado organizaciones de la sociedad civil.

Entonces, necesitamos dar una respuesta estructurada, que articule los esfuerzos en formación, el trabajo de fiscales e investigadores en las regiones, la guía y la directiva, y lleve esa realidad a las imputaciones y los juicios por violencias por orientación sexual o identidad de género. Este grupo es la respuesta a esas necesidades.

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¿Qué particularidades tienen los delitos que se cometen contra esta población?

En general, la violencia motivada por el prejuicio es una expresión de rechazo total, de eliminación. Está enfocada en humillar y poner a las personas LGBTIQ+ en un lugar de sumisión, en un lugar abyecto en la sociedad y mostrarlas como personas abyectas. Por ejemplo, los homicidios de hombres gais que ocurrieron en los dos últimos años en Medellín. Se trató de instrumentalizar la orientación sexual de los hombres gais, seleccionarlos por aplicaciones de contacto entre hombres y fue una violencia encaminada a humillar. Fueron amarrados, golpeados, violentados de forma humillante para castigar su orientación sexual.

Lo mismo vemos en la violencia contra las mujeres trans, que está encaminada no solo a atacarlas a ellas como personas sino enviar un mensaje de rechazo a todo lo que representan. Son violencias dirigidas a las construcciones identitarias de sus cuerpos.

¿Qué retos encuentra en estos casos?

Puede ser lograr esa distinción de cuando las personas LGBTIQ+ son víctimas de una violencia por cualquier razón versus cuando esa violencia se sufre en razón de su orientación sexual o identidad de género. Ese es el principal reto que enfrentan en la investigación los fiscales y los policías judiciales. Hemos notado que, para llegar a eso, hay que tener claramente caracterizada a la víctima, entender su orientación sexual e identidad de género, reconocerla apropiadamente, reconocer su nombre identitario, la identidad de la persona.

Una vez se tiene clara la identidad, ¿cómo se lleva a la investigación penal y cómo se refleja en la imputación y judicialización? Lo que queremos fortalecer es que en el curso de la investigación se documente apropiadamente la orientación sexual e identidad de género y la relación que tiene con el hecho violento, y a su vez, se haga una imputación adecuada, usando las causales de mayor punibilidad por la orientación sexual o identidad de género o los agravantes relacionados con el tema.

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Activistas de derechos de personas LGBTIQ+ le han pedido a la Fiscalía en distintas ocasiones que cree un sistema de información que registre las muertes violentas y otras violencias contra personas LGBTIQ+. ¿Esto pasará con la creación de este nuevo grupo? ¿Se logrará tener más y mejores cifras?

Hay dos retos con este sistema de información. Desde hace dos años, con la policía judicial, se modificaron los formatos de actos urgentes, que en términos sencillos son los utilizados apenas ocurre un hecho, como por ejemplo al hacer entrevistas o un levantamiento de cadáver. Hacen parte del proceso de documentación para recoger la información básica. Los cambios que se hicieron ahora permiten saber el nombre identitario de la persona o si se reconoce como LGBTIQ+, entre otros datos. Lo que sigue es que esas modificaciones en los formatos se reflejen en el SPOA, que es el sistema de información de la Fiscalía.

La Fiscalía expidió la directiva 006 en 2023 para ayudar a que sus funcionarios investiguen mejor los delitos contra las personas LGBTIQ+. ¿Cuáles son los vacíos más comunes que se cometen y por qué?

Es pacífico decir que, en Colombia, en general, existe un desconocimiento de qué es la orientación sexual, identidad de género, la no binariedad, la construcción del prejuicio social, etc. Muchas personas no lo entienden. Y son discusiones que aun algunos funcionarios no conocen y es un reto detectar cómo se relacionan con el Derecho Penal. Cuando pensamos en que hay que hacer una imputación con una causal de mayor punibilidad o un agravante que permite introducir la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género, es un esfuerzo adicional que no te enseñan en ninguna Facultad de Derecho y menos en Derecho Penal, de esto no se habla. Entonces, son vacíos que existen entre los funcionarios porque estructuralmente no se plantean en Colombia y no se ven como una necesidad al hablar en la educación del derecho penal. Ese es el primer vacío: el conocimiento.

Lea aquí: Cuando las personas LGBTIQ+ “salen del clóset” con sus familias

El segundo es cómo se refleja en la práctica, en la investigación y en el curso del juicio. ¿Cómo hago para presentarle al juez a la persona si es no binaria o trans, y tiene un nombre identitario? ¿Cómo le explico que tiene un nombre registrado, pero que me referiré a ella con su nombre identitario, que es distinto? ¿Qué pasa cuando los jueces no son conscientes de que existe el reconocimiento al nombre identitario? El fiscal o la fiscal tiene, además, la carga de explicarle al juez, a la defensa e incluso a la Procuraduría. Estamos abocados a un proceso colectivo de formación y conocimiento para el reconocimiento de la población LGBTIQ+.

Esa resolución dice que siempre que la víctima de un delito pertenezca o se perciba como una persona LGBTI, debe considerarse como primera hipótesis que el delito fue cometido en razón a la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima. ¿Por qué se recomienda esto?

Históricamente, en la Fiscalía y, en general, los funcionarios públicos en Colombia, se ha entendido que la violencia no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género, como que lo último que se piensa es que una persona sea violentada por ser LGBTIQ+. El giro aquí es: si vivimos en un país donde persiste la violencia contra las personas LGBTIQ+, entonces por qué, en vez de pensar que eso no tiene que ver, pues pensemos primero que sí tiene que ver, porque persisten la discriminación y el prejuicio.

La invitación a los funcionarios siempre es: piense en primer lugar que vivimos en un país que tiene muchos prejuicios sobre la diversidad sexual y que la orientación sexual y la identidad de género sí tienen una incidencia en la vida de las personas. Entonces, cuando usted se enfrente a un caso en que la persona está caracterizada como LGBTIQ+, trate de establecer primero si esa violencia tuvo que ver con la orientación sexual o la identidad de género. Que su investigación permita descartar que no tiene nada que ver.

Uno de los delitos que investigará su grupo es el de discriminación, que existe en Colombia desde 2011. ¿Qué tanto se procesa a la gente en el país por este delito?

En 2023, tuvimos 129 casos de discriminación y hostigamiento contra personas LGBTIQ+, de esos 128 están en etapa de indagación y 1 en investigación.

Lea aquí: Las preguntas por la demora en nombrar al viceministro de Diversidades

¿Está de acuerdo con que la discriminación se condene siempre con cárcel?

En cumplimiento de la normatividad y lo que hay como delito, está la posibilidad de la detención intramural en una cárcel o domiciliaria. Pero las causas de la discriminación, de la violencia por prejuicio, creo que no se resuelven con cárcel, porque el grueso de la discriminación se da en contextos educativos, familiar, laboral, y pues no vamos a resolver estos problemas metiendo a la cárcel a la familia, a los compañeritos del colegio o sus directivas, o a los compañeros de trabajo.

Debe haber una combinación de estrategias y medidas sociales para transformar esas dinámicas. Existe un error en pensar que el delito de discriminación es igual a la discriminación. El delito es algo muy específico contemplado en el Código Penal, pero la discriminación como fenómeno social es mucho más amplio, supera los límites de la ley, y la respuesta debe ir mucho más allá de la cárcel.

Lea aquí: Tutela contra Westcol: ¿Qué podría decir la Corte Constitucional?

Ahora, hablando de los feminicidios, en la academia se discute también si debería crearse un delito en Colombia, diferente al feminicidio, para tipificar los homicidios de mujeres trans motivados por su identidad de género. Por ejemplo, el “travesticidio” que existe en otros países. ¿Qué opina?

Considero que es un logro en Colombia la interpretación que se hace del feminicidio, entendiendo que puede ser en razón de la identidad de género y eso abre un reconocimiento a que la construcción identitaria femenina de las personas tiene implicaciones reales. Le estamos dando un peso importante a esas construcciones. Entender que existe el feminicidio por identidad de género responde a una realidad social, y es la violencia contra las mujeres trans en particular, además de las mujeres cisgénero.

Pero yo sí creo, producto de conversaciones con organizaciones de la sociedad civil, que existe una limitación al reconocimiento de las dinámicas propias de las vidas de las mujeres trans y travestis. Y eso es lo que hace el “travesticidio” en Argentina, reconoce unas especificidades de las violencias que es muy propio de los cuerpos y las personas trans y travestis.

Considero que la descripción legal del feminicidio en Colombia es insuficiente, está muy pensada en mujeres cisgénero. Pero, al reconocer que el feminicidio por identidad de género existe, tenemos la posibilidad de comprender mejor los contextos y las dinámicas propias de las violencias contra las mujeres trans e incorporarlas en la investigación penal.

Según la Red Sin Violencia LGBTI, Colombia es el país de América Latina más violento para personas LGBTI. ¿Cómo cree que el país podría cambiar este panorama?

Es un trabajo articulado de diversas entidades, desde luego la Fiscalía tiene su rol en el ejercicio de la persecución penal, de la investigación, de visibilizar esta violencia haciendo imputaciones y acusaciones que realmente respondan a reconocer que la motivación de un homicidio fue su orientación sexual o identidad de género. Reconocer eso es súper clave en la transformación de esas violencias. Pero la otra parte es la articulación de políticas públicas que respondan en los otros temas sobre discriminación: en salud, trabajo, educación. Además de la Política Pública LGBTIQ+.

La Fiscalía acaba de anunciar que creó un grupo exclusivo para investigar las violencias que se cometen contra las personas LGBTIQ+ y que están motivadas por su orientación sexual o identidad de género. Por ejemplo, delitos como homicidio, feminicidio, discriminación y hostigamiento; aunque no son los únicos.

En el pasado, la Fiscalía había hecho algunos esfuerzos por introducir el enfoque de diversidad sexual a través de la figura de un asesor, la redacción de una guía de buenas prácticas, la expedición de una directriz y el nombramiento de fiscales destacados para asuntos LGBTIQ+, que no se dedicaban solo a estos casos, sino que tenían alguna aproximación en la materia.

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Pero, ahora, la entidad tendrá un grupo de dedicación exclusiva, lo que se convierte en un hito. Estará conformado por un coordinador, seis fiscales, seis analistas, seis investigadores y seis asistentes, quienes a su vez se articularán con 35 seccionales en las regiones. Funcionarán casi como un caballo de troya, para introducir el enfoque de diversidad sexual en la Fiscalía. Y esto es clave porque las investigaciones penales suelen cometer errores con base a los prejuicios sobre lo que significa ser LGBTIQ+ y no le brindan acceso a la justicia a las víctimas. Los funcionarios y las funcionarias también están permeadas por los estereotipos que se replican en la sociedad.

Mauricio Noguera Rojas es el coordinador de este nuevo grupo LGBTIQ+ de la Fiscalía. Es abogado de la Universidad Nacional, especialista en Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina y magíster en Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la Universidad de la Rioja. Su trayectoria se ha concentrado en organizaciones de la sociedad civil, ha sido becario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y asesor del Banco Interamericano en temas de diversidad sexual y acceso a la justicia.

En entrevista con El Espectador, Noguera detalla de qué se trata el trabajo del equipo que ya coordina.

¿Por qué es necesario para la Fiscalía tener un grupo especializado para investigar los delitos que son cometidos contra las personas LGBTIQ+?

A partir del trabajo que se ha realizado, tanto con la guía de buenas prácticas como con la directiva 006 de 2023, se ha identificado una serie de vacíos en el conocimiento de los fiscales e investigadores en estas materias y también ha sido evidente cada vez más el aumento de violencias contra población LGBTIQ+, como lo han reportado organizaciones de la sociedad civil.

Entonces, necesitamos dar una respuesta estructurada, que articule los esfuerzos en formación, el trabajo de fiscales e investigadores en las regiones, la guía y la directiva, y lleve esa realidad a las imputaciones y los juicios por violencias por orientación sexual o identidad de género. Este grupo es la respuesta a esas necesidades.

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¿Qué particularidades tienen los delitos que se cometen contra esta población?

En general, la violencia motivada por el prejuicio es una expresión de rechazo total, de eliminación. Está enfocada en humillar y poner a las personas LGBTIQ+ en un lugar de sumisión, en un lugar abyecto en la sociedad y mostrarlas como personas abyectas. Por ejemplo, los homicidios de hombres gais que ocurrieron en los dos últimos años en Medellín. Se trató de instrumentalizar la orientación sexual de los hombres gais, seleccionarlos por aplicaciones de contacto entre hombres y fue una violencia encaminada a humillar. Fueron amarrados, golpeados, violentados de forma humillante para castigar su orientación sexual.

Lo mismo vemos en la violencia contra las mujeres trans, que está encaminada no solo a atacarlas a ellas como personas sino enviar un mensaje de rechazo a todo lo que representan. Son violencias dirigidas a las construcciones identitarias de sus cuerpos.

¿Qué retos encuentra en estos casos?

Puede ser lograr esa distinción de cuando las personas LGBTIQ+ son víctimas de una violencia por cualquier razón versus cuando esa violencia se sufre en razón de su orientación sexual o identidad de género. Ese es el principal reto que enfrentan en la investigación los fiscales y los policías judiciales. Hemos notado que, para llegar a eso, hay que tener claramente caracterizada a la víctima, entender su orientación sexual e identidad de género, reconocerla apropiadamente, reconocer su nombre identitario, la identidad de la persona.

Una vez se tiene clara la identidad, ¿cómo se lleva a la investigación penal y cómo se refleja en la imputación y judicialización? Lo que queremos fortalecer es que en el curso de la investigación se documente apropiadamente la orientación sexual e identidad de género y la relación que tiene con el hecho violento, y a su vez, se haga una imputación adecuada, usando las causales de mayor punibilidad por la orientación sexual o identidad de género o los agravantes relacionados con el tema.

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Activistas de derechos de personas LGBTIQ+ le han pedido a la Fiscalía en distintas ocasiones que cree un sistema de información que registre las muertes violentas y otras violencias contra personas LGBTIQ+. ¿Esto pasará con la creación de este nuevo grupo? ¿Se logrará tener más y mejores cifras?

Hay dos retos con este sistema de información. Desde hace dos años, con la policía judicial, se modificaron los formatos de actos urgentes, que en términos sencillos son los utilizados apenas ocurre un hecho, como por ejemplo al hacer entrevistas o un levantamiento de cadáver. Hacen parte del proceso de documentación para recoger la información básica. Los cambios que se hicieron ahora permiten saber el nombre identitario de la persona o si se reconoce como LGBTIQ+, entre otros datos. Lo que sigue es que esas modificaciones en los formatos se reflejen en el SPOA, que es el sistema de información de la Fiscalía.

La Fiscalía expidió la directiva 006 en 2023 para ayudar a que sus funcionarios investiguen mejor los delitos contra las personas LGBTIQ+. ¿Cuáles son los vacíos más comunes que se cometen y por qué?

Es pacífico decir que, en Colombia, en general, existe un desconocimiento de qué es la orientación sexual, identidad de género, la no binariedad, la construcción del prejuicio social, etc. Muchas personas no lo entienden. Y son discusiones que aun algunos funcionarios no conocen y es un reto detectar cómo se relacionan con el Derecho Penal. Cuando pensamos en que hay que hacer una imputación con una causal de mayor punibilidad o un agravante que permite introducir la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género, es un esfuerzo adicional que no te enseñan en ninguna Facultad de Derecho y menos en Derecho Penal, de esto no se habla. Entonces, son vacíos que existen entre los funcionarios porque estructuralmente no se plantean en Colombia y no se ven como una necesidad al hablar en la educación del derecho penal. Ese es el primer vacío: el conocimiento.

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El segundo es cómo se refleja en la práctica, en la investigación y en el curso del juicio. ¿Cómo hago para presentarle al juez a la persona si es no binaria o trans, y tiene un nombre identitario? ¿Cómo le explico que tiene un nombre registrado, pero que me referiré a ella con su nombre identitario, que es distinto? ¿Qué pasa cuando los jueces no son conscientes de que existe el reconocimiento al nombre identitario? El fiscal o la fiscal tiene, además, la carga de explicarle al juez, a la defensa e incluso a la Procuraduría. Estamos abocados a un proceso colectivo de formación y conocimiento para el reconocimiento de la población LGBTIQ+.

Esa resolución dice que siempre que la víctima de un delito pertenezca o se perciba como una persona LGBTI, debe considerarse como primera hipótesis que el delito fue cometido en razón a la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima. ¿Por qué se recomienda esto?

Históricamente, en la Fiscalía y, en general, los funcionarios públicos en Colombia, se ha entendido que la violencia no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género, como que lo último que se piensa es que una persona sea violentada por ser LGBTIQ+. El giro aquí es: si vivimos en un país donde persiste la violencia contra las personas LGBTIQ+, entonces por qué, en vez de pensar que eso no tiene que ver, pues pensemos primero que sí tiene que ver, porque persisten la discriminación y el prejuicio.

La invitación a los funcionarios siempre es: piense en primer lugar que vivimos en un país que tiene muchos prejuicios sobre la diversidad sexual y que la orientación sexual y la identidad de género sí tienen una incidencia en la vida de las personas. Entonces, cuando usted se enfrente a un caso en que la persona está caracterizada como LGBTIQ+, trate de establecer primero si esa violencia tuvo que ver con la orientación sexual o la identidad de género. Que su investigación permita descartar que no tiene nada que ver.

Uno de los delitos que investigará su grupo es el de discriminación, que existe en Colombia desde 2011. ¿Qué tanto se procesa a la gente en el país por este delito?

En 2023, tuvimos 129 casos de discriminación y hostigamiento contra personas LGBTIQ+, de esos 128 están en etapa de indagación y 1 en investigación.

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¿Está de acuerdo con que la discriminación se condene siempre con cárcel?

En cumplimiento de la normatividad y lo que hay como delito, está la posibilidad de la detención intramural en una cárcel o domiciliaria. Pero las causas de la discriminación, de la violencia por prejuicio, creo que no se resuelven con cárcel, porque el grueso de la discriminación se da en contextos educativos, familiar, laboral, y pues no vamos a resolver estos problemas metiendo a la cárcel a la familia, a los compañeritos del colegio o sus directivas, o a los compañeros de trabajo.

Debe haber una combinación de estrategias y medidas sociales para transformar esas dinámicas. Existe un error en pensar que el delito de discriminación es igual a la discriminación. El delito es algo muy específico contemplado en el Código Penal, pero la discriminación como fenómeno social es mucho más amplio, supera los límites de la ley, y la respuesta debe ir mucho más allá de la cárcel.

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Ahora, hablando de los feminicidios, en la academia se discute también si debería crearse un delito en Colombia, diferente al feminicidio, para tipificar los homicidios de mujeres trans motivados por su identidad de género. Por ejemplo, el “travesticidio” que existe en otros países. ¿Qué opina?

Considero que es un logro en Colombia la interpretación que se hace del feminicidio, entendiendo que puede ser en razón de la identidad de género y eso abre un reconocimiento a que la construcción identitaria femenina de las personas tiene implicaciones reales. Le estamos dando un peso importante a esas construcciones. Entender que existe el feminicidio por identidad de género responde a una realidad social, y es la violencia contra las mujeres trans en particular, además de las mujeres cisgénero.

Pero yo sí creo, producto de conversaciones con organizaciones de la sociedad civil, que existe una limitación al reconocimiento de las dinámicas propias de las vidas de las mujeres trans y travestis. Y eso es lo que hace el “travesticidio” en Argentina, reconoce unas especificidades de las violencias que es muy propio de los cuerpos y las personas trans y travestis.

Considero que la descripción legal del feminicidio en Colombia es insuficiente, está muy pensada en mujeres cisgénero. Pero, al reconocer que el feminicidio por identidad de género existe, tenemos la posibilidad de comprender mejor los contextos y las dinámicas propias de las violencias contra las mujeres trans e incorporarlas en la investigación penal.

Según la Red Sin Violencia LGBTI, Colombia es el país de América Latina más violento para personas LGBTI. ¿Cómo cree que el país podría cambiar este panorama?

Es un trabajo articulado de diversas entidades, desde luego la Fiscalía tiene su rol en el ejercicio de la persecución penal, de la investigación, de visibilizar esta violencia haciendo imputaciones y acusaciones que realmente respondan a reconocer que la motivación de un homicidio fue su orientación sexual o identidad de género. Reconocer eso es súper clave en la transformación de esas violencias. Pero la otra parte es la articulación de políticas públicas que respondan en los otros temas sobre discriminación: en salud, trabajo, educación. Además de la Política Pública LGBTIQ+.