Así le fue a la Comisión por la Diversidad en su primer año en el Congreso
La comisión accidental LGBTIQ+ trazó como propósito legislar en pro de los derechos de la población con orientación sexual y de género diversa del país. Sus integrantes aseguran que, más allá de radicar proyectos de ley específicos, están incorporando un enfoque de diversidad en toda su gestión.
Mariana Escobar Bernoske
Felipe Morales Sierra
Los siete congresistas abiertamente LGBTIQ+ que están en el cargo desde 2022 se unieron el año pasado para instalar, por primera vez, una comisión que se dedicara a defender los derechos de las personas con sexualidades diversas. A ellos se sumaron cuatro representantes a la Cámara que, si bien son cisgénero y heterosexuales, se consideran aliados de la causa. En los meses que llevan reuniéndose y actuando casi como una bancada, ya han logrado algunos avances, aunque en diálogo con El Espectador reconocen que ha sido un tiempo de aprendizajes y ya comienzan a sonar las iniciativas que llevarán a la legislatura que comienza el 20 de julio. (Así es exigir justicia para las personas LGBTIQ+ en el sur de Córdoba y Bajo Cauca)
Como dijo Tamara Argote, congresista no binaria del Pacto Histórico que hace parte de la comisión accidental LGBTIQ+, “el hecho de que exista esta comisión, de que sea reconocida, de que estemos hablando de los temas abiertamente, de que confrontemos en los debates de todos los temas, no solamente específicos de la población, hace que la política tradicional también se revolucione”. Además, se trata de un grupo multipartidista, pues con Argote trabajan compañeros del Pacto como María del Mar Pizarro, Andrés Cancimance y Susana Gómez; junto a miembros de otros partidos como Carolina Giraldo, Angélica Lozano, Alejandro García y Liliana Rodríguez, del Verde. (Ser lesbiana en Medellín: entre visibilidad y prejuicios)
Además, el liberal Juan Carlos Losada, Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno; y Jennifer Pedraza, de Dignidad. En esa medida, la senadora Lozano hace un balance positivo del primer año: “Ha sido un año valioso de trabajo colectivo, de construcción, confianza y una agenda colectiva, no solo interpartidista, sino de relación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía y, por supuesto, con el Gobierno y entes territoriales”. Pero, ¿qué es en concreto lo que ha logrado esta Comisión LGBTIQ+ y qué se viene para su segundo año de gestión?
Los logros
Tras un año de gestión, la bandera más visible de la bancada ha sido el proyecto de ley que pretende acabar con los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG). Las mal llamadas “terapias de conversión”. Mejor conocida como “Inconvertibles”, fue una iniciativa del excongresista y hoy director del Icetex, Mauricio Toro, que en el Congreso anterior no llegó siquiera a votarse. En la legislatura pasada fue radicado nuevamente por la representante Carolina Giraldo Botero, quien también es la coordinadora de esta Comisión por la Diversidad.
Además de prohibir los intentos para supuestamente “cambiar” la orientación sexual, identidad y expresión de género, el proyecto aspira a que ninguna entidad de salud o persona pueda ofrecer este tipo de prácticas y tampoco usar recursos públicos para ello. De igual forma, busca capacitar al personal de salud desde un enfoque para la diversidad y crear un protocolo de investigación con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.
Pese a que la discusión había sido aplazada en otras ocasiones, la iniciativa logró 20 votos a favor para pasar su primer debate en la Cámara de Representantes. “Hubo gente de todas las bancadas apoyando el proyecto porque se dieron cuenta de que es un asunto de cero discriminación, de erradicación de la violencia y de dignidad humana”, afirmó Giraldo en entrevista. Precisamente, el hacer explícito su enfoque de derechos humanos fue lo que permitió un acercamiento y apoyo de partidos tradicionales, como el Conservador.
En segundo lugar, varios miembros de la Comisión consultados resaltaron como un logro la incidencia que hicieron para que en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro se incluyeran y fueran aprobados artículos que atienden problemas específicos de las personas con sexualidades diversas. Por ejemplo, la creación de un mecanismo para la prevención y atención de población LGBTIQ+ que sea víctima de violencia. El artículo aprobado incluso abre la puerta a que alcaldías y gobernaciones lleven la representación judicial de las víctimas.
La Ley del Plan de Desarrollo también sostiene en sus primeros artículos que las personas LGBTIQ+ son “parte fundamental de las transformaciones” que traza el Gobierno en esa hoja de ruta. A juicio de la representante Carolina Giraldo, ese es otro logro de la Comisión porque se reconoce “que es importante transversalizar estos enfoques y esa ha sido una tarea hemos hecho. Creemos que el Congreso ha avanzado en reconocer que la población diversa existe y que puede ser afectada con la legislación. Esto no sucede únicamente con proyectos relacionados con la población, sino en cualquier proposición que puede afectar de manera diferencial a algún grupo”. (Con la sanción del PND, el país entra en emergencia por violencia de género)
Asimismo, la Comisión ha encontrado otros escenarios para incidir, como en el control político. Por ejemplo, rechazaron declaraciones homófobas del exdirector de la Policía, Henry Sanabria, quien en una entrevista hizo comentarios estigmatizantes sobre los uniformados homosexuales y el VIH en la institución. Angélica Lozano también explicó que, luego de conocerse los primeros casos de viruela símica en Colombia, entraron en diálogo con el Ministerio de Salud para indagar por la llegada de vacunas y añadió: “En casos de discriminación o violaciones de derechos, hacemos un trabajo de gestión institucional, más que un gran ruido público”.
Los grandes pendientes
El otro punto clave que se comprometió a tramitar en el Congreso la comisión diversa es la ley integral trans, que aun no se radica en el Legislativo. En Colombia, y en el mundo en general, las personas con experiencia de vida trans son las más afectadas al interior de la población LGBTIQ+. Según cifras de Caribe Afirmativo, de las 145 víctimas LGBTIQ+ de homicidios y feminicidios el año pasado, 49 fueron personas trans. A esto se suma el hecho de que en la región la expectativa de vida de esta población no supera, en promedio, los 35 años.
Pero este futuro proyecto de la ley integral trans no surgirá desde el Congreso, viene del trabajo de movimientos de base comunitaria que desde hace varios años han venido consolidando las necesidades de esta población. De manera general, esta iniciativa buscará establecer medidas para la garantía del derecho a la identidad de género y el acceso a otros derechos como la salud, educación y trabajo, que históricamente han sido vulnerados para las personas con identidades de género diversas a raíz de la discriminación y el prejuicio. (¿Por qué se está gestando una Ley Integral Trans?)
La expectativa ha crecido, al punto que fue el lema común en las marchas del orgullo LGBTIQ+ que se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país, después del 28 de junio. Según la plataforma ¡Ley Integral Trans Ya!, conformada por más de 100 organizaciones que han trabajado en la construcción del proyecto, los avances que ha logrado el movimiento social trans en los últimos años se recogen casi en su mayoría en sentencias judiciales. Sin embargo, aún persisten muchos vacíos jurídicos que no permiten que las personas trans y no binarias tengan pleno goce de sus derechos. Por eso la importancia de una ley. (Abrazos de mamá en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2023)
El reto que tiene la comisión accidental, como afirma el representante Alejandro García, es establecer la ruta de trabajo para que el texto que salga de las organizaciones tenga un trámite efectivo en el Congreso. Los congresistas consultados dijeron que no piensan hacerle modificaciones de fondo, pues buscan que el proyecto refleje las exigencias de las organizaciones. Fuentes cercanas al movimiento trans aseguraron a este diario que se espera que el próximo 20 de julio, cuando inicia el nuevo periodo legislativo, radiquen formalmente el texto del proyecto de ley.
Ahora bien, en principio, la función de la comisión accidental, según la resolución que la creó, es hacer seguimiento a la aplicación, desarrollo e implementación de la Política Pública Nacional LGBTIQ+ en Colombia, uno de los grandes pendientes con la población sexo diversa. Desde hace más de una década, la Corte Constitucional ordenó generar la política. Si bien en 2018 se logró promulgar un decreto para que dicha política fuera una realidad, era necesario un plan de acción que le diera vida, pero, con el cambio de Gobierno y la falta de voluntad política, quedó pausada.
La representante Liliana Rodríguez asegura que una de las primeras acciones de la comisión accidental fue precisamente una mesa de trabajo de seguimiento a la implementación a la política pública, en la cual quedaron claros los alcances de la comisión desde el Congreso, pero también algunas tareas que corresponden al Gobierno. Desde el pasado 9 de septiembre, la vicepresidenta y ahora también ministra de Igualdad, Francia Márquez, fue asignada para rediseñar e implementar, después de tantos años, la política pública.
Sin embargo, hasta ahora, no ha habido avances y el tema desde el Gobierno continúa enredado. El Espectador consultó a la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI sobre el tema y aseguraron que han solicitado al Congreso, y en especial a la comisión, adelantar una audiencia pública con el Ministerio del Interior y Vicepresidencia para saber qué ha pasado, No obstante, todavía no se ha citado a un debate de control político sobre el tema.
La gerenta para la Diversidad Sexual y Derechos LGBTIQ+ de la Vicepresidencia, Francesca Mcqoid, en una entrevista con Mutante, aseguró que en agosto comenzarían los encuentros para definir el futuro de la política pública. Por su parte, la representante Argote comenta que desde la comisión están a la espera de tener claridad sobre cuál será el rol del Ministerio de la Igualdad para poder consolidar su trabajo de control desde lo legislativo. (Luz verde para el Ministerio de la Igualdad: así funcionará la nueva cartera)
Además de esta labor, algunos integrantes de esta comisión han participado de otros proyectos de ley que explícitamente integran un enfoque de género. Por ejemplo, han sido coautores en los proyectos de participación paritaria de mujeres y de medidas contra la violencia sexual. Sin embargo, el enfoque de diversidad también ha despertado a la oposición. Así ocurrió con las iniciativas de gestión menstrual, que reconocía los derechos de hombres trans y personas no binarias, y con el proyecto de educación sexual integral. Ambos terminaron archivados luego de que algunos sectores volvieran a sonar las campanas de la falsa “ideología de género”, con la que se busca desinformar y crear pánico alrededor de los derechos de las personas LGBTIQ+.
Por ahora, está previsto que la comisión accidental continúe su trabajo en la legislatura que inicia en las próximas semanas. “No veo ninguna razón ni síntoma para que decaiga, al contrario, el entusiasmo crece”, comentó Lozano. En el mismo sentido, García Ríos dijo: “Entendemos que existen deudas históricas que debemos subsanar mediante un enfoque diferencial”. Es decir, el trabajo por delante todavía es enorme. Porque más allá de la importancia simbólica y de que su presencia en el Congreso sea un avance que muchos de los consultados calificaron de histórico, fueron electores LGBTIQ+, con unos problemas y expectativas, quienes los pusieron allí.
Los siete congresistas abiertamente LGBTIQ+ que están en el cargo desde 2022 se unieron el año pasado para instalar, por primera vez, una comisión que se dedicara a defender los derechos de las personas con sexualidades diversas. A ellos se sumaron cuatro representantes a la Cámara que, si bien son cisgénero y heterosexuales, se consideran aliados de la causa. En los meses que llevan reuniéndose y actuando casi como una bancada, ya han logrado algunos avances, aunque en diálogo con El Espectador reconocen que ha sido un tiempo de aprendizajes y ya comienzan a sonar las iniciativas que llevarán a la legislatura que comienza el 20 de julio. (Así es exigir justicia para las personas LGBTIQ+ en el sur de Córdoba y Bajo Cauca)
Como dijo Tamara Argote, congresista no binaria del Pacto Histórico que hace parte de la comisión accidental LGBTIQ+, “el hecho de que exista esta comisión, de que sea reconocida, de que estemos hablando de los temas abiertamente, de que confrontemos en los debates de todos los temas, no solamente específicos de la población, hace que la política tradicional también se revolucione”. Además, se trata de un grupo multipartidista, pues con Argote trabajan compañeros del Pacto como María del Mar Pizarro, Andrés Cancimance y Susana Gómez; junto a miembros de otros partidos como Carolina Giraldo, Angélica Lozano, Alejandro García y Liliana Rodríguez, del Verde. (Ser lesbiana en Medellín: entre visibilidad y prejuicios)
Además, el liberal Juan Carlos Losada, Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno; y Jennifer Pedraza, de Dignidad. En esa medida, la senadora Lozano hace un balance positivo del primer año: “Ha sido un año valioso de trabajo colectivo, de construcción, confianza y una agenda colectiva, no solo interpartidista, sino de relación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía y, por supuesto, con el Gobierno y entes territoriales”. Pero, ¿qué es en concreto lo que ha logrado esta Comisión LGBTIQ+ y qué se viene para su segundo año de gestión?
Los logros
Tras un año de gestión, la bandera más visible de la bancada ha sido el proyecto de ley que pretende acabar con los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG). Las mal llamadas “terapias de conversión”. Mejor conocida como “Inconvertibles”, fue una iniciativa del excongresista y hoy director del Icetex, Mauricio Toro, que en el Congreso anterior no llegó siquiera a votarse. En la legislatura pasada fue radicado nuevamente por la representante Carolina Giraldo Botero, quien también es la coordinadora de esta Comisión por la Diversidad.
Además de prohibir los intentos para supuestamente “cambiar” la orientación sexual, identidad y expresión de género, el proyecto aspira a que ninguna entidad de salud o persona pueda ofrecer este tipo de prácticas y tampoco usar recursos públicos para ello. De igual forma, busca capacitar al personal de salud desde un enfoque para la diversidad y crear un protocolo de investigación con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.
Pese a que la discusión había sido aplazada en otras ocasiones, la iniciativa logró 20 votos a favor para pasar su primer debate en la Cámara de Representantes. “Hubo gente de todas las bancadas apoyando el proyecto porque se dieron cuenta de que es un asunto de cero discriminación, de erradicación de la violencia y de dignidad humana”, afirmó Giraldo en entrevista. Precisamente, el hacer explícito su enfoque de derechos humanos fue lo que permitió un acercamiento y apoyo de partidos tradicionales, como el Conservador.
En segundo lugar, varios miembros de la Comisión consultados resaltaron como un logro la incidencia que hicieron para que en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro se incluyeran y fueran aprobados artículos que atienden problemas específicos de las personas con sexualidades diversas. Por ejemplo, la creación de un mecanismo para la prevención y atención de población LGBTIQ+ que sea víctima de violencia. El artículo aprobado incluso abre la puerta a que alcaldías y gobernaciones lleven la representación judicial de las víctimas.
La Ley del Plan de Desarrollo también sostiene en sus primeros artículos que las personas LGBTIQ+ son “parte fundamental de las transformaciones” que traza el Gobierno en esa hoja de ruta. A juicio de la representante Carolina Giraldo, ese es otro logro de la Comisión porque se reconoce “que es importante transversalizar estos enfoques y esa ha sido una tarea hemos hecho. Creemos que el Congreso ha avanzado en reconocer que la población diversa existe y que puede ser afectada con la legislación. Esto no sucede únicamente con proyectos relacionados con la población, sino en cualquier proposición que puede afectar de manera diferencial a algún grupo”. (Con la sanción del PND, el país entra en emergencia por violencia de género)
Asimismo, la Comisión ha encontrado otros escenarios para incidir, como en el control político. Por ejemplo, rechazaron declaraciones homófobas del exdirector de la Policía, Henry Sanabria, quien en una entrevista hizo comentarios estigmatizantes sobre los uniformados homosexuales y el VIH en la institución. Angélica Lozano también explicó que, luego de conocerse los primeros casos de viruela símica en Colombia, entraron en diálogo con el Ministerio de Salud para indagar por la llegada de vacunas y añadió: “En casos de discriminación o violaciones de derechos, hacemos un trabajo de gestión institucional, más que un gran ruido público”.
Los grandes pendientes
El otro punto clave que se comprometió a tramitar en el Congreso la comisión diversa es la ley integral trans, que aun no se radica en el Legislativo. En Colombia, y en el mundo en general, las personas con experiencia de vida trans son las más afectadas al interior de la población LGBTIQ+. Según cifras de Caribe Afirmativo, de las 145 víctimas LGBTIQ+ de homicidios y feminicidios el año pasado, 49 fueron personas trans. A esto se suma el hecho de que en la región la expectativa de vida de esta población no supera, en promedio, los 35 años.
Pero este futuro proyecto de la ley integral trans no surgirá desde el Congreso, viene del trabajo de movimientos de base comunitaria que desde hace varios años han venido consolidando las necesidades de esta población. De manera general, esta iniciativa buscará establecer medidas para la garantía del derecho a la identidad de género y el acceso a otros derechos como la salud, educación y trabajo, que históricamente han sido vulnerados para las personas con identidades de género diversas a raíz de la discriminación y el prejuicio. (¿Por qué se está gestando una Ley Integral Trans?)
La expectativa ha crecido, al punto que fue el lema común en las marchas del orgullo LGBTIQ+ que se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país, después del 28 de junio. Según la plataforma ¡Ley Integral Trans Ya!, conformada por más de 100 organizaciones que han trabajado en la construcción del proyecto, los avances que ha logrado el movimiento social trans en los últimos años se recogen casi en su mayoría en sentencias judiciales. Sin embargo, aún persisten muchos vacíos jurídicos que no permiten que las personas trans y no binarias tengan pleno goce de sus derechos. Por eso la importancia de una ley. (Abrazos de mamá en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2023)
El reto que tiene la comisión accidental, como afirma el representante Alejandro García, es establecer la ruta de trabajo para que el texto que salga de las organizaciones tenga un trámite efectivo en el Congreso. Los congresistas consultados dijeron que no piensan hacerle modificaciones de fondo, pues buscan que el proyecto refleje las exigencias de las organizaciones. Fuentes cercanas al movimiento trans aseguraron a este diario que se espera que el próximo 20 de julio, cuando inicia el nuevo periodo legislativo, radiquen formalmente el texto del proyecto de ley.
Ahora bien, en principio, la función de la comisión accidental, según la resolución que la creó, es hacer seguimiento a la aplicación, desarrollo e implementación de la Política Pública Nacional LGBTIQ+ en Colombia, uno de los grandes pendientes con la población sexo diversa. Desde hace más de una década, la Corte Constitucional ordenó generar la política. Si bien en 2018 se logró promulgar un decreto para que dicha política fuera una realidad, era necesario un plan de acción que le diera vida, pero, con el cambio de Gobierno y la falta de voluntad política, quedó pausada.
La representante Liliana Rodríguez asegura que una de las primeras acciones de la comisión accidental fue precisamente una mesa de trabajo de seguimiento a la implementación a la política pública, en la cual quedaron claros los alcances de la comisión desde el Congreso, pero también algunas tareas que corresponden al Gobierno. Desde el pasado 9 de septiembre, la vicepresidenta y ahora también ministra de Igualdad, Francia Márquez, fue asignada para rediseñar e implementar, después de tantos años, la política pública.
Sin embargo, hasta ahora, no ha habido avances y el tema desde el Gobierno continúa enredado. El Espectador consultó a la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI sobre el tema y aseguraron que han solicitado al Congreso, y en especial a la comisión, adelantar una audiencia pública con el Ministerio del Interior y Vicepresidencia para saber qué ha pasado, No obstante, todavía no se ha citado a un debate de control político sobre el tema.
La gerenta para la Diversidad Sexual y Derechos LGBTIQ+ de la Vicepresidencia, Francesca Mcqoid, en una entrevista con Mutante, aseguró que en agosto comenzarían los encuentros para definir el futuro de la política pública. Por su parte, la representante Argote comenta que desde la comisión están a la espera de tener claridad sobre cuál será el rol del Ministerio de la Igualdad para poder consolidar su trabajo de control desde lo legislativo. (Luz verde para el Ministerio de la Igualdad: así funcionará la nueva cartera)
Además de esta labor, algunos integrantes de esta comisión han participado de otros proyectos de ley que explícitamente integran un enfoque de género. Por ejemplo, han sido coautores en los proyectos de participación paritaria de mujeres y de medidas contra la violencia sexual. Sin embargo, el enfoque de diversidad también ha despertado a la oposición. Así ocurrió con las iniciativas de gestión menstrual, que reconocía los derechos de hombres trans y personas no binarias, y con el proyecto de educación sexual integral. Ambos terminaron archivados luego de que algunos sectores volvieran a sonar las campanas de la falsa “ideología de género”, con la que se busca desinformar y crear pánico alrededor de los derechos de las personas LGBTIQ+.
Por ahora, está previsto que la comisión accidental continúe su trabajo en la legislatura que inicia en las próximas semanas. “No veo ninguna razón ni síntoma para que decaiga, al contrario, el entusiasmo crece”, comentó Lozano. En el mismo sentido, García Ríos dijo: “Entendemos que existen deudas históricas que debemos subsanar mediante un enfoque diferencial”. Es decir, el trabajo por delante todavía es enorme. Porque más allá de la importancia simbólica y de que su presencia en el Congreso sea un avance que muchos de los consultados calificaron de histórico, fueron electores LGBTIQ+, con unos problemas y expectativas, quienes los pusieron allí.