Así se vivió la audiencia pública contra las “terapias de conversión”

Este jueves 11 de mayo se desarrolló la audiencia pública del proyecto de ley que busca prohibir en Colombia los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), las mal llamadas “terapias de conversión”. Se escucharon los conceptos de representantes del Gobierno Nacional, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y los testimonios de sobrevivientes de estas prácticas. (Una reivindicación de las “locas de pueblo”: la diversidad más allá del insulto)

“Inconvertibles”, como se denomina el proyecto, que es iniciativa del excongresista y hoy director del Icetex, Mauricio Toro, fue radicado nuevamente el pasado 3 de noviembre por la representante Carolina Giraldo Botero, como parte de las primeras acciones adelantadas por la Comisión de la Diversidad. De acuerdo con la congresista, el propósito de la iniciativa es “evitar que más personas LGBTIQ+ sean sometidas a maltratos, violaciones, tortura y violencia forzada, bajo la excusa de que deben ser ‘curadas’”. (Tras bambalinas de la pugna por las “terapias de conversión”)

Además de prohibir los intentos para supuestamente “cambiar” la orientación sexual, identidad y expresión de género, el proyecto de ley pretende que ninguna entidad de salud o persona pueda ofrecer este tipo de prácticas y tampoco usar recursos públicos para ello. De igual forma, busca capacitar al personal de salud desde un enfoque para la diversidad y crear un protocolo de investigación con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.

Uno de los puntos clave que fue comentado durante la audiencia tuvo que ver con las medidas penales que propone el proyecto. Lo que se pretende es modificar la ley penal, para que los delitos de tortura y hostigamiento, ya existentes, tengan un nuevo agravante: cuando se comentan para intentar “modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género”. Para el abogado penalista Sebastián Rondón Duarte, esta propuesta del proyecto no es tan conveniente, porque podría variar varias según la interpretación que haga cada juez. Lo ideal, según Rondón, sería crear un nuevo delito, uno autónomo.

De acuerdo con las cifras presentadas por la organización All Out durante la audiencia pública, alrededor del 25% de la población LGBTIQ+ del país ha escuchado comentarios respecto a modificar su orientación sexual o identidad de género por parte del personal de salud. Por eso, las organizaciones de la sociedad civil presentes señalaron que, de ser ley, “Inconvertibles” ayudaría a la despatologización social de la población LGBTIQ+. Sin embargo, como mencionó Ces Badillo, de Caribe Afirmativo, vale la pena también contemplar qué sucede en los territorios, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas en las que suceden este tipo de prácticas, pero no son catalogadas como ECOSIEG. (“Amén, Francisco responde”: el Papa recibe el pañuelo verde y habla de aborto)

La voz del Gobierno Nacional estuvo representada por delegados de los Ministerios del Interior, Justicia y Salud, quienes expresaron que ven reflejado en este proyecto el respeto a la diversidad, los Derechos Humanos y el cambio. Por eso, consideran que esta es una iniciativa que contribuye efectivamente a la erradicación de las violencias que atraviesan a las personas diversas. Por su parte, María Fernanda Rangel, delegada de derechos de la mujer y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, le solicitó al Congreso “que agilice el trámite de este proyecto, porque es la forma en que el Estado salga de esta mora en regular la prohibición de estas prácticas”.

Los sectores que se oponen a este proyecto de ley argumentan que se está atentando contra el derecho a la libertad de culto y que las personas que se someten a estas prácticas lo hacen de forma voluntaria. Sin embargo, quienes compartieron sus testimonios durante la audiencia coincidieron que el crecer en entornos que les repetían que estaban enfermos o que eran un pecado fue lo que los llevó a pensar que necesitaban de estas mal llamadas “terapias”. En palabras de John Botia Miranda, pastor de la Iglesia Colombiana Metodista, “los sermones disfrazados de amor llevan a muchos al suicidio y en mi caso a sentir que Dios no me escuchaba por ser homosexual”. (“Perdí a mi único hijo, pero gané muchos más”: Alba Lucía Reyes)

Durante la jornada, hubo un consenso de que el proyecto responde a un esfuerzo por la protección de los derechos humanos y la eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Sin embargo, hay una preocupación por que no se cite a debate antes del 19 de junio y este termine, una vez más, archivado.

De lograr ser ley de la República, Colombia sería el noveno país en prohibir estas prácticas que, a toda luz, violan los derechos humanos. Países como Grecia, Chile, Francia, Alemania, Malta, Ecuador, Brasil y Canadá ya legislaron al respecto. Por el momento, “Inconvertibles” cuenta con el respaldo de al menos 58 congresistas de diferentes bancadas.

Este jueves 11 de mayo se desarrolló la audiencia pública del proyecto de ley que busca prohibir en Colombia los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), las mal llamadas “terapias de conversión”. Se escucharon los conceptos de representantes del Gobierno Nacional, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y los testimonios de sobrevivientes de estas prácticas. (Una reivindicación de las “locas de pueblo”: la diversidad más allá del insulto)

“Inconvertibles”, como se denomina el proyecto, que es iniciativa del excongresista y hoy director del Icetex, Mauricio Toro, fue radicado nuevamente el pasado 3 de noviembre por la representante Carolina Giraldo Botero, como parte de las primeras acciones adelantadas por la Comisión de la Diversidad. De acuerdo con la congresista, el propósito de la iniciativa es “evitar que más personas LGBTIQ+ sean sometidas a maltratos, violaciones, tortura y violencia forzada, bajo la excusa de que deben ser ‘curadas’”. (Tras bambalinas de la pugna por las “terapias de conversión”)

Además de prohibir los intentos para supuestamente “cambiar” la orientación sexual, identidad y expresión de género, el proyecto de ley pretende que ninguna entidad de salud o persona pueda ofrecer este tipo de prácticas y tampoco usar recursos públicos para ello. De igual forma, busca capacitar al personal de salud desde un enfoque para la diversidad y crear un protocolo de investigación con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.

Uno de los puntos clave que fue comentado durante la audiencia tuvo que ver con las medidas penales que propone el proyecto. Lo que se pretende es modificar la ley penal, para que los delitos de tortura y hostigamiento, ya existentes, tengan un nuevo agravante: cuando se comentan para intentar “modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género”. Para el abogado penalista Sebastián Rondón Duarte, esta propuesta del proyecto no es tan conveniente, porque podría variar varias según la interpretación que haga cada juez. Lo ideal, según Rondón, sería crear un nuevo delito, uno autónomo.

De acuerdo con las cifras presentadas por la organización All Out durante la audiencia pública, alrededor del 25% de la población LGBTIQ+ del país ha escuchado comentarios respecto a modificar su orientación sexual o identidad de género por parte del personal de salud. Por eso, las organizaciones de la sociedad civil presentes señalaron que, de ser ley, “Inconvertibles” ayudaría a la despatologización social de la población LGBTIQ+. Sin embargo, como mencionó Ces Badillo, de Caribe Afirmativo, vale la pena también contemplar qué sucede en los territorios, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas en las que suceden este tipo de prácticas, pero no son catalogadas como ECOSIEG. (“Amén, Francisco responde”: el Papa recibe el pañuelo verde y habla de aborto)

La voz del Gobierno Nacional estuvo representada por delegados de los Ministerios del Interior, Justicia y Salud, quienes expresaron que ven reflejado en este proyecto el respeto a la diversidad, los Derechos Humanos y el cambio. Por eso, consideran que esta es una iniciativa que contribuye efectivamente a la erradicación de las violencias que atraviesan a las personas diversas. Por su parte, María Fernanda Rangel, delegada de derechos de la mujer y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, le solicitó al Congreso “que agilice el trámite de este proyecto, porque es la forma en que el Estado salga de esta mora en regular la prohibición de estas prácticas”.

Los sectores que se oponen a este proyecto de ley argumentan que se está atentando contra el derecho a la libertad de culto y que las personas que se someten a estas prácticas lo hacen de forma voluntaria. Sin embargo, quienes compartieron sus testimonios durante la audiencia coincidieron que el crecer en entornos que les repetían que estaban enfermos o que eran un pecado fue lo que los llevó a pensar que necesitaban de estas mal llamadas “terapias”. En palabras de John Botia Miranda, pastor de la Iglesia Colombiana Metodista, “los sermones disfrazados de amor llevan a muchos al suicidio y en mi caso a sentir que Dios no me escuchaba por ser homosexual”. (“Perdí a mi único hijo, pero gané muchos más”: Alba Lucía Reyes)

Durante la jornada, hubo un consenso de que el proyecto responde a un esfuerzo por la protección de los derechos humanos y la eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Sin embargo, hay una preocupación por que no se cite a debate antes del 19 de junio y este termine, una vez más, archivado.

De lograr ser ley de la República, Colombia sería el noveno país en prohibir estas prácticas que, a toda luz, violan los derechos humanos. Países como Grecia, Chile, Francia, Alemania, Malta, Ecuador, Brasil y Canadá ya legislaron al respecto. Por el momento, “Inconvertibles” cuenta con el respaldo de al menos 58 congresistas de diferentes bancadas.