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En la madrugada del viernes 22 de septiembre, Patricia Galindo, una mujer lesbiana aspirante al Concejo de Magüí Payán, Nariño, tuvo que huir de su municipio con su esposa e hijos tras recibir múltiples amenazas de muerte. Desde hace casi un mes, Patricia venía denunciando mensajes y agresiones hacia ella y su candidatura basadas en su orientación sexual. “Maricas, no vamos a dejar llegar al Concejo”, le decían reiteradamente.
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El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo identificó 676 municipios en riesgo para el proceso electoral que se llevará a cabo en octubre. Según la entidad, Magüí Payán es uno de los 113 municipios catalogados en riesgo extremo, en un contexto local atravesado por la presencia de grupos armados ilegales, como las FARC y el ELN, disputas por cultivos ilícitos y el control de rutas del narcotráfico. Además, según cuenta la candidata a este diario, la minería ilegal también ha generado desplazamientos de defensores de Derechos Humanos y activistas sociales.
Las amenazas contra Patricia Galindo, quien aspira al concejo por la Alianza Verde, iniciaron el pasado 31 de agosto en redes sociales. Los mensajes explícitamente decían que ella no era digna para el cargo por ser lesbiana y que la tenían vigilada. El pasado 2 de septiembre ella interpuso una denuncia ante la Fiscalía, vía telefónica, pues el municipio no cuenta con un fiscal local. La entidad abrió la ruta para darle medidas de protección y se comprometió en realizar rondas de seguimiento.
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Con ayuda de Caribe Afirmativo, también gestionaron una solicitud de medida de protección individual ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y pidieron acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, las medidas no fueron activadas y desde el lunes 18 de septiembre las amenazas incrementaron; mensajes de texto, llamadas y piedras con logos alusivos a las FARC arrojadas a su casa diciendo que le daban 24 horas para irse. Durante la semana, los mensajes ya no solo fueron dirigidos hacia ella, también les llegaron a familiares y otras personas LGBTIQ+ del municipio diciendo que “sabían que habíamos hecho caso omiso al aviso de las 24 horas y que en las 72 próximas iban a tener noticias”, relata la candidata.
Según la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la Población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas de la Misión de Observación Electoral (MOE), se trata de un caso de homofobia como estrategia para ejercer violencia política, pues las agresiones iniciaron a raíz de la postulación a un cargo de elección popular. “El año pasado, mi esposa y yo nos convertimos en el primer matrimonio igualitario en el municipio y no hubo ninguna reacción homofóbica en nuestra contra. Uno de los mensajes que he recibido dice algo como existan, pero no reclamen’. Entonces, la candidatura y organizarnos como comunidad LGBTIQ+ en el municipio llegaron al tiempo de los mensajes de que o dimitía o me mataban”, cuenta Galindo a El Espectador.
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En Magüí Payán residen unas 30 personas pertenecientes a la población LGBTIQ+. Según Cristian de la Rosa, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en el transcurso del fin de semana fueron amenazados de muerte y se dio orden de desplazamiento a otras cuatro personas que son quienes más han ayudado a Galindo en su campaña. De La Rosa hace énfasis en que por el momento no se sabe quiénes están detrás de las amenazas, pero que responden al querer “eliminar la diferencia”.
Estas acciones discriminatorias han sido definidas como violencia por prejuicio. Ya sea por razones de género, sexualidad, raza, edad o incluso afiliación política, estas son utilizadas como excusa para ejercer control social. Fuentes cercanas a este caso aseguran que los mensajes de campaña de Galindo, que explícitamente hacían un llamado al respeto por la diversidad y luchar por la igualdad en el territorio, llevaron a que terceros justificaran las violencias contra ella con el argumento de que supuestamente está “corrompiendo” a la sociedad. En el último año, bajo el liderazgo de Galindo, la población LGBTIQ+ de Magüí Payán ha participado en jornadas de formación en Derechos Humanos y en encuentros regionales.
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A pesar de que tuvo que salir huyendo del municipio, ella asegura que va a continuar con su candidatura, pero exige al Estado garantías para seguir en el proceso electoral. Galindo señala que las autoridades han sido negligentes, pues ayudarla a salir del territorio no se traduce en proteger su vida. Asimismo, cuenta que ninguno de los demás candidatos del municipio, o incluso el gobierno local, se ha pronunciado sobre los hechos.
“El caso de Patricia es muestra de la debilidad institucional del Estado y que las soluciones que brinda a la sociedad civil son pañitos de agua tibia. Se activaron las rutas, pero ninguna de las medidas de protección están activas. Sabemos que la Defensoría del Pueblo le brindó la posibilidad de salir de su municipio, pero no hay garantías de participación política”, opina De La Rosa. Según la MOE, en comparación con el 2019, la violencia contra liderazgos comunitarios en estas elecciones se incrementó en un 80%.
Si bien para estas elecciones territoriales se ha registrado un aumento en la participación abiertamente LGBTIQ+, desde la campaña “Voto por la Igualdad” identificaron que, de las 117 candidaturas diversas, 62 están en alto riesgo y 18 en riesgo extremo. Algunos de los municipios más peligrosos se encuentran en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá, Chocó y Antioquia. Asimismo, además del caso de Patricia, otros seis candidatos LGBTIQ+ han sido víctimas de violencia política y amenazas.
