Diez personas LGBTIQ+ son amenazadas a diario en Colombia

En el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la Defensoría del Pueblo presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Dicho documento revela que la violencia contra esta población se ha exacerbado y es frecuente en las familias, escuelas, comunidades, sociedad y el Estado. (La radiografía de un prejuicio mortal para la comunidad LGBTI)

Durante el 2022, la Defensoría del Pueblo atendió 394 casos de violencia por prejuicio. De estos casos, 187 fueron contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gais, 21 contra personas bisexuales y 2 contra personas intersexuales. Asimismo, las principales violencias registradas fueron psicológica, con 211 casos; física, con 93; violencia intrafamiliar, con 52; violencia sexual, con 27, y también fueron acompañados 34 casos de personas migrantes LGBT. (¿Por qué se habla de “feminicidio” y no de “crimen pasional”?)

La violencia por prejuicio puede ser entendida como aquella motivada por actitudes negativas respecto a las víctimas en razón de su pertenencia a determinado grupo poblacional, en este contexto ser LGBTIQ+. Y, por tanto, socialmente existe una justificación hacia esta discriminación. “Lamentablemente, encontramos actos de discriminación y violencia por prejuicio contra las personas LGBTIQ+ en su vida cotidiana. Estos actos se han acentuado con el tiempo, lo que ha limitado sus derechos”, señala el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Según el informe, en 2022 se reportaron 3.642 casos de amenazas contra la población LGBTIQ+, lo que significa que en el país cada día se amenaza a diez personas en razón a su orientación sexual y/o identidad de género. Igualmente, la Defensoría registró 104 casos de violencia policial y 1.725 casos de discriminación y hostigamiento. (“Locas de pueblo”: vivir la diversidad sexual en pueblos de Antioquia)

En términos territoriales, el análisis encontró que el mayor número de casos ocurrieron en el Valle del Cauca, Bogotá, Caldas, Norte de Santander, Cauca y Boyacá. También, advierte que desde el año pasado se está evidenciando un aumento de asesinatos a personas con orientaciones sexuales y de género diversas en la región Caribe, Antioquia y el Eje Cafetero.

“Una radiografía del prejuicio”, como se titula el informe anual, cuenta que el 2022 se registraron 87 homicidios y feminicidios de personas LGBTIQ+ a nivel nacional. Sin embargo, de esta cifra llama la atención la posibilidad de un subregistro de casos. Según Caribe Afirmativo, 145 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas el año pasado. La organización civil también afirma que hubo 5.501 casos de violaciones de derechos humanos contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. (Así se vivió la audiencia pública contra las “terapias de conversión”)

Si bien, entre enero y marzo de este año, la Defensoría del Pueblo ha acompañado 40 casos de violencia por prejuicio, el panorama no es alentador. En lo que va recorrido del año se han registrado 29 homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+. Uno de los casos más recientes fue el asesinato de la lideresa trans del Carmen de Bolívar, Dania Sharith Polo Solórzano, conocida como “la pola”, quien aportó su testimonio ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Precisamente, respecto a los hallazgos en el acceso a la justicia y protección, el organismo encontró una escasa respuesta institucional frente a estos actos de violencia y la falta de contratación de equipos especializados para atender los derechos de esta población. Además, identificó la falta de sistemas de información sensibles al género y la diversidad y poca implementación de políticas públicas por parte de las entidades nacionales y territoriales, lo cual ha generado mayor vulnerabilidad para las personas LGBTIQ+. (“Perdí a mi único hijo, pero gané muchos más”: Alba Lucía Reyes)

Desde el 2022, la Fiscalía cuenta con una guía para investigar y judicializar violencias contra personas LGBTIQ+. Esta estrategia permite aplicar un enfoque diferencial y dentro de las modificaciones se incluyeron casillas para registrar la orientación sexual e identidad de género de las personas y sus nombres identitarios. Además, esta guía ha permitido que en los últimos meses se tenga un registro de los hechos motivados por prejuicio.

Aun así, hay vacíos para el manejo de estos casos y la prevención de la violencia contra la población sexo diversa. Por eso, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional a tomar medidas concretas para implementar políticas públicas participativas, prevenir la violencia por prejuicio, brindar atención a las víctimas, investigar los casos y garantizar la justicia. “El reconocimiento y la protección de las diversidades son fundamentales para construir una sociedad más justa y en paz”, afirmó Camargo. (Ser LGBT no es ni nuevo, ni una moda)

En el informe son expuestas varias recomendaciones a diversas entidades nacionales, con el fin de implementar criterios y enfoques diferenciales en los registros de información para la sistematización y visibilizarían de casos de violencia por prejuicio. Por ejemplo, al Ministerio del Interior le hace un llamado a garantizar la participación de las personas LGBTIQ+ en el proceso de diseño e implementación de la Política Pública Nacional LGBTI, uno de los grandes pendientes hacia esta población.

En el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la Defensoría del Pueblo presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Dicho documento revela que la violencia contra esta población se ha exacerbado y es frecuente en las familias, escuelas, comunidades, sociedad y el Estado. (La radiografía de un prejuicio mortal para la comunidad LGBTI)

Durante el 2022, la Defensoría del Pueblo atendió 394 casos de violencia por prejuicio. De estos casos, 187 fueron contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gais, 21 contra personas bisexuales y 2 contra personas intersexuales. Asimismo, las principales violencias registradas fueron psicológica, con 211 casos; física, con 93; violencia intrafamiliar, con 52; violencia sexual, con 27, y también fueron acompañados 34 casos de personas migrantes LGBT. (¿Por qué se habla de “feminicidio” y no de “crimen pasional”?)

La violencia por prejuicio puede ser entendida como aquella motivada por actitudes negativas respecto a las víctimas en razón de su pertenencia a determinado grupo poblacional, en este contexto ser LGBTIQ+. Y, por tanto, socialmente existe una justificación hacia esta discriminación. “Lamentablemente, encontramos actos de discriminación y violencia por prejuicio contra las personas LGBTIQ+ en su vida cotidiana. Estos actos se han acentuado con el tiempo, lo que ha limitado sus derechos”, señala el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Según el informe, en 2022 se reportaron 3.642 casos de amenazas contra la población LGBTIQ+, lo que significa que en el país cada día se amenaza a diez personas en razón a su orientación sexual y/o identidad de género. Igualmente, la Defensoría registró 104 casos de violencia policial y 1.725 casos de discriminación y hostigamiento. (“Locas de pueblo”: vivir la diversidad sexual en pueblos de Antioquia)

En términos territoriales, el análisis encontró que el mayor número de casos ocurrieron en el Valle del Cauca, Bogotá, Caldas, Norte de Santander, Cauca y Boyacá. También, advierte que desde el año pasado se está evidenciando un aumento de asesinatos a personas con orientaciones sexuales y de género diversas en la región Caribe, Antioquia y el Eje Cafetero.

“Una radiografía del prejuicio”, como se titula el informe anual, cuenta que el 2022 se registraron 87 homicidios y feminicidios de personas LGBTIQ+ a nivel nacional. Sin embargo, de esta cifra llama la atención la posibilidad de un subregistro de casos. Según Caribe Afirmativo, 145 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas el año pasado. La organización civil también afirma que hubo 5.501 casos de violaciones de derechos humanos contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. (Así se vivió la audiencia pública contra las “terapias de conversión”)

Si bien, entre enero y marzo de este año, la Defensoría del Pueblo ha acompañado 40 casos de violencia por prejuicio, el panorama no es alentador. En lo que va recorrido del año se han registrado 29 homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+. Uno de los casos más recientes fue el asesinato de la lideresa trans del Carmen de Bolívar, Dania Sharith Polo Solórzano, conocida como “la pola”, quien aportó su testimonio ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Precisamente, respecto a los hallazgos en el acceso a la justicia y protección, el organismo encontró una escasa respuesta institucional frente a estos actos de violencia y la falta de contratación de equipos especializados para atender los derechos de esta población. Además, identificó la falta de sistemas de información sensibles al género y la diversidad y poca implementación de políticas públicas por parte de las entidades nacionales y territoriales, lo cual ha generado mayor vulnerabilidad para las personas LGBTIQ+. (“Perdí a mi único hijo, pero gané muchos más”: Alba Lucía Reyes)

Desde el 2022, la Fiscalía cuenta con una guía para investigar y judicializar violencias contra personas LGBTIQ+. Esta estrategia permite aplicar un enfoque diferencial y dentro de las modificaciones se incluyeron casillas para registrar la orientación sexual e identidad de género de las personas y sus nombres identitarios. Además, esta guía ha permitido que en los últimos meses se tenga un registro de los hechos motivados por prejuicio.

Aun así, hay vacíos para el manejo de estos casos y la prevención de la violencia contra la población sexo diversa. Por eso, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional a tomar medidas concretas para implementar políticas públicas participativas, prevenir la violencia por prejuicio, brindar atención a las víctimas, investigar los casos y garantizar la justicia. “El reconocimiento y la protección de las diversidades son fundamentales para construir una sociedad más justa y en paz”, afirmó Camargo. (Ser LGBT no es ni nuevo, ni una moda)

En el informe son expuestas varias recomendaciones a diversas entidades nacionales, con el fin de implementar criterios y enfoques diferenciales en los registros de información para la sistematización y visibilizarían de casos de violencia por prejuicio. Por ejemplo, al Ministerio del Interior le hace un llamado a garantizar la participación de las personas LGBTIQ+ en el proceso de diseño e implementación de la Política Pública Nacional LGBTI, uno de los grandes pendientes hacia esta población.