Unas 1.433 personas trans y no binarias encuestadas en todo el territorio nacional; más de 100 activistas, organizaciones sociales por los derechos humanos y familias trabajando conjuntamente; 52 artículos y un solo objetivo: que Colombia tenga una ley integral trans. Este proyecto de ley viene construyéndose desde hace varios años y hoy, 31 de julio, fue radicado ante la secretaría de la Cámara de Representantes del Congreso de la República.
La iniciativa legislativa pretende saldar una deuda histórica en la garantía de derechos para las personas con experiencia de vida trans, no binarias o con identidades de género diversas. Es decir, de aquellas personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que les fue asignado al nacer. Aunque el país es uno de los más avanzados en la región en esta materia, especialmente a través de sentencias de la Corte Constitucional, no existe un mecanismo unificado que permita el goce efectivo de estos derechos.
“Este proyecto de ley representa un acto de reparación y un primer paso para abordar los vacíos normativos que deben superarse para garantizar la igualdad y la no discriminación”, afirma en un comunicado la plataforma “Ley Integral Trans Ya”. Esta plataforma, que fue presentada públicamente el año pasado, simboliza la primera vez que el movimiento trans se articula de forma masiva en el país por un objetivo común y formaliza ese sueño de tener una ley que se viene gestando desde hace tres décadas.
Además de entregar el proyecto en la Cámara de Representantes, en el transcurso del día se han realizado actividades y manifestaciones culturales en el centro de la ciudad como muestras simbólicas de apoyo al proyecto. La fotógrafa y artista visual Camila Falquez, en alianza a la plataforma, presentó el performance “Compañerxs”, una procesión desde la Iglesia de las Aguas hasta la Plaza de Bolívar, en donde se mostraron fotografías de personas con experiencia de vida trans de distintos territorios del país.
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El articulado que hoy inicia su trámite legislativo fue construido de forma participativa y democrática. Todas las personas y organizaciones que conforman la plataforma aportaron, desde sus saberes, experiencias y necesidades particulares y se priorizó la interseccionalidad como principio de la iniciativa. Además, la versión final del proyecto pasó antes de ser radicada por tres laboratorios jurídicos y legislativos, y fue refrendada por la plataforma.
Como explica Lina Quevedo, hombre trans y vocero de la plataforma, es un proyecto de ley integral porque va más allá de ser una iniciativa por la autodeterminación de género, que es la posibilidad de que cada quien elija libremente con qué género se identifica. Este proyecto contempla medidas en materia de acceso a la justicia, salud, trabajo, educación, vivienda, participación ciudadana, conflicto armado, situación militar, ruralidad, deportes, arte y cultura.
Por ejemplo, busca “establecer lineamientos técnicos para prohibir todos los procedimientos y prácticas en el sistema de salud que busquen cambiar, reducir, impedir o reprimir las identidades de género diversas”. Además, aunque ya lo ha dicho en diversas ocasiones la Corte Constitucional, el proyecto de ley reitera que el Estado, en todos sus niveles, debe prohibir y sancionar la discriminación por motivos de identidad de género y erradicar la estigmatización y patologización de esta población.
Asimismo, la ley integral trans crearía agravantes en el tipo penal de feminicidio para acciones letales contra personas con experiencia de vida trans. De esta manera, el transfeminicidio, travesticidio y homicidio en razón de la identidad de género - que por ejemplo aplicaría cuando la víctima es una persona no binaria o de otra identidad de género diversa - quedarían incluidos en la normativa.
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Otro aspecto importante del proyecto es que hace un llamado al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y demás entidades estadísticas y demográficas del país a incorporar la variable “identidad de género”, estandarizar preguntas sobre el sexo asignado al nacer y promover estudios en esta materia. Esto con el fin de superar la invisibilidad estadistica de la población con identidades de género diversas. A la fecha, no existe una cifra oficial de cuántas personas trans hay en el país.
La iniciativa legislativa en cada uno de sus ejes temáticos se enfoca en la adopción y promoción de acciones afirmativas, políticas públicas, planes, programas y proyectos que garanticen la autonomía de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. Esto también pensado diferencialmente según la edad y etapa de vida y hacia la población afro e indígena, personas privadas de la libertad, en situación de calle, en territorios rurales y con discapacidades.
De igual forma, aunque el proyecto vincula de manera específica a distintos ministerios y entidades estatales para ejecutar acciones en pro de los derechos de las personas trans y no binarias, sería el Ministerio de la Igualdad el principal encargado de velar por la ley. “El Ministerio de la Igualdad y Equidad, o quien haga sus veces, establecerá un mecanismo interinstitucional para promover, proteger y supervisar”. Dicho mecanismo estaría compuesto por instituciones del Ministerio Público, representantes de organizaciones y personas con identidades de género diversas a nivel nacional y territorial, así como la Contraloría General de la Nación y las contralorías locales.
La autoría del proyecto de ley es del movimiento social trans y no binario, pero el documento radicado está firmado y cuenta con el apoyo de 35 representantes y senadores de distintos partidos políticos. Durante el acto de radicación del proyecto, algunos de los congresistas que hicieron presencia fueron Andres Cancimance, Carolina Giraldo, Tamara Argote, Wilson Arias, Maria del Mar Pizarro, Pedro Suárez Vacca, Clara López y Jorge Eliécer Tamayo, quienes se comprometieron con velar por el efectivo trámite del proyecto.
Sin embargo, el curso que le espera por el legislativo no es fácil, la iniciativa requiere de cuatro debates para convertirse en ley de la República y deberá sortear también solicitudes de archivo que sectores que se oponen al proyecto ya anunciaron que presentaría. Además, el Congreso nunca ha aprobado una ley que en su totalidad y cuyo objetivo central sea proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.
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Fernande Álvarez, abogado y parte del comité legal de la plataforma, cree que “puede que nunca tengamos el momento ‘ideal’ para radicar el proyecto, pero este es el momento preciso”. Y es que la decisión de radicar la iniciativa en este momento responde, por una parte, a querer situar el tema en la agenda legislativa de estos dos años que le quedan al actual congreso, y por otro lado, también pretenden llevar esta discusión fuera de los sectores sociales trans y hacia la ciudadanía general.
Además, como agrega Quevedo, “puede que el Congreso todavía sea un espacio cerrado para estos temas como vimos que ocurrió con el proyecto para prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Pero, al mismo tiempo, este es el Congreso más diverso en muchos años y nuestra propuesta de ley integral trans es robusta y construida de base popular siendo el solo hecho de radicarla ya un hito”.
La organización Amnistía Internacional asegura que la falta de mecanismos legales supone una vulneración de los derechos humanos de las personas trans y con identidades de género diversas, pues “las expone a más discriminación y violencia de la que ya sufren diariamente”. A la fecha, 17 países han legislado en esta materia, pero el proyecto colombiano, según sus promotores, es quizás el más ambicioso por su enfoque integral.
