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El pasado miércoles 22 de noviembre, Lilia Sánchez y su hijo Nicolás Zapata realizaron un plantón pacífico frente a las instalaciones de la Institución Educativa Fidel de Montclar en Mocoa, Putumayo, contra el bullying y la homofobia. Nicolás es estudiante de noveno grado y uno de los pocos jóvenes abiertamente gay de la institución. Durante la manifestación hubo carteles, arengas y la participación de una batucada.
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Según ellos, las directivas y docentes, en especial el rector Ricardo Navarro, han tenido actitudes discriminatorias contra Nicolás por su orientación sexual. Señalan que estos presuntos hechos van desde referirse a los hombres homosexuales como “pirobertas”, pedirle a él que asista con la orientadora escolar para que “no sea imprudente”, que el profesor de matemáticas arbitrariamente ignore sus inquietudes y lo mantienen en una matrícula condicional justificada, según el colegio, en que Nicolás es un estudiante indisciplinado y de bajo desempeño académico.
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“Ellos dicen que la razón por la que nosotros decidimos manifestarnos es porque mi hijo está perdiendo el año y queremos usar la ‘carta de víctima’. Eso es completamente falso. Primero porque él solo estaba perdiendo matemáticas y recuperó la materia gracias a un segundo evaluador. Y, segundo, porque estamos defendiendo el derecho a la educación y el libre desarrollo de la personalidad de las personas LGBTIQ+”, dice Lilia Sánchez a este diario.
Según la versión de ella, desde el momento en que Ricardo Navarro se enteró de la orientación sexual de su hijo, su actitud hacia él cambió y les dijo que su permanencia dependía de si Nicolás se “amoldaba al colegio”. El joven ingresó al colegio Fidel de Montclar en agosto del 2022 a mitad del año escolar y tuvo que repetir noveno grado, curso que actualmente culminó. Sin embargo, tras los hechos recientes, no hay garantías de que pueda continuar con sus estudios en la institución.
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Nicolás relata que frente al bullying, la institución hace énfasis en “tratar respetuosamente a las mujeres”, pero que suele haber una cierta permisividad cuando se trata de comportamientos o “sabotajes” entre los hombres. “Cuando hay algún problema en el curso, si salen (los profesores) directamente a decir que soy yo el que está fomentando el desorden y me mandan a procesos de psicología con la orientadora”, cuenta a El Espectador.
En esos acompañamientos de psicología brindados por el colegio, según el joven, la orientadora le recomendó que fuera más callado, prudente y serio porque había profesores que no estaban de acuerdo con que fuera gay. Sobre esto, Nicolás añade que eso estaba motivado también por el uso del maquillaje, cosa que el manual de convivencia no prohíbe, pues el rector suele hacer comentarios de que “no quería que el colegio se llenara de pirobertas y vagabundas”.
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La familia enfatiza que no tiene nada en contra del rector o la institución pero que piden, conforme a las garantías constitucionales, que se respete la orientación sexual de cualquier estudiante, pues esta no puede ser motivo para vulnerar el derecho a la educación. Asimismo, interpusieron una queja formal ante las secretarías de Educación departamental y municipal. También, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pusieron en contacto con ellos y activaron las rutas de casos de discriminación para dar seguimiento a los hechos.
Ante las denuncias por homofobia y discriminación, El Espectador dialogó con el rector Ricardo Navarro para conocer su versión de los hechos. Navarro, quien de profesión es abogado y administrador educativo, es rector fundador del Fidel de Montclar y funge en el cargo desde 1996. Para el educador, estos señalamientos son completamente falsos y buscan dañar su buen nombre y el de la institución que representa. Además, enfatiza que instauró acciones legales de tipo penal contra Lilia Sánchez.
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“El problema del estudiante es disciplinario y de bajo rendimiento académico, aquí nunca se ha discriminado al muchacho porque es gay. Llevamos años propendiendo por una mejor educación en el sentido de rescatar valores y de formar principios. Lo que están haciendo son actos de desinformación, de calumnias, y tendrán que mostrar en qué momento, quién y cómo se le discriminó”, afirma Navarro.
Frente a las manifestaciones del pasado 22 de noviembre, el rector describe el plantón y la batucada convocada por Lilia Sánchez, la cual contó con el apoyo de un colectivo LGBTIQ+ de la ciudad, como actos de “alboroto, desorden y contaminación acústica”. Además, en una carta dirigida a Sandra Dimas, Secretaria de Educación del Putumayo, afirmó que “se llamó a la Policía, ya que no tenían permiso para esas actividades confusas, groseras, no aptas para ser escuchadas ni vistas por los menores”.
La Fiscalía General estableció en su guía sobre violencia por prejuicio que los comentarios y expresiones prejuiciosas están motivados por una percepción social negativa hacia un grupo poblacional, en este caso las personas LGBTIQ+. Por lo que, desde lo simbólico, se legitima su exclusión, ya que no se considera algo “bueno” o “normal”, pero resulta dañino y violento para los afectados.
Por otra parte, Navarro señala que a Nicolás lo admitieron en la institución a pesar de “una situación académica muy precaria, materias perdidas y presuntos problemas de maltrato escolar”. Ante estas declaraciones, El Espectador se comunicó con la institución Fray Placido, anterior colegio donde estudió el joven. Desde las coordinaciones académicas y de convivencia aseguraron que nunca hubo algún problema con el comportamiento ni desempeño académico de Nicolás, que “todo marchó en completa normalidad y se fue (del colegio) por motivos de cambio de domicilio”, enfatizó la institución a este diario.
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Para Andrés Cancimance, hombre gay y representante a la Cámara por Putumayo, este caso pone en evidencia que, aunque no se suele hablar públicamente sobre la discriminación y matoneo por parte de docentes y directivas al interior de los colegios, no quiere decir que no sucedan. El congresista también comenta que es importante tener presente el contexto de Mocoa y el departamento, pues son frecuentes las amenazas y asesinatos a la población LGBTIQ+ por parte de grupos armados no identificados.
“Sabemos que la rectoría no le ha dado el trámite adecuado al interior de la institución porque en estos hechos es el ‘juez’ y la ‘parte involucrada’ al mismo tiempo”, opina el congresista. Por otra parte, señala que el rector Navarro ha tenido una actitud irresponsable, ya que, en una declaración publicada en Facebook, le pide a una menor de edad que lea un comunicado para los medios, diciendo que como estudiantes rechazan “el alboroto, desorden y cantos vulgares”. Esto, según Cancimance, es violencia simbólica.
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Según la UNESCO, a nivel mundial uno de cada tres estudiantes es víctima de matoneo, pero no existen cifras específicas en torno a la orientación sexual y la identidad de género. En el país, organizaciones como la Fundación Sergio Urrego y Sentiido, se han propuesto señalar cómo los contextos educativos se pueden convertir en un “ambiente hostil” para las infancias y adolescencias LGBTIQ+. De hecho, más de la mitad de estudiantes LGBTIQ+ se han sentido inseguros por su orientación sexual.
Una encuesta de Sentiido del año pasado reveló que los comentarios homofóbicos son frecuentes en la discriminación de los estudiantes. El 52,9 % de los encuestados dijo haber escuchado a otros estudiantes decirlos y el 65 % dijo que estos venían de los mismos docentes o el personal de las instituciones. Además, siete de cada 10 estudiantes nunca acudieron a las rutas de atención ni reportaron incidentes de discriminación por miedo a represalias.
