Histórico: Ciudad de México tipificó el delito de transfeminicidio

Este jueves 18 de julio, con 45 votos a favor y solo uno en contra, la plenaria del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó la Ley Paola Buenrostro, que tipifica el transfeminicidio como un delito autónomo. La medida pretende garantizar el respeto a la identidad de género de las víctimas, prevenir la revictimización y también reconoce este crimen como un tipo de violencia de género y por prejuicio.

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La Ley Paola Buenrostro establece que el transfeminicidio se refiere al asesinato de mujeres trans o personas trans femeninas debido a su identidad de género. “Desde la perspectiva de género, el transfeminicidio se entiende como una manifestación extrema de la violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans”, se lee en el documento. Así, a partir de ahora, el delito de transfeminicidio tendrá una pena agravada de entre 35 y 70 años de prisión.

Este logro histórico para las mujeres trans en CDMX es fruto de una lucha de ocho años iniciada por Kenya Cuevas, activista trans y fundadora de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias. Kenya fue testigo en 2016 del transfeminicido de su mejor amiga, Paola Buenrostro, una trabajadora sexual trans de 25 años. El caso de Paola estuvo cargado de violencias y negligencia institucional. Negaron constantemente la identidad de género de Paola y a Kenya, por exigir justicia por el asesinato de su amiga, la amenazaron de muerte.

El transfeminicida, Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien fue reconocido y capturado con la ayuda de Kenya, confesó a las autoridades que había matado a Paola al darse cuenta de que era una mujer trans. Sin embargo, dos días después de los hechos, un juez lo dejó en libertad argumentando que supuestamente no había elementos suficientes para concluir que era culpable.

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En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia a reconocer la muerte de Paola como un caso de transfeminicidio y también pidió que se legislara sobre este tipo de violencia. Las autoridades de la CDMX pidieron una disculpa pública por su actuar en este caso y a partir de ese momento se comenzó a cocinar la ley.

El Espectador dialogó con Kenya Cuevas sobre el impacto que tiene esta ley para las mujeres trans de la ciudad. Para ella, la ley no es solo un acto de memoria hacia la vida de Paola, “es el inicio de la justicia. La punta del iceberg de un camino para construir un proceso educativo y consciente sobre cómo se deben de cuidar estos caso y brindar acompañamiento a las mujeres trans”. La defensora de derechos humanos también señala que son bastantes los huecos en la justicia mexicana respecto a las personas trans, pero como “lo que no se nombra no existe”, el que por fin se reconozca y hable públicamente sobre transfeminicidios ya es un avance.

Esta iniciativa fue radicada en tres ocasiones por Temístocles Villanueva, diputado abiertamente gay del partido Morena en el Congreso local. Villanueva explica que fueron tres años de trabajo interinstitucional y junto con activistas trans para lograr que la Ley Paola Buenrostro sitúe la violencia transfóbica y la transmisógina como una cuestión estructural que debe abordarse desde el Estado.

“Es una ley integral y robusta. No solo hubo voluntad política de distintos actores para aprobarla sino que hay un entendimiento general de la violencia transfóbica como una problemática social. Este inicio de año fue bastante violento para la población trans y la ley de transfeminicidio significa un avance hacia garantías y justicia porque va más allá de lo punitivo”, afirma el diputado a El Espectador.

Y es que esta nueva ley también reforma el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Víctimas de la capital mexicana. Los puntos más importantes de estas reformas van direccionados hacia el reconocimiento de las personas trans como una población históricamente vulnerada. Así las autoridades deben reconocer la identidad de género autopercibida de las víctimas y respetar los derechos de las “familias escogidas”, es decir, de aquellas personas que no tienen un lazo de consanguinidad con las víctimas pero que se convirtieron en su familia.

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Como explica Kenya, este último punto sobre los derechos de las familias escogidas es muy importante. Muchas personas con experiencia de vida trans son rechazadas y obligadas a salir de sus casas y cuando se presentan hechos de violencia a las familias “de verdad” no les interesa intervenir. Son sus amigas y redes de apoyo quienes están presentes, por eso, la Ley Paola Buenrostro permite que sean estas familias escogidas las que puedan participar en los casos y reclamar las actas de defunción y los cuerpos de las víctimas para darles sepultura.

Para Natalia Lane, activista y sobreviviente de un intento de transfeminicidio y una de las personas que impulsó la ley, este es solo el primer paso hacia el reconocimiento formal de la violencia transfeminicidia. Para ella, esta es una problemática que debe ser atendida no solo desde lo legal, si bien afirma que son necesarias las políticas públicas y medidas puntuales que protejan la vida de las personas con identidades de género diversas, también la aprobación de esta ley es una invitación a repensar el actual sistema de justicia.

“Es un llamado a que prevengan la violencia hacia las mujeres trans y que no solo se piense desde una perspectiva punitivista. El castigo es parte de un sistema patriarcal que nos dice que es la única forma posible de llegar a la justicia y creo que nosotras como mujeres trans hemos aprendido que no es así. El Estado nos ha quedado mal, nos ha violentado, perseguido y criminalizado, y por eso sabemos que hay otras formas de justicia. Sin embargo, es importante que las instituciones se comprometan y salden la deuda de impunidad que existe”, afirmó la activista a este diario.

En lo que va del año, se han registrado al menos diez asesinatos de mujeres trans en la capital mexicana y en todo el país se han contabilizado más de 30 transfeminicidios. Pero, como denuncian las activistas consultadas, hay un alto subregistro al no reconocerse la identidad de género de las víctimas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de asesinatos de mujeres trans es más del doble que la de mujeres cisgénero.

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Con esta nueva ley, la CDMX se convierte en la segunda entidad federativa del país que tipifica el transfeminicidio y esta medida impulsa la búsqueda de que sea considerado como delito en todo el territorio nacional. Así lo asegura a este diario la diputada al Congreso Nacional y activista trans Salma Luevano: “Es un momento histórico y es muy importante que esta tipificación se dé en la capital, porque somos el segundo país donde más se registran crímenes de odio hacia mujeres trans en la región”.

Para la diputada, tener esta figura jurídica en la CDMX marca un precedente hacia una legislatura federal que avance en temas de diversidad. “Reconocer que se trata de crímenes contra mujeres trans, que tiene características particulares, es igual de importante que hablar de mujeres indígenas o con discapacidad. Hacer esa enunciación es lo que permite que los casos sean investigados efectivamente y que se visibilicen y respeten las identidades de las hermanas trans”, concluye.

Este jueves 18 de julio, con 45 votos a favor y solo uno en contra, la plenaria del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó la Ley Paola Buenrostro, que tipifica el transfeminicidio como un delito autónomo. La medida pretende garantizar el respeto a la identidad de género de las víctimas, prevenir la revictimización y también reconoce este crimen como un tipo de violencia de género y por prejuicio.

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La Ley Paola Buenrostro establece que el transfeminicidio se refiere al asesinato de mujeres trans o personas trans femeninas debido a su identidad de género. “Desde la perspectiva de género, el transfeminicidio se entiende como una manifestación extrema de la violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans”, se lee en el documento. Así, a partir de ahora, el delito de transfeminicidio tendrá una pena agravada de entre 35 y 70 años de prisión.

Este logro histórico para las mujeres trans en CDMX es fruto de una lucha de ocho años iniciada por Kenya Cuevas, activista trans y fundadora de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias. Kenya fue testigo en 2016 del transfeminicido de su mejor amiga, Paola Buenrostro, una trabajadora sexual trans de 25 años. El caso de Paola estuvo cargado de violencias y negligencia institucional. Negaron constantemente la identidad de género de Paola y a Kenya, por exigir justicia por el asesinato de su amiga, la amenazaron de muerte.

El transfeminicida, Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien fue reconocido y capturado con la ayuda de Kenya, confesó a las autoridades que había matado a Paola al darse cuenta de que era una mujer trans. Sin embargo, dos días después de los hechos, un juez lo dejó en libertad argumentando que supuestamente no había elementos suficientes para concluir que era culpable.

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En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia a reconocer la muerte de Paola como un caso de transfeminicidio y también pidió que se legislara sobre este tipo de violencia. Las autoridades de la CDMX pidieron una disculpa pública por su actuar en este caso y a partir de ese momento se comenzó a cocinar la ley.

El Espectador dialogó con Kenya Cuevas sobre el impacto que tiene esta ley para las mujeres trans de la ciudad. Para ella, la ley no es solo un acto de memoria hacia la vida de Paola, “es el inicio de la justicia. La punta del iceberg de un camino para construir un proceso educativo y consciente sobre cómo se deben de cuidar estos caso y brindar acompañamiento a las mujeres trans”. La defensora de derechos humanos también señala que son bastantes los huecos en la justicia mexicana respecto a las personas trans, pero como “lo que no se nombra no existe”, el que por fin se reconozca y hable públicamente sobre transfeminicidios ya es un avance.

Esta iniciativa fue radicada en tres ocasiones por Temístocles Villanueva, diputado abiertamente gay del partido Morena en el Congreso local. Villanueva explica que fueron tres años de trabajo interinstitucional y junto con activistas trans para lograr que la Ley Paola Buenrostro sitúe la violencia transfóbica y la transmisógina como una cuestión estructural que debe abordarse desde el Estado.

“Es una ley integral y robusta. No solo hubo voluntad política de distintos actores para aprobarla sino que hay un entendimiento general de la violencia transfóbica como una problemática social. Este inicio de año fue bastante violento para la población trans y la ley de transfeminicidio significa un avance hacia garantías y justicia porque va más allá de lo punitivo”, afirma el diputado a El Espectador.

Y es que esta nueva ley también reforma el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Víctimas de la capital mexicana. Los puntos más importantes de estas reformas van direccionados hacia el reconocimiento de las personas trans como una población históricamente vulnerada. Así las autoridades deben reconocer la identidad de género autopercibida de las víctimas y respetar los derechos de las “familias escogidas”, es decir, de aquellas personas que no tienen un lazo de consanguinidad con las víctimas pero que se convirtieron en su familia.

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Como explica Kenya, este último punto sobre los derechos de las familias escogidas es muy importante. Muchas personas con experiencia de vida trans son rechazadas y obligadas a salir de sus casas y cuando se presentan hechos de violencia a las familias “de verdad” no les interesa intervenir. Son sus amigas y redes de apoyo quienes están presentes, por eso, la Ley Paola Buenrostro permite que sean estas familias escogidas las que puedan participar en los casos y reclamar las actas de defunción y los cuerpos de las víctimas para darles sepultura.

Para Natalia Lane, activista y sobreviviente de un intento de transfeminicidio y una de las personas que impulsó la ley, este es solo el primer paso hacia el reconocimiento formal de la violencia transfeminicidia. Para ella, esta es una problemática que debe ser atendida no solo desde lo legal, si bien afirma que son necesarias las políticas públicas y medidas puntuales que protejan la vida de las personas con identidades de género diversas, también la aprobación de esta ley es una invitación a repensar el actual sistema de justicia.

“Es un llamado a que prevengan la violencia hacia las mujeres trans y que no solo se piense desde una perspectiva punitivista. El castigo es parte de un sistema patriarcal que nos dice que es la única forma posible de llegar a la justicia y creo que nosotras como mujeres trans hemos aprendido que no es así. El Estado nos ha quedado mal, nos ha violentado, perseguido y criminalizado, y por eso sabemos que hay otras formas de justicia. Sin embargo, es importante que las instituciones se comprometan y salden la deuda de impunidad que existe”, afirmó la activista a este diario.

En lo que va del año, se han registrado al menos diez asesinatos de mujeres trans en la capital mexicana y en todo el país se han contabilizado más de 30 transfeminicidios. Pero, como denuncian las activistas consultadas, hay un alto subregistro al no reconocerse la identidad de género de las víctimas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de asesinatos de mujeres trans es más del doble que la de mujeres cisgénero.

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Con esta nueva ley, la CDMX se convierte en la segunda entidad federativa del país que tipifica el transfeminicidio y esta medida impulsa la búsqueda de que sea considerado como delito en todo el territorio nacional. Así lo asegura a este diario la diputada al Congreso Nacional y activista trans Salma Luevano: “Es un momento histórico y es muy importante que esta tipificación se dé en la capital, porque somos el segundo país donde más se registran crímenes de odio hacia mujeres trans en la región”.

Para la diputada, tener esta figura jurídica en la CDMX marca un precedente hacia una legislatura federal que avance en temas de diversidad. “Reconocer que se trata de crímenes contra mujeres trans, que tiene características particulares, es igual de importante que hablar de mujeres indígenas o con discapacidad. Hacer esa enunciación es lo que permite que los casos sean investigados efectivamente y que se visibilicen y respeten las identidades de las hermanas trans”, concluye.