La primera condena en el mundo por crímenes de lesa humanidad contra mujeres trans

Fabiana Gutiérrez tenía 14 años la primera vez que pudo vestir ropa de mujer. Ella siempre supo que no era un hombre, el género que le asignaron al nacer, pero poder expresar realmente quién era significaba una condena. Era la época de la última dictadura militar argentina, que entre 1976 y 1983 oprimió y cometió múltiples crímenes de lesa humanidad contra la población. En especial, contra quienes consideraban “enemigos”, “personas despreciables” o “anormales”, entre ellas, las personas trans y travestis.

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En 1976, cuando Fabiana acababa de cumplir 15 años, fue la primera vez que militares vestidos de civil la retuvieron y llevaron a una cárcel clandestina para torturarla. “Estaba en una calle de Buenos Aires, a 400 metros de la casa de mis padres, cuando un auto particular se detuvo y ahí me agarraron. Me llevaron a una celda oscura, húmeda y fría, lo único que se veía era la luz de una lamparita que colgaba en los pasillos. Al principio estuve sola y después llegaron más personas, ahí fue cuando me di cuenta de que todas éramos chicas trans”, relata en conversación con El Espectador.

La detuvieron en el Pozo de Banfield, una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y uno de los más de 200 centros clandestinos que funcionaron en la capital durante la última dictadura. El Pozo de Banfield fue uno de los centros más importantes del Circuito Camps, una red de centros clandestinos de detención que, según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio de Justicia argentino, operaron conjuntamente militares, policías y civiles durante el clímax del terrorismo de Estado bajo la órbita de la policía bonaerense generando torturas y exterminios.

Durante siete años, las autoridades del Estado secuestraron, torturaron, desaparecieron y violentaron allí a al menos 610 personas; 23 fueron mujeres en estado de embarazo y ocho mujeres trans. Fabiana dice que nunca olvidará lo que sufrió, la primera detención fue por cinco días pero hubo momentos en la que la tuvieron encerrada hasta por mes y medio. “Nos insultaron, golpearon, dejaron medio desnudas por días, dieron picana (electrocuciones) y agredieron constantemente. Se escuchaban los gritos de las otras personas que eran torturadas. Para comer teníamos que pedirles a ellos alguna sobra de algo y decían que había que ‘pagar’, que era con sexo, yo no quería era solo una criatura y aun así lo hicieron a la fuerza”, afirma Fabiana.

Hoy, al recordar las violencias y torturas a las que sobrevivió, ella cree que por lo menos fueron 180 días encerrada a oscuras y sin que nadie supiera nada sobre ella. Además, tiene claro que la razón de las agresiones era por el hecho de ser trans. Aunque ella no profesara ningún posicionamiento político contra el régimen, su identidad y existencia llevaban a que fuera vista como “gente no adapta vivir en el país donde nací”. A los 20 años logró conseguir un documento de identidad falso que le permitió escapar de Argentina. Llegó a Uruguay y de ahí siguió su camino hacia Paraguay, desde donde logró viajar hacia Italia donde vive exiliada desde la década de los ochenta.

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De las ocho mujeres trans que fueron secuestradas y detenidas en el Pozo de Banfield, solo cinco siguen vivas. Mientras estuvieron cautivas todas sufrieron torturas, vejaciones y violencia sexual. Ellas rindieron testimonio para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en el juicio conocido como “Brigadas”. Fue la primera vez en la historia que personas con experiencia de vida trans declararon en un caso de crímenes de lesa humanidad.

A más de 40 años, la justicia argentina reconoció que ellas fueron víctimas del terrorismo de Estado y violencia sistemática por motivos de identidad de género. En marzo, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a 11 personas, entre ellas militares, policías y un civil, por delitos de lesa humanidad contra mujeres trans. Específicamente fueron declarados responsables de cometer los delitos de las privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados; y reducción a la servidumbre que tuvieron lugar en el centro clandestino. Diez de ellos recibieron una cadena perpetua.

El pasado mes de julio se hicieron públicos los fundamentos de la sentencia, la primera en el mundo en analizar lo sucedido con las mujeres trans en el marco de terrorismo de Estado. En estos se establece que las mujeres trans eran consideradas objetivos a perseguir dentro del plan de aniquilamiento y represión desplegado por la dictadura. “fueron parte del ataque sistemático y generalizado contra la población civil, con conocimiento por parte de los perpetradores del contexto general en que se inscribía su accionar”, se lee en el fallo.

Como explica Ana Oberlin, auxiliar fiscal del caso y abogada especializada en derechos humanos, género y derecho penal, la condena sienta un precedente sobre el reconocimiento de las personas diversas como víctimas. “Estos casos fueron presentados por la fiscalía no como hechos aislados, individuales, sino como parte de la violencia estatal sistemática hacia ellas que se agudizó en la dictadura”, enfatiza la abogada que también es familiar de personas desaparecidas por la dictadura.

En video: Diez datos sobre el caso Sergio Urrego

Para el tribunal, lo que ocurrió en el Pozo de Banfield fue una muestra “clara y contundente” de la manera en que “el Terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico”. Es decir, las violencias a las que fueron sometidas las ocho mujeres trans tenían como fin castigar sus identidades porque se alejaban de lo que socialmente se esperaba de ellas: de encajar en un sistema en el que solo hay, supuestamente, una forma posible de ser hombre o mujer.

Esta condena significó un descanso tras años de ser olvidadas y sobrevivir con las secuelas de tortura. Sin embargo, como menciona Fabiana, sus testimonios y experiencias de vida muestran que la violencia y discriminación contra las personas trans no se detuvo. “Tenemos un respiro sí, pero, la realidad es que el actual gobierno está en contra de nosotras en todo sentido y retrocedemos en el tiempo con esta gente en el poder. Por eso mismo nosotras seguimos luchando, lo que vivimos no tiene que pasar nunca más”, concluye.

Fabiana Gutiérrez tenía 14 años la primera vez que pudo vestir ropa de mujer. Ella siempre supo que no era un hombre, el género que le asignaron al nacer, pero poder expresar realmente quién era significaba una condena. Era la época de la última dictadura militar argentina, que entre 1976 y 1983 oprimió y cometió múltiples crímenes de lesa humanidad contra la población. En especial, contra quienes consideraban “enemigos”, “personas despreciables” o “anormales”, entre ellas, las personas trans y travestis.

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En 1976, cuando Fabiana acababa de cumplir 15 años, fue la primera vez que militares vestidos de civil la retuvieron y llevaron a una cárcel clandestina para torturarla. “Estaba en una calle de Buenos Aires, a 400 metros de la casa de mis padres, cuando un auto particular se detuvo y ahí me agarraron. Me llevaron a una celda oscura, húmeda y fría, lo único que se veía era la luz de una lamparita que colgaba en los pasillos. Al principio estuve sola y después llegaron más personas, ahí fue cuando me di cuenta de que todas éramos chicas trans”, relata en conversación con El Espectador.

La detuvieron en el Pozo de Banfield, una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y uno de los más de 200 centros clandestinos que funcionaron en la capital durante la última dictadura. El Pozo de Banfield fue uno de los centros más importantes del Circuito Camps, una red de centros clandestinos de detención que, según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio de Justicia argentino, operaron conjuntamente militares, policías y civiles durante el clímax del terrorismo de Estado bajo la órbita de la policía bonaerense generando torturas y exterminios.

Durante siete años, las autoridades del Estado secuestraron, torturaron, desaparecieron y violentaron allí a al menos 610 personas; 23 fueron mujeres en estado de embarazo y ocho mujeres trans. Fabiana dice que nunca olvidará lo que sufrió, la primera detención fue por cinco días pero hubo momentos en la que la tuvieron encerrada hasta por mes y medio. “Nos insultaron, golpearon, dejaron medio desnudas por días, dieron picana (electrocuciones) y agredieron constantemente. Se escuchaban los gritos de las otras personas que eran torturadas. Para comer teníamos que pedirles a ellos alguna sobra de algo y decían que había que ‘pagar’, que era con sexo, yo no quería era solo una criatura y aun así lo hicieron a la fuerza”, afirma Fabiana.

Hoy, al recordar las violencias y torturas a las que sobrevivió, ella cree que por lo menos fueron 180 días encerrada a oscuras y sin que nadie supiera nada sobre ella. Además, tiene claro que la razón de las agresiones era por el hecho de ser trans. Aunque ella no profesara ningún posicionamiento político contra el régimen, su identidad y existencia llevaban a que fuera vista como “gente no adapta vivir en el país donde nací”. A los 20 años logró conseguir un documento de identidad falso que le permitió escapar de Argentina. Llegó a Uruguay y de ahí siguió su camino hacia Paraguay, desde donde logró viajar hacia Italia donde vive exiliada desde la década de los ochenta.

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De las ocho mujeres trans que fueron secuestradas y detenidas en el Pozo de Banfield, solo cinco siguen vivas. Mientras estuvieron cautivas todas sufrieron torturas, vejaciones y violencia sexual. Ellas rindieron testimonio para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en el juicio conocido como “Brigadas”. Fue la primera vez en la historia que personas con experiencia de vida trans declararon en un caso de crímenes de lesa humanidad.

A más de 40 años, la justicia argentina reconoció que ellas fueron víctimas del terrorismo de Estado y violencia sistemática por motivos de identidad de género. En marzo, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a 11 personas, entre ellas militares, policías y un civil, por delitos de lesa humanidad contra mujeres trans. Específicamente fueron declarados responsables de cometer los delitos de las privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados; y reducción a la servidumbre que tuvieron lugar en el centro clandestino. Diez de ellos recibieron una cadena perpetua.

El pasado mes de julio se hicieron públicos los fundamentos de la sentencia, la primera en el mundo en analizar lo sucedido con las mujeres trans en el marco de terrorismo de Estado. En estos se establece que las mujeres trans eran consideradas objetivos a perseguir dentro del plan de aniquilamiento y represión desplegado por la dictadura. “fueron parte del ataque sistemático y generalizado contra la población civil, con conocimiento por parte de los perpetradores del contexto general en que se inscribía su accionar”, se lee en el fallo.

Como explica Ana Oberlin, auxiliar fiscal del caso y abogada especializada en derechos humanos, género y derecho penal, la condena sienta un precedente sobre el reconocimiento de las personas diversas como víctimas. “Estos casos fueron presentados por la fiscalía no como hechos aislados, individuales, sino como parte de la violencia estatal sistemática hacia ellas que se agudizó en la dictadura”, enfatiza la abogada que también es familiar de personas desaparecidas por la dictadura.

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Para el tribunal, lo que ocurrió en el Pozo de Banfield fue una muestra “clara y contundente” de la manera en que “el Terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico”. Es decir, las violencias a las que fueron sometidas las ocho mujeres trans tenían como fin castigar sus identidades porque se alejaban de lo que socialmente se esperaba de ellas: de encajar en un sistema en el que solo hay, supuestamente, una forma posible de ser hombre o mujer.

Esta condena significó un descanso tras años de ser olvidadas y sobrevivir con las secuelas de tortura. Sin embargo, como menciona Fabiana, sus testimonios y experiencias de vida muestran que la violencia y discriminación contra las personas trans no se detuvo. “Tenemos un respiro sí, pero, la realidad es que el actual gobierno está en contra de nosotras en todo sentido y retrocedemos en el tiempo con esta gente en el poder. Por eso mismo nosotras seguimos luchando, lo que vivimos no tiene que pasar nunca más”, concluye.