La violencia contra mujeres LBT: la realidad oculta del conflicto armado en Colombia

Andrea*, una mujer bisexual del norte del Cesar, vio truncada su adolescencia cuando fue reclutada por las FARC a los 16 años. Ella cuenta que cuando esto ocurrió, fue víctima de violencia sexual y de reclutamiento de menores, “entré como una esclava sexual”, relata. Su cuerpo y su libertad fueron vulnerados en el marco del conflicto armado colombiano. “Estando dentro me dieron la opción de que perteneciera o seguía siendo la esclava sexual de una persona que nunca nunca amé, nunca quise, nunca me gustó. De ahí tengo un hijo que tiene 33 años”.

Su caso no es un hecho aislado, sino una muestra de cómo miles de mujeres y niñas han sido utilizadas como botín de guerra. Con un agravante adicional, cuando se trata de mujeres con identidades y orientaciones diversas, su vulnerabilidad aumenta, lo que lleva a que la violencia ejercida contra ellas adquiera un tinte discriminatorio y un mensaje de ‘corrección’ de su identidad u orientación. Esto, junto a sus liderazgos y la falta de respuesta institucional, intensifica su situación.

Este es uno de los hallazgos del reciente informe “Enterezas en resistencia: Resonamos todas”, elaborado por Caribe Afirmativo, en el que entrevistaron a cerca de 70 mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT) en tres regiones del país: Caribe, Pacífico y Antioquia. Zonas que tienen en común la presencia de grupos armados y bandas delincuenciales, que ponen en riesgo la vida, los derechos sexuales y reproductivos, la libertad y el acceso a la justicia de las mujeres.

Lea aquí también: Informe revela las amenazas y violencias que sufren líderes LGBTIQ+ en Colombia

Solo en 2023, esta organización, reportó un aumento en los homicidios de mujeres LBT en comparación con el año anterior, con 65 asesinatos frente a los 42 de 2022. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico y Sucre. Además, se reportaron 602 denuncias por amenazas contra estas mujeres, lo que refleja la creciente violencia y las amenazas a su integridad.

Uno de los casos que ilustra la magnitud del problema es el de la región de los Montes de María, que abarca varios municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, al norte del país. En esta zona, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans enfrentan un doble estigma que las pone en la mira de grupos armados y delincuenciales. “Son asociadas a la criminalidad, la promiscuidad y la perversión, y se les considera mujeres desviadas o anormales que deben ser corregidas”, se lee en el informe.

Estas ideas, basadas en prejuicios contra la población LGBTIQ+, terminan justificando cualquier tipo de violencia contra estas mujeres. “Los actores armados utilizaban los cuerpos de las mujeres para enviar mensajes simbólicos y ejemplarizantes en contra de la diversidad sexual y de género, lo que les permitía ganar legitimidad social entre las comunidades”, explican las investigadoras.

Una de las mujeres trans entrevistadas, contó que 25 hombres abusaron sexualmente de ella en Cauca. “Entonces me sentaron y me dijeron ¿usted quiere ser mujer? la vamos a convertir en mujer… eh… los 25 hombres abusaron sexualmente de mí, me golpearon”, como una forma de corregir su identidad de género.

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“En la investigación se identificaron diversos tipos de violencia contra estas mujeres, como la violencia sexual, obstétrica, psicológica, física, entre otras, cometidas por grupos armados, bandas criminales y personas comunes”, explica María Angélica Orozco, investigadora de Enterezas de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador. Destacó que, además de estas formas de violencia, también se presenta la violencia institucional, que, debido a la falta de un enfoque diferencial y a los prejuicios del personal encargado, termina afectando a las mujeres que deciden denunciar o pedir ayuda.

Tatiana*, una mujer trans del Cauca, relata que, al decidir denunciar al policía que la había agredido ante la Fiscalía, recibió una respuesta humillante por parte del funcionario: “¿Sabe qué hizo el de la Fiscalía? Se burló de mí, diciéndome que cómo iba a acusar a un policía con tan buen prestigio en la ciudad y preguntando dónde estaban las pruebas. Era mi palabra contra la de él”, cuenta Tatiana en uno de los testimonios recopilados en el informe. A partir de ese momento, el acoso contra ella se intensificó, al punto de que tuvo que abandonar Tuluá. Desde amenazas escritas hasta actos de violencia directa en su hogar, donde grupos de hombres armados irrumpieron durante una reunión de activistas para intimidar a todas las personas presentes.

“No hay una respuesta institucional que las proteja, porque este tema de la violencia institucional es muy fuerte. Identificamos mucha revictimización en sus testimonios. Nos decían: me vulneraron, me dieron la misma respuesta una y otra vez, no respetan sus pronombres o las culpabilizan de su propia agresión”, apunta Orozco.

Según explican las investigadoras, además de sufrir violencia por parte de todos los actores involucrados en el conflicto armado, incluidas las instituciones del Estado, las mujeres en cuestión enfrentan un riesgo adicional: su liderazgo social. “Precisamente en todos esos contextos de resistencia en los que están las lideresas en estos territorios, están expuestas a más peligro”, señalan. No obstante, en situaciones similares, organizaciones de derechos humanos han enfatizado en que el hecho de que las personas LGBTIQ+ no puedan ser visibles ni ejercer un liderazgo social pone en peligro sus vidas y afecta la democracia del país.

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Frente a este panorama, el informe destaca la resistencia de estas mujeres en los territorios, quienes siguen levantando la bandera de su liderazgo en cada municipio y ciudad, a través de iniciativas que promueven la inclusión y la diversidad. María Angélica Orozco menciona que, incluso, en algunos territorios, diversos grupos comunitarios se han organizado para socializar sus derechos mediante expresiones artísticas y culturales.

*Los nombres utilizados en este artículo son nombres ficticios para representar los relatos recopilados en el marco de la investigación “Enterezas en resistencia: Resonamos todas” realizado por Caribe Afirmativo.

Andrea*, una mujer bisexual del norte del Cesar, vio truncada su adolescencia cuando fue reclutada por las FARC a los 16 años. Ella cuenta que cuando esto ocurrió, fue víctima de violencia sexual y de reclutamiento de menores, “entré como una esclava sexual”, relata. Su cuerpo y su libertad fueron vulnerados en el marco del conflicto armado colombiano. “Estando dentro me dieron la opción de que perteneciera o seguía siendo la esclava sexual de una persona que nunca nunca amé, nunca quise, nunca me gustó. De ahí tengo un hijo que tiene 33 años”.

Su caso no es un hecho aislado, sino una muestra de cómo miles de mujeres y niñas han sido utilizadas como botín de guerra. Con un agravante adicional, cuando se trata de mujeres con identidades y orientaciones diversas, su vulnerabilidad aumenta, lo que lleva a que la violencia ejercida contra ellas adquiera un tinte discriminatorio y un mensaje de ‘corrección’ de su identidad u orientación. Esto, junto a sus liderazgos y la falta de respuesta institucional, intensifica su situación.

Este es uno de los hallazgos del reciente informe “Enterezas en resistencia: Resonamos todas”, elaborado por Caribe Afirmativo, en el que entrevistaron a cerca de 70 mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT) en tres regiones del país: Caribe, Pacífico y Antioquia. Zonas que tienen en común la presencia de grupos armados y bandas delincuenciales, que ponen en riesgo la vida, los derechos sexuales y reproductivos, la libertad y el acceso a la justicia de las mujeres.

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Solo en 2023, esta organización, reportó un aumento en los homicidios de mujeres LBT en comparación con el año anterior, con 65 asesinatos frente a los 42 de 2022. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico y Sucre. Además, se reportaron 602 denuncias por amenazas contra estas mujeres, lo que refleja la creciente violencia y las amenazas a su integridad.

Uno de los casos que ilustra la magnitud del problema es el de la región de los Montes de María, que abarca varios municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, al norte del país. En esta zona, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans enfrentan un doble estigma que las pone en la mira de grupos armados y delincuenciales. “Son asociadas a la criminalidad, la promiscuidad y la perversión, y se les considera mujeres desviadas o anormales que deben ser corregidas”, se lee en el informe.

Estas ideas, basadas en prejuicios contra la población LGBTIQ+, terminan justificando cualquier tipo de violencia contra estas mujeres. “Los actores armados utilizaban los cuerpos de las mujeres para enviar mensajes simbólicos y ejemplarizantes en contra de la diversidad sexual y de género, lo que les permitía ganar legitimidad social entre las comunidades”, explican las investigadoras.

Una de las mujeres trans entrevistadas, contó que 25 hombres abusaron sexualmente de ella en Cauca. “Entonces me sentaron y me dijeron ¿usted quiere ser mujer? la vamos a convertir en mujer… eh… los 25 hombres abusaron sexualmente de mí, me golpearon”, como una forma de corregir su identidad de género.

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“En la investigación se identificaron diversos tipos de violencia contra estas mujeres, como la violencia sexual, obstétrica, psicológica, física, entre otras, cometidas por grupos armados, bandas criminales y personas comunes”, explica María Angélica Orozco, investigadora de Enterezas de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador. Destacó que, además de estas formas de violencia, también se presenta la violencia institucional, que, debido a la falta de un enfoque diferencial y a los prejuicios del personal encargado, termina afectando a las mujeres que deciden denunciar o pedir ayuda.

Tatiana*, una mujer trans del Cauca, relata que, al decidir denunciar al policía que la había agredido ante la Fiscalía, recibió una respuesta humillante por parte del funcionario: “¿Sabe qué hizo el de la Fiscalía? Se burló de mí, diciéndome que cómo iba a acusar a un policía con tan buen prestigio en la ciudad y preguntando dónde estaban las pruebas. Era mi palabra contra la de él”, cuenta Tatiana en uno de los testimonios recopilados en el informe. A partir de ese momento, el acoso contra ella se intensificó, al punto de que tuvo que abandonar Tuluá. Desde amenazas escritas hasta actos de violencia directa en su hogar, donde grupos de hombres armados irrumpieron durante una reunión de activistas para intimidar a todas las personas presentes.

“No hay una respuesta institucional que las proteja, porque este tema de la violencia institucional es muy fuerte. Identificamos mucha revictimización en sus testimonios. Nos decían: me vulneraron, me dieron la misma respuesta una y otra vez, no respetan sus pronombres o las culpabilizan de su propia agresión”, apunta Orozco.

Según explican las investigadoras, además de sufrir violencia por parte de todos los actores involucrados en el conflicto armado, incluidas las instituciones del Estado, las mujeres en cuestión enfrentan un riesgo adicional: su liderazgo social. “Precisamente en todos esos contextos de resistencia en los que están las lideresas en estos territorios, están expuestas a más peligro”, señalan. No obstante, en situaciones similares, organizaciones de derechos humanos han enfatizado en que el hecho de que las personas LGBTIQ+ no puedan ser visibles ni ejercer un liderazgo social pone en peligro sus vidas y afecta la democracia del país.

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Frente a este panorama, el informe destaca la resistencia de estas mujeres en los territorios, quienes siguen levantando la bandera de su liderazgo en cada municipio y ciudad, a través de iniciativas que promueven la inclusión y la diversidad. María Angélica Orozco menciona que, incluso, en algunos territorios, diversos grupos comunitarios se han organizado para socializar sus derechos mediante expresiones artísticas y culturales.

*Los nombres utilizados en este artículo son nombres ficticios para representar los relatos recopilados en el marco de la investigación “Enterezas en resistencia: Resonamos todas” realizado por Caribe Afirmativo.