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La versión oficial de un “homicidio-suicidio” que sostiene la Fiscalía de Aguascalientes, México, sobre los presuntos hechos que rodean la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena y su pareja, Dorian Daniel Nieves, es acelerada e inconsistente, según la familia y círculo cercano de las víctimas. No solo señalan que la entidad se apresuró en dar declaraciones sin realizar los protocolos de investigación adecuados, sino que también han sido negligentes en el proceso; se filtraron fotos de la escena del crimen, del acta de defunción y a la familia no le dejaron identificar los cuerpos en persona.
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El cuerpo de Jesús Ociel, primera persona no binarie en ocupar una magistratura en la región, fue hallado sin vida y con signos de violencia por arma blanca en la mañana del 13 de noviembre junto con el de su pareja, Dorian Daniel Nieves, en su casa en la ciudad de Aguascalientes (México). Según la Fiscalía, las pruebas recolectadas señalan que le magistrade habría sido asesinade por su pareja y que, posteriormente, él se habría quitado la vida.
En menos de 24 horas desde que se abrió la investigación, el fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega, presentó a los medios de comunicación la hipótesis de “crimen pasional”, ya que, según la indagatoria, no se habría encontrado evidencia de un tercero en el lugar de los hechos. Pero esta afirmación se dio sin haber finalizado los estudios forenses y también, como Figueroa Ortega mismo agregó, sin haber revisado los celulares de las víctimas.
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Durante el funeral, Cynthia Baena Saucedo, hermana de Ociel, aseguró que la hipótesis de la Fiscalía fue compartida con los medios de comunicación sin que se les hubiera dicho antes a ellos. Ella tacha esta versión como una mentira y exige limpiar el nombre del magistrade y de Dorian Daniel. Por su parte, Juan Baena, padre de Ociel, calificó como una falta de respeto la versión que emitieron las autoridades sobre el caso. “No es cierto lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto”, afirmó el padre.
En diálogo con El Espectador, Salma Luevano Luna, diputada trans y mejor amiga de Ociel, afirma que el abordaje que le está dando la Fiscalía de Aguascalientes al caso es estigmatizante. “Todo fue muy rápido, la familia no tenía ningún contacto con la fiscalía de Aguascalientes y ellos solo querían que le entregaran los cuerpos para darles sepultura”, sostiene. También asegura que la forma en que la familia pudo identificar los cuerpos fue por medio de una fotografía y que, si creyeran en la versión que cuenta el fiscal, no hubieran realizado un velorio conjunto para le magistrade y su pareja. En las últimas horas, la diputada radicó una solicitud ante la Fiscalía General de la República para que se hiciera cargo del expediente.
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La postura de la diputada Luevano también la comparten otros activistas mexicanos. Alejandro Brito, fundador de Letra S, una organización que ha documentado y dado seguimiento a los crímenes de odio contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en México, dice que la fiscalía local ha dejado en un segundo plano el contexto de Ociel: “Un activista destacado que fue víctima de ataques de odio, de expresiones prejuiciadas, y que inclusive denunció amenazas de muerte”, enfatiza a este medio.
A Ociel le habían asignado el pasado mes de julio medidas de protección y un esquema de seguridad tras el asesinato en Aguascalientes de Ulises Guerrero, activista LGBTIQ+. Según las fuentes consultadas por este diario, en el transcurso de los últimos cuatro meses la investigación de ese caso, que lleva la misma Fiscalía, no ha tenido ningún avance, pues “carecen de indicios suficientes para arrojar una conclusión”. Por lo que critican cómo en la investigación de la muerte de Ociel y su pareja, que lleva cuatro días, sí han hecho declaraciones sin haber obtenido todo el material probatorio.
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Maximo Carrasco Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, hombre trans y amigo de Ociel, comenta que el accionar de la Fiscalía y el querer tildar los hechos como un asunto “pasional” sin esclarecerlos es la salida rápida. “Es muy frecuente en Aguascalientes que pasen estos intentos por dar carpetazo a las investigaciones de personas LGBTIQ+. Además, en el caso de Ociel han omitido hechos para acelerar el proceso, ¿por qué sólo hablan de que nadie llegó después de elles y no descartan que alguien les hubiera estado esperando”, opina a El Espectador.
De igual forma, Carrasco dice que están pasando de alto el llamado del gobierno federal a investigar con enfoque interseccional y los protocolos de violencia de género y por prejuicio vigentes en el país. Estos documentos establecen “la debida diligencia en aras de recolectar y asegurar todas las pruebas necesarias, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia motivada por discriminación”. Además, él señala que en este caso también se deben aplicar las sanciones que establece la Ley Ingrid, un conjunto de reformas legislativas que pretenden evitar filtraciones de información delicada de las víctimas de agresiones.
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En los últimos días, medios de comunicación locales y cuentas en redes sociales han puesto en circulación fotografías del cuerpo de Ociel en las condiciones en las que las autoridades le encontraron. La fiscalía del estado señala que ya abrió una investigación por la filtración y publicación de ellas. Pero también sucedió que el periodista José Luis Morales publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una presunta copia del certificado de defunción de Ociel. Aunque Morales, argumentó que fue información obtenida de una filtración, se cuestionó su trabajo y en redes sociales piden sancionarlo, pues de acuerdo con el Código Penal mexicano, este tipo de divulgaciones son punibles.
Además, una de las razones por las que la familia y amistades de Ociel no aceptan las versiones de la fiscalía se debe a que, cuatro días antes de los hechos, esta persona había recibido varias amenazas a sus redes personales, incluido un mensaje que describía cómo iban a matarlo. Una de las personas consultadas por este diario, cuya identidad prefiere mantener oculta, dice que esa amenaza especificaba que querían degollarle. Ante esto, Alberto Cázares, abogado de la familia, asegura que cuentan con pruebas que le darán un giro a la investigación.
