Las mentiras de quienes se oponen al proyecto contra las “terapias de conversión”

La semana pasada se llevó a cabo la audiencia pública del proyecto de ley que busca prohibir en el país la práctica de los Esfuerzos de Corrección y/o Represión de la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (ECOSIEG), las mal llamadas “terapias de conversión”. Durante seis horas, la comisión primera del Senado escuchó a 68 personas, hubo posturas a favor y en contra de la iniciativa, al igual que testimonios de sobrevivientes de estas prácticas. Los autores de la propuesta tienen afán de ponerla en la agenda, porque estaría próxima a hundirse si no se vota antes del 20 de junio.

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“Inconvertibles” busca evitar que las personas LGBTIQ+ en Colombia sean sometidas a maltratos y violencia forzada, bajo la excusa de que su orientación sexual o identidad de género es algo de lo que deben ser supuestamente curado. Un estudio de la organización All Out señala que en el país el 44% de las personas LGBTIQ+ ha sufrido este tipo de prácticas, la mayoría eran menores de 20 años.

Según Naciones Unidas, las “terapias de conversión” son una forma de tortura. Incluyen exorcismos, violaciones sexuales, palizas, desnudez forzada, tratamientos hormonales, hipnosis o lobotomías. Son prácticas sin un sustento médico o científico y por ello vulneran el derecho a la no discriminación, a la salud sexual y reproductiva, a la libertad de conciencia y de religión, la libertad de expresión, los derechos de la niñez y a la prohibición de tortura y malos tratos.

Sin embargo, sectores que se oponen al proyecto dicen que la iniciativa legislativa es un peligro para las familias; que busca imponer la “ideología de género; que atenta contra la libertad de expresión, de culto y de profesión; elimina la patria potestad de los padres de familia; y que de ahora en adelante cualquier esfuerzo será considerado ecosieg.

Contexto: Proyecto contra “terapias de conversión” fue aprobado en segundo debate

El líder cristiano Jonathan Silva, durante la audiencia pública y en sus cuentas de redes sociales, afirma que “en Colombia quieren meter todo tipo de líder religioso preso y cerrar iglesias por estar en contra de la ideología de género, además de eso por querer orar y acompañar a personas homosexuales o transexuales para dejar este camino”. Esta es una postura que también comparten congresistas como las senadoras Lorena Ríos, del partido Colombia Justa y Libres, y Karina Espinosa, del Partido Liberal. Según ellas, Inconvertibles es un proyecto de ley que “socava los derechos de la Colombia creyente” y “busca la destrucción de la familia, la iglesia y la sociedad”.

Pero, el articulado de la iniciativa no habla sobre limitar la libertad de expresión y de culto, mucho menos, habla sobre la supuesta “ideología de género”. Según el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que busca son medidas para la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y la prohibición de prácticas que atenten contra la dignidad humana, a través de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y con violencia.

Además, sobre las iglesias y acompañamiento religioso, establece que “bajo ningún motivo, esta ley deberá ser interpretada y/o aplicada en el sentido de prohibir mensajes, consejerías, orientaciones o guías espirituales”. Por eso, para Cristian Piedrahita, obispo luterano independiente, es un argumento erróneo decir que el proyecto de ley se opone a las creencias religiosas. “Una cosa es profesar una libertad de conciencia y de culto y otra distinta es ampararse en estas libertades para vulnerar los derechos de las personas. Los derechos humanos deben ir sobre las creencias”, dice en diálogo con El Espectador.

En video: Una exposición fotográfica trans contra la LGBTI-fobia

Otro de los argumentos que se escuchó durante la audiencia pública del proyecto tiene que ver con la eliminación de la patria de potestad de los padres de familia. La diputada de la Asamblea Departamental de Santander Patricia de Hernández, que está liderando un proceso de recolección de firmas para solicitar que se archive “Inconvertibles”, dice que este proyecto “restringe la responsabilidad y autoridad que tienen los padres para formar y educar a sus hijos respecto de asuntos esenciales de la construcción de su identidad sexual y su ser en sociedad”.

Según Hernández, “los padres que orienten a sus hijos a reconciliar su sexo biológico con percepciones subjetivas podrán terminar presos. Quieren eliminar nuestra patria potestad y derecho de defender los valores que sostienen nuestros hogares”. El abogado Mauricio Albarracín asegura que estas afirmaciones son falsas, el proyecto nunca menciona la patria de potestad ni habla sobre restringir la responsabilidad de los padres sobre sus hijos e hijas.

Lo que sí menciona el articulado de inconvertibles es que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen y tienen especial protección constitucional. Por lo que, “obliga a la familia, la sociedad y el Estado a respetar y garantizar el desarrollo armónico e integral de su personalidad y el ejercicio pleno de sus derechos sobre los derechos de los demás”.

Como explica a este diario Mauricio Eli, verificador de hechos de Factstory de la agencia de noticias AFP, la desinformación a menudo es propagada por personas que quieren que sea verdad. La gente detrás de estos contenidos y afirmaciones podría buscar crear más tensión entre los lados opuestos o desestabilizar a una población al generar una reacción emocional. Decir que serán enviados a las cárceles o que se “impondrá” una forma de ser aumenta el miedo y la desinformación.

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Asimismo, en este caso al tratarse de una población históricamente minimizada, este tipo de contenidos suelen surgir de visiones prejuiciosas y discriminatorias. El creer que las orientaciones sexuales e identidades de género diversas son un pecado, una enfermedad, algo que se puede “curar” lleva a que existan estás “terapias de conversión”. Y por eso, como expresaron varias personas durante la audiencia pública, siente que es su deber “corregir lo que se ha desorientado”.

Juan Ángel Mora Marín, joven gay y sobreviviente de “terapias de conversión”, le dice a El Espectador que las personas que se oponen al proyecto ni siquiera se toman la molestia de leer el articulado. “Utilizan argumentos sacados de contexto, estudios falsos y expresiones violentas. Es muy fuerte tener que escuchar en una audiencia pública a personas diciendo que eres gay porque te violaron o que las personas trans se suicidan porque transicionaron, cuando sabemos que es la discriminación y el odio de la sociedad lo que lleva a que muchas personas se sometan a estas torturas o incluso sientan que no pueden vivir más por ser quienes son”.

Las próximas semanas son cruciales para el proyecto de ley que busca prohibir las “terapias de conversión”. A la iniciativa le quedan dos debates antes del 20 de junio para lograr ser ley de la República. De ser aprobado, Colombia sería el país número 18 en prohibir estas prácticas, países como Grecia, Chile, Francia, Alemania, Malta, Ecuador, Brasil y Canadá ya legislaron al respecto. Pero el proyecto no la tiene fácil en su vuelta en el Senado.

La semana pasada se llevó a cabo la audiencia pública del proyecto de ley que busca prohibir en el país la práctica de los Esfuerzos de Corrección y/o Represión de la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (ECOSIEG), las mal llamadas “terapias de conversión”. Durante seis horas, la comisión primera del Senado escuchó a 68 personas, hubo posturas a favor y en contra de la iniciativa, al igual que testimonios de sobrevivientes de estas prácticas. Los autores de la propuesta tienen afán de ponerla en la agenda, porque estaría próxima a hundirse si no se vota antes del 20 de junio.

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“Inconvertibles” busca evitar que las personas LGBTIQ+ en Colombia sean sometidas a maltratos y violencia forzada, bajo la excusa de que su orientación sexual o identidad de género es algo de lo que deben ser supuestamente curado. Un estudio de la organización All Out señala que en el país el 44% de las personas LGBTIQ+ ha sufrido este tipo de prácticas, la mayoría eran menores de 20 años.

Según Naciones Unidas, las “terapias de conversión” son una forma de tortura. Incluyen exorcismos, violaciones sexuales, palizas, desnudez forzada, tratamientos hormonales, hipnosis o lobotomías. Son prácticas sin un sustento médico o científico y por ello vulneran el derecho a la no discriminación, a la salud sexual y reproductiva, a la libertad de conciencia y de religión, la libertad de expresión, los derechos de la niñez y a la prohibición de tortura y malos tratos.

Sin embargo, sectores que se oponen al proyecto dicen que la iniciativa legislativa es un peligro para las familias; que busca imponer la “ideología de género; que atenta contra la libertad de expresión, de culto y de profesión; elimina la patria potestad de los padres de familia; y que de ahora en adelante cualquier esfuerzo será considerado ecosieg.

Contexto: Proyecto contra “terapias de conversión” fue aprobado en segundo debate

El líder cristiano Jonathan Silva, durante la audiencia pública y en sus cuentas de redes sociales, afirma que “en Colombia quieren meter todo tipo de líder religioso preso y cerrar iglesias por estar en contra de la ideología de género, además de eso por querer orar y acompañar a personas homosexuales o transexuales para dejar este camino”. Esta es una postura que también comparten congresistas como las senadoras Lorena Ríos, del partido Colombia Justa y Libres, y Karina Espinosa, del Partido Liberal. Según ellas, Inconvertibles es un proyecto de ley que “socava los derechos de la Colombia creyente” y “busca la destrucción de la familia, la iglesia y la sociedad”.

Pero, el articulado de la iniciativa no habla sobre limitar la libertad de expresión y de culto, mucho menos, habla sobre la supuesta “ideología de género”. Según el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que busca son medidas para la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y la prohibición de prácticas que atenten contra la dignidad humana, a través de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y con violencia.

Además, sobre las iglesias y acompañamiento religioso, establece que “bajo ningún motivo, esta ley deberá ser interpretada y/o aplicada en el sentido de prohibir mensajes, consejerías, orientaciones o guías espirituales”. Por eso, para Cristian Piedrahita, obispo luterano independiente, es un argumento erróneo decir que el proyecto de ley se opone a las creencias religiosas. “Una cosa es profesar una libertad de conciencia y de culto y otra distinta es ampararse en estas libertades para vulnerar los derechos de las personas. Los derechos humanos deben ir sobre las creencias”, dice en diálogo con El Espectador.

En video: Una exposición fotográfica trans contra la LGBTI-fobia

Otro de los argumentos que se escuchó durante la audiencia pública del proyecto tiene que ver con la eliminación de la patria de potestad de los padres de familia. La diputada de la Asamblea Departamental de Santander Patricia de Hernández, que está liderando un proceso de recolección de firmas para solicitar que se archive “Inconvertibles”, dice que este proyecto “restringe la responsabilidad y autoridad que tienen los padres para formar y educar a sus hijos respecto de asuntos esenciales de la construcción de su identidad sexual y su ser en sociedad”.

Según Hernández, “los padres que orienten a sus hijos a reconciliar su sexo biológico con percepciones subjetivas podrán terminar presos. Quieren eliminar nuestra patria potestad y derecho de defender los valores que sostienen nuestros hogares”. El abogado Mauricio Albarracín asegura que estas afirmaciones son falsas, el proyecto nunca menciona la patria de potestad ni habla sobre restringir la responsabilidad de los padres sobre sus hijos e hijas.

Lo que sí menciona el articulado de inconvertibles es que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen y tienen especial protección constitucional. Por lo que, “obliga a la familia, la sociedad y el Estado a respetar y garantizar el desarrollo armónico e integral de su personalidad y el ejercicio pleno de sus derechos sobre los derechos de los demás”.

Como explica a este diario Mauricio Eli, verificador de hechos de Factstory de la agencia de noticias AFP, la desinformación a menudo es propagada por personas que quieren que sea verdad. La gente detrás de estos contenidos y afirmaciones podría buscar crear más tensión entre los lados opuestos o desestabilizar a una población al generar una reacción emocional. Decir que serán enviados a las cárceles o que se “impondrá” una forma de ser aumenta el miedo y la desinformación.

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Asimismo, en este caso al tratarse de una población históricamente minimizada, este tipo de contenidos suelen surgir de visiones prejuiciosas y discriminatorias. El creer que las orientaciones sexuales e identidades de género diversas son un pecado, una enfermedad, algo que se puede “curar” lleva a que existan estás “terapias de conversión”. Y por eso, como expresaron varias personas durante la audiencia pública, siente que es su deber “corregir lo que se ha desorientado”.

Juan Ángel Mora Marín, joven gay y sobreviviente de “terapias de conversión”, le dice a El Espectador que las personas que se oponen al proyecto ni siquiera se toman la molestia de leer el articulado. “Utilizan argumentos sacados de contexto, estudios falsos y expresiones violentas. Es muy fuerte tener que escuchar en una audiencia pública a personas diciendo que eres gay porque te violaron o que las personas trans se suicidan porque transicionaron, cuando sabemos que es la discriminación y el odio de la sociedad lo que lleva a que muchas personas se sometan a estas torturas o incluso sientan que no pueden vivir más por ser quienes son”.

Las próximas semanas son cruciales para el proyecto de ley que busca prohibir las “terapias de conversión”. A la iniciativa le quedan dos debates antes del 20 de junio para lograr ser ley de la República. De ser aprobado, Colombia sería el país número 18 en prohibir estas prácticas, países como Grecia, Chile, Francia, Alemania, Malta, Ecuador, Brasil y Canadá ya legislaron al respecto. Pero el proyecto no la tiene fácil en su vuelta en el Senado.