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El proyecto de reforma pensional, que hace dos meses fue radicado por el gobierno en el Congreso, dice tener un enfoque de género y buscar medidas puntuales para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Sin embargo, fuentes expertas aseguran que, como está planteado, es solo un “saludo a la bandera” y no tiene en cuenta las barreras sociales y laborales de la población. (El VIH, un estigma insoportable para las mujeres trans de Barrancabermeja)
El proyecto de reforma ratifica que las prestaciones y relaciones conyugales o de convivencia deben ser iguales para las personas LGBTIQ+, así como lo son para las parejas heterosexuales. Pero el punto que parece ser más novedoso es la inclusión y mención, por primera vez, de las personas no binarias. Está contenida en el artículo 32, que señala que éstas podrán pensionarse con la edad menor. Por su parte, las personas trans podrán pensionar a la edad establecida para el género con el que se identifiquen. (Diez personas LGBTIQ+ son amenazadas a diario en Colombia)
De ser aprobada la reforma, como está planteada, para pensionarse, las mujeres (incluidas trans) y personas no binarias deben cumplir 57 años y los hombres (incluidos trans) 62 años. Asimismo, todas las personas deben haber completado 1.300 semanas cotizadas, es decir, 25 años de trabajo. Recordemos que estas edades aplican a los pilares contributivos, pues en el solidario la edad sería de 65 años, independiente del género de la persona.
En su columna en el diario La República, el exdirector de Planeación Nacional, Simón Gaviria Muñoz, afirmó que, debido a que solo 23% del país llega a pensionarse, “lograrlo cinco años antes es un fuerte incentivo”, que llevaría a que varones se hagan pasar por personas no binarias. Este argumento ya había sido difundido en redes sociales por congresistas como el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero y el abogado experto en pensiones Andrés Izquierdo, quien dice que “bastaría la declaración de considerarse no binario para pensionarse a una edad menor”. (Identidad de género y expresión de género: ¿cuál es la diferencia?)
Pero la realidad es mucho más compleja. Primero, como afirma el Ministerio del Trabajo, “solo se reconocerán pensiones con la regla de no binarios a quienes acrediten este género en su documento de identidad”. Por lo que, para obtener el beneficio, se debe realizar el trámite de cambio de género ante la Registraduría, un proceso que aún está en mora de ser reglamentado. Segundo, la persona debe reconocerse públicamente como no binaria, algo que socialmente no es tan fácil. En 2022, según Caribe Afirmativo, 1.314 personas de la población LGBTIQ+ fueron víctimas de discriminación.
Como explica Alelí Chaparro, persona no binaria, abogade y activista, que la reforma contemple no solo las categorías hombre y mujer muestra que se busca cumplir los estándares de la Corte Constitucional de respetar la identidad de las personas. Sin embargo, “el análisis que debe hacer la ley es que, cuando se establezcan las normas, se revise la expectativa de vida de personas trans y no binarias y que, a partir de esto, se pueda ser coherente con la misma”, añade Chaparro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que en Latinoamérica la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años. Por su parte, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT) ha encontrado que el estimado de vida para una persona con experiencia de vida trans puede rondar los 27 años, mientras que la esperanza de vida general en Colombia es de 76 años, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en esta materia. (Licencia de maternidad: el borrado de las personas trans podría corregirse)
“¿Cuántas personas trans o no binarias van a lograr las 1.300 semanas? El problema de la discriminación en el mercado laboral y la vida, en general, causa que sean muy pocas quienes pueden acceder a trayectorias laborales constantes y formales. Lo que hay en la reforma es una medida populista, no tiene un efecto real”, le afirmó a este diario una fuente experta en género, derecho laboral y seguridad social.
Por ejemplo, el Programa de Promoción del Modelo de Empleo Inclusivo (PPMEI) en Bogotá encontró que el 60% de las personas LGBTIQ+ se sienten vulnerables en su trabajo por cuenta de la homofobia y el 80% de las personas trans advierten sentirse discriminadas en los procesos de búsqueda de empleo y contratación por su identidad de género. Por su parte, en Medellín, el diagnóstico de condiciones laborales LGBTI de esta ciudad muestra que el 30,1 % de esta población no tiene empleo y el 24,7 % tiene trabajos poco estables.
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, lo estipulado en la reforma pensional sobre las personas no binarias y trans es una respuesta proporcional ante un sistema binario, pero sigue careciendo de un análisis diferencial sobre sus condiciones para acceder a la pensión. “Debería considerarse un estudio sobre una edad de pensión particular para estas personas, atendiendo a situaciones específicas de sus experiencias de vida, como se ha hecho con hombres y mujeres”, añade Castañeda. (Una reivindicación de las “locas de pueblo”: la diversidad más allá del insulto)
A nivel mundial, son pocos los análisis que abordan el panorama de esta población con identidad de género diversa en el mercado laboral, no obstante, las fuentes consultadas por este diario explican que el contexto de Colombia podría ser similar al de España. El Ministerio de la Igualdad del país Ibérico, en su “Estudio sobre las necesidades y demandas de las personas no binarias”, encontró que, de las personas participantes, el 13,7% se encuentra en situación de desempleo, el 29% tienen algún tipo de trabajo asalariado y el 4% se dedica al trabajo no remunerado.
Por el momento, la propuesta de las personas no binarias en la reforma pensional tendrá que pasar por el debate en el Congreso, en el que podría aprobarse o modificarse la proposición del gobierno. Sin embargo, actualmente la Corte Constitucional, en cabeza del magistrado Antonio José Lizarazo, estudia una demanda que pide claridad para esta población en el sistema de pensiones. Por lo que, de caerse en el legislativo, la Corte podría generar reglas al respecto y sentar un precedente.
