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¿Qué pasa al interior de la Subdirección de Asuntos LGBTIQ+ de la Secretaría de Integración Social de Bogotá? Esa era la pregunta que promulgaba un grupo de unas 30 personas pertenecientes a organizaciones por la diversidad sexual y de género frente las instalaciones del Concejo de Bogotá, la Secretaría Integración Social y, posteriormente, la Personería Distrital el pasado martes 20 de febrero.
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En los últimos días, se dio a conocer una serie de denuncias públicas por supuesto acoso laboral, maltrato y discriminación al interior de esta subdirección. Además de la supuesta terminación de contratos sin justa causa a trabajadores trans, cierre de servicios como el programa de educación flexible y acciones en contra de organizaciones sociales y grupos de base comunitaria, como negarles el uso y acceso a las cinco casas LGBT de la ciudad.
Según la Secretaría de Integración Social, esta es la entidad del distrito que más contrata personas con identidades de género diversas. Un 20 % de quienes conforman el equipo de trabajo de la Subdirección que está siendo cuestionada son personas trans y no binarias.
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El Espectador tuvo acceso a nueve denuncias radicadas ante la entidad y organismos de control que aseguran que se han presentado malos tratos y discriminación en la Subdirección, en su mayoría los testimonios son sobre personas con experiencia de vida trans. Además, dos de estas, que ya están en manos de la Procuraduría, hablan también sobre supuestos actos de extralimitación de funciones y conflictos de intereses.
Máximo Castellanos, ex contratista de la Subdirección para Asuntos LGBTIQ+, es uno de los denunciantes. Castellanos estuvo vinculado a la entidad desde el año 2018 hasta el 28 de febrero de 2023. Uno de sus últimos trabajos para la secretaría fue el diseño de la placa conmemorativa colocada en la Casa LGBTIQ+ Sebastián Romero de la localidad de Teusaquillo. Según relata en su denuncia, la placa presentada a la ciudadanía el 30 de octubre de 2023 no corresponde al contenido, ni diseño aprobados por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la entidad.
“La placa fue modificada y se colocó como frase ‘No somos etcétera’, título del libro de Elizabeth Castillo, subdirectora de asuntos LGBTIQ+. Esta frase no es, ni fue nunca, una expresión dicha o usada por Sebastián Romero, activista por los derechos humanos de la población de los sectores sociales LGBTI de Colombia. La placa alterada fue retirada el día 21 de diciembre de 2023 para colocar la frase que originalmente había sido aprobada, ‘sin libertad sexual no hay libertad política’”, se lee en el documento radicado por Castellanos.
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Ante estos hechos, el Ministerio del Trabajo realizó una visita preventiva de inspección laboral a la Subdirección de Asuntos LGBTIQ+. Fuentes cercanas al caso cuentan que durante este primer acercamiento se dio a conocer que la Secretaría no posee rutas para la atención de acoso laboral, especialmente para quienes son contratistas en el modelo de prestación de servicios.
“Nosotros hicimos una recopilación de varias inquietudes que tienen las personas, algunas orientadas frente al perfil de la subdirectora de asuntos LGTBIQ+, Elizabeth Castillo. Pero vemos que, más allá de estar en contra de una persona, funcionario o de la administración, es que una parte importante de la población LGBTIQ+ quiere ver reflejados los principios y los criterios que definen los marcos normativos para la inclusión laboral, sobre todo, de la población trans en el distrito”, afirma en diálogo con este diario el concejal Juan Daniel Oviedo.
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Desde este recinto, las concejales Heidy Sánchez y Quena Rivadeneira, y el concejal Julián Triana también han tomado vocería del caso. Ellos fueron quienes dieron a conocer las primeras denuncias la semana pasada durante la plenaria del Concejo e hicieron un llamado a investigar las quejas. Sánchez también le explicó a El Espectador que el año pasado hubo unas mesas de trabajo para escuchar a las y los contratistas de esta subdirección y se pactaron algunos compromisos que no se cumplieron.
Durante la jornada del martes también se dio una reunión de más de cuatro horas en el despacho de la subsecretaria de Integración Social, Juliana Cortés. En esta participaron algunas de las personas denunciantes; voceros de asociaciones LGBTIQ+; integrantes de los equipos de los concejales Triana y Sánchez; la directora de inclusión y familia de la entidad, Diana Martínez; y hubo un acompañamiento por parte de Charlotte Schneider Callejas, como parte del grupo de género y diversidad del Ministerio del Interior.
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Daniel Mora, integrante del equipo de despacho de la Secretaría, comenta que en esa reunión se acordaron tres puntos fundamentales. En primer lugar, se puso en conocimiento de las altas directivas las denuncias por supuesto maltrato y que están dirigidas contra Elizabeth Castillo. Estas se remitieron a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la entidad y a los entes de control pertinentes. Asimismo, comenta que la permanencia o no en el cargo de la funcionaria también depende de lo que arrojen las investigaciones y de lo que considere el secretario de Integración social, Roberto Angulo.
En segundo lugar, frente a las quejas por despidos injustificados, la entidad se comprometió a revisar los contratos, funciones, evaluaciones de desempeño y los motivos por lo que se tomó la decisión de retirar a las personas. Y, en tercer lugar, se instaló una mesa de trabajo para revisar el modelo de atención y la forma de operación de las casas del LGBTIQ+ del distrito. Agrega que “los canales de diálogo de la entidad estarán siempre abiertos”.
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Algunas de las voceras y los voceros trans de las quejas consultados por este diario mencionan que sí hubo una disposición para escuchar sus reclamos. Sin embargo, sienten que se da debido a que las denuncias fueron difundidas en redes sociales, se convocó a un plantón y porque coincidió con la visita del Ministerio del Trabajo.
Asimismo, desde la Federación LGBTIQ+ señalan que lo que sucede al interior de la Subdirección de Asuntos LGBTIQ+ no puede ser visto como un fenómeno único. Por eso, radicaron un pliego de peticiones dirigido al alcalde de Bogotá, Fernando Galán, y al Concejo de Bogotá para dar seguimiento a las instituciones distritales encargadas de esta población, haciendo especial énfasis en garantías para la no discriminación.