Militar reconoce responsabilidad en el caso de falso positivo de un hombre gay
El coronel retirado Marcolino Puerto Jiménez aceptó que durante su vinculación al Batallón de Infantería 44, en el departamento de Casanare, se cometieron 73 asesinatos extrajudiciales. Entre estos, el caso de José Rubiel Llanos, un hombre gay quien fue perfilado como víctima por su orientación sexual.
Mariana Escobar Bernoske
Por primera vez, se reconoció la persecución de personas LGBTIQ+ en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de la investigación que adelanta el tribunal contra la Brigada XVI del Ejército por 303 falsos positivos cometidos en Casanare. Entre las personas presentadas como “bajas en combate”, nueve eran mujeres, dos de ellas ejercían trabajos sexuales y una estaba embarazada, y uno era un hombre gay, que, además de ser asesinado, fue sometido a tratos crueles e insultos por su orientación sexual.
Lea también: JEP abre macrocaso de violencia sexual: por fin se escucha a las víctimas
“Yo presioné tanto por resultados que terminó en el asesinato del señor José Rubiel Llanos. No sabía quién iba a ser la víctima, pero eso no justifica que lo hubieran hecho por orden mía. Este señor, José Rubiel Llanos, hacía parte de la comunidad LGBTI. Fue sacado de su lugar de trabajo; no era una persona mala, ni delincuente. Él estaba trabajando en un bar, él lo administraba”, dijo el Coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, quien dio a conocer su versión del asesinato de tres civiles el pasado 19 de septiembre.
José Rubiel Llanos Arias fue asesinado por militares el 10 de julio de 2006 en el municipio de Tauramena, Casanare. Según la información recopilada por la JEP, él era reconocido como uno de los pocos jóvenes abiertamente gay de Tauramena. Fue engañado por medio de una amiga, que era menor de edad, para ir a una supuesta fiesta en donde lo retuvieron de manera ilegal y presentaron a la mañana siguiente como un “delincuente social” que había muerto en combate durante un operativo de inteligencia.
Contexto: El primer hombre gay en ser reconocido por la JEP como víctima de falso positivo
Desde el año pasado, se hizo público un testimonio que aseguraba que uno de los objetivos del Batallón de Infantería 44 era “limpiar Tauramena de personas indeseables”, entre las cuales fueron perseguidos integrantes de la población LGBTIQ+ de quienes se referían como “maricas detestables”. Sobre cómo se escogían a las víctimas, Puerto Jiménez durante la audiencia reconoció que se les estigmatizaba haciendo falsos señalamientos.
Jairo Acosta Aristizábal, procurador delegado ante la JEP, señaló que es de vital importancia que el tribunal reconozca los daños producidos por la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ en el marco de la guerra. “Como grupo social (las personas LGBTIQ+), por años fueron desprovistas de una vida digna. Fueron sometidas a humillaciones públicas, constantemente identificadas y amenazadas por parte de los actores armados”, enfatizó el funcionario.
Según la JEP, la violencia de género y por prejuicio en el contexto del conflicto armado tenía como fin eliminar del territorio todo lo que es percibido como diferente. Así, la violencia hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas cumplió con tres propósitos: expulsar, aprovecharse y castigar. En palabras de la comisión de género del tribunal, “la violencia ejercida ha cumplido un propósito: enviar un mensaje a la comunidad consistente en que quien pensara y actuara de forma análoga correría la misma suerte”.
Este reconocimiento público es muy importante porque, si bien la imputación de cargos se dio el año pasado, por ahora este es el único caso abierto por el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. Asimismo, hasta la fecha, José Rubiel es la única persona con una orientación sexual diversa en ser reconocida y documentada como un caso de falso positivo. Sin embargo, con la reciente apertura del macrocaso de violencia sexual y de género, se espera que se visibilice más como las personas LGBTIQ+ fueron impactadas de manera diferenciada por el conflicto armado.
Lea: Min Trabajo firma pacto por la inclusión laboral de las personas LGBTIQ+
“Es un gran avance que contribuye bastante al litigio porque el subregistro de violencias contra personas LGBTIQ+, y con esto puede decirse que no es necesario, para la sistematicidad y masividad de los hechos, que los mismos sean cometidos contra múltiples víctimas”, explica Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. En otras palabras, la violencia ejercida contra las personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado son crímenes sistemáticos, no tanto por su frecuencia sino porque no fue aleatorio.
De igual forma, las declaraciones de Puerto Jiménez también permiten ratificar lo que concluye el informe final de la Comisión de la Verdad. Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas fueron perfiladas durante la guerra y las violencias ejercidas contra esta población reforzaron la exclusión histórica y los prejuicios arraigados en la sociedad. A la fecha, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha registrado 35.178 víctimas de violencias basadas en género por parte de todos los actores armados.
Por primera vez, se reconoció la persecución de personas LGBTIQ+ en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de la investigación que adelanta el tribunal contra la Brigada XVI del Ejército por 303 falsos positivos cometidos en Casanare. Entre las personas presentadas como “bajas en combate”, nueve eran mujeres, dos de ellas ejercían trabajos sexuales y una estaba embarazada, y uno era un hombre gay, que, además de ser asesinado, fue sometido a tratos crueles e insultos por su orientación sexual.
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“Yo presioné tanto por resultados que terminó en el asesinato del señor José Rubiel Llanos. No sabía quién iba a ser la víctima, pero eso no justifica que lo hubieran hecho por orden mía. Este señor, José Rubiel Llanos, hacía parte de la comunidad LGBTI. Fue sacado de su lugar de trabajo; no era una persona mala, ni delincuente. Él estaba trabajando en un bar, él lo administraba”, dijo el Coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, quien dio a conocer su versión del asesinato de tres civiles el pasado 19 de septiembre.
José Rubiel Llanos Arias fue asesinado por militares el 10 de julio de 2006 en el municipio de Tauramena, Casanare. Según la información recopilada por la JEP, él era reconocido como uno de los pocos jóvenes abiertamente gay de Tauramena. Fue engañado por medio de una amiga, que era menor de edad, para ir a una supuesta fiesta en donde lo retuvieron de manera ilegal y presentaron a la mañana siguiente como un “delincuente social” que había muerto en combate durante un operativo de inteligencia.
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Desde el año pasado, se hizo público un testimonio que aseguraba que uno de los objetivos del Batallón de Infantería 44 era “limpiar Tauramena de personas indeseables”, entre las cuales fueron perseguidos integrantes de la población LGBTIQ+ de quienes se referían como “maricas detestables”. Sobre cómo se escogían a las víctimas, Puerto Jiménez durante la audiencia reconoció que se les estigmatizaba haciendo falsos señalamientos.
Jairo Acosta Aristizábal, procurador delegado ante la JEP, señaló que es de vital importancia que el tribunal reconozca los daños producidos por la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ en el marco de la guerra. “Como grupo social (las personas LGBTIQ+), por años fueron desprovistas de una vida digna. Fueron sometidas a humillaciones públicas, constantemente identificadas y amenazadas por parte de los actores armados”, enfatizó el funcionario.
Según la JEP, la violencia de género y por prejuicio en el contexto del conflicto armado tenía como fin eliminar del territorio todo lo que es percibido como diferente. Así, la violencia hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas cumplió con tres propósitos: expulsar, aprovecharse y castigar. En palabras de la comisión de género del tribunal, “la violencia ejercida ha cumplido un propósito: enviar un mensaje a la comunidad consistente en que quien pensara y actuara de forma análoga correría la misma suerte”.
Este reconocimiento público es muy importante porque, si bien la imputación de cargos se dio el año pasado, por ahora este es el único caso abierto por el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. Asimismo, hasta la fecha, José Rubiel es la única persona con una orientación sexual diversa en ser reconocida y documentada como un caso de falso positivo. Sin embargo, con la reciente apertura del macrocaso de violencia sexual y de género, se espera que se visibilice más como las personas LGBTIQ+ fueron impactadas de manera diferenciada por el conflicto armado.
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“Es un gran avance que contribuye bastante al litigio porque el subregistro de violencias contra personas LGBTIQ+, y con esto puede decirse que no es necesario, para la sistematicidad y masividad de los hechos, que los mismos sean cometidos contra múltiples víctimas”, explica Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. En otras palabras, la violencia ejercida contra las personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado son crímenes sistemáticos, no tanto por su frecuencia sino porque no fue aleatorio.
De igual forma, las declaraciones de Puerto Jiménez también permiten ratificar lo que concluye el informe final de la Comisión de la Verdad. Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas fueron perfiladas durante la guerra y las violencias ejercidas contra esta población reforzaron la exclusión histórica y los prejuicios arraigados en la sociedad. A la fecha, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha registrado 35.178 víctimas de violencias basadas en género por parte de todos los actores armados.