Min Trabajo firma pacto por la inclusión laboral de las personas LGBTIQ+

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 ordenó al Ministerio del Trabajo establecer una política de trabajo digno y decente para todas las personas en Colombia. Según los principios de la ruta de gobierno, esta debe ser formulada con enfoques de género y diferenciales con el fin de cerrar brechas que afectan la inclusión laboral de diversos sectores sociales, entre ellos, las personas LGBTIQ+.

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El pasado 18 de septiembre, el Ministerio de Trabajo instauró una mesa junto con organizaciones sociales LGBTIQ+, empresas y sindicatos para articular acciones que estarían contenidas en la política de trabajo digno. Durante el evento se firmó el Pacto por la Inclusión Laboral de las Personas LGBTIQ+ y presentó la campaña “Trabajo Incluyente es Trabajo Decente”, desarrollada en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Colombia es uno de los países de la región más avanzados en el reconocimiento de derechos de poblaciones diversas en materia de inclusión laboral. Sin embargo, en la práctica, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas aún enfrentan importantes desafíos para su acceso y permanencia en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones. Datos de la Cámara de la Diversidad y el Centro Nacional de Consultoría revelan que el desempleo LGBTIQ+ es cuatro puntos porcentuales mayor que el resto de la población.

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“Sin inclusión no vamos a tener igualdad real y material. Pero para ello se requiere de diálogos, capacitaciones y compromisos”, comenta Juan Nicolás Escandón, director de Derechos Fundamentales del Trabajo. El funcionario añade también que es fundamental reconocer que la precarización laboral de las personas LGBTIQ+ es producto de brechas sociales, por lo que quienes logran acceder a contextos laborales se enfrentan a discursos heteronormados.

Según una encuesta de la Universidad Simón Bolívar realizada a 4.867 personas LGBTIQ+ en Colombia, el 25% de los y las encuestadas afirmó haber sido despedido o despedida de su lugar de trabajo o que se les negó un trabajo por su orientación sexual o identidad de género. Así, dentro de los puntos claves del pacto firmado por el Ministerio, se encuentra la difusión y socialización del protocolo para prevenir, atender y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia o cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral aprobado el pasado 30 de junio.

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Según la OIT, trabajo decente significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad. Para Carolina Pava, oficial de género del organismo, es fundamental que los gobiernos y empresas entiendan los costos de la discriminación de las personas en lugares de trabajo. “Los países que más discriminan tienen un menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y las violencias y acoso en el lugar del trabajo se traducen en riesgos laborales”, añade Pava.

Una de las principales inquietudes que surgió por parte de quienes asistieron al evento, fue cómo este compromiso por la inclusión LGBTIQ+ se vería reflejada en las reformas laboral y pensional. Desde el Colectivo León Zuleta, señalaron que es importante diferenciar que trabajo y empleo no son iguales y que, por tanto, hay qué revisar las causas del alto nivel de informalidad de los sectores LGBTIQ+. Por dar un ejemplo, en Colombia solo cuatro de cada 100 personas trans tienen contrato laboral.

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Por su parte, Alba Lucía Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, opina que, si bien este compromiso por la inclusión laboral es un avance importante en materia de derechos, la brecha debe solucionarse desde la educación. “Es importante que a las personas LGBTIQ+ se les garantice el acceso a la educación o capacitarse formalmente. Si no, aunque existan las vacantes u oportunidades no existirá una inclusión real”, explica.

En el transcurso de este año, el Min Trabajo creó un grupo de inspección laboral para la equidad de género conformado por 50 inspectoras, de las cuales una es una mujer con experiencia de trans. Asimismo, aseguran que conformar la mesa de diálogo para el pacto por el trabajo decente de los sectores LGBTIQ+ es solo el punto de partida.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 ordenó al Ministerio del Trabajo establecer una política de trabajo digno y decente para todas las personas en Colombia. Según los principios de la ruta de gobierno, esta debe ser formulada con enfoques de género y diferenciales con el fin de cerrar brechas que afectan la inclusión laboral de diversos sectores sociales, entre ellos, las personas LGBTIQ+.

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El pasado 18 de septiembre, el Ministerio de Trabajo instauró una mesa junto con organizaciones sociales LGBTIQ+, empresas y sindicatos para articular acciones que estarían contenidas en la política de trabajo digno. Durante el evento se firmó el Pacto por la Inclusión Laboral de las Personas LGBTIQ+ y presentó la campaña “Trabajo Incluyente es Trabajo Decente”, desarrollada en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Colombia es uno de los países de la región más avanzados en el reconocimiento de derechos de poblaciones diversas en materia de inclusión laboral. Sin embargo, en la práctica, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas aún enfrentan importantes desafíos para su acceso y permanencia en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones. Datos de la Cámara de la Diversidad y el Centro Nacional de Consultoría revelan que el desempleo LGBTIQ+ es cuatro puntos porcentuales mayor que el resto de la población.

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“Sin inclusión no vamos a tener igualdad real y material. Pero para ello se requiere de diálogos, capacitaciones y compromisos”, comenta Juan Nicolás Escandón, director de Derechos Fundamentales del Trabajo. El funcionario añade también que es fundamental reconocer que la precarización laboral de las personas LGBTIQ+ es producto de brechas sociales, por lo que quienes logran acceder a contextos laborales se enfrentan a discursos heteronormados.

Según una encuesta de la Universidad Simón Bolívar realizada a 4.867 personas LGBTIQ+ en Colombia, el 25% de los y las encuestadas afirmó haber sido despedido o despedida de su lugar de trabajo o que se les negó un trabajo por su orientación sexual o identidad de género. Así, dentro de los puntos claves del pacto firmado por el Ministerio, se encuentra la difusión y socialización del protocolo para prevenir, atender y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia o cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral aprobado el pasado 30 de junio.

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Según la OIT, trabajo decente significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad. Para Carolina Pava, oficial de género del organismo, es fundamental que los gobiernos y empresas entiendan los costos de la discriminación de las personas en lugares de trabajo. “Los países que más discriminan tienen un menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y las violencias y acoso en el lugar del trabajo se traducen en riesgos laborales”, añade Pava.

Una de las principales inquietudes que surgió por parte de quienes asistieron al evento, fue cómo este compromiso por la inclusión LGBTIQ+ se vería reflejada en las reformas laboral y pensional. Desde el Colectivo León Zuleta, señalaron que es importante diferenciar que trabajo y empleo no son iguales y que, por tanto, hay qué revisar las causas del alto nivel de informalidad de los sectores LGBTIQ+. Por dar un ejemplo, en Colombia solo cuatro de cada 100 personas trans tienen contrato laboral.

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Por su parte, Alba Lucía Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, opina que, si bien este compromiso por la inclusión laboral es un avance importante en materia de derechos, la brecha debe solucionarse desde la educación. “Es importante que a las personas LGBTIQ+ se les garantice el acceso a la educación o capacitarse formalmente. Si no, aunque existan las vacantes u oportunidades no existirá una inclusión real”, explica.

En el transcurso de este año, el Min Trabajo creó un grupo de inspección laboral para la equidad de género conformado por 50 inspectoras, de las cuales una es una mujer con experiencia de trans. Asimismo, aseguran que conformar la mesa de diálogo para el pacto por el trabajo decente de los sectores LGBTIQ+ es solo el punto de partida.