Preocupación en Perú por decreto que considera a las personas trans “enfermas”

Defensores de los derechos de las personas trans dicen que el nuevo decreto en Perú pone en riesgo a esta población.

Foto: El Espectador - José Vargas

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya no considera la homosexualidad ni la transexualidad como enfermedades mentales, el pasado 10 de mayo el gobierno de Perú aprobó un decreto que considera lo contrario y cataloga las identidades de género diversas como “trastornos mentales”. El documento ha generado preocupación y alerta entre quienes trabajan por los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer porque, según ellos, supone un retroceso en sus derechos y contradice las disposiciones de organismos internacionales. Por su parte, el gobierno peruano alega que no se trata de una medida discriminatoria y que, por el contrario, es la mejor forma de garantizar el acceso de estas personas al sistema de salud.

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El documento que ha generado discusión es un decreto que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud en ese país, que contiene el listado de procedimientos médicos básicos a los que cualquier persona afiliada al sistema de salud puede acceder. Fue allí, en el apartado de problemas de salud mental, que se incluyó el “transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de identidad de género en la niñez, otros trastornos de identidad de género, trastorno de la identidad de género (no especificado), transvestismo fetichista y orientación sexual egodistónica”.

El gobierno afirma que el decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte; el ministro de Salud, César Vásquez; y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista; busca garantizar el derecho de las personas trans de acceder gratuitamente a los servicios de salud mental. Herberth Cuba, asesor del ministro de Salud, le dijo a CNN que, “aunque pueda parecer contradictorio, es la única forma de asegurar el beneficio de las atenciones de salud mental integral a toda la población, incluyendo la LGTBI”. Así, por ejemplo, una persona trans que quiera realizar modificaciones en su cuerpo podría acceder a hormonas o cirugías.

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El quid del asunto es que esta nueva normativa, según activistas LGBTIQ+, no tuvo en cuenta que en 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) despatologizó a las personas trans y de género diverso. A través de una modificación a su Clasificación Internacional de Enfermedades, eliminó las categorías que tildaban a las personas trans de enfermas, creando un nuevo capítulo sobre “condiciones relacionadas con la salud sexual”, reconociendo que hay situaciones que pueden tener implicaciones de salud específicas para estas personas.

En cambio, el decreto del gobierno peruano se quedó con la versión desactualizada de la Clasificación Internacional de Enfermedades que, en el pasado, antes de 2018, sí consideraba la transexualidad como un trastorno mental. De hecho, el Ministerio de Salud confirmó que mantiene esta versión mientras ocurre la implementación progresiva de la modificación de la OMS de 2018, “tal como ocurre en otros países de la región”.

Para Leyla Castillo, activista defensora de los derechos de las personas trans y fundadora de Féminas Perú, esto es una contradicción, pues la misma institución reconoce que está desconociendo el manual de diagnósticos vigente, promoviendo la estigmatización de las personas trans y “abriendo una puerta para que las terapias de conversión se hagan realidad en el país. Esto no es una ayuda, es una estrategia política para anular nuestros derechos y exterminarnos”, alertó.

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¿El decreto es un retroceso o una ayuda para la salud de las personas trans?

Es una realidad que las personas LGBTIQ+, particularmente las personas trans, necesitan acceder al sistema de salud sin barreras, especialmente cuando se trata de procedimientos de reafirmación de género. No obstante, Alejandro Merino, activista y miembro de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual, afirma que en Perú no existe ninguna Ley de Identidad de Género ni un protocolo nacional específico para la atención en salud de la población LGBTIQ+. “En Perú estamos muy atrasados en temas de diversidad de género, para lo único que la comunidad puede acceder a servicios en salud es para tratamientos relacionados al VIH. No hay terapias de hormonización, ni de salud mental”, añadió a El Espectador.

Por lo que el acceso a la salud para las personas trans en ese país es casi imposible. Por ejemplo, uno de los tratamientos más consultados por esta población es la terapia hormonal, y un estudio publicado en 2020 reportó que solo el 23% pudo acceder a este tratamiento. Y, en temas de salud mental, Perú tiene una de las tasas más altas a nivel mundial de suicidio de personas trans.

“Los servicios de salud para nosotras siempre han sido deficientes, nunca ha habido un abastecimiento constante en el país de terapia hormonal, por ejemplo. En temas de salud mental, sigue habiendo mucha discriminación por parte del personal de salud, no respetan tus pronombres ni tu identidad”, explicó a este diario Leyla Castillo, activista defensora de los derechos de las personas trans y fundadora de Féminas Perú.

Frente a este panorama, activistas como Bruno Montealegre, persona trans masculina, considera que el decreto sí podría ser una oportunidad hacia la prestación de los servicios en salud para esta población, pero cree que denominar la diversidad de género como un trastorno mental es la puerta de entrada para las mal llamadas “terapias de conversión”.

Montealegre se refiere a los esfuerzos para “cambiar” la orientación sexual e identidad y expresión de género de una persona, pero que la ONU los ha considerado como mecanismos de tortura que provocan daños y sufrimientos en las personas. Además, todas las personas tienen derecho a sentir y expresar su sexualidad sin intromisiones. En Colombia, por ejemplo, hay un proyecto de ley que busca prohibir todas estas prácticas, adelantadas especialmente en iglesias o grupos religiosos.

Un sobreviviente de estas mal llamadas “terapias” le contó a El Espectador que en la comunidad católica Lazos de Amor Mariano Jornadas fue sometido a extensas jornadas de oración, tuvo que colocarse piedras en el zapato y realizó ayunos por más de un año que generaron una úlcera gástrica. La ONU ha asegurado que nadie debe pasar por estos sufrimientos porque ser gay o trans, por ejemplo, no es una enfermedad. No hay nada malo en ello y, por el contrario, estas personas tienen derechos que no pueden ser vulnerados.

Bajo esta bandera, la población LGBTIQ+ de Perú no ve esta renovación del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) como un paso hacia adelante en materia de derechos de las personas trans, sino todo lo contrario. “Es lamentable que el Estado peruano implemente una disposición obsoleta, que solo agudiza los prejuicios hacia las personas trans. Nuevamente nos catalogan como enfermos”, concluyó Alejandro Merino.