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Este martes 13 de junio se desarrolló el primer debate del proyecto de ley que busca prohibir en Colombia los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), las mal llamadas “terapias de conversión. Con 20 votos a favor, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio luz verde para continuar con el trámite legislativo. La sesión se vio atravesada por varios esfuerzos por hundir el articulado y testimonios de sobrevivientes de estas prácticas. (¿Qué ha pasado con las denuncias de homofobia en colegio privado de Medellín?)
Carolina Giraldo, representante por el Partido Verde y autora del proyecto, celebra el resultado del debate y resalta que “hubo gente de todas las bancadas apoyando el proyecto porque se dieron cuenta de que prohibir las mal llamadas terapias de conversión es un asunto de cero discriminación, de erradicación de la violencia y de dignidad humana”. Por su parte, Alejandro Ocampo, congresista por el Pacto Histórico, afirmó que el avance del trámite permite proteger a futuras generaciones para “que las personas no sientan que tienen que exponerse a tratos inhumanos para ser aceptadas”. (El panorama LGBTIQ+ en la capital en el mes del orgullo homosexual y disidente)
La sesión inició con una proposición de archivo, que fue negada, por parte del representante Miguel Polo Polo, quien afirmaba que el proyecto buscaba atentar contra la libertad de culto, de cátedra y el ejercicio profesional y lo tildó de carácter “nazista y antidemocrático”. Asimismo, asistentes denunciaron que el representante repartió entre los congresistas folletos con desinformación sobre el articulado del proyecto por medio de estudios desactualizados de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), institución que actualmente se ha pronunciado en contra de los ECOSIEG.
“Estos folletos no solo entregan información falsa, sino que también son un ataque contra las víctimas que están presentes en las barras de la Comisión con mensajes que irrespetan e invalidan sus experiencias. No es justificable que llevemos más de dos años investigando y articulando argumentos sólidos, para que un congresista busque invalidar verdaderas fuentes con un discurso completamente infundado”, comentó Andrés Forero Ordóñez, de la organización All Out, un movimiento global por los derechos LGBTIQ+.
Precisamente, según la reciente encuesta de All Out y la revista Volcánicas, en la que participaron más de 800 personas, muestra que al 44 % de las personas participantes alguna vez alguien de su familia le insistió en llevarle a la fuerza a algún tratamiento para cambiar su orientación sexual, identidad o expresión de género. Asimismo, el informe de Naciones Unidas sobre los ECOSIEG identifica que estos procedimientos vulneran el derecho a la no discriminación, a la salud sexual y reproductiva, a la libertad de conciencia y de religión, la libertad de expresión, los derechos de la niñez y a la prohibición de tortura y malos tratos. (Así se vivió la audiencia pública contra las “terapias de conversión”)
Dentro de los esfuerzos por hundir el proyecto de “Inconvertibles”, como se conoce este articulado, también fue radicado una propuesta de recusación contra nueve representantes de la Alianza verde y del Pacto Histórico por conflicto de intereses al decir que el proyecto no era de interés de la ciudadanía general. La recusación presentada por el activista cristiano Jonathan Steven Silva Mocetón fue exactamente la misma que él ya había presentado hace un año contra Mauricio Toro, sin siquiera modificar la comisión a la cual iba dirigida.
Sergio Chacón, consejero de Juventud en Medellín y hombre gay sobreviviente de terapias de conversión, compartió su testimonio durante la sesión pidiendo respeto por los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. “A través de la violencia política me decía que, si no cambiaba, tenía que irme, me culparon por un cáncer terminal de mi papá y pensé múltiples veces en suicidarme por culpa de sus terapias”, expresó el activista. (Diez personas LGBTIQ+ son amenazadas a diario en Colombia)
Además de prohibir los intentos para supuestamente “cambiar” la orientación sexual, identidad y expresión de género, el proyecto de ley pretende que ninguna entidad de salud o persona pueda ofrecer este tipo de prácticas y tampoco usar recursos públicos para ello. De igual forma, busca capacitar al personal de salud desde un enfoque para la diversidad y crear un protocolo de investigación con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.
A “Inconvertibles” le esperan tres debates más, uno en la plenaria de la Cámara de Representantes y dos en el Senado. De lograr ser ley de la República, Colombia sería el noveno país en prohibir estas prácticas que, a toda luz, violan los derechos humanos. Países como Grecia, Chile, Francia, Alemania, Malta, Ecuador, Brasil y Canadá ya legislaron al respecto.
