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La trayectoria política de la venezolana Tamara Adrián ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos y un fuerte activismo por la diversidad sexual y de género. Esta abogada de 69 años es conocida por ser la primera mujer transgénero parlamentaria, no solo en Venezuela sino de toda América Latina. Ahora aspira llegar al Palacio de Miraflores y ser la primera presidenta trans del vecino país. (Ser LGBT no es ni nuevo, ni una moda)
Si hay algo que Tamara tiene claro en este momento es que su identidad de género es lo que menos importa. “Si bien soy una persona trans y no lo niego, mi candidatura es como la de cualquier persona que busca luchar por la democracia y la libertad en Venezuela. El tema de la transversalidad de género está presente, pero no es el centro”, afirma la precandidata. (El peligroso avance de la fobia a las ‘drag queens’ en Estados Unidos)
Avalada por el partido Unidos Por la Dignidad, se prepara para las elecciones primarias que organizan los sectores de la oposición venezolana para octubre de este año, de cara a los comicios generales que, según la Constitución, deberían celebrarse en 2024. Sin embargo, aunque la han catalogado como “la lideresa de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro”, dice que debido al momento histórico que atraviesa el país, cualquier persona que pretenda un cambio radical miente.
“En Venezuela, al no haber democracia, la lucha es para restablecerla. La transición sólo puede ser exitosa si está hecha en coalición, y esto implica juntar personas que normalmente estarían en posiciones antagónicas”, explica Tamara. Aunque esta coalición que propone estaría también formada por quienes ya han estado en el poder, ella asegura que las personas que han violado derechos humanos o han sido corruptas no tienen espacio en su propuesta. (640 millones de niñas y mujeres se casaron durante su infancia: UNICEF)
Según el último informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Venezuela falla en todos los frentes de garantías a los derechos fundamentales. Primordialmente, el documento resalta que la falta de un Estado de Derecho impide que se ejecuten medidas a favor de los derechos humanos, “en particular de quienes padecen discriminación estructural e histórica, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas LGBTI y personas con discapacidad”, advierte el organismo regional.
La candidatura de Tamara Adrián tiene lugar en un contexto sociopolítico en el que, tanto el oficialismo como la oposición, son bastantes conservadores frente a reivindicaciones de derechos como, por ejemplo, la despenalización del aborto o el cambio de nombre para personas trans. Así, la exdiputada es reiterativa en querer incluir a todas las personas que han sido dejadas atrás por cualquier razón física, educativa, social, cultural o política en su proyecto democrático. (Licencia de maternidad: el borrado de las personas trans podría corregirse)
“Para ser una mujer en la política hay que ser dos o tres veces mejor que un hombre. Para ser una mujer trans en política hay que ser cinco o seis veces mejor que cualquier hombre. Esto forma parte de esos estereotipos que se deben romper”, reflexiona la abogada. Si bien es consciente de que seguramente recibirá ataques despectivos por su identidad de género, aclara que su plataforma no es un proyecto LGBTIQ+ y no está pensado desde intereses sectoriales. Dice que su primera meta sería restablecer un sistema económico y, por ende, los servicios públicos porque sin ellos los demás avances son inimaginables.
Tamara Adrián se define como una persona osada que tiene la capacidad, la formación y los contactos necesarios para liderar una transición a la democracia en Venezuela. Hoy cuestiona a aquellos movimientos políticos que militan desde posiciones fundamentalistas o como ella los llama “quienes creen que pueden volver atrás al Siglo XIX”. Pero, específicamente, para esta activista trans, un país con un 85% de pobreza necesita implementar un enfoque diferenciado de género, raza y religión para que todas las personas puedan integrarse al desarrollo productivo.
