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“He contado esta historia muchas veces y siempre duele tanto como la primera”. Lucho tiene 25 años. Está sentado en una mesa de madera larga de cara a otras personas LGBTIQ+, que, como él, fueron víctimas del ELN. Todas se reunieron allí para contar lo que han vivido, con el fin de que aquel relato se incluya en un informe y sirva de insumo en las negociaciones de paz.
Desde niño, Lucho ha sido víctima de los grupos armados ilegales. Recuerda que, cuando tenía cinco años y vivía en San Pablo (Bolívar), con sus papás y sus nueve hermanos, se escondían bajo los colchones para protegerse de las balas. Fueron desplazados muchas veces y por eso no tenían casa, sino un cambuche, que podían llevarse cada vez que necesitaban huir.
A los 13 años, se fue de la casa y empezó a trabajar con la Asociación de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Desarraigo (Asodesamuba). Convirtió el servicio en el propósito de su vida y, poco a poco, empezó a enfocarlo para ayudar a gente como él: personas LGBTIQ+ que sufrían discriminación por parte de los grupos armados. Con ayuda de varios amigos, levantó el primer proceso de diversidad sexual en su municipio. “Como en San Pablo no había ni una sola entidad que defendiera nuestros derechos, decidimos protegerlos nosotros”.
Su colectivo empezó a tomar fuerza en un lugar en el que las personas LGBTIQ+ eran estigmatizadas y violentadas. Las obligaban a irse del pueblo, abusaban de ellas, aparecían empaladas en el cementerio municipal. “Nuestra lucha nos costó mucho porque el ELN tomó represalias contra nosotros”, dice despacio, conteniendo la respiración para evitar romper en llanto.
En 2016, cuando tenía 17 años, Lucho dormía profundamente, arrullado por el sonido del río y las chicharras. En mitad de la noche, un grupo de hombres armados entró por el techo de su casa y lo violó. Mientras tanto, otros miembros del ELN le hicieron lo mismo a sus amigos. “Todos fuimos violados el mismo día y, quizás, a la misma hora”, cuenta sosteniendo, mientras tiembla un poco, un gran pliego de papel. Allí dibujó su municipio. Coloreó el techo de su casa con la bandera de la diversidad sexual. Trazó la silueta de los tres hombres bajando por las cuerdas. Su cuerpo amarrado a la cama. Todo su dolor.
Dibujar lo que había sucedido fue parte de la actividad que realizó la organización Caribe Afirmativo, que trabaja por los derechos de la diversidad sexual, expresiones e identidades diversas en Colombia; junto con la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (Fescol), dedicada a la construcción de paz en el país. Por medio de un encuentro exploratorio con las víctimas LGBTIQ+ del ELN, buscan construir un informe que puedan llevar a la mesa de negociación y les permita participar del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla.
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Las mesas de negociación se instalaron el 21 de noviembre de 2022 en Venezuela y, hasta el momento, han sostenido diferentes ciclos de diálogos en ese país, México y Cuba. Allí han abordado temas como los alivios humanitarios, la participación social, y las definiciones, protocolos y mecanismos del cese al fuego, que corre desde el pasado 3 de agosto por un periodo de seis meses.
El proceso ha tenido varios tropiezos, como el asesinato de nueve soldados en el municipio El Carmen (Norte de Santander) en el mes de marzo; las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, que quedaron tranzadas cuando el Gobierno reconoció el carácter político de esa guerrilla; y el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz, que puso en jaque la negociación. Pese a eso, el lunes 4 de diciembre se inició en México el quinto ciclo de los diálogos.
La persecución, estigmatización, desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, feminicidios y la violencia sexual por parte del grupo armado hacia las personas LGBTIQ+, hace que sea imprescindible su participación en las negociaciones. Así lo asegura Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, quien además hizo parte de los diálogos con las Farc en calidad de experto independiente. “Esta violencia ocurre porque los proyectos políticos estatales, paraestatales o guerrilleros que se quieren imponer en el país, coinciden en despreciar, excluir y eliminar los proyectos de vida de esta población”.
Después del proceso de paz con las Farc, Colombia se convirtió en el primer país en el mundo con un acuerdo de paz que tiene enfoque de género y da cuenta de la violencia diferencial y desproporcionada que sufrieron mujeres y personas LGBTIQ+ durante el conflicto; se emitieron fallos y sentencias históricas contra miembros de grupos armados por violencias basadas en género y se entregó el primer informe sobre violencias en contra de esta población a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sin embargo, para Castañeda, el proceso tuvo varias falencias porque era apenas el primero y faltaba mucho por aprender. Los espacios con las víctimas fueron insuficientes, pues solo cuatro o cinco de ellas pudieron asistir a los diálogos en La Habana y los que se generaron de forma autónoma por la sociedad civil fueron acaparados por las organizaciones de las grandes ciudades y no por las personas más afectadas en los territorios alejados de las capitales.
Además, no hubo una buena comunicación entre la mesa de negociación y el movimiento LGBTIQ+ en Colombia, ni suficientes escenarios de conversación y retroalimentación en los territorios afectados después de que el acuerdo se firmara. Aunque se enunciaron las violencias, tampoco se dio una discusión de raíz sobre las prácticas estructurales que las permitieron. Y finalmente, no hubo una reflexión dentro de las Farc sobre las personas que fueron utilizadas y revictimizadas al interior de sus filas, en razón de su orientación sexual, expresión o identidad de género.
En los diálogos con el ELN, apenas se está pensado la metodología para la participación de las víctimas. La delegación del gobierno aprobó en julio de este año un documento en el que explica el funcionamiento del Comité Nacional de la Participación (CNP), creado para que la sociedad civil haga parte de la construcción de paz. Sin embargo, el comité no está diseñado propiamente para hablar con las víctimas sobre el conflicto, sino para generar diálogos con organizaciones sociales, el ELN y el Estado, que les permitan pensar cómo va a ser esa participación en el futuro.
“Lo que tenemos actualmente no es la participación de la sociedad civil, sino una construcción participativa del modelo de participación, por redundante que eso sea. En este espacio no se va a habar de víctimas porque será un tema que se abordará más adelante. Eso parece ser un mensaje de doble sentido. Por un lado, que es tan fuerte y tan potente hablar de la reparación, que las víctimas tendrán un espacio especial. Por el otro, genera gran preocupación que pueda pensarse la participación sin ellas. Las víctimas no pueden venir después”, asegura el director de Caribe Afirmativo.
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Para él, el gran reto que tiene la mesa de participación es lograr una metodología diferente a la que ha utilizado Colombia para hablar de paz. No se puede hablar solamente con las organizaciones sociales y los expertos, sino que es necesario pensarse la participación desde las víctimas, en primera persona y sin intermediarios, desde los territorios, con garantías de derecho y seguridad. “Ellas tienen que saber que son importantes y relevantes para el proceso”, dice.
Además, con el modelo de participación vienen otros retos, como el de no omitir durante el análisis de los casos si la violencia estuvo relacionada directa o indirectamente con la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima. Se ha podido demostrar que los grupos armados tienen un interés de selección particular cuando se trata de estas personas. “El Estado no puede seguir invisibilizando el hecho de que las condiciones de vulnerabilidad son diferentes si la víctima es una persona LGBT”, advierte Castañeda.
Otro de los retos es que al vivir en un país estructuralmente violento hacia estas personas, el conflicto armado solo termina por exacerbar esa violencia. “Hay complicidad social. Por eso, es necesario pensar ¿cómo se trabaja la cultura ciudadana para que no sea cómplice de la violencia?”, agrega.
Detrás de toda la teoría, las mesas de diálogo y las discusiones sobre el modelo de participación, está Lucho doblando su cartelera. Su historia. La violencia vivida. Quiere que el ELN reconozca que usó las armas y el poder para agredirlo a él y a la población LGBTIQ+ en su municipio; que el proceso les garantice sus derechos y los respalde; que los reparen económica y psicológicamente; que no sean olvidados, ni marginados, ni discriminados; que se les permita participar de los espacios del proceso de paz; que pueda seguir con su vida, reparar los daños y sanar.
“Quiero que sepan que esto no ha parado, que el conflicto continúa”, concluye.
